Diez años después del huracán Katrina: militarización y cambio climático

Este año se cumple el décimo aniversario del devastador huracán Katrina, que azotó Nueva Orleans y la costa del Golfo de los Estados Unidos. Y cada vez que se pasan las imágenes de sus efectos, resultan tan espeluznantes como hace diez años. Muchos de nosotros observamos incrédulos cómo el Estado más rico y poderoso del mundo parecía primero incapaz y luego reacio a rescatar a sus propios ciudadanos, mientras enviaba a soldados con el gatillo fácil que se dedicaron a disparar a las víctimas del huracán. Al producirse tan pronto después de la guerra de Iraq, el aciago Gobierno de Bush parecía incapaz de responder a cualquier crisis sin recurrir al ejército. A medida que retrocedieron las aguas, el racismo y la desigualdad tan arraigados en Estados Unidos quedaron expuestos a la vista del mundo entero.

¿Podría volver a suceder hoy? Hasta cierto punto, la respuesta del Gobierno estadounidense al huracán Katrina se ha convertido en un ejemplo clásico de lo que no se debe hacer para todas las personas que gestionan emergencias en el mundo. Abochornado por su fracaso, el Gobierno estadounidense llevó a cabo una reorganización importante de la FEMA, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Con ocasión de la catástrofe que provocó el huracán Sandy en 2012, la respuesta del Gobierno —aunque aún insuficiente en algunos lugares— fue más aplaudida.

Sin embargo, la desigualdad estructural y el racismo institucional que originaron la respuesta del Gobierno de Bush no han desaparecido, un hecho al que hizo referencia el presidente Obama cuando visitó Nueva Orleans en agosto de 2015, con motivo del décimo aniversario del Katrina. Asimismo, el ya inflado complejo militar y de seguridad que reflejaban estas relaciones de poder se ha expandido de forma significativa desde el Katrina y utiliza ahora el fantasma del cambio climático para apropiarse de aún más recursos públicos.

Dos años después del Katrina, en 2007, el Pentágono emitió su primer gran informe sobre el cambio climático, en el que se pronosticaba inequívocamente una “era de consecuencias” en la que, entre otras cosas, “es probable que el altruismo y la generosidad se vean mellados”. Un año más tarde se publicó un informe de seguridad de la Unión Europea que hablaba del cambio climático como un “multiplicador de amenazas” que “amenaza sobrecargar a países y regiones de por sí frágiles y proclives al conflicto”. El informe también advertía de que esto entrañaría “riesgos políticos y de seguridad que afectan directamente a los intereses europeos”. En los años siguientes, las estrategias de seguridad nacional de los países del Norte Global se reformularían para ofrecer la misma visión interesada y distópica.

Tras la crisis financiera y la llamada Primavera Árabe, el pensamiento distópico de las élites en el poder ha tenido que enfrentarse cada vez más a ‘emergencias complejas’, dado que la dependencia de las sociedades modernas de las cadenas globales de suministro, producción industrial de alimentos, infraestructuras transnacionales y comunicaciones de alta tecnología han expuesto y exacerbado las vulnerabilidades existentes, garantizando que el desastre que se produce en un determinado lugar resuene más allá del punto inicial. Según la narrativa, el cambio climático echará aún más leña al fuego.

El ex científico jefe del Gobierno británico, John Beddington, ya ha alertado sobre una posible “tormenta perfecta”, creada por la confluencia de varias crisis —alimentos, agua y energía— para 2030, lo cual daría lugar a que los Estados lucharan por mantener el control sobre el suministro de productos y servicios básicos. Los escenarios apocalípticos están a la orden del día. Para algunos comentaristas, esto es poco más que ‘pornografía del derrumbe’, un catastrofismo maligno que produce apatía y que no tiene en cuenta la capacidad de las sociedades modernas para adaptarse y recuperarse

Sin embargo, de alguna manera, la exactitud de las predicciones no importa realmente. Diez años después del huracán Katrina, solo tenemos que ver cómo se desarrolla la crisis humanitaria a la puerta de Europa y sus zonas fronterizas. En Calais, vemos cómo se gestiona una emergencia humanitaria como si fuera una cuestión de seguridad en el momento en que el Gobierno británico ha prometido 22 millones de libras en vallas, policías y perros para impedir la entrada a los refugiados que huyen de la guerra y la tortura. Tanto Hungría como Bulgaria anunciaron a fines de agosto que estaban desplegando tropas, los llamados “cazadores de frontera”, para impedir la entrada a los refugiados desde la antigua Yugoslavia.

