Las fumigaciones en el marco del Plan Colombia

01 December 2004
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Vistazo a los aspectos más destacados del debate generado por la implementación de los programas de fumigación en el marco del Plan Colombia. Las principales expresiones de rechazo por parte de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, acciones legales, y estudios científicos realizados para demostrar la nocividad o no del glifosato en la población.

El debate

Vistazo a los aspectos más destacados del debate generado por la implementación de los programas de fumigación en el marco del Plan Colombia. Las principales expresiones de rechazo por parte de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, acciones legales, y estudios científicos realizados para demostrar la nocividad o no del glifosato en la población.

Desarrollos del debate

Las aspersiones que se produjeron en octubre/noviembre de 2000, sobre el resguardo indígena de Aponte - una zona de cerca de ocho mil hectáreas en el deparatmento de Nariño, al suroccidente de Colombia - tuvieron una amplia repercusión internacional debido a lo que se denunció como la posible acción del químico asperjado sobre la salud de la población local. Según informes, el ochenta por ciento de los niños del área se enfermaron (Marjon van Royen, NRC Handelsblad, 28 de diciembre 2000) con úlceras, erupciones cutáneas, fiebre, diarrea y conjuntivitis. También los adultos se vieron afectados en su salud, así como los animales de granja. Fuera de eso, como las fumigaciones no discriminan, la lluvia de glifosato sobre Aponte destruyó no solamente los cultivos ilícitos de la zona, sino también los cultivos de pancoger de los campesinos, y numerosas parcelas de sustitución de cultivos del programa Plante del gobierno colombiano. Otros proyectos de reforestación que se encontraban en curso, quedaron también arrasados. Lo que puso en contundente evidencia una vez más la tremenda contradicción que hay entre fumigación y desarrollo alternativo. Era la primera vez que una amplia denuncia internacional por los posibles efectos del glifosato revelaba imágenes como evidencia del impacto de las fumigaciones en la salud.

La alta concentración del glifosato, las consecuencias de las fumigaciones para el medio ambiente y la salud humana, y la ineficacia de esta estrategia para erradicar verdaderamente la coca, no obstante las temporales reducciones registradas en determinadas áreas, han sido los princiales argumentos esgrimidos por ambientalistas, expertos, y autoridades locales opuestos a las fumigaciones. Desde el comienzo de las aspersiones aéreas, éstos han sido puntos permanentes de controversia, que se han acentuado aún más desde la intensificación de los programas, y desde la instauración del gobierno del presidente Uribe en 2002. El gobierno colombiano se ha mantenido firme en el uso del glifosato e incluso en el aumento de la concentración del herbicida, la cual sobrepasa considerablemente las dosis estándar recomendada para el uso comercial de este producto. La concentración actualmente en uso en Colombia fue aprobada por el ministerio del Medio Ambiente, con base en un informe del Departamento de Estado que garantizaba su no nocividad.

Mezcla usada en las fumigaciones

Composición

45% Roundup Ultra; 53,67% agua; 1% Cosmo-Flux 411F; 0,33% Cosmo-InD. El Roundup Ultra mismo está constituido por 41% glifosato (ingrediente activo); 44,5% agua, y 14,5% POEA, un surfactante combinado cuya composición química es mantenida secreta por Monsanto por razones comerciales

Dosis por hectárea

Se fumiga un promedio de 23,66 litros (6,25 galones) de esta mezcla por hectárea de coca, lo que quiere decir, 10,4 litros de Roundup Ultra, 0,24 litros de Cosmo-Flux y 0,08 litros de Cosmo-InD, mezclados en 12,94 litros de agua

Una de las razones postulada a raíz del caso de Aponte para explicar las inhabituales afecciones sufridas por la población después de una fumigación, fue la de que se había comenzado a emplear en Colombia un nuevo producto químico de mayor alcance, cuya fórmula no era todavía en esos momentos de conocimiento público. Poco después, en un informe al Congreso en enero de 2001, el Departamento de Estado de EEUU confirmaría las sospechas de que, efectivamente, se estaba utilizando un nuevo producto para el programa colombiano de fumigaciones. El Roundup Ultra de la transnacional Mosanto cuyo ingrediente activo es el glifosato, es una versión modificada del Roundup [see table at the right] para garantizar una mayor absorción del herbicida por la planta. En un fact sheet emitido el 17 de enero de 2001, el gobierno estadounidense negó cualquier relación entre la nueva fórmula y los síntomas denunciados por la población, alegando que el herbicida poseía la certificación del Departamento de Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos, como un herbicida de bajo nivel tóxico que no causa daño de importancia a seres humanos y animales.

Desde entonces las autoridades colombianas y estadounidenses han venido negando reiteradamente las quejas de la población de las áreas fumigadas. Estas quejas han dado lugar sin embargo a diferentes acciones legales tendientes a lograr una suspensión del programa de erradicación aéra [clic a la lista de las acciones legales], y a varios estudios del caso e investigaciones científicas para tratar de determinar si existe o no una relación entre las afecciones denunciadas y el uso del glifosato.

El debate en Estados Unidos

En respuesta al fact sheet del Departamento de Estado, el Transnational Institute, Acción Andina y Rapalmira publicaron en febrero de 2001 un Contra factsheet en el que se refuta punto por punto los argumentos del Departamento de Estado y se denuncia la alta concentración del herbicida que viola las normas de seguridad establecidas, y su asociación con sustancias mucho más tóxicas sobre las cuales no existe información confiable. El documento hace hincapié también en que la estrategia de la erradicacion aérea ignora completamente los perjuicios que causa al medio ambiente y a los medios de sustento de los campesinos.

Debido a la presión nacional e internacional que había en ese momento, y con financiación de la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de EEUU en Colombia, la Clínica colombiana de toxicología Uribe Cualla, realizó dos estudios de caso, el Informe Nariño [PDF document], de septiembre 2001, y el Informe Putumayo [PDF document] de diciembre de 2001, que concluyen excluyendo la posibilidad de envenenamiento por glifosato, y que los problemas de salud de la población tuvieran algo que ver con las aspersiones, pues sólo reflejaban una condición endémica propia de la pobreza de los habitantes de esas áreas.

