Europa unida en defensa de los servicios públicos

01 May 2007
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Giulio Marcon y Duccio Zola repasan la resistencia a las privatizaciones en Europa, destacando el papel de las iniciativas sindicales paneuropeas y de una creciente alianza entre movimientos sociales y sindicatos.
Una petición popular de un millón de firmas para proteger a los servicios públicos; una campaña por una normativa marco que no deje espacio a las ambigüedades en la definición de lo que es interés público e interés general; numerosas movilizaciones que reivindican una Europa social basada en los derechos de la ciudadanía, en el acceso a los servicios, en los bienes comunes y en la custodia del bienestar universal. Todas estas iniciativas ilustran cómo movimientos sociales y sindicales son hoy actores clave en la defensa de los servicios públicos en Europa. El reto consiste en salvaguardar lo que queda del modelo social europeo, defendiendo el papel del sector público en la organización de los servicios y en la planificación de la economía, y una ciudadanía social realmente inclusiva. La petición de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la campaña por una normativa marco presentada por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP/EPSU) y las muchas iniciativas de movimientos de todo el continente forman parte de un proceso de lucha por una Unión Europa más social. Su objetivo es reimpulsar una política más intervencionista y orientada al público, después de que, durante décadas, los numerosos pactos y tratados de la UE, desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de Maastricht, hayan ido erosionando paulatinamente el papel del sector público. Y una pieza clave de todas estas campañas es el reconocimiento de lo importante que es construir alianzas entre sindicatos, movimientos sociales y comunidades locales. Un buen ejemplo de ello se encontraría en Alemania, donde el sindicato del sector de los servicios Ver.di encabeza una movilización nacional contra la rebaja de los subsidios energéticos anunciada por el Gobierno, una medida con que se prepararía el terreno de la privatización. El suministro energético en Alemania depende de 1.400 empresas municipales que no podrían sostener los recortes previstos sin recurrir al despido masivo de trabajadores. ‘La medida beneficiaría a las grandes multinacionales privadas de la energía e iría en detrimento de unas importantes entradas en las arcas municipales que se destinan a servicios básicos como el trasporte público o el cuidado de niños y ancianos’, explica Herman Schmid, sindicalista de Ver.di. El pasado 7 de febrero, 25.000 personas se manifestaron en Berlín contra la privatización. En el país vecino, Francia, ha nacido la Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics, que reúne a sindicatos, asociaciones de consumidores y organizaciones políticas que abogan por la defensa y la democratización de los servicios públicos a escala nacional. En España e Italia, se están adoptando nuevos enfoques en el ámbito de la participación y la democracia local. En regiones como Toscana y en grandes ciudades como Sevilla, así como en muchos pequeños municipios, se están difundiendo cada vez más los presupuestos participativos y otras herramientas democráticas en un intento por devolver a manos de los ciudadanos el control y las decisiones sobre el suministro de los servicios públicos. De este modo, se promueve la defensa de estos servicios y se fortalece la resistencia a la privatización. En Italia, ha sido el agua la protagonista de una lucha contra la privatización que ha cosechado un gran éxito. El Foro por el Agua Pública, en que confluyen unos 70 grupos activistas, sindicatos y más de 700 municipios, presentó recientemente una campaña nacional para acabar con la privatización de las empresas de agua locales y recuperar la gestión pública de servicios regionales y locales ya privatizados. Mientras la Asamblea Mundial del Agua se reunía en Bruselas y declaraba que el agua era un bien público y un derecho humano universal, el Foro italiano organizaba una manifestación multitudinaria en Palermo, donde el gobierno regional de centro-derecha estaba traspasando la gestión del agua –un recurso especialmente vital en Sicilia, región que padece una constante escasez de agua– a empresas privadas. ‘Curiosamente, la privatización del agua se considera algo moderno e innovador’, comenta Marco Bersani, de Attac Italia. ‘Pero la propiedad y la gestión privadas del agua no son ninguna novedad. Fue sólo a principios del siglo pasado cuando los gobiernos, enfrentados a graves epidemias, se dieron cuenta de la necesidad de disponer de un servicio público de agua, accesible a todo el mundo.’ La campaña del Foro ya ha recogido 100.000 firmas. En el Reino Unido, la defensa de los servicios públicos se ha centrado especialmente en la sanidad. Decenas de miles de personas se han manifestado y firmado peticiones contra los recortes y la privatización del Servicio Nacional de Sanidad (NHS). La protesta cuenta con el apoyo de muchos diputados, tanto laboristas como demócrata-liberales y, aunque las iniciativas locales son fuertes, hasta la fecha, las movilizaciones han sido limitadas debido a la falta de un marco unitario. Ahora se está desplegando una campaña nacional en la que participan más de 30 organizaciones de todo el país y que cuenta con el respaldo del sindicato de los servicios Unison y otros organismos nacionales. Su objetivo es fomentar la acción y la coordinación comunes en la defensa de una sanidad pública y accesible. Como éstos, podrían citarse muchos otros ejemplos de iniciativas, ya que están surgiendo todo tipo de alianzas locales y nacionales entre grupos locales, comités espontáneos, movimientos sociales y organizaciones sindicales. Campañas sindicales paneuropeas A escala europea, los sindicatos están desarrollando, principalmente, dos campañas que persiguen, por un lado, defender los servicios públicos y, por el otro, mejorar su accesibilidad y calidad. La primera de estas campañas, que aboga por un marco jurídico comunitario sobre los servicios públicos, está encabezada por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP/EPSU) y se puso en marcha en mayo de 2006. La segunda es la promovida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) desde noviembre de 2006, que consiste en una petición por ‘unos servicios públicos de calidad y accesibles a todos’. La CES parte de la idea de que ‘los servicios públicos son esenciales para la cohesión social, económica y regional de Europa. Estos servicios deben ser de gran calidad y accesibles para todos(as) los(as) ciudadanos(as). Hasta ahora, las privatizaciones o las liberalizaciones han sido las únicas alternativas propuestas y aplicadas’. La CES y sus miembros han realizado un esfuerzo organizativo sin precedentes para alcanzar el objetivo de un millón de firmas, cifra que garantizaría un debate en el seno del Parlamento Europeo. La petición, concretamente, solicita una intervención legislativa que garantice los derechos de los ciudadanos en materia de servicios públicos clave. El Partido Socialista Europeo se ha manifestado recientemente a favor de la petición a través del coordinador de los eurodiputados socialistas, Martin Shultz. Además, el Centro de Estudios Europeos de Estrasburgo (CEES) y el Centro Europeo de Empresas con Participación Pública y de Empresas de Interés Económico General (CEEP) han emitido una declaración conjunta con el fin de respaldar la petición y de hacer llegar al Parlamento Europeo y a la Comisión la exigencia común de proteger jurídicamente los servicios de interés general. El mayor sindicato británico del sector público, Unison, es uno de tantos sindicatos nacionales que promueven la iniciativa en sus respectivos países. En palabras de su secretario general, Dave Prentis: ‘Los servicios públicos en Europa son víctimas de un asalto y, por ello, Unison respalda la petición de una normativa jurídica europea que proteja a los servicios públicos de los ataques ideológicos de los defensores del libre mercado’. La movilización de la FSESP, estrechamente vinculada con la petición de la CES, reivindica ‘la definición de un espacio protegido para los servicios públicos’. ‘Pedimos una dimensión de protección jurídica inaccesible a la mercantilización en que se reafirmen los principios comunes del servicio público partiendo de la base legal de la prevalencia del interés general sobre las reglas de la competencia del mercado’, explica Brian Synnott, responsable de comunicación y campañas de la Federación. Synott, además, subraya la necesidad de garantizar el control local sobre la gestión de servicios básicos, a través, entre otras cosas, de la instauración de un Observatorio de los Servicios Públicos que realice un seguimiento del impacto de las liberalizaciones. La Federación persigue, de hecho, una reglamentación jurídica sobre los servicios públicos a través de una normativa marco europea que aclare definitivamente qué sectores pertenecen a este ámbito, y acabar con la incertidumbre terminológica y jurídica a que han sido condenados los servicios públicos por la ambigüedad de las actuales disposiciones de la UE. Los principios guía para la definición de ese marco europeo deberían comprender la igualdad de acceso, prohibiendo cualquier forma de discriminación contra los usuarios; la universalidad, mediante el suministro de servicios a todos los ciudadanos; y la accesibilidad, con el control de los precios y las tarifas. A estos principios básicos se añadirían los de protección del ciudadano-usuario (derecho a información e indemnización, respeto de la intimidad) y de concertación, a fin de garantizar el respeto de los derechos de trabajadoras y trabajadores, de los procedimientos contractuales y de las relaciones sindicales. Se trata, pues, de una campaña por el control democrático, con nuevas formas de participación de usuarios y trabajadores, y normas concretas para la transparencia y la imparcialidad. El objetivo es asegurar un equilibrio entre los diversos grupos de interés y proteger a los más vulnerables. La campaña está políticamente muy activa en la UE, preparando estrategias de cabildeo en el marco del Parlamento Europeo y de la Comisión, y de órganos institucionales como el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. La iniciativa debería finalizar en junio de 2007, mes en que se presentará una primera propuesta para un marco jurídico europeo sobre los servicios públicos. Los foros sociales Lo novedoso de las actuales campañas es la aparición de una trayectoria común entre sindicatos y movimientos sociales. El Foro Social Europeo (FSE), desde aquella primera edición florentina de noviembre de 2002, ha ofrecido un lugar de encuentro extraordinario para sindicatos y movimientos sociales. En el marco de aquel primer foro, se organizaron tres jornadas de seminarios en torno a ‘Servicios públicos y privatizaciones’, impulsados por grupos franceses, austriacos, italianos y suizos de Attac, Espace Marx, Collectif