Regímenes mundiales de control

14 February 2007
Article
 

Regímenes mundiales de control
Crimen organizado transnacional, terrorismo internacional y blanqueo de dinero
Seminario de expertos del TNI, 28 y 29 de abril de 2005

Informe completo disponible en PDF.

A lo largo de las últimas décadas, la comunidad internacional ha tomado iniciativas para combatir la supuesta proliferación del crimen organizado, el terrorismo político y el blanqueo de dinero. Durante los últimos años, especialmente los que han transcurrido después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, se ha venido asociando cada vez más a los “grupos criminales clandestinos” con el terrorismo político y esto ha dado pie a la aparición de hipótesis sobre la existencia de un “eje del mal” clandestino de tráfico de drogas, crimen organizado transnacional y terrorismo internacional que representa una grave amenaza a la seguridad mundial. Parece estar surgiendo un nuevo consenso de Washington sobre cómo luchar contra este "eje del mal" clandestino. La agenda internacional está dominada por un concepto de seguridad nacional concebido por la única superpotencia del mundo, los Estados Unidos de América, que están extendiendo su seguridad nacional a todo el planeta. Tras los atentados del 11 de septiembre, George W. Bush desafió claramente a todas las naciones declarando: “ahora, cada nación en cada continente debe tomar una decisión. O estáis con nosotros o con los terroristas”."

Se ha instaurado un conjunto de acuerdos multilaterales con el objetivo de “combatir la plaga” en todo el mundo. En cuanto a la ONU y el G8, se han aprobado convenciones de lucha contra el crimen organizado transnacional y regulaciones para impedir el lavado de dinero. El Consejo de Seguridad de la ONU también ha puesto en marcha un programa global de lucha contra el terrorismo internacional. Por extraordinario que parezca, el modelo recurrente es el mismo desde que Estados Unidos internacionalizara su “guerra contra las drogas”. Primero, se etiqueta como amenaza para la seguridad nacional el tráfico de drogas y otras cuestiones relacionadas, como el crimen organizado y el lavado de dinero, y después el campo de batalla se traslada al resto del mundo bajo el nombre de “guerra contra...”. Para asegurarse de que la guerra se lleva a cabo según sus normas, Estados Unidos es capaz de imponer su agenda política al resto de la comunidad internacional, ya sea multilateral o bilateralmente, gracias a sus incomparables recursos y su poder diplomático.

El amplio conjunto de acuerdos multilaterales, convenciones, normas y regulaciones sobre drogas, delitos, lavado de dinero y terrorismo equivale a algo que podría llamarse el “software del imperio”, que actuaría complementando al hardware de intervenciones militares, sanciones económicas, etc. Cada vez más a menudo, estos acuerdos multilaterales se alcanzan mediante negociaciones intergubernamentales (como es el caso de la ONU, el G8 o la UE), que luego son presentados ante los parlamentos nacionales como una realidad a la que deben someterse mediante su ratificación. Ningún gobierno quiere ser marginado por el hecho de que los parlamentos nacionales se nieguen a ratificar unos acuerdos internacionales que son fruto de complicadas negociaciones diplomáticas y supuestos consensos internacionales. Un proceso similar se está desarrollando en el seno de la Unión Europea con el objetivo de armonizar todos los aspectos relativos a la seguridad.

Además, no se ha puesto en marcha prácticamente ningún mecanismo que permita evaluar la eficacia y los efectos negativos de estos acuerdos y, por esa razón, se mantienen en pie como las tablas de piedra de los Diez mandamientos. El acento se pone en medidas coercitivas y represivas, y se hace muy poco por abordar las causas que están detrás del problema. La verdadera búsqueda de soluciones obligaría a las potencias dominantes a revisar el actual orden socioeconómico y político mundial, y transformaría los intereses de seguridad nacional en intereses de seguridad internacional.

Estados Unidos, en concreto, adopta un enfoque muy pragmático y cínico en cuanto a los nuevos acuerdos de seguridad internacional, ya que se dedica a escoger y descartar convenios internacionales como si estuviera en un supermercado. Cuando se trata de combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo, Estados Unidos participa activamente en la elaboración y en la aplicación de los acuerdos, pero si se trata de alcanzar acuerdos relativos a otros problemas mundiales, como la seguridad medioambiental (protocolo de Kyoto) o la justicia internacional (Corte Penal Internacional), se desentiende de ellos y los sabotea abiertamente, ya que representan una amenaza para sus intereses nacionales.

En el informe "La componenda global - La construcción de un régimen global de control", los autores David Bewley-Taylor y Michael Woodiwiss exponen cómo Estados Unidos ha dominado la construcción de un régimen global de aplicación de la ley interrelacionando los conceptos de prohibición de drogas y lucha contra el crimen organizado. El "enfoque estrecho y autoexculpador" del crimen organizado promovido por Estados Unidos, afirman los autores, ha desviado la atención de las actividades delictivas empresariales para centrarla en las conspiraciones de organizaciones criminales. Esta versión "neutralizada" de crimen organizado fue aceptada por la comunidad internacional al aprobar la Convención de la ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada en 2002, un tratado que Washington ve como una ampliación natural de la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Esta interpretación no reconoce los aspectos criminógenos del actual proceso de globalización neoliberal, ni ayuda a cubrir las necesidades de los países en desarrollo en materia de seguridad, especialmente con respecto a los crecientes problemas de la criminalidad urbana en los barrios marginales del Sur.

