FBI pide procesar a Pinochet, pero nadie mueve un dedo

15 April 2002
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Tras la detención en Londres de Pinochet, en enero de 1999 el Departamento de Justicia decidió reabrir su investigación sobre el caso Letelier.

Meses antes de que el Presidente George W. Bush asumiera su cargo el 20 de enero de 2001, el Federal Bureau of Investigations (FBI) concluyó su investigación del asesinato del ex ministro chileno Orlando Letelier y la estadounidense Ronni Karpen Moffit, ocurrido en Washington, DC en 1976, recomendando procesar al general (r) Augusto Pinochet como autor intelectual del doble homicidio. Sin embargo, inexplicablemente, el borrador del auto de procesamiento preparado por el FBI lleva más de un año y medio enredado en la burocracia gubernamental.

El memo firmado por el jefe del equipo investigador del Departamento de Justicia (DOJ), John Beasley, poco después del viaje que éste hizo a Chile acompañado por agentes del DOJ y el FBI para interrogar a 42 chilenos en marzo de 2000, ha estado "en revisión" en la División Criminal del DOJ desde agosto de ese año.

En su informe, Beasley, de la Sección de Crímenes Transnacionales de la Procuraduría Distrital de Columbia, recomienda que se procese a Augusto Pinochet como autor intelectual del crimen, considerado -hasta el 11 de septiembre pasado- el peor acto de terrorismo internacional cometido en territorio estadounidense.

Sin embargo, nadie se mueve. "El caso Letelier cayó en un hoyo negro", admitió una fuente del gobierno estadounidense. "No va a ninguna parte porque nadie está presionando para que se mueva. Hay una falta de voluntad. Cuando exista un interés desde afuera en el caso, habrá movimiento. Pero si no hay fuerzas poderosas exigiendo que el caso avance, se mantendrá congelado", dijo.

La recomendación de procesar a Pinochet fue despachada mucho antes de los ataques del 11 de septiembre pasado que reorientaron las prioridades y recursos del aparato de justicia estadounidense, y también antes de que Bush nombrara al ultra-conservador John Ashcroft en el puesto de Procurador General.

Tampoco las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Chile y EE.UU. son una excusa válida para la inamovilidad del caso. "El Departamento de Justicia rara vez se deja influenciar por presiones externas, y es muy celoso de sus atribuciones. De vez en cuando le puede llegar presión de la Casa Blanca, pero el acuerdo de libre comercio con Chile no tiene tanto impacto. Tendría que haber una situación muy excepcional para que el DOJ se desistiera de procesar a alguien por razones externas. Incluso, frecuentemente toma decisiones que son inconvenientes para la política exterior", señaló una fuente del Departamento de Estado.

No hay razones para el estancamiento del informe del FBI en las oficinas de la División Criminal, y ninguna fuente del gobierno o de la justicia estadounidense ha podido dar una explicación coherente de porqué el caso no avanza, dada la abundante evidencia en contra de Pinochet. Ninguno ha querido comentar el caso, al menos oficialmente.

Tras la detención en Londres de Pinochet, en enero de 1999 el Departamento de Justicia decidió reabrir su investigación sobre el caso Letelier, designando unos 20 agentes del Departamento y el FBI a tiempo completo, y apuntó específicamente a Augusto Pinochet. El proceso de desclasificación de documentación del gobierno estadounidense (1999-2000) excluyó documentos que podrían aportar a esa investigación.

El FBI terminó sus pesquisas en absoluto sigilo, meses antes de que organizaciones civiles y de derechos humanos en Estados Unidos comenzaran a demandar que la saliente Procuradora General bajo el gobierno de Bill Clinton, Janet Reno, se pronunciara al respecto antes de dejar su cargo. Nunca lo hizo, ni tampoco informó que hacía semanas que el FBI ya había emitido su informe, recomendando procesar al ex dictador chileno. No fue sino hasta mucho después que personas ligadas al caso pudieron comprobar que el FBI había efectivamente llegado a una conclusión.

Mientras tanto, los congresistas estadounidenses no cesaban de presionar. Al menos tres veces, exigieron al gobierno procesar al ex dictador chileno por este crimen. En mayo de 2000, 36 parlamentarios estadounidenses pidieron a Clinton que buscara la extradición de Pinochet para enfrentar un juicio en Washington. "Agradecemos los pasos ya tomados por el Departamento de Justicia que podrían llevar a su procesamiento. Sin embargo, creemos que esta investigación debe ser intensificada y seguida con la misma energía con que se han investigado otros casos de terrorismo, como el de Bin Laden", expresaron los congresistas, un año y cuatro meses antes de los atentados del 11 de septiembre.