Los informes de la clínica Uribe Cualla, así como un estudio (subvencionado previamente por Monsanto en 2000), "Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup ant Its Active Ingredient, Glyohosate, for Humans", por Williams, G.M.; Kroes, R.; Munro, I.C.; Regulatory Toxicology and Pharmacology, 31, 117-152 (2000) [PDF document] fueron descalificados por diversas organizaciones internacionales, como la organización legal medioambiental Earth Justice, la plataforma de organizaciones de los pueblos amazónicos Amazon Alliance, y la plataforma de grupos de trabajo de América Latina, LAWG, entre otras, así como por el Institute for Science and Interdisciplinary Studies, por no haber presentado evidencias científicas de credibilidad que demostrasen la no nocividad de las aspersiones para la salud humana. El estudio sobre Nariño se refiere solamente a un programa de erradicación de adormidera; el estudio del Putumayo se realizó mucho después de haberse producido la fumigación; y en cuanto a la publicación de los tres científicos, ésta hace solamente una evaluación de los riesgos para la salud bajo condiciones muy diferentes a las colombianas, y sin considerar la mayor concentración de glifosato aplicado allí.

Estas y otras voces críticas hicieron eco entre algunos sectores del gobierno de Estados Unidos. Preocupados por el impacto del glifosato sobre la salud humana y la naturaleza, varios congresistas demócratas anunciaron que promoverían esfuerzos para intentar detener la erradicación aérea. Es de destacar particularmente las acciones de los representantes John Conyers y Cynthia McKinney, que propusieron una "moratoria" a la fumigación con glifosato en el país hasta que no avanzaran significativamente - al menos en un 75 por ciento - los programas de desarrollo alternativo. Además, la Comisión de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos, prohibió el uso de fondos estadounidenses para la compra de los químicos que se empleaban en Colombia para fumigar los cultivos ilícitos, hasta que el Departamento de Estado no demostrase que estos no afectaban a la población.

En enero de 2002, Earth Justice hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para presionar a EEUU y a Colombia para detener la aplicación aérea de herbicidas como medio de erradicación de la coca y la amapola, y para promover el uso de métodos alternativos. En su llamamiento, hecho una vez más en colaboración con Amazon Alliance y otras organizaciones medioambientales y de derechos humanos, dan cuenta de los miles de casos de problemas de salud, destrucción de cultivos de pancoger, contaminación de fuentes de agua, perjuicios al medio ambiente, y la deforestación causada por los campesinos en su necesidad de penetrar aún más en los bosques para sus nuevas plantaciones.

La policía antinarcóticos se mantenía firme en la no suspensión de las fumigaciones con glifosato. La embajadora de EEUU en Colombia, Anne Patterson advirtió, "Acabar con la fumigación sería devastador", porque eso repercutiría inmediatamente en el apoyo al Plan Colombia. Y el secretario de estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Rand Beers, a pesar de la cuestionabilidad de los estudios arriba mencionados, basó en éstos un testimonio suyo ante el Congreso estadounidense como prueba de que Estados Unidos no había encontrado ninguna prueba científica digna de crédito de que el programa de rociamiento aéreo para la erradicación de drogas en Colombia representara un peligro para la salud de los seres humanos. Y señaló que "los intentos de cuantificar riesgos adversos para la salud humana en la campaña de erradicación aérea están colmados de emoción pero no se basan en la ciencia".

Según el Departamento de Estado, la mezcla del herbicida podía, en efecto, causar problemas de salud, pero tales afecciones eran insignificantes en comparación con los daños que causaban el paraquat, parathion y los otros químicos que se aplican en el cultivo de la coca, que son mucho más tóxicos que el glifosato asperjado desde arriba. De acuerdo a la embajada estadounidense, los campesinos del Putumayo vierten más de 23 millones de galones de pesticidas por año en la cuenca del Amazonas.

Lo que no menciona el Departamento de Estado es que la guerra a las drogas, tal como está siendo implementada, no sólo no está contribuyendo a impedir este daño, sino que indirectamente lo está estimulando. No habiendo alternativas eficaces, a las comunidades campesinas de esas regiones no les ha quedado otro recurso que seguir cultivando productos ilícitos de manera incontrolada y perjudicial para el medio ambiente. En una visita a Washington, varios representantes indígenas amazónicos hicieron notar que mientras el gobierno no les presente alternativas tendrán que seguir cultivando la coca.

Las críticas a la validez científica de los estudios en los que las autoridades estadounidenses se venían basando fueron en aumento al punto de que el Congreso estadounidense debió solicitar un nuevo estudio sobre los efectos de las fumigaciones en la salud y en el medio ambiente. El nuevo estudio, diseñado por la agencia ecológica del gobierno estadounidense, EPA debía determinar las condiciones antes y después de una fumigación, examinando a un número determinado de campesinos en los lugares en donde se concentraba la erradicación aérea. Vale la pena mencionar que, los estudios previos realizados por la EPA sobre el glifosato habían concluido que este producto podía causar problemas pulmonares, aceleramiento de la respiración y a largo término, afecciones renales y de reproducción.

Resultados inconcluyentes de la EPA

En septiembre de 2002 se dieron a conocer los resultados del estudio de la EPA encargado por el Departamento de Estado sobre las consecuencias de las fumigaciones para la población y el medio ambiente. La conclusión general del estudio es la de que existe la certeza razonable de que la exposición al glifosato no plantea riesgos de cuidado o efectos adversos a los seres humanos y al medio ambiente; y l programa de fumigación de coca y adormidera no es dañino y se ajusta a los estándares que se exigen en Estados Unidos para estos procedimientos. En consecuencia, podía seguirse adelante con éste.

Este visto bueno otorgado por la EPA a las fumigaciones fue recibido con gran reserva por parte de la comunidad científica que reaccionó inmediatamente con sorpresa. A fines de septiembre de 2002 varias organizaciones y especialistas científicos publicaron seis revisiones independientes [Para una lista de revisiones independientes hechas por especialistas y organizaciones, véase www.amazonalliance.org] en las que se cuestiona el informe del Departamento de Estado hecho con base en las conclusiones de la EPA, porque no logra demostrar de ningún modo que los programas de erradicación aérea sean seguros, y por el contrario subestima los riesgos y dudas asociados con el programa, y no evalúa adecuadamente el impacto potencial para la población y el medio ambiente. También se dice que, el informe del DE no logra satisfacer las condiciones requeridas por la ley de asignaciones exteriores de 2002 (2002 foreign appropiations act) que especifican que no se puede comprar más químicos para los programas de erradicación aérea hasta que se le notifique al Congreso que el programa se está realizando de acuerdo con las regulaciones estadounidenses, y con la ley colombiana, que no comporta riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, que se hayan implementado cultivos alternativos, y que se haya establecido un sistema para evaluar las quejas de los ciudadanos y proporcionar las debidas compensaciones. Mientra estas condiciones no se satisfagan, no se podrán utilizar los fondos para la compra de químicos.

