Argentina: la inflación marca el ritmo de la economía

25 January 2011
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La inflación y las políticas para combatirla son instrumentos que favorecen a la ganancia, al capital y perjudican a los trabajadores.

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Rebelión

Ya comenzado el 2011, en asuntos económicos sobresale el debate por la inflación, y como se defiende cada quién para abordar la carestía creciente de los bienes y servicios que satisfacen las necesidades cotidianas. No se trata de un tema nuevo. La Argentina tuvo ciclos inflacionarios que anidan en la preocupación y memoria histórica de la población, tanto como los regresivos impactos de las políticas antiinflacionarias. Fue antiinflacionaria la política de Martínez de Hoz, como lo fue la convertibilidad de Cavallo y Menem, que cumplirá pronto dos décadas de iniciada (abril del 91). Ambas políticas contra la inflación fueron reaccionarias y regresivas, porque se pagaron con miseria, desempleo, pérdida de ingresos populares y más explotación de la fuerza laboral.

De este modo podemos afirmar que la inflación y la política de combate a la inflación son sufridas por los de abajo. La inflación y la política para combatirla son instrumentos que favorecen a la ganancia, al capital y perjudican a los trabajadores y sectores de ingresos fijos. ¿Es posible resolver el flagelo inflacionario de otro modo? ¿Qué orden económico se requiere para una perspectiva popular de satisfacción de necesidades?

Aumentos de precios y afectación del consumo popular

El fenómeno inflacionario se presenta como aumento generalizado de los precios, claro que unos más que otros. Es sabido por cualquiera que los alimentos se destacan en estas horas por un alza por encima del resto de los bienes y servicios. Inflación de precios de los alimentos, algo que incide incluso en la especulación sobre materias primas. Alza de precios y especulación con los alimentos. Además del hambre que provoca el orden económico capitalista, el capitalismo especula y gana con los precios de los alimentos.

Por si fuera poco, los alimentos inciden mayoritariamente en la composición del indicador oficial de inflación, el índice de precios al consumidor. Para el Instituto de estadísticas y censo de la Argentina, el Indec, más allá de la credibilidad de sus datos, el rubro de alimentos y bebidas expresa más del 37% del indicador; le sigue en importancia transporte y comunicaciones con más del 16% y vivienda con más del 12%. Entre los tres (alimentos y bebidas; transporte y comunicación; y vivienda) superan el 65% de la composición del índice de precios al consumidor. Son rubros que impactan seriamente en los sectores de menores ingresos, impedidos de prescindir de un consumo cotidiano para su alimentación, transportación y techo. Hay conciencia del mayor encarecimiento de los productos de la canasta alimentaria, del alza de los precios de alquiler de vivienda, sin hablar de la elevación del costo de la construcción y por cierto del avance sobre fines del año pasado del precio de los combustibles.

La inflación afecta principalmente a los sectores más empobrecidos, especialmente a quienes viven de un ingreso fijo y observan cotidianamente la pérdida de la capacidad de compra de sus limitadas entradas, sean trabajadores jubilados o en actividad, en situación regular o irregular, desempleados o subempleados, beneficiarios o no de planes sociales. Los mecanismos de defensa contra la suba de precios son variados, muchos relativos al ajuste del gasto de las familias, con deterioro del consumo familiar, tanto por calidad de productos adquiridos, sustituyendo productos de marca por otros de menor categoría, o afectando cantidades a consumir, cuestión manifiesta, por ejemplo en el 2010, en el menor consumo de carnes, principal componente de la dieta alimentaria en la Argentina. Adicionemos que durante el 2010 se resignó a mano de uruguayos el podio mundial en el consumo per cápita, ellos con unos 58Kg. anuales y en nosotros en torno a los 55Kg.

