Las deficiencias en la supervisión financiera posibilitan el lavado de dinero

Después de casi 25 años de esfuerzos fallidos, los expertos siguen estudiando cómo poner en práctica un régimen anti-lavado de dinero que funcione
14 May 2013
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En julio de 1989, los líderes de los poderes económicos reunidos en la Cumbre del G7 en París resolvieron establecer el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para luchar contra el lavado de dinero como una estrategia eficaz contra el tráfico de drogas de los 'cárteles' criminales. Sin embargo, desde el inicio del régimen internacional anti lavado de dinero (ALD) ha aumentado el convencimiento de que el régimen no está funcionando tan bien como debería.

Un ejemplo de ello es el escándalo reciente de lavado de dinero del HSBC: de 2006 a 2010, el cártel de Sinaloa de México y el cártel del Norte del Valle de Colombia movieron más de 881 millones de dólares de ganancias de la droga a través de las sucursales del HSBC en EE.UU. y México. La mayoría de los observadores sospechan que esto es sólo la punta del iceberg. En total, las sucursales estadounidenses y mexicanas del banco no pudieron controlar eficazmente el origen de más de 670 mil millones de dólares en transferencias electrónicas y más de $ 9,4 mil millones en la compra de dólares del HSBC de México.

Los traficantes habrían depositado a veces cientos de miles de dólares en efectivo en un solo día en una sola cuenta usando cajeros diseñados para adaptarse a la dimensión exacta de las ventanillas de las sucursales del HSBC de México. En diciembre de 2012, las autoridades federales y estatales de Estados Unidos negociaron una multa de $1,920 mil millones con el HSBC de Londres para resolver los cargos en lugar de entablar una acusación penal contra el banco. La multa es inferior al 10% de los $ 20,6 mil millones en beneficios del HSBC en todo el mundo antes de los impuestos de 2012 y representan cerca de cinco semanas de ingresos del banco.

Demasiado grande para ir a la cárcel

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La sucursal estadounidense del HSBC ofreció servicios de banca corresponsal a la filial mexicana del HSBC, tratándola como un cliente de bajo riesgo, a pesar del obvio lavado de dinero y de los problemas del narcotráfico en México. Los servicios incluían a clientes de alto riesgo como las casas de cambio, productos de alto riesgo, como las cuentas en dólares estadounidenses en las Islas Caimán, amparo del secreto bancario, inadecuada diligencia debida al cliente y débiles controles ALD.

Según las evidencias del caso los clientes escasamente tenían que presentar un nombre y una dirección real, y no debían explicar los orígenes legítimos de sus depósitos. Entre 2007 y 2008 la filial mexicana transportó siete mil millones de dólares en efectivo a la estadounidense, superando a los otros bancos mexicanos, incluso a uno que es dos veces más grande, delatando con esto que el volumen de dólares incluía fondos provenientes de la venta ilegal de drogas en Estados Unidos.

La investigación comenzó en 2008, cuando se identificaron varias cuentas del HSBC de México que se asociaron con el Mercado Negro de Intercambio de Pesos (MNIP). Originalmente diseñado para eludir los controles de divisas, el MNIP se convirtió en un sistema para mover el producto de la venta de drogas ilegales en los EE.UU.. Los traficantes colombianos envían el dinero a los bancos mexicanos, que permiten que el dinero sea transferido para comprar productos que luego se venden en Colombia obteniendo los traficantes las ganancias sin los fuertes gastos de transacción impuestos a las conversiones de moneda y al escrutinio de las transferencias de fondos directamente a ese país. El uso que hacen los traficantes colombianos del sistema del MNIP es tan antiguo como el mismo régimen ALD y obviamente sigue vivo y coleando.

Las autoridades federales no le siguieron un proceso al HSBC por temor a que el enjuiciamiento penal desmantelara el banco y pusiera en peligro el sistema financiero. Frente a los hechos crudos, la senadora estadounidense Elizabeth Warren sometió a un duro interrogatorio a los funcionarios del Departamento del Tesoro en una audiencia del Comité Bancario del Senado. “El HSBC pagó una multa, pero ningún individuo fue a juicio, a ningún individuo se le prohibió el acceso a la banca, y no hubo ninguna audiencia para considerar el cierre de las actividades del HSBC aquí en Estados Unidos”, dijo Warren. “Por lo tanto, lo que me gustaría..., ustedes son los expertos en lavado de dinero. Me gustaría su opinión: ¿Qué se necesita – ¿cuántos miles de millones tienen que lavar a los capos de la droga, y cuántas sanciones económicas hay que violar – antes de que alguien considere el cierre de una institución financiera como ésta?”. No obtuvo respuesta.