El informe de la EPA al DE provocó numerosas reacciones de parte de la comunidad científica: el director de la Red Científica y Ambiental de Salud (SEHN), Ted Schettler [PDF document], sostuvo que los análisis de la EPA adolecen de graves fallas y no calcularon debidamente el daño en seres humanos. El Instituto de Estudios Científicos Interdisciplinarios de Estados Unidos [PDF document] advirtió que fumigar 150.000 hectáreas "produce, claramente, un impacto ecológico inaceptable". Y la Universidad de Michigan [PDF document] (2002) denunció que el estudio de la EPA no tuvo en cuenta especies animales y vegetales típicas.

Además de las reacciones de instancias científicas, diversas organizaciones de derechos humanos y ambientalistas se expresaron también en ese momento manifestando su temor de que la EPA hubiese sido forzada a basar su análisis en información limitada del Departamento de Estado. "Los estudios presentados por el Departamento de Estado como pruebas de que el programa de fumigación no representa riesgos a la salud de los seres humanos estaban tan pobremente preparados que no ofrecieron ningún resultado concluyente", anotó Lisa Haugaard, del Latin America Working Group. La EPA le concede, no obstante, credibilidad a algunas de las quejas de la población, y describe cómo el uso que se hace en Colombia de la fórmula herbicida no es coherente con el uso de tales herbicidas en EEUU. La EPA recomienda también un cambio en la formulación empleada, particularmente en lo relativo a la mezcla de surfactantes. [Para amplios comentarios y análisis sobre los resultados de este estudio de la EPA, véase el estudio reciente, "Going to Extremes - The US Funded Aerial Eradication Program in Colombia", by Betsy Marsh - www.lawg.org]

En diciembre de 2002, el secretario de estado Colin Powell de visita en Colombia dijo en rueda de prensa que EEUU estaría dispuesto a reconsiderar la estrategia de fumigación de cultivos ilícitos en Colombia si dentro de un año el área de coca y amapola no disminuía. Pero al ritmo e intensidad en que se estaban produciendo las fumigaciones en ese momento en que bajo el gobierno del nuevo presidente, Alvaro Uribe, se había puesto en marcha una nueva fase del plan de fumigaciones, todo hacía prever que en Colombia el área de cultivos ilícitos disminuiría ostensiblemente, como en efecto ha sucedido. La disminución de los cultivos de coca en Colombia es no obstante un fenómeno localizado en determinadas regiones, y no se puede leer por fuera del contexto regional y del objetivo último de disminución de la oferta.

Hasta el momento el Departamento de Estado siempre ha encontrado el modo de satisfacer los requerimientos del Congreso estadounidense en materia de certificación del programa de erradicación aérea. Un buen ejemplo de esto es lo relacionado con la aprobación en diciembre de 2003 de la fumigación de cultivos ilícitos que se encuentran en parques y áreas naturales. El Senado se había opuesto a la utilización de la ayuda estadounidense con ese fin, hasta que el Departamento de Estado no ofreciera garantías sobre la seguridad de estos programas.

En 2004, Estados Unidos entregará 574 millones de dólares en el marco de la Iniciativa Andina Antidrogas, la estrategia regional de EEUU contra el narcotráfico y el terrorismo. De acuerdo a datos oficiales estadounidenses del secretario de estado adjunto de EEUU, Robert Charles, entre enero y febrero de 2004 se fumigaron más de 29.000 hectáreas de coca y 691 hectáreas de adormidera, es decir, un 84 por ciento más de lo que se fumigó durante esos mismos dos meses de 2003.

El debate en Colombia

El uso de los químicos sería sólo el detonante del debate. Muy pronto a esto se unirían otros aspectos relacionados con las fumigaciones, como la lenta implementación de los programas de desarrollo alternativo, la militarización de los programas, y el uso de contratistas privados para realizar las operaciones de interdicción. En La fumigación en cuestión - Eficacia y conveniencia de esta política de drogas, el investigador de Acción Andina-TNI, Ricardo Vargas, se refiere a la doble agenda que en materia de políticas de drogas Washington ha hecho prevalecer en múltiples casos. En el caso de Colombia, las fumigaciones han servido también de vehículo para garantizar la militarización de las áreas cocaleras bajo control insurgente, revolviendo de este modo el tema de las drogas con el tema de la seguridad. Un asunto crucial en un país en donde, en momentos en que se daba inicio al Plan Colombia, se desarrollaba un proceso de paz. Las fumigaciones quedaron ligadas pues al conflicto armado y a sus posibles soluciones.

Acciones emprendidas por instancias del gobierno colombiano:

La Defensoría del Pueblo colombiana, a través de su entonces defensor Eduardo Cifuentes Muñoz, tomó desde el comienzo un rol activo en el cuestionamiento a las fumigaciones. En febrero de 2001, la Defensoría [PDF document] emitió una Resolución sobre el impacto de las fumigaciones en proyectos de desarrollo alternativo. Sería la primera de una serie de resoluciones relacionadas con diversos aspectos del programa de erradicación aérea.

Ante el desconocimiento de los efectos de la nueva mezcla sobre la salud humana y en el medio ambiente, y ante la falta de estudios serios al respecto, el defensor Cifuentes Muñoz, en carta al ministro de Justicia, exigió la suspensión inmediata del programa de erradicación aérea. Cifuentes recalcaba que la fumigación era ilegal porque no estaba apoyada en un plan de manejo ambiental como lo exige la ley. Por lo tanto, pedía que se tuviera en cuenta a entidades como el Consejo Nacional de Plaguicidas, que había sido ignorado hasta el momento en el proceso.

A comienzos de octubre de 2002, nuevamente la Defensoría [PDF document] le solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes una suspensión de las fumigaciones en el Putumayo hasta tanto no se revisasen ciertos aspectos que estaban perjudicando a la población. El Gobierno debía entrar a evaluar el cumplimiento de la normatividad constitucional y legal, pues la entidad consideraba que la manera como se había estado ejecutando la estrategia de erradicación con químicos, desconocía la normatividad que pretende asegurar la salud pública, y la protección y conservación del medio ambiente. Desde diciembre de 2001 hasta esa fecha, se habían presentado ante la Defensoría del Pueblo 6.500 quejas solamente por parte de habitantes del Putumayo. El informe de la Defensoría reveló, en relación con las quejas por problemas de salud presuntamente por las fumigaciones, que el 29% de las personas presentaba deficiencias respiratorias; el 26,4% gastrointestinales; el 15,8% dérmicas; el 1,9% sicológicas; el 15,5% fiebre; el 5,4% malestar general, y otros el 0,9%.

