La JIFE no está en consonancia con las Naciones Unidas

03 June 2008

Las Naciones Unidas deberían revisar el funcionamiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el organismo cuasi judicial que supervisa la aplicación por parte de los Estados de las obligaciones que éstos han asumido en virtud de las convenciones sobre drogas de la ONU. La Junta, según un reciente comentario publicado por la revista médica The Lancet, ignora políticas y convenciones de la ONU que reconocen la necesidad de proporcionar un tratamiento humano a las personas que sufren adicción a las drogas inyectables.

En el comentario, Joanne Csete, de Canadian HIV/AIDS Legal Network, y Daniel Wolfe, del International Harm Reduction Development Program de de Open Society Institute (OSI), señalan que la JIFE no está en consonancia con el resto del sistema de la ONU en cuestiones como el VIH/SIDA y la reducción de los daños. La Junta ignora políticas y convenciones de la ONU que reconocen la necesidad de proporcionar un tratamiento humano a las personas que sufren adicción a las drogas inyectables, afirman. Este organismo celebra sus reuniones a puerta cerrada y no publica sus actas ni discute las deliberaciones que determinan sus decisiones.

“El mandato de la JIFE consiste en supervisar la observancia de las convenciones sobre drogas de la ONU de 1961, 1971 y 1988 por parte de los Gobiernos nacionales, y ayudar a garantizar que sustancias fiscalizadas, como la metadona o la buprenorfina, estén disponibles para fines médicos o científicos”, añaden. “Aunque los informes anuales de la JIFE apuntan una y otra vez que el uso de drogas inyectables está provocando graves epidemias de VIH, la Junta no ha criticado a países como Rusia, donde la metadona y la buprenorfina son ilegales, ni ha expresado inquietud sobre los tantos otros lugares donde no se encuentran los fármacos necesarios para el tratamiento de drogodependencias. La Junta tampoco se ha pronunciado sobre los muchos casos en que el tratamiento a adicciones –exigido por las convenciones de la ONU– se basa en el encarcelamiento de las personas, aunque sea con otro nombre, y entrañan, entre otras cosas, trabajos forzados, internamientos prolongados y procedimientos sin resultados demostrados y punitivos, como lobotomías parciales o azotes”.

Los autores instan a replantear el papel y el objetivo de la JIFE: “La JIFE es una reliquia de una época en que la legislación penal y las medidas represivas se consideraban suficientes para abordar el desafío de salud pública que supone el consumo de drogas ilícitas. En 2008, la mejor forma que tendría la ONU de demostrar que la política de drogas necesita otro enfoque en la era del VIH pasaría por que el secretario general de la organización solicitara una evaluación independiente de las actividades de la JIFE. La ONU también debería exigir que las deliberaciones de la JIFE, que se mantienen en secreto, estén a la disposición de los Estados miembro y la sociedad civil. Estas medidas contribuirían a conseguir que 2008 se convierta en un verdadero hito en el camino hacia un auténtico avance mundial para abordar las consecuencias sanitarias de la drogodependencia.”

Uno de los objetivos de la JIFE ha sido Insite, la sala de venopunción de Vancouver. Otro ha sido también Stephen Lewis, ex relator especial de la ONU para el SIDA en África, que fue reprendido públicamente por la Junta cuando elogió la labor de prevención desarrollada por Insite. Lewis apoya este llamamiento a una evaluación independiente de la JIFE: “Ya va siendo buena hora de que se examine con mirada crítica a la Junta de Fiscalización de Estupefacientes. Está tan obsoleta que básicamente está trabajando sobre estas cuestiones como en el siglo XIX”, manifestó Lewis en una entrevista con The Canadian Press. “Hay motivos de sobra para afirmar que están totalmente desconectados de lo que son las prioridades en el ámbito de la sanidad.”

Lewis teme que las posturas de la JIFE sean utilizadas para apelar a la reciente decisión del Tribunal Supremo de British Columbia que desestimó las leyes que prohíben la posesión de drogas de aquellas personas que buscan ayuda en la sala de venopunción supervisada Insite. El ministerio de Sanidad del Canadá, Tony Clement, declaró que el Gobierno apelará el fallo del tribunal. Lewis dijo, por su parte, que los abogados del Gobierno “citarán, sin duda alguna, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes”.

Véase también:

Martes, 3 de junio, 2008