En su artículo Controlling the International Money Trail. What Lessons Have Been Learned? Mike Levi evalúa las contradicciones y las lagunas de la gobernanza global del lavado de dinero, considerada como una de las principales medidas para la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. El autor llama la atención sobre el hecho de que los controles realizados desde mediados de los ochenta para frenar los blanqueos de dinero han tenido muy poco impacto sobre la disminución de los delitos en general. El movimiento contra el lavado de dinero ha tenido éxito trasladando políticas de control, pero se preocupa más por el rendimiento que por los resultados. Se ha cuestionado si existe la voluntad (o la posibilidad) por parte del Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI) para hacer respetar sus coherentes principios a las naciones más poderosas. Existen indicios de que el endurecimiento de los controles en “ultramar” tienen como objetivo el dar ventajas competitivas al núcleo de los miembros del GAFI. Desde el 11 de septiembre de 2001, el rastreo de los flujos internacionales de dinero se ha extendido al campo de actividades legales como, por ejemplo, las organizaciones caritativas.

En su informe Fear-based Security. The Political Economy of Threat, Margaret Beare analiza la gestión política del miedo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Esta gestión no sólo aspira a reforzar el régimen mundial de control, sino que intenta también crear un abanico de oportunidades que permita alcanzar otros objetivos políticos en el actual proceso neoliberal de la globalización. A pesar de la falta de pruebas sobre la eficacia de las diversas “guerras” de control" –contra drogas, delito y terrorismo– la autora apunta que existe una creciente tendencia hacia la “gobernanza mediante la seguridad”, tras la que se ocultan intereses políticos, empresariales y religiosos. Además, argumenta que en Estados Unidos los defensores de estos intereses han incorporado el 11 de septiembre en sus estrategias de futuro, así como en sus planes económicos y operativos. La autora señala también cómo el concepto de seguridad humana, que buscaba las causas de raíz y soluciones sociales, después de lo acontecido el 11 de septiembre, cayó víctima de los conceptos de seguridad nacional.

David Cortright, del Fourth Freedom Forum, muestra en su informe A Critical Evaluation of the UN Counter-terrorism Program. Accomplishments and Challenges cómo la “guerra mundial contra el terrorismo”, iniciada por Estados Unidos, se ha convertido en el paradigma político dominante, y cómo éste ha transformado los esfuerzos internacionales de lucha contra el terrorismo en unos enfoques coercitivos de aplicación de la ley, tal y como sucedió previamente con la lucha contra las drogas y el crimen organizado transnacional. La atención está dirigida hacia la negación de los hechos y, en parte hacia el desarrollo, en lugar de estar orientada a la disuasión y la defensa de los derechos humanos, directrices propuestas por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan para luchar contra el terrorismo. Por consiguiente, el “lado de la demanda” del terrorismo está siendo ignorado y se le da mucha más importancia a las políticas de protección contra ataques terroristas que a las políticas de prevención que mejorarían los agravios y las condiciones que fomentan el terrorismo.

En su informe The Exceptional and Draconian Become the Norm. The Emerging Counter-terrorism Regime, Tony Bunyan, de Statewatch hace un análisis detallado sobre cómo se están diseñando las medidas de seguridad internacional, sobre todo por parte del G8. El autor muestra cómo se puede, citando una frase del informe de Margaret Beare, crear una “sociedad de pesadilla” mediante una tiranía de pequeñas decisiones. El G8, que fue creado en un principio para coordinar las políticas económicas mundiales de las mayores potencias industriales, está siendo usado cada vez más para armonizar políticas internacionales sobre drogas, blanqueo de dinero, crimen organizado transnacional y terrorismo. Sin embargo, sigue fracasando en sus intentos por controlar el impacto nefasto que podría tener sobre la economía mundial la deuda bélica de Estados Unidos. En lo que a la transferencia de políticas se refiere, el G8 es un vehículo mucho más eficaz y selecto que la torpe ONU. Además, las potencias industrializadas del Norte no se ven entorpecidas por potencias emergentes como China, India o Brasil.

Las recomendaciones del G8 en materia de seguridad se introducen en la Unión Europea mediante sus Estados miembro europeos para armonizar el área de seguridad europea. Por lo tanto, Estados Unidos ejerce una influencia extraordinaria sobre la elaboración de políticas europeas de seguridad en comparación con los Estados miembro de la UE que no forman parte del G8. Margaret Bearet llama la atención sobre un proceso similar de armonización que se está llevando a cabo entre los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los recursos y las políticas nacionales de Canadá y México están siendo secuestrados por el marco de “seguridad” de Estados Unidos. La militarización de la economía estadounidense traspasará sus fronteras si se considera que los recursos de los otros países pueden ser indispensables y las políticas nacionales de los mismos perjudican los intereses de seguridad de Estados Unidos, advierte la autora.

El paradigma actual sobre seguridad cada vez se cuestiona más. Mucha gente se pregunta si será eficaz y advierte sobre los efectos negativos que podría tener sobre las libertades civiles, los derechos humanos y la soberanía nacional en el campo de la justicia penal. Nadie pone en tela de juicio que la cooperación internacional es necesaria para abordar problemas de seguridad mundial, pero existen serias dudas sobre la eficacia de la actual puesta en marcha del régimen mundial de control, así como sobre el papel dominante que desempeña Estados Unidos en la fijación de prioridades. El problema no reside en la falta de consenso sobre si los problemas de seguridad transnacional se deben abordar en el contexto internacional, sino en quién elabora la agenda y las políticas de seguridad transnacional. A pesar de que sus representantes manifiestan lo contrario, Estados Unidos parece estar principalmente preocupado por salvaguardar su seguridad nacional echando mano de instrumentos internacionales, en lugar de tratar sobre necesidades básicas de seguridad mundial.


Informe del seminario y ponencias