Caso Letelier: Piden citar a asesores de gobierno militar

15 March 2000
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Una nómina de 46 ex ministros del régimen militar y ex altos oficiales de las FF.AA. deberán prestar declaración en calidad de testigos por el caso Letelier.

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El Mercurio

Canciller Soledad Alvear instó a respetar resoluciones de la justicia, aludiendo a exhorto remitido por EE.UU.

Una nómina de 46 ex ministros del régimen militar y ex altos oficiales de las FF.AA. y de Orden deberán prestar declaración, en calidad de testigos, en el marco de un exhorto remitido por la Corte Distrital de Columbia, Washington, donde aún se mantiene abierto el proceso por el homicidio del ex Canciller Orlando Letelier y su asesora Ronnie Karpen Moffitt, perpetrado el 21 de septiembre de 1976, en esa ciudad.

En la causa sustanciada en Washington, fueron condenados los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Michael Townley, y el mayor (r) Armando Fernández Larios, ambos acogidos al sistema de protección de testigos por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Junto a ellos se sentenció a los cubanos José y Pedro Novo, y Dionisio Suárez.

Sin embargo, en la capital estadounidense este proceso siempre ha estado abierto ante una eventual posibilidad de profundizar en la aclaración de las responsabilidades penales por la planificación de este atentado, la participación de otras personas como autores, cómplices o encubridores, y principalmente determinar si hubo obstrucción a la justicia.

A ese objetivo apuntó en parte la desclasificación de numerosa documentación, en junio pasado, recopilada por agentes del gobierno de EE.UU. durante el régimen militar, ya que también se aportó material a la investigación que llevó el juez español Baltasar Garzón en contra del senador Augusto Pinochet, pudiendo ésta ser utilizada si se reimpulsa el proceso con esta importante diligencia.

En Chile, el caso Letelier sólo buscó a los responsables por la muerte del ex Canciller, excluyendo del proceso la muerte de Ronnie Karpen Moffitt y las graves heridas sufridas por su marido.

Pese a que esta carta rogatoria debió ser corregida en aspectos formales, por disposición de la Corte Suprema, en la lista figuran cuatro personas fallecidas, como el ex Comandante en Jefe de la FACh, Gustavo Leigh; el senador Jaime Guzmán; el ex Secretario General de Gobierno, general (r) Hernán Béjares, y el general (r) de Carabineros, Rigoberto González.

En tanto, la mayoría de los ex altos oficiales que se pide citar a declarar tuvo alguna participación en la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), como el general (r) Manuel Contreras, quien cumple condena por el asesinato de Letelier, y el ex alto jefe de esa repartición, brigadier (r) Pedro Espinoza, que completósu pena de seis años de cárcel en enero pasado.

La lista incluye a los ex subdirectores de la Dina: capitán de la Armada, Rolando García; el coronel de la FACh, Mario Jahn, y el coronel (r) del Ejército Gerónimo Pantoja. Otros son el ex encargado del Departamento Exterior del organismo de seguridad, general (r) Raúl Iturriaga Neumann; de telecomunicaciones, brigadier (r) Vianel Valdivieso, y de finanzas, Humberto Olavarría.

Además, se solicita el testimonio de otros ex oficiales destinados a ese servicio, como los coroneles René Riveros y Rolando Mosqueira, quienes habrían viajado a EE.UU. por orden del general (r) Contreras, poco antes de cometerse el crimen mediante la detonación de un artefacto explosivo, colocado bajo el auto del ex Canciller Letelier.

Los ex agentes de la Dina, Luisa Mónica Lagos (Liliana Walker) y Humberto Calderón, actualmente procesado por el homicidio del ex líder sindical Tucapel Jiménez, también aparecen en la carta rogatoria.

Otros Colaboradores Citados

De los colaboradores del régimen militar, se pide la comparescencia de los ex Subsecretarios de RR.EE., generales (r) Enrique Valdés y Sergio Covarrubias; de los ex ministros del Interior, Enrique Montero Marx y Carlos Cáceres; de Justicia y Educación, Mónica Madariaga; de OO.PP., ex senador y general (r) Bruno Siebert; del Secretario General de la Presidencia, general (r) Jorge Ballerino; del ex Secretario General de Gobierno, general (r) René Vidal, y de Transportes, general (r) FACh Jorge Massa.

De las FF.AA. se pide citar a los generales (r) de Ejército Herman Brady, Santiago Sinclair (ex Vicecomandante), Odlanier Mena (ex director de la Central Nacional de Informaciones), Carlos Forestier, Héctor Orozco (fiscal del caso pasaportes), César Raúl Benavides (ex integrante de la Junta de Gobierno), Nilo Floody, Ernesto Baeza, Enrique Morel (ex agregado militar en Washington), Luis Patricio Serre y Rafael Ortiz.

La nómina incluye al asesor del senador Augusto Pinochet, Sergio Rillón, y al ex secretario de prensa de su gobierno y asesor en el gobierno de Aylwin, Federico Willoughby.

Otros mencionados en la extensa lista son: Carlos Medina, Anthal Lipthay, Alvaro Puga, Mario Jara, Mario Marín, Lorenzo Urrutia y Walter Dobner.

Canciller Alvear: Respeto a la Justicia

En Valparaíso, la Ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, expresó que el exhorto pedido por Estados Unidos por el caso Letelier ha sido resuelto por la Corte Suprema y que - tal como lo ha sostenido el Presidente Lagos - los tribunales deben tener la absoluta independencia para realizar su trabajo y que la tarea del Ejecutivo y del resto de los poderes del Estado es la de garantizar que esa independencia exista.

Precisó que la Corte Suprema ha resuelto de una determinada forma y que constituye una resolución de los tribunales que todos debemos respetar.

Hizo presente que el hecho de que se solicite y se dé curso a un determinado exhorto por parte de la Corte Suprema, no puede significar amenaza alguna y las personas que han sido convocadas para declarar podrán hacer sus presentaciones pertinentes.

Esclarecimiento Total De Responsabilidades

Sobre esta diligencia, el diputado Juan Bustos, quien representó en la causa sustanciada en Chile a la viuda de Letelier, Isabel Margarita Morel, y a sus hijos, Juan Pablo, Francisco Javier, Orlando y José Orlando, precisó que el proceso en EE.UU. siempre se ha mantenido abierto, con vistas a determinar si hay otras personas involucradas en este crimen.

Ello, advirtió, porque no se debe olvidar que en el atentado murió una ciudadana estadounidense y otro sufrió graves heridas, aludiendo al matrimonio Moffitt, de tal forma que se trata de un proceso diferente al investigado en Chile.

Por tanto, estimó que a través de los testimonios requeridos por la justicia estadounidense se pretende aclarar si las personas citadas tuvieron algún grado de conocimiento de los hechos que rodearon el crimen y su posterior encubrimiento.

Bustos consideró que en ese escenario no sólo el senador Pinochet podría aparecer como un eventual responsable, sino también algunos de sus ex colaboradores, tarea que en todo caso deberá precisar la justicia.

Respecto de la insistencia del gobierno de EE.UU. de mantener este caso abierto, comentó que no se debe olvidar que este crimen se cometió en el corazón de la capital de ese país, en un contexto de guerra fría, asesinándose a un destacado académico acogido en esa nación y a una ciudadana estadounidense.

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