Por otra parte, el defensor Cifuentes le recordaba al Gobierno los compromisos importantes que había adquirido con los habitantes del Putumayo. Solamente en el año 2002 se firmaron 31 pactos de erradicación manual con campesinos y 2 pactos con indígenas. La prioridad debía ser pues financiar los proyectos a corto, mediano y largo plazo, para sustituir los cultivos ilícitos y mejorar las condiciones de vida de los putumayenses.

En febrero de 2003, la Defensoría volvió a pronunciarse declarando que el gobierno violaba la ley aumentando la concentración del glifosato en las fumigaciones. Cifuentes aseveró que el aumento en la concentración de esta sustancia "... puede estar produciendo un efecto dañino. No se han cumplido las normas que existen en Colombia y por consiguiente este aumento se adelanta en condiciones de absoluta ilegalidad". El funcionario le exigió al Gobierno acatar las normas internacionales y constitucionales sobre la debida protección que se debe tener con este químico a raíz de las serias denuncias presentadas por parte de campesinos de las diferentes regiones en donde se practican esos métodos.

También la Contraloría colombiana, a través del contralor general, Carlos Ossa, señaló que las fumigaciones violaban la ley colombiana porque no tenían un plan de manejo ambiental aprobado por el ministerio del Medio Ambiente, pidiendo una veeduría internacional que hiciera una evaluación del programa de erradicación de cultivos ilícitos.

Gobernadores - En julio de 2001, el gobernador del departamento del Cauca, Floro Tunubalá hizo un rechazo público de la decisión de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de reanudar las fumigaciones con glifosato en esa sección del país. "La sola notificación me causa repulsión, porque atenta contra la autonomía y dignidad de mi pueblo", expresó el gobernador Tunubalá -quien es indígena, perteneciente a la comunidad Guambiana - al tiempo que señalaba que buena parte de la zona comprometida con la fumigación sería el Macizo Colombiano, una de las regiones más preciadas del territorio colombiano por sus fuentes acuíferas.

"La fumigación aérea como estrategia para la erradicación de los cultivos ilícitos ha sido hasta ahora un fracaso", expresó el gobernador, quien junto con el gobernador del departamento de Nariño, Parmenio Cuellar, lideraba una contrapropuesta al Plan Colombia en pro de la erradicación manual y la sustitución de cultivos. Las declaraciones de los gobernadores contaban con el respaldo de los campesinos de ambos departamentos, no obstante lo cual las autoridades antinarcóticos insistieron en que se continuaría con las fumigaciones a los cultivos de coca y amapola de quince municipios del sur del Cauca y del norte de Nariño, tal como estaba programado para esas fechas.

Según datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a finales de 2002 había en Colombia 102.071 hectáreas, lo cual representaba una disminución en comparación con las 144.807 que había a finales de 2001. Sobre estas cifras vistas en su conjunto para el territorio nacional, los gobernadores expresaron reparos. Si bien la coca había disminuido efectivamente en el Putumayo, no se podía decir lo mismo de departamentos como Nariño a donde se desplazaron los cultivos putumayenses con toda la cadena de producción y los problemas que generan.

Los gobernadores siguieron reiterando sus reservas en relación con la eficacia de las fumigaciones e insistiendo en que ese procedimiento seguía ocasionando efectos destructivos al medio ambiente y al tejido social de las comunidades campesinas.

Entre tanto, las autoridades colombianas seguían destacando la importancia de esta reducción para "demostrar el éxito del Plan Colombia", y el gobierno de Álvaro Uribe proseguía con la agresiva campaña de fumigación, que incluía el aumento de la concentración de glifosato, con el objetivo de acabar los cultivos ilícitos en un año.

Comunidades indígenas - Las acciones contra las fumigaciones alcanzaron otro punto alto cuando el juez 15 de la ciudad de Bogotá ordenara el 27 de julio de 2001 suspender de manera inmediata las fumigaciones aéreas con glifosato en los departamentos del Amazonas, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Guainía y Caquetá, por lo menos durante 10 días, mientras se estudiaba una tutela presentada por la OPIAC (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana), por lesionar los derechos fundamentales a la vida, salud, medio ambiente, además del debido proceso, y el derecho de los pueblos indígenas. (La tutela sería negada diez días más tarde). El principal argumento de la OPIAC era que las fumigaciones debían ser suspendidas porque las comunidades no habían sido consultadas previamente sobre su aplicación.

Dos representantes indígenas del Putumayo viajaron a Washington en marzo de 2002 para demostrar los perjuicios que causan las fumigaciones aéreas.

En abril de 2003, la polémica doméstica alrededor de las fumigaciones ganó bastante apogeo debido al debate entablado entre el ministro colombiano del Interior, Fernando Londoño Hoyos, y los magistrados de la Corte Constitucional, debido a una nueva acción de tutela interpuesta por la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia contra el presidente de la República y otras autoridades. De acuerdo al ministro, la erradicación de los cultivos ilícitos sería una obligación jurídica contraída por el Gobierno de Colombia en la convención de Viena y en un acuerdo suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos. Pero además, para el ministro, las fumigaciones serían beneficiosas para las comunidades indígenas, y si se suspendieran, sus territorios serían invadidos por la insurgencia que los utilizarían para cultivar ellos mismos la coca. Argumentos que desconocían el hecho de que por ejemplo en el Putumayo, las fumigaciones causaron el desplazamiento de más de mil quinientos indígenas al perder sus cultivos, y que la comunidad barí en el Catatumbo vive una situación similar.

El fallo de la Corte Constitucional a la tutela dejó en pie las fumigaciones pero con la obligación por parte de la administración de Uribe de que éstas deben ser consultadas previamente con los pueblos aborígenes.

Estudio científico - A la protesta popular se sumaron las voces de diversas instancias de investigaciones científicas, como la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina, que dio a conocer los componentes de la nueva mezcla asperjada, calificando las fumigaciones como una guerra química.

El estudio realizado por la bióloga colombiana Elsa Nivia (Red de Acción Pesticida) en el departamento del Putumayo, entre febrero y abril de 2001 concluyó que el glifosato causa problemas de salud y afecta los cultivos lícitos de esas regiones.

