Una sencilla pero exhaustiva guía básica de por qué el TNI considera que los derechos humanos deben ser la base de cualquier debate sobre el control de drogas.

¿Cómo podemos solventar las tensiones entre los enfoques actuales en materia de control de drogas y las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos humanos? El marco internacional de de los derechos humanos especifica explícitamente que, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Carta de la ONU y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta. En un momento de auge de los mercados regulados de cannabis, es hora de reivindicar los principios del desarrollo alternativo, los derechos humanos y el comercio justo para garantizar un lugar legítimo a los pequeños productores en estos mercados lícitos.

Las medidas de austeridad en Grecia han incrementado la pobreza rural y la inseguridad alimentaria, vulnerando el derecho humano al alimento de su población. ¿Cómo ocurrió esto y quiénes son las personas responsables?

Durante décadas, comunidades afectadas de todo el mundo han opuesto resistencia a la forma de actuar de las em- presas transnacionales en sus territorios y lugares de trabajo, y documentando violaciones sistémicas de los derechos humanos y la trayectoria de impunidad empresarial con sus vidas y muertes. La impunidad de las grandes empresas está protegida por una ‘arquitectura de impunidad’ que legitima y legaliza sus operaciones. Esta arquitectura se ha establecido mediante acuerdos de libre comercio e inversión, la Organización Mundial del Comercio (OMC), las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros instrumentos financieros, así como la promoción implacable de las alianzas público-privadas (APP). 

En los últimos 10 años el Estado español ha recibido más demandas de arbitraje de inversión que cualquier otro Estado. Con 50 casos en total, es hoy el segundo país en el mundo con más demandas en tribunales arbitrales internacionales. Cada vez hay más dinero de las arcas del Estado en juego; no solo para pagar a los inversores las cantidades resultantes de los laudos, sino los costes de abogados y expertos, los gastos de administración del centro de arbitraje y los honorarios de los árbitros. Todas las demandas contra el Estado español se acogen a un acuerdo internacional de comercio y de inversión llamado Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

Este informe persigue llamar la atención sobre las políticas que apuntalan esta externalización de las fronteras europeas, los acuerdos que se han firmado, las empresas y las entidades que se benefician y las consecuencias para las personas desplazadas por la fuerza, así como para los países y poblaciones que las acogen.

Durante varios días soleados de junio de 2018, un grupo diverso de 60 activistas e investigadores procedentes de 30 países se reunió durante varias jornadas con el objetivo de debatir sobre la construcción colectiva de futuros poscapitalistas. La reunión facilitó un rico intercambio de perspectivas y experiencias, además de un debate profundo. El objetivo del encuentro no era llegar a un consenso ―un esfuerzo tan imposible como innecesario―, sino más bien estimular el aprendizaje mutuo, plantearse desafíos y proponer análisis.

A pesar de la crisis económica, los fondos de la UE para nuevas herramientas y tecnologías de seguridad se duplicará en el período 2014-2020 en comparación con los seis años anteriores. La principal beneficiaria es la industria de la 'seguridad interior', cuya influencia en la política europea no deja de aumentar, promoviendo una Europa cada vez más militarizada.

El presente informe examina las principales contratistas de seguridad de fronteras de Estados Unidos, sus contribuciones financieras durante las elecciones en 2020, y el modo en que han configurado un enfoque bipartidista a favor de la militarización de las fronteras durante más de 30 años. El informe sugiere que para lograr un verdadero cambio en las políticas de fronteras e inmigración los demócratas deberán romper con la industria que ayuda a financiarlas.

El panorama de las políticas de drogas está atravesando un proceso de cambios profundos, en especial porque cada vez son más los países que avanzan hacia la regulación del mercado de cannabis. Entre las opciones de reforma que no requieren un consenso, la modificación inter se parece constituir el enfoque más ‘elegante’, ya que ofrece una válvula de seguridad útil para que la acción colectiva pueda adaptar un régimen de tratados congelado en el tiempo.

El informe se enmarca en un contexto donde más de 70,8 millones de personas en 2018, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han sido desplazadas por la fuerza de sus casas. Algunas de ellas han llegado a las puertas de la Unión Europea buscado protección y asilo, pero lo que se han encontrado son respuestas políticas que mayoritariamente pretenden frenar e interceptar los flujos migratorios en un marco de políticas de securitización, donde las migraciones se convierten en una amenaza para la seguridad desde los gobiernos de los Estados miembro de la Unión Europea. Entre las respuestas que se dan para responder a los flujos migratorios una de ellas es la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en 2004, que será el órgano de la Unión Europea encargado de custodiar lo que desde diversos sectores sociales de cultura de paz se ha denominado Europa Fortaleza, y cuyas prácticas vendrán a consolidar la criminaliza- ción de los movimientos migratorios y su securitización.

Este documento de debate tiene el fin de proporcionar una base para los movimientos populares, los activistas de base y otras organizaciones de la sociedad civil con miras a desarrollar o reforzar sus conocimientos sobre el proceso llamado “financiarización”, y a elaborar estrategias para resistir, invertir y prevenirlo. Ha sido elaborado por miembros del grupo de trabajo del CIP sobre tierra y territorios, que ha definido la financiarización de la tierra y la naturaleza como uno de los desafíos comunes y críticos al que se enfrentan sus organizaciones miembros.