El proyecto 'Reforma de las leyes de drogas' del TNI y el CEDD (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho) promueve políticas de drogas más eficaces y humanas a través del análisis de las políticas vigentes y promoviendo el diálogo entre las partes interesadas y las personas encargadas de la adopción de decisiones. El proyecto se centra en América Latina y persigue estimular las reformas poniendo de relieve buenas prácticas y lecciones aprendidas en ámbitos como la proporcionalidad de las penas, la reforma penitenciaria y la situación de la hoja de coca en los convenios internacionales.
Drug consumption is not a crime in Uruguay. On 20 December 2013, Uruguay became the first country in the world to legalise and regulate cannabis when President José Mujica enacted Law 19.172. This act regulates the production, marketing and consumption of cannabis. The state would henceforth control the entire cannabis industry chain, from production to consumption. The following questions explore recent developments on the drug policy issues in Uruguay.
En el Perú, la comercialización de la hoja de coca pulverizada o harina de coca ha visto un inmenso incremento en popularidad en el mercado de la comida saludable, con una serie de aplicaciones bastante amplia.
A raíz de eso, la situación legal tanto de campesinos productores como de comerciantes y vendedores de productos finales que contienen la harina de coca, precisa una adecuación legislativa.
Ante el crecimiento exponencial del crimen organizado, la violencia y el aumento alarmante del consumo de drogas durante los últimos años en México, el Presidente Felipe Calderón propuso una iniciativa de ley como parte de su estrategia general de seguridad con el fin de combatir el comercio de drogas a pequeña escala, conocido en México como "narcomenudeo". La ley fue aprobada por ambas cámaras legislativas del Congreso en abril de 2009.
Para ser más eficaces y humanos urge una seria reforma a la ley de drogas que restablezca la proporcionalidad de las sentencias y asegure el acceso a una defensa adecuada.
El proyecto Reformas a las leyes de drogas del TNI/WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) promueve políticas de drogas más eficaces y humanas mediante el análisis de lo que sucede en América Latina y el fomento del diálogo entre actores clave y responsables de la toma de decisiones.
Dentro del mercado internacional de drogas, Argentina es un país ‘de tránsito’ de la cocaína. En las últimas décadas se ha producido un incremento del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y, en los últimos años, han aparecido laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, aunque no con la envergadura de los de Colombia, Perú o Bolivia. Las leyes destinadas a perseguir los delitos de drogas han fracasado en reducir el tamaño del tráfico, y en vez, han causado el encarcelamiento de personas en situación de vulnerabilidad.
Ecuador nunca ha sido un importante centro de producción o tráfico de drogas ilícitas ni ha atravesado las convulsiones sociales que pueden resultar de la existencia de un dinámico mercado doméstico o exterior de estas sustancias. Aunque Ecuador se ha convertido en un importante país para el tránsito de drogas ilícitas e insumos químicos, así como para el lavado de dinero, el tráfico ilícito de drogas no ha sido percibido como una amenaza significativa a la seguridad nacional. Sin embargo, durante casi dos décadas, Ecuador ha tenido una de las leyes sobre drogas más draconianas en América Latina.
El Perú ha sido un importante productor mundial de hojas de coca y de sus derivados. Desde el año 2000 los sucesivos Gobiernos peruanos han seguido, en materia de drogas, una política de la reducción de la oferta a través de la interdicción y la erradicación. En este trabajo examinamos aspectos relacionados con los delitos de drogas en el Perú y sus impactos sobre el sistema penitenciario, así como el comportamiento de las agencias encargadas de cumplir la ley y acusar a las personas.
Uruguay tiene una de las mejores políticas de drogas en el continente. En el Uruguay, la ley no penaliza el consumo de estupefacientes ni su tenencia para el consumo personal. Adicionalmente, en los últimos años, las políticas nacionales de drogas han priorizado la persecución de medianos y grandes traficantes, en vez de enfocar los recursos y energías en los narcomenudistas, quienes son fácilmente reemplazados. Esta investigación examina los alcances de la legislación y las políticas desarrolladas y cómo se materializa este marco normativo y político en la situación carcelaria del país, observando particularmente la población privada de libertad por delitos relacionados con drogas.
México vive actualmente una de las peores crisis de su historia en términos de violencia y seguridad. Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país ligado al narcotráfico, las divisiones al interior de los principales cárteles de tráfico de drogas y la diversificación de los mismos. Todo esto ha desembocado en una lucha sangrienta por el control de plazas clave para las rutas del tráfico. La respuesta del Gobierno del presidente Calderón ha sido una ‘guerra al crimen organizado’ con dos elementos principales: el empleo creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y reformas legales tendientes a combatir más efectivamente la delincuencia organizada y, en particular, a los implicados en el tráfico, comercio y suministro de drogas.
El número de encarcelados por delitos de droga en Brasil ha crecido en los últimos 20 años, sin que esto haya logrado tener impacto en el tamaño de la oferta y consumo de drogas. Adicionalmente, el estudio revela que, en su gran mayoría, aquellos que están en la cárcel son los pequeños vendedores que representan el eslabón más bajo del tráfico de drogas, y no los grandes traficantes que se dedican al mayoreo y que sí están detrás del trafico en el país.
Durante el siglo XX, las políticas en materia de droga en Colombia se caracterizaron en general por ser cada vez más represivas, poco efectivas y altamente influenciadas por la normatividad desarrollada en el ámbito internacional. En efecto, Colombia pasó en pocos años de tener una regulación dispersa, con énfasis en la prevención y el tratamiento médico-administrativo, a una legislación abundante en tipificación de conductas y sanciones que abarcan todo el ciclo de la droga: desde su producción, pasando por su comercialización y tráfico, hasta su consumo.
Este ensayo pretende hacer un balance de los resultados de la “Ley contra el narcomenudeo”, tras su entrada en vigor hace poco más de un año. Lo que se conoce como “Ley contra el narcomenudeo” es en realidad una serie de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley General de Salud (LGS), del Código Penal Federal (CPF) y del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) y que involucran el comercio, la posesión y/o el suministro de ciertas cantidades de las drogas ilícitas de mayor consumo en México.
Ante el crecimiento exponencial del crimen organizado, la violencia y el aumento alarmante del consumo de drogas durante los últimos años en México, el Presidente Felipe Calderón propuso una iniciativa de ley como parte de su estrategia general de seguridad con el fin de combatir el comercio de drogas a pequeña escala, conocido en México como "narcomenudeo". La ley fue aprobada por ambas cámaras legislativas del Congreso en abril de 2009.
México vive actualmente una de las peores crisis de su historia en términos de violencia y seguridad. Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país ligado al narcotráfico, las divisiones al interior de los principales cárteles de tráfico de drogas y la diversificación de los mismos. Todo esto ha desembocado en una lucha sangrienta por el control de plazas clave para las rutas del tráfico. La respuesta del Gobierno del presidente Calderón ha sido una ‘guerra al crimen organizado’ con dos elementos principales: el empleo creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y reformas legales tendientes a combatir más efectivamente la delincuencia organizada y, en particular, a los implicados en el tráfico, comercio y suministro de drogas.
Este ensayo pretende hacer un balance de los resultados de la “Ley contra el narcomenudeo”, tras su entrada en vigor hace poco más de un año. Lo que se conoce como “Ley contra el narcomenudeo” es en realidad una serie de reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley General de Salud (LGS), del Código Penal Federal (CPF) y del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) y que involucran el comercio, la posesión y/o el suministro de ciertas cantidades de las drogas ilícitas de mayor consumo en México.