La inflación golpea a los de abajo. En el escenario político sobresale el debate sobre las negociaciones salariales, mecanismo de defensa de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Existen voces sindicales que reclaman ajustes salariales del orden del 30%, demanda concreta de la CTA, contemplando para ello la inflación del año pasado (del 25%) más el impacto del crecimiento económico previsto para el 2011. Claro que ambos indicadores (inflación y crecimiento) no remiten a los datos oficiales, pues de lo contrario se estaría demandando un ajuste entre 12 y 15%. El resultado de las paritarias afecta directamente a un 20% de la población trabajadora que reviste en situación regular (relación formal de dependencia), aunque incide en el ingreso del conjunto de los trabajadores y habilita nuevos pisos en la discusión del salario mínimo, que no debiera esperar mucho tiempo para una urgente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, el Empleo y la Productividad.

La estrategia de los empresarios se acerca a proponer valores de ajuste salarial en consonancia con los datos oficiales. Desde el gobierno se empuja una política de pacto social para conciliar intereses de las patronales y los trabajadores. Un pacto que apunta a limar las contradicciones en el régimen del capital. Se pretende un acuerdo para la continuidad del régimen de explotación, con un imaginario de paridad de intereses entre las ganancias y los salarios. Aquellas son producto de una apropiación de la renta nacional generada por el trabajo social y su cuantía disminuye el monto de ingreso de la población trabajadora, sea como salario directo o como gasto de la sociedad vía presupuesto estatal.

La carestía la definen las grandes empresas


El problema no es tanto el fenómeno, sino las causas de la inflación. En ese sentido, la suba de precios es un mecanismo utilizado por los capitales más concentrados para defender sus ganancias. Sea por la crisis mundial, o por la desaceleración del 2008 y 2009, los precios vienen subiendo crecientemente desde antes, ya desde el 2006, precisamente cuando se empezó a generalizar el debate por negociaciones colectivas y la ocupación ociosa de la capacidad de producción era historia del pasado recesivo entre 1998 y 2002. El gran crecimiento económico entre 2003 y 2006 resolvió cuantiosas ganancias empresarias que eran desafiadas por la recuperación del derecho de negociación de los trabajadores. Era el momento de mantener la tasa de ganancia vía incremento de los precios. Esa defensa de las ganancias es un asunto derivado de la concentración económica existente en la Argentina y de su poder para imponer condiciones de funcionamiento del orden económico y social.

No cualquiera puede establecer precios en el mercado. Para ello se requieren ciertas condiciones, un tema válido no solo en el país, sino en el capitalismo. Los precios de las materias primas crecen no por mayores costos de producción, sino por la forma monopólica de funcionamiento del capitalismo mundial. La especulación sobre futuros, de la soja o del oro incide en el movimiento al alza o la baja del precio. Problemas de sequía u otros problemas naturales pueden encarecer producciones afectadas transitoriamente, pero el factor especulativo, solo posible por grandes y concentrados operadores económicos son los que definen la escalada de precios. En todo caso, la combinación de los problemas para la producción (agotamiento estructural de las reservas de petróleo, por ejemplo) y el funcionamiento especulativo de capitales transnacionales definen la escalada de precios a escala global.

La inflación se presenta como problema nacional y es consecuencia de problemas locales y globales, que se manifiesta de manera diferenciada en distintas regiones y por eso, la inflación no resulta pareja para todos los países y se pone en evidencia en ciclos históricos concretos de algunos países y no necesariamente por las mismas razones. Venezuela y Argentina son los países donde más golpea el flagelo inflacionario y sin embargo, ambas economías no son asimilables y el diagnóstico de la suba de precios en uno y otro país aluden a problemas específicos de cada país, aunque en ambos, el fenómeno de la concentración económica es importante.

Según el Indec, con datos al 2009, agravados en el 2010, la concentración y extranjerización económica crece en la Argentina. De allí surge que de las 500 empresas más grandes del país 324 son extranjeras y sólo 176 argentinas, según datos que arroja la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). Son datos que excluyen al agro y las finanzas. Es sobre esas 500 que debe ejercerse el control estricto de precios y no demandar moderación a los trabajadores en sus reclamos por ajustes o aumentos de salarios. Esas 500 empresas expresan un tercio del producto anual, con lo cual allí se encuentra la dominación del sistema económico, donde muy pocas empresas definen la situación de las principales ramas de la producción. Cuando hablamos de control no remitimos solo al que pueda ejercer el Estado, sino a formas de involucramiento de los trabajadores de esas empresas, vía organizaciones sindicales a desarrollar en todos los ámbitos empresariales (solo el 13% de las empresas en la Argentina reconocen delegaciones sindicales en su seno).