Por otra parte, uno de los puntos más débiles de las fumigaciones es el efecto de 'deriva'. El herbicida no solamente cae en donde se supone que debe caer, sino que también 'deriva' a otras áreas no calculadas. El fallecido senador estadounidense Paul Wellstone (D-Minn) durante una visita a Colombia pudo comprobar personalmente la inexactitud de la fumigación, no obstante la precisión con que éstas se establecen gracias a las técnicas satelitales del global positioning system. Mientras observaba una demostración de rociado aéreo, el viento cambió súbitamente, y en vez de aterrizar sobre un cultivo de coca, el herbicida bañó literalmente a los observadores, entre ellos al mismo senador.

De acuerdo a Elsa Nivia, la aplicación aérea hace imposible discriminar zonas y cultivos. Es absurdo pensar que el herbicida va a bajar verticalmente. Fuera de que el herbicida usado en el Putumayo tiene concentraciones 15 veces más altas a las recomendadas por la EPA para la aplicación agrícola.

Senado - A comienzos de 2002, el ministerio del Interior llegó a referirse a la posibilidad de, no suspender, pero sí de mejorar y perfeccionar las fumigaciones durante un debate promovido en el Senado colombiano por los senadores, Juan Manuel Ospina y Rafael Orduz. Estos le enviaron una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, en la cual solicitaban que se hiciera una revisión total de la política antidrogas que se desarrolla en Colombia.

En enero de 2002, la Corporación Regional del Amazonas (Corpoamazonia) logró también que se suspendieran momentáneamente las fumigaciones en la región, a pesar de la fuerte oposición del ministerio del Medio Ambiente, que consideraba antijurídica la suspensión. La petición de Corpoamazonia se basó en los centenares de reclamos de la comunidad sustentados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), entidad pública colombiana encargada de ejecutar proyectos en diversas áreas de la Ciencia. Según un comunicado de Invemar, en Colombia, "...La fumigación de cultivos ilícitos presenta un trasfondo que va más allá de la simple erradicación de los cultivos...", constituyendo un "verdadero magnicidio contra los ecosistemas". Sus observaciones de campo corroboraban la destrucción de matas de plátanos y maíz, al igual que de extensiones de bosque virgen. Los campesinos del Putumayo se quejaron también de que el glifosato estaba acabando con las gallinas y cerdos, que morían envenenados. Corpoamazonia comprobó que se estaba fumigando indiscriminadamente, pero no se pudo probar que la muerte de esos animales estuviera relacionada con el uso de este herbicida. Invemar señaló también que el ministerio del Medio Ambiente había suspendido desde hacía casi dos años el trabajo de su Comisión Técnica de Verificación de Erradicación de Cultivos Ilícitos y, aunque ésta volvería a operar, nadie pudo explicar porqué se desactivó la Comisión.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

En 2001, cuando se reactivaron las fumigaciones en el Putumayo y en el sur de Bolívar, la abogada Claudia Sampedro, de la Corporación Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', especialista en derecho internacional del medio ambiente, presentó en cinco ocasiones una acción popular contra el ministerio del Medio Ambiente y otras entidades gubernamentales para que suspendieran las fumigaciones y se impidiera el deterioro a que estaban siendo sometidos diversos ecosistemas por esta causa. A la quinta vez, finalmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la acción popular [PDF document]. Fue así que el 13 de junio de 2003, los tres magistrados que conocieron el caso ordenaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) suspender temporalmente la fumigación aérea de cultivos ilícitos, aplicando el principio ambiental de precaución establecido por la ley 99 de 1993 (según el cual no hay que esperar a que los daños ocurran para tomar medidas), y con el argumento de que a todas las personas en Colombia se les debe proteger su derecho a la seguridad y a la salubridad pública. La prohibición cesaría cuando se diera cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental impuesto por el ministerio del ramo desde 2001, y hasta que el Ministerio de Seguridad Social efectuara estudios médicos y científicos que determinaran con exactitud el efecto que tiene la fumigación sobre la salud en las condiciones en que se lleva a cabo en el país.

Desde que se iniciaron las fumigaciones en Colombia en 1984, en varias oportunidades se ha intentado detenerlas por medios judiciales, pero hasta ahora ningún fallo había hecho hasta el momento un examen tan juicioso y riguroso como el que efectuaron los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los 53 mil folios que tiene el proceso.

El gobierno reaccionó inmediatamente anunciando que las fumigaciones no se interrumpirían - "Mientras yo sea presidente no serán suspendidas las fumigaciones", advirtió Alvaro Uribe - manifestando que apelaría la decisión ante el Consejo de Estado. La posición intransigente del gobierno desató una fuerte polémica por esos días en el país. La comunidad religiosa colombiana se expresó a favor de la suspensión hasta que no se produjeran estudios confiables sobre sus consecuencias para la salud humana. También la Defensoría se pronunció a favor del fallo del Tribunal reiterando que las fumigaciones perjudican los cultivos tradicionales. Por su parte, el embajador de Colombia en Estados Unidos manifestó que a Washington le preocupaba mucho la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca prohibiendo el uso de herbicidas contra los cultivos ilegales, y el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, aseguró que la presencia de cultivos ilícitos en Colombia era "un asunto de seguridad nacional" y por lo tanto, las fumigaciones continuarían hasta que culminase el proceso de apelación iniciado por el Gobierno frente al fallo del Tribunal de Cundinamarca.

Este fallo del Tribunal, al igual que lo sucedido unos meses antes con la sentencia de la Corte Constitucional que estableció que el gobierno estaba obligado a consultar con las autoridades indígenas antes de fumigar en su territorio, puso una vez más al descubierto la encrucijada en la que se encuentra el gobierno colombiano frente a las estrategias de la guerra estadounidense a las drogas. Por una parte tiene que acatar la normatividad jurídica nacional pero por otra se siente obligado a cumplir con los compromisos impuestos por Estados Unidos, siendo por lo general esto último lo que se impone.

Nueva fase de fumigaciones

No obstante los diversos pronunciamientos de organismos tanto colombianos como internacionales y de eventuales y breves suspensiones, las aspersiones han seguido adelante. A comienzos de marzo de 2002, se inició la erradicación aérea en la que hasta un poco antes había sido la zona desmilitarizada que servía de punto de encuentro entre los funcionarios del gobierno colombiano y las FARC para las negociaciones de paz. El gobierno del presidente Pastrana puso fin a las conversaciones el 20 de febrero de 2002, luego de lo cual el ejército retomó el territorio, poniéndose inmediatamente en marcha operaciones antidrogas al igual que en el resto del país.