No es un caso aislado

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El escándalo del HSBC no es un caso aislado. En marzo de 2010, Wachovia (hoy parte del gigante financiero Wells Fargo) pagó a las autoridades federales estadounidenses 110 millones de dólares en multas por permitir operaciones vinculadas al tráfico de drogas, e incurrió en una multa de 50 millones de dólares por no monitorear el efectivo utilizado para enviar 22 toneladas de cocaína. Wachovia fue objeto de procedimientos penales – aunque no contra individuos en particular – pero el caso nunca llegó a los tribunales. El banco fue sancionado por no haber aplicado la supervisión ALD adecuada para la transferencia de $ 378,4 mil millones a cuentas en dólares en casas de cambio en México, una suma equivalente a un tercio del producto interno bruto de México. “El flagrante desprecio de Wachovia por nuestras leyes bancarias dio a los cárteles internacionales de cocaína una carta blanca virtual para financiar sus operaciones”, según el fiscal federal que llevó el caso. La multa total de Wachovia fue incluso inferior a la del HSBC: el 2% de los $ 12,3 mil millones de beneficio del banco en 2009.

Al igual que con el caso del HSBC, nadie de Wachovia fue a la cárcel, pero Martin Woods, un oficial encargado del cumplimiento de las medidas preventivas contra el lavado de dinero de la oficina londinense del banco quien denunció el caso, fue sancionado por alertar a sus superiores. “Estas son las ganancias de los asesinatos y de la miseria en México, y de las drogas vendidas en todo el mundo”, dijo Woods en el momento del acuerdo entre el banco y la fiscalía. “¿Qué significa este arreglo en el combate a los cárteles? Nada. Anima a los cárteles y a cualquier persona que quiera ganar dinero lavando su dinero ensangrentado”. Woods obtuvo eventualmente un acuerdo para sí mismo después de presentar una demanda por despido improcedente

“En general, hay una gran renuencia a ir tras las grandes sumas de dinero”, dice Daniel Mejía, un economista de la Universidad de los Andes en Bogotá. Mejía hace parte de la iniciativa del Gobierno colombiano para evaluar la política mundial de las drogas. Una de las recomendaciones sería la de centrarse en el lavado de dinero que hacen los grandes bancos de Estados Unidos y Europa. “No apuntan a las partes de la cadena en las que hay un gran valor añadido. En Europa y Estados Unidos el dinero se dispersa – una vez llega al país consumidor entra en el sistema, en cada ciudad y estado. Prefieren ir tras la pequeña economía, las figuras menores y los cultivos de coca en Colombia, a pesar de que esta economía es de reducidas proporciones”. De acuerdo con Mejía, “La prohibición es una transferencia del costo del problema de las drogas de los países consumidores a los países productores”.

"En Colombia hacen preguntas sobre los bancos que nunca harían en los EE.UU.”, dice Alejandro Gaviria, colega de Mejía. “Si lo hicieran, iría en contra de las leyes del secreto bancario. En los EE.UU. hay leyes fuertes sobre el secreto bancario, en Colombia no – aunque la proporción de dinero lavado es la opuesta. Es una especie de hipocresía, ¿verdad?” Si países como Colombia se beneficiaran económicamente del tráfico de drogas, todo esto tendría un cierto sentido, de acuerdo con Gaviria. “En vez de eso, nosotros hemos pagado el precio más alto para beneficiar a otras personas, Colombia hasta hace poco, y ahora México. Se los puse así a los estadounidenses: supongamos que desapareciera todo el consumo de cocaína en los EE.UU. y se trasladara a Canadá. ¿Les gustaría a los estadounidenses ver disparadas las tasas de homicidios en Seattle con el fin de evitar el movimiento de la cocaína y el dinero hacia Canadá? De esta manera comienzan a comprender por un momento los costos para Colombia y México”.

No aplicar medidas de supervisión ALD es rentable

money-launderingCuando una de las funcionarias supervisoras del HSBC expresó su preocupación porque no tenía suficiente personal para supervisar las transacciones financieras sospechosas en una reunión de la junta en 2007, fue despedida. Para reducir el gran número de transacciones financieras sospechosas, el HSBC emplea finalmente “a cientos de trabajadores ruidosos, comechicle, en su mayoría sin educación, en ocasiones bulliciosos empleados de call-centres, convirtiéndolos en investigadores de lavado de dinero”, según la revista Rolling Stone. Sin haberle dado realmente entrenamiento a nadie en absoluto, esta gente fue utilizada para ‘blanquear’ las operaciones sospechosas con el fin de que cumplieran con los requisitos de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). El banco estaba obviamente más preocupado por limpiar su nombre que por esclarecer los lavados de dinero de sus clientes.