Services Publiques, World Development Movement, Globalise Resistance, y por grupos sindicales como Funzione Pubblica de la CGIL y COBAS (Comités de Base). En el siguiente FSE, celebrado en París en octubre de 2003, se organizó un seminario parecido entre movimientos sociales y sindicatos a escala europea. De él surgió el compromiso, suscrito por la Asamblea de Movimientos Sociales, de aunar las iniciativas de los movimientos en torno a los servicios públicos con la labor de los sindicatos. Esta acción debía entenderse en el contexto de una oposición más general a la constitución europea, entonces en vías de aprobación. Este encuentro adquiere un perfil de auténtica confluencia durante el tercer FSE, que tiene lugar en Londres en octubre de 2004, en que arranca el debate sobre la directiva Bolkestein y se tratan de forma específica los temas de la educación, la sanidad, la energía y el agua. ‘Rechazamos la privatización de servicios públicos y de bienes comunes como el agua’, recitaba la declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales con que se clausuró el foro. ‘Apoyamos la movilización del 11 de noviembre de 2004 contra la directiva Bolkestein.’ Y más adelante: ‘Pedimos movilizaciones nacionales en todos los países europeos. Pedimos una manifestación central en Bruselas el 19 de marzo [de 2005] contra la guerra, contra el racismo, contra la Europa neoliberal, contra la privatización, contra el proyecto de Bolkestein y contra los ataques sobre la jornada de trabajo (...) Llamamos a todos los movimientos sociales y sindicales europeos a tomar las calles durante este día’. La primera de las manifestaciones, la del 11 de noviembre de 2004, apenas reúne a unos miles de personas en Bruselas. En cambio, en marzo de 2005 marchan por la capital belga, coincidiendo con una reunión de ministros europeos de políticas sociales y con el segundo aniversario del inicio de la guerra en Iraq, 150 mil personas convocadas conjuntamente por el FSE y la CES. La alianza entre movimientos sociales y sindicatos se materializa sobre un terreno común de rechazo al vínculo entre neoliberalismo, guerra, ataque a los servicios públicos y erosión de los derechos en toda Europa. La campaña europea Stop Bolkestein fue de una extraordinaria importancia en cuanto a la unión de colectivos, ya que, en un breve espacio de tiempo, consiguió la adhesión de centenares de organizaciones, desde sindicatos y ONG internacionales a redes transnacionales, pasando por partidos de izquierda, y movimientos de base locales y nacionales. Otro de los hitos de la movilización fue la manifestación del 14 de febrero de 2006, a la que asistieron más de 50 mil personas, convocadas por la CES en Estrasburgo con motivo de la votación en el Parlamento Europeo de la directiva Bolkestein sobre servicios en el mercado interno de la UE. Aquella movilización logró introducir cambios importantes en el texto final de la directiva, como que se eliminaran elementos especialmente peligrosos para la protección de los servicios públicos y que se excluyeran cuestiones en materia de derecho laboral y sanidad. Aquello resarció en parte los esfuerzos de movimientos y sindicatos, aunque éstos distaran de estar satisfechos. Las críticas se centraron en la profunda ambigüedad del texto, que sigue sin aclarar qué servicios se deben proteger de la invasión de la lógica del lucro. La Red Europea por los Servicios Públicos El gran salto cualitativo en la organización paneuropea que representa la campaña Stop Bolkestein se consolida en la cuarta edición del FSE, celebrada en mayo de 2006 en Atenas. En la capital griega se presenta la primera ‘Red Europea por los Servicios Públicos’ y 40 organizaciones sindicales y movimientos suscriben la ‘Declaración de Atenas. Otra Europa con servicios públicos para todos’. Cabe destacar, en este sentido, la participación de numerosos entes de gobiernos locales, algunos de los cuales trabajan mediante la Convention Européenne des Autorités Locales pour la Promotion des Services Publiques. La red comparte el principio de que asegurar unos servicios públicos de calidad para todos y todas es indispensable para garantizar el respeto de aquellos derechos fundamentales de ciudadanía que deberían caracterizar al modelo social europeo. El objetivo de la red es dar seguimiento a las movilizaciones en torno a la Bolkestein y ofrecer una coordinación estable entre las diversas organizaciones que trabajan sobre la cuestión, incluidos movimientos sociales y sindicales, y entes locales. La red espera que, con el intercambio de experiencias e información, estimulará y coordinará una acción que determinará ‘tanto a escala europea como nacional, las condiciones necesarias para definir y regular aquellos servicios confiados a la responsabilidad del poder público y preservarlos de la lógica de liberalización, de privatización y/o de captación privada de las rentas’. Además, considera que, mediante la acción a escala continental, aumentará la presión sobre las instituciones estatales. ‘A través de las redes, deberíamos alcanzar un auténtico replanteamiento de las políticas liberales, tanto en los respectivos gobiernos como en la Comisión Europea’, comenta Rosa Pavanelli, secretaria nacional de Funzione Pubblica de la CGIL. ‘Es algo fundamental no sólo respecto a las directivas sobre diversos servicios públicos, como los sociales y los sanitarios, sino también con respecto a los contenidos que se deberán compartir con todos los ciudadanos cuando se retome el proceso del tratado constitucional europeo’.