Según cifras establecidas por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía nacional colombiana, entre el 9 de noviembre de 2000 y el 10 de mayo de 2002, se habían destruido por fumigación, 147.582 hectáreas de cultivos de coca. Además de 4.369 hectáreas de adormidera. A pesar de lo cual, EEUU debió reconocer que el esfuerzo no se había traducido hasta el momento en una reducción de los niveles de producción y consumo, ni en los precios de la droga en el mercado estadounidense.

En ese momento, la perspectiva de los gobiernos estadounidense y colombiano en lo que restaba del año 2002, era la de duplicar esa área, es decir fumigar en los próximos seis meses una superficie de 150.000 hectáreas. Esta labor se facilitaría gracias a la implementación de un programa más amplio de lucha contra la droga que se intensificaría con el cambio de mandato que tendría lugar el 7 de agosto, fecha de la posesión del nuevo presidente colombiano, Alvaro Uribe. El presidente Uribe no solamente había expresado durante su campaña un fuerte respaldo a la política antidrogas del gobierno de EEUU, sino que en particular respecto a las fumigaciones, se había mostrado de acuerdo con la intensificación de la concentración de glifosato para hacer más efectivas las aspersiones.

"Si nosotros no destruimos la coca, ellos van a destruir nuestra democracia y nuestra ecología" dijo al poco de posesionarse el presidente Uribe para repeler los ataques a las fumigaciones. Y la directora del Plan Colombia, señora Sandra Suárez, advirtió que "hay una fuerte presión de los grupos armados ilegales para que los campesinos siembren amapola en medio de los cultivos de plátano, yuca y café". Con argumentos como éste se oficializaba una práctica que sin embargo se ha venido aplicando desde el comienzo, la fumigación de los cultivos pequeños.

Desplazamientos

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, en desarrollo del monitoreo del Plan Colombia en la frontera colombo-ecuatoriana, publicó en octubre de 2003 un informe sobre fumigaciones, desplazamiento y derechos humanos, [PDF document] en el que se concluye que las fumigaciones por aspersión aérea han provocado más desplazamiento de población, ampliado las zonas del conflicto armado, diseminado las plantaciones de coca en nuevas regiones y vulnerado el derecho a la alimentación de las comunidades. El estudio hace un análisis comparativo en lo relacionado con el número de hectáreas cultivadas, fumigadas, efectos del Plan Colombia, desplazamiento forzado y solicitud de refugio hacia el Ecuador. Las tablas y gráficos que se encuentran en el desarrollo de la investigación, le permiten al lector tener una visión más clara frente a la erradicación de cultivos ilícitos y sus consecuencias contra la población civil en el marco de la política de seguridad implantada por el presidente Uribe.

ONU

A través del representante para Colombia y Ecuador del PNUFID, Klaus Nyholm, la ONU ha expresado desde el comienzo que las fumigaciones no se deben utilizar en contra de los pequeños agricultores quienes no tienen otra alternativa que la coca y la adormidera para subsistir. Igualmente, la ONU le propuso al gobierno colombiano establecer una veeduría internacional para la fumigaciones con participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y financiación del gobierno británico. Esta propuesta nunca logró concretarse en el marco de esta entidad, por rechazo del gobierno colombiano que ha preferido no involucrar a las Naciones Unidas. Recientemente se ha conformado una misión técnica para evaluar la situación de salud, medio ambiente y cultivos ilícitos en la frontera de Ecuador y Colombia.

OEA-CICAD

En el año 2001 Colombia solicitó a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) la realización de una evaluación independiente e imparcial para determinar los eventuales perjuicios del programa de fumigación aérea con glifosato. Esta solicitud parece haberse concretado finalmente en febrero de 2004, con la firma del gobierno colombiano y la CICAD para la realización de este estudio. Vale la pena mencionar que esta evaluación viene a reemplazar la antigua propuesta de la ONU, y contará también con financiación británica.

La CICAD se encargará de supervisar y hacerles seguimiento a las labores de un grupo de expertos, quienes determinarán los "eventuales perjuicios de la fumigación sobre las personas, la fauna, la flora y el medio ambiente". Asimismo, los científicos analizarán "el impacto ambiental de los fungicidas y herbicidas utilizados en la producción de cultivos ilícitos...". Las investigaciones, que empezaron a comienzos de marzo de 2004, tendrán un año de duración y un costo de un millón de dólares. El grupo de científicos a cargo del estudio estará integrado por el canadiense Keith Solomon, quien será el coordinador del equipo, la mexicana Luz Helena Sanín, el brasileño Antonio Cerdeira y el británico John Marshall.

Europa

Desde el comienzo del Plan Colombia hasta la fecha, Europa se ha mantenido firme en una postura crítica hacia lo que considera como un desequilibrio entre los fondos destinados a lo militar y a la guerra y los fondos destinados a proyectos de desarrollo. En este marco han expresado un rechazo a las fumigaciones, llegando incluso a condicionar sus donaciones para proyectos de desarrollo alternativo a la certeza de que no haya actividades de fumigación en las zonas destinadas a los proyectos.

La Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo le envió una carta al presidente Pastrana, con fecha 13 de julio de 2001, advirtiendo sobre las consecuencias de la fumigación aérea. En la carta, Joaquim Miranda, Presidente de la Comision del Desarrollo y la Cooperación del Parlamento Europeo, expresó su honda preocupación por las fumigaciones en el departamento del Cauca, y "la necesidad de resolver el problema de los cultivos ilícitos por medio de la erradicación manual, de programas de sustitución, y de otras alternativas económicas para la población de este departamento".

La Comisión Europea, a través del comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten, le ha pedido retiteradamente a Uribe un cese en las fumigaciones que afectan proyectos financiados por la Comisión. Europa está a favor de una erradicación manual que garantice que se pueden seguir plantando otros cultivos. Esta petición ha quedado expresada más recientemente en una visita de Patten a Colombia en enero de 2004, en la que Europa volvió a manifestarse a favor de la promoción de programas sociales y anunció una donación de 54 millones de dólares que beneficiarían a 62 comunidades.