Es un asunto de democratización económica. El control de precios no es un atributo solo del Estado, es del conjunto de la población, de los consumidores, y especialmente de los trabajadores que generan la riqueza social. Si las empresas fijan los precios de bienes y servicios que genera el trabajo social, la respuesta es la democratización del régimen económico, involucrando a los trabajadores en el control de los precios.

Esas 324 extranjeras aportan el 81,4 por ciento del valor agregado que generan las 500; el 79,3 por ciento del valor de producción (la suma de la facturación y la variación de stocks) de ese conjunto; el 75,3 por ciento de toda la utilidad, y el 68,3 por ciento de la masa salarial. Lo principal de la cúpula empresarial (500 grandes empresas) es originario de otros países, lo que define el destino del excedente. De las 40 compañías del rubro minas y canteras que figuran entre las 500 más grandes del país, 36 son de afuera y sólo 4 argentinas; de las 76 dedicadas a combustibles, química y plástico, 61 son extranjeras; y de las 43 en maquinarias, equipos y vehículos, 35 son foráneas. Alimentos, bebidas y tabaco, donde sobre un total de 107 firmas, hay 49 nacionales y 58 extranjeras. El eje pasa por controlar a las grandes y de ellas a las extranjeras, ya que en buena medida resuelven sus problemas de rentabilidad en países de origen, con excedentes generados en nuestros países.

De las 500, más de la mitad son industria manufacturera (56,6%) y un poco más de un quinto son de alimentos, bebidas y tabaco (21, 4%), y ya comentamos la importancia que el rubro tiene en el tema inflacionario. Las 50 más grandes expresan el 54,8% del valor agregado de las 500. Del mismo modo, 50 grandes concentran el 53% de las ganancias de las 500. He aquí donde se define el modelo productivo, el patrón de consumo y la fijación de los precios en el sistema económico local. El foco inicial del control de precios debe fijarse en estas 50 empresas y desde allí generalizar los controles de mayor a menor concentración. Insistamos que no se trata de controles burocráticos, sino populares, de usuarios, consumidores y trabajadores. Es un problema de democratización de la economía.

Todo el debate que aparece en los medios académicos y de comunicación parte de aceptar el razonamiento favorable a la ganancia del empresario, especialmente los de la cúpula. Es algo lógico como enfoque dentro del capitalismo, donde la ganancia está naturalizada. Así como se reconoce un ingreso por el trabajo (salario), aparece como lógico, natural, un ingreso por la propiedad de la tierra (renta) y por la propiedad del capital invertido (ganancia). Es obvio y correcto en esa lógica, no la única, ya que la crisis capitalista nos convoca a pensar más allá y contra el capitalismo como orden económico de la sociedad. Tan naturalizado está, que el límite de la distribución de la renta nacional (distribución funcional del ingreso) se establece en el máximo histórico logrado en el país, repartiendo la misma por mitades, el 50% para los empresarios (ganancias) y la otra mitad para los trabajadores (salarios).

¿Por qué no pensar en un desequilibrio favorable a los trabajadores? Un 60 ó 70% para el ingreso de los trabajadores y el resto para los inversores de capital, por ejemplo; o incluso pensar en la organización de la economía sin el inversor privado, situación que pusieron en evidencia las “fábricas sin patrones” de la experiencia de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, hecho que logró visibilidad importante en plena crisis del 2001 y subsiste en el presente. El debate salarial se queda, muchas veces, en la recuperación del poder de compra perdido por el avance de la inflación. Así, toda la ganancia por productividad es apropiada por el capital, quien a su vez traslada el aumento de salarios a los precios de los bienes y servicios finales.

Desde los trabajadores no hay techo en la disputa de la renta nacional contra el capital. El único límite viene dado por la correlación política de fuerzas, nunca por cuestiones estrictamente económicas.