No aplicar medidas de supervisión ALD es rentable y los funcionarios del banco responsables de estas espectaculares omisiones no se ven abocados a sanciones penales. La ejecución descuidada de los controles en el actual régimen ALD apenas se supervisa y, en consecuencia, el régimen no parece disuadir a los bancos de participar en prácticas delictivas. Mientras que a los centros financieros extraterritoriales (CFE) (off-shore) situados por fuera de los principales centros financieros de Londres y Nueva York se los señala a menudo como facilitadores de los flujos no regulados e ilícitos de dinero, las principales fuentes de evasión fiscal, el secreto fiscal, el lavado de dinero y el arbitraje regulatorio se encuentran en los sistemas bancarios (onshore) del mundo desarrollado, según la Comisión Stiglitz, conformada en 2008 para asesorar a las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la crisis financiera y su impacto en el desarrollo.

Delaware y Nevada, por ejemplo, son dos estados de EE.UU. que no les exigen a las empresas información sobre el usufructuario y facilitan la creación de cuentas anónimas mucho más rápidamente que casi todos los centros financieros off-shore. Estas deficiencias en la supervisión financiera no sólo contribuyen al lavado de dinero, sino que también facilitan la evasión de impuestos, privando a los Estados de ingresos muy necesarios para financiar las instituciones primarias y los servicios esenciales para la población. Estados Unidos es la Suiza de México, país este último que padece una evasión fiscal rampante. Gran parte de los aproximadamente $42.000 millones de dólares de fondos ilícitos que salen de México cada año termina en bancos de Estados Unidos. Esta suma no incluye el dinero de los cárteles de drogas, aunque se piensa que el actual sistema facilita también esos fondos. Estas lagunas del sistema financiero privan a México de cerca de 7 a 12 mil millones de dólares en ingresos fiscales cada año (las tasas de impuestos en México varían entre el 17,5 y el 30%, siendo esta última la tasa más alta de ingresos y el impuesto de sociedades). En este contexto, los 1,9 mil millones de dólares de la ayuda estadounidense para combatir la violencia relacionada con las drogas en México (Iniciativa Mérida) parece dinero de bolsillo.

Búsqueda de un régimen ALD que funcione

Estas deficiencias quedaron reconocidas en el informe The Buck Stops Here: Improving US Anti-Money Laundering Practices (El 'billete verde' se detiene aquí: mejoras en las prácticas anti lavado de dinero en Estados Unidos), publicado por los senadores estadounidenses Charles Grassley y Dianne Feinstein, co-presidentes de la bancada del Senado para el Control Internacional de Narcóticos. El informe denuncia entre otras cosas el anonimato en la formación de compañías en Estados Unidos, y considera que la posibilidad de ocultar al beneficiario real de las sociedades ficticias con sede en EE.UU., es “un mecanismo ideal para el lavado internacional de dinero."

Los senadores instaron al Congreso de EE.UU. a aprobar rápidamente un proyecto de ley denominado Incorporation Transparency and Law Enforcement Assistance Act (Ley auxiliar para la incorporación de transparencia y aplicación de la ley) que había sido introducido en agosto de 2011, y que ha languidecido en las comisiones legislativas. El proyecto de ley les haría mucho más difícil a las organizaciones criminales y a los evasores de impuestos esconderse tras las sociedades ficticias, al exigir la divulgación de información sobre el usufructuario durante el proceso de formación de la compañía. Esta información estaría a disposición de la policía después de recibir una orden judicial o citación. Los mismos requisitos se introdujeron en Europa en la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales.

Estas iniciativas son bienvenidas, pero también ponen de relieve el hecho de que después de casi 25 años de esfuerzos fallidos, los expertos siguen estudiando cómo poner en práctica un régimen ALD que funcione. Para ello, la Comisión Stiglitz propone “una nueva autoridad financiera mundial para coordinar la regulación financiera en general y para establecer y / o coordinar normas globales en ciertas áreas, como las relacionadas con lavado de dinero y secreto fiscal”. Los regímenes de regulación financiera deben ir más allá de simplemente garantizar el cumplimiento de un enfoque de “ley blanda” a asegurar su implementación y probar su efectividad. Eliminar el velo del secreto y aumentar la transparencia son dos medidas cruciales para cualquier progreso. La eliminación de las jurisdicciones secretas extraterritoriales e interiores es igualmente una prioridad.


Véase también: Counter-terrorism, ‘policy laundering’ and the FATF - Legalising Surveillance, Regulating Civil Society, por Ben Hayes, TNI, Marzo de 2012

Miércoles, 15 de mayo, 2013