El Economista - Las políticas de drogas actuales han provocado un aumento del encarcelamiento de mujeres en América Latina, quienes se encuentran en prisión, principalmente por delitos de microtráfico o transporte de drogas.
Sin Embargo - El 60 por ciento de las personas presas en centros de readaptación social de nueve entidades mexicanas, están dentro por delitos relacionados con el cannabis.
El gobernador Graco Ramírez Garrido retomó su propuesta de despenalizar el uso y consumo de la mariguana y convocá a la Universidad Autonóma del Estado de Morelos (UAEM) a erigirse como centro de discusión de este debate. Como argumento a su propuesta, dijo que en la persecución y encarcelamiento de los jóvenes que por consumirla, o que por falta de oportunidades se involucran en actividades delictivas, México gasta un promedio de 20 mil millones de pesos en la compra de armamentos y tecnologías.
El cannabis es el protagonista de más de un 70 % de las infracciones relacionadas con droga registradas en la UE, aunque las penas por su venta varían de forma sustancial entre unos países y otros a lo largo del continente, según el informe anual del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT). De acuerdo con sus estadísticas , anualmente se producen en torno a 1,25 millones de infracciones legales relacionadas con drogas, un número que evoluciona al alza desde 2006. De éstas, un 63 % se deben al consumo de cannabis y un 9 % más a la comercialización de este mismo producto.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso mandou soltar um jovem negro, morador de comunidade pobre, preso preventivamente pelo porte de 69 gramas de maconha. Acusado de tráfico, o rapaz estava há sete meses no Presídio Central de Porto Alegre, mas foi beneficiado pelo habeas corpus proferido pelo ministro, que, em sua decisão, afirmou que “no atual sistema prisional brasileiro, enviar jovens, geralmente primários, para o cárcere, em razão do tráfico de quantidades não significativas de maconha, não traz benefícios à ordem pública”.
En un documento de 73 páginas, la Comisión Asesora para la política de drogas en Colombia reveló el giró que daría el país en la lucha contra las drogas. De acuerdo con la Comisión, “es necesario promover, frente a las sustancias psicoactivas tanto legales como hoy fiscalizadas, un enfoque que sea al mismo tiempo de salud pública y de derechos humanos”. Según indica el informe, existe “evidencia sobre el fracaso y los enormes costos del modelo de prohibición estricta”.
Colombia defendió en la ONU la necesidad de definir "nuevos enfoques" para luchar contra el problema de las drogas, ya que las políticas y las herramientas actuales son "inadecuadas e insuficientes". El ministro colombiano de Justicia, Yesid Reyes, propuso despenalizar el consumo de drogas y determinar medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con este tema. (Véase también: Colombia pidió autonomía en política de drogas)
Con el convencimiento de que las respuestas al problema de las drogas deben ser integrales, enfocándose en las perspectivas de la salud y los derechos humanos, el Gobierno de Colombia, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se ha propuesto impulsar el debate sobre alternativas que nos permitan poner en el centro al individuo, superando los enfoques basados únicamente en la represión.
En Ecuador, el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), considera tráfico de mínima escala cuando alguien tiene hasta 300 g de marihuana y la sanción va de dos a seis meses de prisión. Cifras de la Policía Antidrogas y de la Judicatura señalan que el 32% de personas arrestadas en Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca por drogas salieron libres entre el 1 de enero de este año y el 23 de febrero. A ellos no se les emitió la orden de encarcelamiento, pero deben presentarse periódicamente ante un juez.
En todo el continente americano se viene produciendo un debate sin precedentes sobre la reforma de las políticas sobre drogas. Aunque al presente no existe un consenso regional sobre la forma en que se adoptarían las reformas, existen al menos dos temas alrededor de los cuales se da un consenso cada vez mayor: la necesidad de abordar el consumo de drogas como un tema de salud pública, antes que como un problema penal; y la necesidad de promover alternativas al encarcelamiento para quienes cometen delitos no violentos de poca monta, y de garantizar la proporcionalidad en las sentencias impuestas por delitos relacionados a drogas.
En el dictamen se estableció "con carácter vinculante" para todos los jueces penales la instrucción de que evalúen "la posibilidad de conceder a los imputados y penados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y a la ejecución de la pena". La ley en Venezuela establece como tráfico de menor cuantía tener hasta 500 gramos de marihuana, 50 de cocaína, 10 de amapola o 100 unidades de droga sintética.
El cannabis es el protagonista de más de un 70 % de las infracciones relacionadas con droga registradas en la UE, aunque las penas por su venta varían de forma sustancial entre unos países y otros a lo largo del continente, según el 
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En todo el continente americano se viene produciendo un debate sin precedentes sobre la reforma de las políticas sobre drogas. Aunque al presente no existe un consenso regional sobre la forma en que se adoptarían las reformas, existen al menos dos temas alrededor de los cuales se da un consenso cada vez mayor: la necesidad de abordar el consumo de drogas como un tema de salud pública, antes que como un problema penal; y la necesidad de promover alternativas al encarcelamiento para quienes cometen delitos no violentos de poca monta, y de garantizar la proporcionalidad en las sentencias impuestas por delitos relacionados a drogas.
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