Precio, valor e inflación

Los precios (en tanto equivalen al valor), desde el punto de vista de Marx son igual a la inversión en capital constante (edificios, infraestructura, materias primas, materiales, etc.) más capital variable (salarios) más plusvalía (equivalente al conjunto de la ganancia).

Así: valor = C+V+Pl (del conjunto de la economía, pues la Pl -plusvalía- se distribuye entre todos los capitalistas, micro, pequeños, medianos y grandes, siendo estos últimos los que más concentran). Los precios de los bienes y servicios reponen el capital invertido (constante más variable) y adicionan una ganancia (el conjunto de la plusvalía equivale a la ganancia total). Esa ganancia tiene que alcanzar para ampliar la acumulación del capital y satisfacer inagotables necesidades de consumo (incluso suntuario) del capitalista.

Al aumentar los precios (manifestación del valor en el mercado), los capitalistas pueden:

a) aumentar el C (capital constante), es decir, incrementar la inversión acumulando parte de las ganancias. No es lo que ocurre en Argentina, pues se verifica la fuga importante de capitales (unos 150.000 millones de dólares en divisas, bonos y títulos según registros del BCRA); y la recurrente peregrinación del gobierno argentino buscando inversores del exterior en sucesivas giras por el mundo;

b) pueden aumentar el V (capital variable invertido en salarios), y claro que eso no ocurre, al contrario, buscan abaratar el costo laboral vía disminución de salarios. Por ello “tercerizan” y mantienen buena parte del trabajo en situación irregular, todo para bajar el costo salarial;

c) pueden aumentar la Pl e invertir en divisas, activos externos (dólar, euro, bonos, acciones, propiedades en el exterior, etc), siendo esto lo que ocurre mayoritariamente, pues las transnacionales compensan sus pérdidas por la crisis mundial de sus países de origen remitiendo utilidades a sus casas matrices, y los inversores locales invierten mayoritariamente en activos externos, dificultando el proceso local de ahorro e inversión. Esas mayores ganancias explican el crecimiento de gastos suntuarios, la expansión de la construcción, del turismo o de la compra de automotores de alta gama.

Por todo ello es que resulta adecuado demandar 30% ó más (35 ó 40%) de ajuste salarial para el 2011, siendo ello una definición política en relación a la capacidad de lucha y la correlación de fuerzas, y el argumento es que el crecimiento de la economía es apropiado actualmente por los capitales más concentrados, siendo la inflación un mecanismo de defensa de la ganancia de esos capitales más concentrados.

La solución al problema de la inflación pasa por medidas de fondo, tal como lo referido al control de precios, lo que debe acompañarse por profundos cambios en la política económica, como la reforma tributaria y una política de nacionalizaciones, por lo menos de la banca y del comercio exterior, más el uso de las reservas internacionales, o parte de ellas para otro modelo productivo (contra la sojización y la mega minería) sustentado en empresas recuperadas, emprendimientos de autogestión por los trabajadores y formas económicas con participación popular en la toma de decisiones sobre la producción, para así modificar el patrón de consumo.

En conjunto supone pelear por la soberanía alimentaria, energética y financiera (cambio de la carta orgánica del banco central, p.e., y aliento al banco del Sur, también, que no parece ser la orientación oficial y por la que hay que luchar). Se trata de un conjunto de reformas estructurales del orden económico vigente, para modificar el modelo productivo y de desarrollo con énfasis en la satisfacción de las necesidades sociales mayoritarias. Ello supone el control estatal de los recursos naturales, de la tierra y el agua. Es otro modelo productivo, de desarrollo para pensar en otro orden económico de la sociedad.

No se trata de pensar en la inflación al margen del orden económico social y por ende, aquella no puede resolverse sin afectar la ganancia, o los intereses del capital más concentrado, principalmente extranjero. ¿Es una tarea estatal? En principio sí, pero esencialmente, se trata de control popular sobre la producción, o dicho de otro modo, sobre el conjunto empresarial que define la producción, sobre la cúpula, las 500, o un conjunto menor y decisivo de ellas. Es una cuestión estatal y de la sociedad, principalmente de los de abajo.

¡La inflación es una cuestión de poder popular!