El pasado 13 de diciembre, al llegar a Tel Aviv, Richard Falk fue detenido en el aeropuerto y se le denegó la entrada a Israel. Este catedrático estadounidense de derecho internacional estaba viajando a Cisjordania y Gaza para cumplir con su misión de investigar la situación de los derechos humanos que afectan a la población civil en su calidad de enviado especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. Su tarea más apremiante entraña, entre otras cosas, supervisar la creciente crisis humanitaria a la que se enfrenta el millón y medio de palestinos, la mitad de ellos niños, que viven en la asediada franja de Gaza.

La decisión de no dejar entrar al señor Falk se corresponde con los intentos de Israel de ocultar las consecuencias humanas del asedio de Gaza y de la creciente expansión de colonias en Cisjordania. Denegar la entrada al enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos forma parte del mismo manual de ocupación que se aplica cuando se encierra en Gaza a defensores de los derechos humanos como Raji Sourani, director de la organización Palestine Center for Human Rights, y se les niega el derecho a salir para hablar al mundo exterior. Está en total sintonía con la política israelí de bloquear a periodistas internacionales que podrían publicar noticias sobre la creciente crisis humanitaria, sobre todo en Gaza. Ese es el mismo objetivo evidente que se persigue con las palizas y los intentos de intimidación de que son víctimas los pocos periodistas palestinos que se las apañan para salir y explicar al resto del mundo lo que está pasando, como Mohamed Omer, el joven reportero de Gaza que obtuvo el prestigioso galardón Martha Gellhorn Prize en Gran Bretaña.

La detención y expulsión del señor Falk tiene su eco en otras iniciativas israelíes para denegar el acceso al país de otros observadores de los derechos humanos de la ONU. Puede que el caso más célebre fuera el protagonizado por el arzobispo Desmond Tutu, al que se le denegó la entrada cuando las Naciones Unidas lo designaron para efectuar una investigación especial sobre el asalto en 2006 de Beit Hanún, en Gaza, en que el ejército israelí mató a 18 personas en una sola casa. (Tutu sólo pudo efectuar la investigación 18 meses después del ataque, cuando se presionó a Egipto para que abriera el paso de Rafah, al sur de la franja.)

Y la historia abunda en ejemplos. En 2002, tras el ataque militar de Israel contra el campo de refugiados de Jenín, que dejó a decenas de civiles muertos, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió enviar una delegación de investigación para tomar nota de las duras condiciones del campo e informar de ello al Consejo. La propuesta se consultó con Israel, que en un principio aceptó facilitar la visita, pero poco después Tel Aviv empezó a dar marcha atrás, imponiendo restricciones cada vez más estrictas sobre la composición, el liderazgo y el acceso del equipo. La ONU consintió en prácticamente todas las demandas, pero muy pronto Israel renunció por completo a su acuerdo. Funcionarios israelíes manifestaron a la prensa estadounidense que en aquel momento “preferían el coste a corto plazo entre la opinión pública mundial de oponerse a las Naciones Unidas que el riesgo a largo plazo de exponer al ejército a juicios por crímenes de guerra”. Los observadores de la ONU, que por entonces estaban esperando en Ginebra, fueron retirados.

Este patrón de exclusión y represión de observadores y defensores de los derechos humanos refleja el claro objetivo de evitar que la comunidad internacional conozca –y por tanto exija que se rindan cuentas– las duras realidades de la ocupación militar israelí.

Esta última decisión de Israel, tomada por su ministro de Exteriores, de denegar la entrada al enviado especial de la ONU representa asimismo un grave ataque a la propia legitimidad de la organización internacional. Irónicamente, el hecho de que no se permitiera entrar al señor Falk recuerda mucho a la decisión que tomó el pasado 24 de noviembre el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, que no permitió entrar a su país a un grupo de destacadas figuras de los derechos humanos, entre los que estarían la primera dama sudafricana, Graça Machel, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, una decisión deplorable y con razón criticada por muchos de los defensores de Israel. Pero en un sentido más amplio, la decisión israelí de no permitir a Richard Falk la entrada en los Territorios Ocupados, que llevan más de 40 años consumiéndose bajo control israelí, augura consecuencias más graves que las de Zimbabwe porque los relatores especiales sobre la situación de los derechos humanos representan a las Naciones Unidas. De forma que el que Richard Falk fuera sometido a un exhaustivo registro personal y a una inspección de todos sus documentos, y que se le mantuviera incomunicado en una pequeña sala de detención en el aeropuerto de Tel Aviv que se utiliza para aquellas personas que intentan entrar ilegalmente en Israel, sería algo equiparable a detener a las mismas Naciones Unidas.