De otra parte, a mediados de 2001, cuando estaba más viva la polémica sobre los posibles efectos del Roundup Ultra, la compañía inglesa de químicos Imperial Chemical Industrie (ICI), productora del aditivo con que se fabrica el Cosmoflux en Colombia, anunció que había ordenado suspender la entrega de este aditivo usado en el herbicida, aduciendo que éste todavía no había sido probado adecuadamente, además debido a la falta de información acerca de sus efectos cuando se usa mezclado con el glifosato. La ICI no deseaba ver vinculado su nombre con el proceso de fumigaciones de cultivos ilícitos en territorio colombiano.

Reacción regional

A finales de agosto de 2001, el Parlamento Andino se pronunció en contra de las fumigaciones con glifosato, resolviendo por unanimidad que el gobierno colombiano las suspendiera temporalmente hasta que se realizaran los estudios técnicos necesarios sobre los impactos del químico. Aunque las resoluciones del Parlamento Andino no tienen un carácter obligatorio, deben ser acogidas puesto que son el resultado de deliberaciones de representantes de los parlamentos de los cinco países del área andina. En este caso la resolución se basó en peticiones de organismos subregionales, y en reclamos provenientes de organizaciones internacionales, de los campesinos de las zonas donde se realizaban las fumigaciones, y de expertos ambientalistas.

Las fumigaciones en el departamento del Putumayo, en las áreas fronterizas con el Ecuador, han desencadenado una profunda controversia en ese país.

En abril de 2002, el gobierno ecuatoriano pidió a su contraparte de Colombia conformar un equipo interinstitucional para analizar los químicos utilizados en las fumigaciones a plantaciones de coca en la frontera norte. Ecuador propuso igualmente la suscripción de un convenio sobre fumigaciones con Colombia para evitar que las fumigaciones antidrogas tuvieran un impacto negativo en el lado ecuatoriano. El convenio sería una herramienta jurídica para exigir a Colombia que las fumigaciones llegasen hasta unos 10 km antes de la frontera con Ecuador, y obedeció, según la entonces ministra ecuatoriana de relaciones exteriores, Nina Pacari, a que un acuerdo verbal previo al respecto no había sido cumplido. La canciller resaltó también que los habitantes de localidades ecuatorianas limítrofes con Colombia habían denunciado los perjuicios que les habían causado las fumigaciones colombianas.

Acción Ecológica y otras organizaciones que monitorean los impactos en Ecuador de las fumigaciones realizadas por Colombia en el departamento de Putumayo, en la selva de la Amazonia y en la frontera con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, han denunciado de manera insistente que el gobierno colombiano ha incumplido con su obligación de dejar la franja de 10 km libre de químicos. De acuerdo a testimonios, se ha fumigado sobre el río San Miguel (que marca la frontera de los dos países), violando los aviones el espacio aéreo ecuatoriano. Además, el efecto de 'deriva' de los químicos ha ocasionado graves perjuicios a la forma de vida de la población fronteriza ecuatoriana.

Las inquietudes de los ecuatorianos han sido desestimadas por la embajada estadounidense que ha negado cualquier relación entre las fumigaciones y las enfermedades que proliferan entre la población de la zona limítrofe. El gobierno de EEUU insiste en atribuir las denuncias a manipulaciones y desinformación emitida por narcotraficantes a quienes no les conviene que se fumiguen los cultivos. De todos modos, EEUU ha prometido una compensación a Ecuador por las posibles repercusiones del Plan Colombia en su territorio. [Véase Ecuador]

Carta Sierra Nevada

Glifosato en parques y reservas naturales

La Resolución 0013

La llegada del presidente Alvaro Uribe al poder representó en materia de fumigaciones, no sólo una intensificación de las zonas blanco de dichos programas, sino una ampliación de los territorios susceptibles de ser fumigados. Dada la existencia de cultivos ilícitos en parques y áreas naturales del territorio colombiano, en junio de 2003, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó la Resolución 0013 por medio de la cual se le daba vía libre a la fumigación con glifosato en las reservas naturales. Esta Resolución sería avalada por el procurador y aparecería también en el Plan de Manejo Ambiental que presentó el ministerio colombiano del Medio Ambiente.

Es importante mencionar que en la aprobación de dicha Resolución, las autoridades antinarcóticos colombianas por alguna razón no tuvieron en cuenta los datos sobre áreas cultivadas obtenidos por el proyecto satelital de las Naciones Unidas, el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). De acuerdo al SIMCI, a fines del 2002 - último dato disponible hasta el momento - había 4.617 hectáreas de cultivos ilícitos en los parques naturales, cifra que representaba una disminución de casi 24 por ciento en relación con la superficie cultivada a finales de 2001, que era de 6.057 hectáreas. La evidencia satelital indicaba pues, que mientras la aspersión en los parques seguía prohibida y se adelantaba una vasta ofensiva fumigadora en el resto del país, no obstante, la coca en los parques disminuyó gracias a una labor de erradicación manual. ¿Qué necesidad había entonces de recurrir a la fumigación si la erradicación manual había demostrado su efectividad?

Desde muy pronto, la llamada política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, logró imponerse sobre otros intereses nacionales como son el bienestar de la población y la preservación del medio ambiente. Al insistir en la intensificación y ampliación de la erradicación de cultivos mediante fumigaciones masivas, la política de Seguridad Democrática pone al descubierto la mentalidad estrecha e inmediatista del gobierno, que en su decisión de acabar con los cultivos ilícitos no hace diferencias entre territorios, llegando a manipulaciones jurídicas para poder implementar este recurso en áreas de alta vulnerabilidad como son los parques naturales.

Decisiones del Congreso estadounidense

En noviembre de 2003, a iniciativa de algunos senadores estadounidenses, alarmados por la resolución del gobierno colombiano de fumigar cultivos ilícitos en los parques nacionales del país, se aprobó en el Senado una enmienda dentro del Proyecto de Presupuesto para Operaciones Extranjeras - 2004, que prohibía el uso de la ayuda estadounidense para este fin. (1) El gobierno colombiano y los funcionarios de la administración de Bush lanzaron a continuación una fuerte ofensiva para tratar de bloquear esta enmienda, o al menos modificarla, antes de que se convirtiese en ley.

Todo lo cual provocó durante varias semanas un intenso debate en el Congreso de EEUU, quedando comprometido el secretario de estado Colin Powell a cumplir con una serie de exigencias como, corroborar ante ese ente que ese tipo de fumigaciones estaba en efecto permitido por la ley colombiana y que no era nocivo para el medio ambiente. Igualmente debía demostrar que la aspersión de químicos era la única alternativa para controlar el brote de cultivos ilegales en esas zonas.

