Los tratados bilaterales de inversiones (TBI), que crean la posibilidad de que las empresas extranjeras litiguen en tribunales internacionales cuando denuncian cualquier forma de presunta expropiación, están siendo cuestionados en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. Fueron concebidos con el argumento de que servirían para atraer a inversores externos interesados en la seguridad jurídica, pero la prueba de que Brasil los capta sin haber firmado ningún TBI o los constantes juicios que sufren algunos países propensos hacia las estatalizaciones de empresas han llevado a plantear un debate.

Así fue que el pasado 22 de abril se celebró en Guayaquil la Primera Reunión Ministerial de Estados de América Latina Afectados por los Intereses de las Transnacionales. Asistieron representantes de Ecuador, Bolivia y Venezuela, países que han renunciado a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial que interviene en conflictos por los TBI, y han denunciado varios tratados bilaterales. También asistieron otros países de la Alianza Boliviariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como Cuba, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Dijeron presente otros países con gobiernos inclinados a la izquierda, como El Salvador y Argentina, que es el país más demandando ante el CIADI, ya sea por la congelación de tarifas de servicios públicos en la crisis de 2002 como por las nacionalizaciones como las del 51% que Repsol tenía en YPF. Pero también se acercaron representantes de países gobernados por partidos que van del centro a la derecha, como República Dominicana, Guatemala, Honduras y México.

Eso sí: solo asistieron cuatro ministros de los 12 países. Algunos gobiernos enviaron a representantes de las fiscalías generales de sus países y en otros, solo embajadores o encargados de negocios en Ecuador. Fue el caso de México, cuyo encargado de negocios comentó que su país no tenía problemas con los TBI, según relató este lunes en Buenos Aires la investigadora uruguaya Cecilia Olivet, que como integrante del Transnational Institute de Holanda asistió al encuentro de Guayaquil. “Pero México sí ha tenido 23 demandas en su contra”, observó Olivet, que expuso en la sede porteña de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) una investigación de su coatoría publicada por el Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory y titulada Cuando la Injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones.

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