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22 September 2013
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El cuarto punto sobre el tema de las drogas de la agenda de conversaciones “para la terminación del conflicto” parece simplificar la relación entre drogas y conflicto armado en Colombia. Este informe analiza los retos que plantea el narcotráfico para el desarrollo de una paz sostenible.

Al año de haberse iniciado las conversaciones para poner fin a cinco décadas de confrontación armada, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se disponen a tratar el tema de la “solución al problema de las drogas ilícitas”, el cuarto tema entre los seis convenidos y consignados en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El Acuerdo se firmó el 26 de agosto de 2012, y las conversaciones se adelantan en La Habana (Cuba) en el Palacio de Convenciones. Para desarrollar el tema de las drogas, el Acuerdo contempla tres puntos:

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
 
2. Programas de prevención del consumo y salud pública.

3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Para situar el alcance y las perspectivas del tema de las drogas en el marco de las conversaciones, analizamos en primer lugar la metodología del proceso y los retos que se desprenden de la misma. En segundo lugar, hacemos una valoración sobre la manera como está estructurado el tema de las drogas dentro de la agenda de conversaciones.

En tercer lugar hacemos una previsión de escenarios luego de las conversaciones de La Habana, y finalmente presentamos unas conclusiones.

Conclusiones y recomendaciones

•      La agenda de La Habana en materia de drogas debería reestructurarse para abordar el tema de la relación entre drogas y conflicto armado. Las partes deberían asumir su responsabilidad en ese vínculo y reconocer un elemento común: la existencia de prácticas mafiosas a diversos niveles, cuya vigencia podría impedir la implementación de los acuerdos.

•      Desarrollar una estrategia de nivel estatal dirigida a garantizar un enfrentamiento eficaz de las prácticas y poderes mafiosos, condición básica para la construcción de una paz sostenible.

•     Reformulación del discurso que sitúa el narcotráfico y otras fuentes económicas de origen ilegal como amenazas externa al Estado, asumiéndolo más bien como actividad en simbiosis con el poder político, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el nivel regional.

•      La economía ilegal de la coca ha sido instrumentalizada como mecanismo de arrasamiento de prácticas culturales tradicionales de las comunidades nativas, forzando procesos de inserción violenta en economías de mercado y descomponiendo los ejes de la organización social y pervivencia de esas comunidades. El desconocimiento a la vigencia y respeto de la autonomía de los territorios colectivos es un dilema que enfrenta hoy tanto el Gobierno como la guerrilla.

•      Acordar espacios de participación de la sociedad civil en materia de política de drogas en los diversos niveles.

•      Reorientación de la política sobre bienes y recursos incautados.

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