El 15 de diciembre de 2003, en medio del debate sobre la conveniencia o no de la fumigación con glifosato, el Departamento de Estado de EEUU presentó al Congreso estadounidense el documento de certificación exigido unas semanas antes por el Senado, en el que se garantiza que las fumigaciones cumplen efectivamente con las condiciones ambientales requeridas por la Agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA), con el Plan de Administración Ambiental de Colombia y el Consejo Nacional de Estupefacientes. El documento asegura también que la mezcla con glifosato no representa riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, y que las quejas por daños provocados por las fumigaciones se están evaluando, serán compensadas, y que se están llevando a cabo programas alternativos en las comunidades de las áreas donde se fumiga.

La existencia de la Resolución 0013, el plan favorable del ministerio del Medio Ambiente colombiano, y el controvertido visto bueno de la EPA hacia el uso del glifosato, fueron determinantes para echar atrás la enmienda del Senado. Paradójicamente, sin la previa existencia de la Resolución, al Congreso le habría quedado más difícil retirar la enmienda. Y al mismo tiempo, sin la aprobación del Congreso estadounidense, la Resolución 0013 nunca habría podido ser operativa. Porque los colombianos pueden resolver sobre el papel lo que quieran, pero es en últimas el que pone los fondos quien decide lo que se hace.

La enmienda del Senado no tuvo, pues, mucho futuro. El lobby colombiano en Washington y la administración de Bush se encargarían exitosamente de que el Congreso estadounidense aprobase la liberación de los fondos para las fumigaciones en parques. En diciembre de 2003 se produjo una 'conciliación' entre los dos cuerpos del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, garantizándoles a las autoridades colombianas la posibilidad de usar los recursos de 2004 para la erradicación de cultivos ilícitos. A partir de ese momento, las autoridades antinarcóticos colombianas ya no tenían ningún límite para practicar las aspersiones donde quisieran.

La polémica en Colombia

No obstante, el tema de las fumigaciones en parques - incluido el hecho de que el mismo Senado estadounidense se hubiera pronunciado en algún momento en contra - generó igualmente una gran polémica internacionalmente, y en Colombia en particular, entre otras cosas por lo insólito e inédito en el mundo de una decisión de esta trascendencia. Los parques nacionales en Colombia ocupan algo más de 10 millones de hectáreas (diez por ciento del territorio nacional), y el país es el segundo en el mundo con mayor biodiversidad, después de Brasil. El sistema comprende 34 parques nacionales naturales, nueve santuarios de flora y fauna, y dos reservas naturales.

Si Colombia llega a fumigar la zona de parques violaría disposiciones y tratados internacionales ambientales como:

  • El Convenio de Biodiversidad, ratificado por Colombia mediante la Ley 162 de 1994, que protege básicamente toda la diversidad, particularmente la de aquellos países -como Colombia- en donde hay una gran riqueza en fauna y flora;
  • El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la identidad e integridad de los pueblos indígenas. Como varias comunidades indígenas tienen sus territorios dentro o en los alrededores de los parques, se estaría transgrediendo esta norma;
  • Todo lo acordado en la Cumbre de Río, de 1992, que está contemplado en la Ley 99 de 1993.
  • Además, entre varios convenios, el de Ramsar, que protege los humedales. Y aquellos convenios que tienen que ver con la preservación de reservas y bosques;
  • Igualmente violaría los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, y varias normas, como el Código de los Recursos Naturales Renovables (Decreto-ley 2811 de 1974), la prohibición específica de fumigar desde el aire "parques naturales y zonas de reserva" (Decreto 1843 de 1991). (2)

Un punto central esgrimido en Colombia por los que se opusieron francamente a las fumigaciones en los parques era que, según la Constitución nacional, y el Código de recursos naturales, está prohibido aplicar un sistema de erradicación de cultivos ilícitos como el programa de erradicación con glifosato en las áreas de parques naturales, porque estas zonas "son bienes inembargables, imprescriptibles e inmodificables, patrimonio de todos los colombianos". Cualquier acción en su perjuicio podía ser llevado a la Corte.

La aprobación de una Resolución por el CNE como la 0013 no hace las fumigaciones en los parques menos ilegales a la luz de las normas colombianas. Además de que con su aprobación se han ignorado las dudas existentes sobre la conveniencia y eficacia de este sistema de erradicación que puede poner en peligro el equilibrio ecológico y la biodiversidad de esas zonas, y se ha desconocido el hecho de que la fumigación es solamente una solución de corto plazo, puesto que el glifosato no impide que se vuelva a sembrar en las áreas fumigadas.

Incluso el ex ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, quien durante la administración de Pastrana había sido un fuerte partidario de las fumigaciones, se expresó en declaraciones a la prensa colombiana contra las fumigaciones en los parques. Y el investigador Carlos Castaño Uribe, consultor de la organización Conservation International (CI), dijo que los parques eran "zonas de altísima sensibilidad ambiental, como el área de la reserva de La Macarena en donde hay cultivos ilícitos, pero también una gran agrodiversidad que se puede ver afectada". Refutando a quienes apoyaban las fumigaciones con el argumento de que la producción de drogas ilícitas contribuía al deterioro ambiental, este experto manifestó que, "Es cierto que el uso de químicos en el procesamiento de la pasta de coca es tremendamente dañino, pero eso no es argumento para que haya que echarle gasolina al incendio". A finales del marzo de 2004, un número importante de parlamentarios colombianos encabezados por el Senador de oposición, Jorge Enrique Robledo, firmó un acta de protesta contra la fumigación en parques naturales.

Ante las continuas expresiones de protesta por parte de un amplio número de organizaciones, medios de comunicación y personas en contra de la decisión de fumigar los parques con glifosato, la señora Sandra Suárez, ministra colombiana del Medio Ambiente se vio obligada a anunciar la suspensión de dicha medida. Desafortunadamente el gobierno colombiano sigue manteniendo la Resolución 0013 en la que ésta se sustenta, lo que significa que puede ser reimplantada en cualquier momento.


Referencias

1. El Proyecto de Presupuesto para Operaciones Extranjeras [Foreign Operations] estipula la mayoría de los recursos que EEUU va a suministrar para ese año, en este caso se trataba de los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia.
2. Información extraída del artículo "Congreso de E.U. acepta otorgar ayuda a Colombia para fumigar en parques y reservas naturales" El Tiempo (eltiempo.com), Bogotá, 5 de diciembre, 2003