Seis meses después, otros 15 congresistas encabezados por el representante Maurice Hinchey instaron a Clinton a "hacer todo lo posible" para procesar a Pinochet. "Estamos profundamente preocupados porque el hombre que creemos es, en última instancia, el responsable de estos homicidios -Augusto Pinochet- aún no ha sido llevado a juicio", señalaron en una carta al Presidente Clinton el 15 de diciembre de 2000.

El 20 de febrero pasado, 25 congresistas volvieron a insistir. En una carta dirigida al Procurador Federal para el Distrito de Columbia, Roscoe Howard -nombrado por Bush-, los parlamentarios señalaron que procesar a Pinochet "demostraría a los estadounidenses y al mundo que Washington tiene la voluntad de perseguir a terroristas que antiguamente fueron sus amigos".

Ha sido en vano. "Estoy perplejo. Ya en agosto de 2000, estábamos en condiciones de pedir el procesamiento de Pinochet, y no ha pasado nada en más de un año y medio. Me siento frustrado, y el FBI se siente frustrado," dijo un funcionario ligado al caso.

Destrabar el caso está en manos del jefe de la División Criminal del DOJ y Asistente al Procurador General, Michael Chertoff. "Chertoff es el último paso en este proceso de revisión. Él decide en último término si el DOJ pide a un Gran Jurado procesar a Pinochet", señaló el abogado Sam Buffone, quien representa a la familia Letelier en Estados Unidos.

Una vez aprobado por el DOJ, un tribunal convocaría a un Gran Jurado para escuchar -en sesiones secretas- los argumentos y conocer la evidencia en contra de Pinochet para resolver su eventual procesamiento.

"El 90% de las veces, el Gran Jurado acepta la argumentación del DOJ, ya que éste generalmente no pide el procesamiento de un acusado si no tiene suficiente evidencia como para asegurar que también sea enjuiciado y encontrado culpable. El DOJ comúnmente presenta más evidencia de la necesaria, mucho más que la mínima requerida. Entonces, si Chertoff finalmente aprueba el memo, el procesamiento de Pinochet es prácticamente un hecho", explicó un abogado involucrado en la investigación.

Tras la aceptación del Gran Jurado -proceso que demoraría sólo algunos días- el siguiente paso sería pedir la extradición de Pinochet, el único inculpado en el crimen que no ha enfrentado la justicia por este caso, ni en Chile ni en Estados Unidos.

Sin embargo, nadie en el gobierno de EE.UU. se hace ilusiones de que el caso Letelier vaya mucho más lejos. Aunque el anciano general no podrá alegar razones de salud para impedir un juicio legal -ya que para Estados Unidos, basta que el acusado comprenda la naturaleza de las imputaciones en su contra para enjuiciarlo-, es probable que la Corte Suprema chilena se niegue a autorizar la extradición de Pinochet, ya sea por su estado de salud, o porque la valla impuesta por el Estado chileno para extraditar a sus nacionales -incluso delincuentes comunes- es demasiado alta. Para extraditar a un chileno, los tribunales de nuestro país exigen que su culpabilidad sea comprobada, en circunstancias que las cortes estadounidenses piden la extradición tras procesar al inculpado, pero antes de comprobar su culpabilidad.

"Sería simbólico. Sabemos que Chile nunca va a extraditar a Pinochet, si ni siquiera extraditan a sus narcotraficantes. No hemos logrado una extradición exitosa de parte de Chile en 10 ó 15 años, y ya  dejamos de intentarlo. Todos hemos sabido siempre que el caso Letelier termina con el procesamiento de Pinochet", dijo una fuente del gobierno de EE.UU.

Técnicamente, aún sigue pendiente el procesamiento y extradición a Estados Unidos de Manuel Contreras y Pedro Espinoza, primero y segundo de la DINA, pero debido a que ya fueron juzgados y sentenciados en Chile, el gobierno estadounidense ha abandonado sus esfuerzos por llevarlos ante los tribunales de su país.

A la fecha, no hay ningún detenido por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffit. Contreras y Espinoza ya cumplieron sus penas de siete y seis años, respectivamente. El año pasado fueron liberados los dos cubanos anti-castristas sentenciados en Estados Unidos; Virgilio Paz cumplió 12 años en la cárcel, y Dionisio Suárez, ocho. El ex agente de la DINA, el estadounidense Michael Townley, extraditado desde Chile en 1978, estuvo bajo arresto por cinco años en EE.UU. y hoy vive con otra identidad en ese país al amparo del programa de protección de testigos.

Murray Karpen, padre de Ronni Moffit, escribió lo siguiente el 12 de enero pasado en The Washington Post: "Estoy desconcertado porque, después de 25 años y enfrentado a nueva y horrenda evidencia sobre las consecuencias de no combatir al terrorismo, el gobierno de Estados Unidos aún no procesa a Pinochet. El Presidente Bush ha dejado muy clara su posición respecto del terrorismo. Pero, ¿está el Departamento de Justicia seleccionando a cuáles terroristas quiere procesar?"

 

Foto de BBC News