Mientras tanto, en Brasil, se informaba el pasado verano de que las autoridades estaban desplegando tropas para defender las infraestructuras de agua en el contexto de una sequía pertinaz en la megaurbe de São Paulo. Sin contar con un plan creíble para conservar el agua y abordar alguna de las causas de base de su escasez como la desforestación, la prensa informó de que unos 70 soldados estaban realizando ejercicios destinados a preparar las instalaciones para una revuelta, con 30 hombres armados con ametralladoras en la cantina.

Y ya estamos viendo cómo los responsables de la seguridad nacional están añadiendo las protestas contra la desigualdad y la injusticia sociales como un factor más en los nuevos paradigmas para la gestión de emergencias, intentando vaticinar emergencias complejas y agitación social. En la actualidad, el Registro de Riesgos Nacionales (NRR) del Reino Unido, un informe que elabora cada ciertos años el Gobierno británico como parte de su estrategia nacional de seguridad, por ejemplo, identifica “desorden público” y “acciones industriales perturbadoras” como las amenazas de seguridad más graves y probables a las que se enfrenta el país.

Lo que es clave es que, al considerar estos temas como amenazas de seguridad en vez de asuntos de justicia social, se receta una medicina muy distinta. Además, las autoridades han aumentado significativamente sus poderes para gestionar estas supuestas ‘amenazas’. En el Reino Unido, la Ley de Contingencias Civiles de 2004 permite que los ministros puedan introducir “reglamentaciones de emergencia” sin consultar al Parlamento y “dar directrices u órdenes” de alcance prácticamente ilimitado, lo que incluye la destrucción de propiedades, la prohibición de asambleas, la restricción de movimiento y la proscripción de “otras actividades específicas”. Una vez más, así es cómo se gestionan las emergencias en todo el mundo.

Los planes distópicos emprendidos por los Estados se manifiestan también en el ámbito corporativo. Donde nosotros vemos una futura emergencia climática, muchas compañías solo ven una oportunidad: petroleras que ansían fundir los casquetes polares con el fin de liberar nuevos combustibles fósiles; empresas de seguridad que ofrecen las últimas tecnologías para proteger las fronteras de los ‘refugiados climáticos’; o gestores de fondos de inversión que especulan con los precios de los alimentos y su relación con el clima, por mencionar solo algunas. En 2012, Raytheon, uno de los mayores contratistas de defensa del mundo, anunció que surgirían “más oportunidades comerciales” relacionadas con “las preocupaciones en materia de seguridad y sus posibles consecuencias” debido a los “efectos del cambio climático” en la forma de “tormentas, sequías e inundaciones”. El resto del sector de la defensa se ha apresurado a seguir el ejemplo.

Las implicaciones de una enfoque basado en soluciones militares y en el lucro frente a la adaptación climática y la gestión de emergencias son muy inquietantes y deben ser tomadas en serio por todas aquellas personas comprometidas con la justicia ambiental, las libertades civiles y la democracia.

En última instancia, si el cambio climático y las emergencias complejas se enfocan desde la seguridad, no solo no se abordan las causas fundamentales de estas crisis, sino que a menudo se las exacerba. La creciente atención sobre la seguridad alimentaria está promoviendo ya un mayor acaparamiento de tierras en todo el mundo. El desvío de recursos hacia el gasto y las estrategias militares impide una muy necesaria inversión en la prevención de las crisis y en que se aborden las causas que generan inseguridad humana. Dado que el cambio climático afectará de forma desproporcionada a las personas pobres, la militarización de nuestra respuesta simplemente agrava una justicia fundamental: que aquellas personas menos responsables del cambio climático serán las más afectadas.

En este sentido, el huracán Katrina marcó un hito y fue una advertencia para todo el mundo, ya que puso de manifiesto el modo en que los Estados democráticos están más preocupados por la amenaza que pudieran plantear sus propios ciudadanos que por las medidas drásticas que deberían adoptar para proteger a las poblaciones, tanto en la actualidad como en el futuro. Transformada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, es esta visión de la ‘Seguridad Nacional’ la que está determinando las futuras respuestas a las emergencias, convirtiendo el cambio climático en un asunto de seguridad nacional en vez de uno de justicia social. Nosotros, el pueblo, debemos combinar nuestras acciones para impedir que el cambio climático siga exacerbándose mediante la transformación de las instituciones que buscan hacer frente a sus impactos.

Ben Hayes y Nick Buxton son editores de un libro sobre el cambio climático y la seguridad que se publicará, en inglés, en noviembre de 2015: The Secure and the Dispossessed: How the military and corporations are shaping a climate-change world. Reservar un ejemplar en Pluto Press