Los tratados bilaterales de inversión (TBI) están concebidos para regular las relaciones comerciales de inversión entre dos países. Se supone que facilitan el comercio y la inversión al proporcionar un entorno seguro a las inversiones. Sin embargo, una de las prácticas habituales de los TBI es establecer mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados, que permiten a las empresas transnacionales demandar a los Estados en los que operan basándose en una interpretación muy amplia de los daños a las inversiones. Esto se ha traducido en un auge de las demandas contra Estados y ha propiciado que un número cada vez mayor de Gobiernos esté intentando rescindir o modificar los TBI vigentes