Argentina: la inseguridad interna

06 Octubre 1997
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El 25 de enero de 1997, en una cava de arena ubicada a 15 km. de Pinamar, localidad turística de la Costa Atlántica, apareció calcinado el cadáver del fotógrafo de la revista "Noticias" de Buenos Aires, José Luis Cabezas.

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Un asesinato feroz

El día 25 de enero de 1997, en plena temporada de verano, en una cava de arena ubicada a 15 km. de Pinamar, localidad turística de la Costa Atlántica frecuentada por políticos y empresarios de fama, apareció calcinado el cadáver del fotógrafo de la revista "Noticias" de Buenos Aires, José Luis Cabezas. Secuestrado de madrugada a la salida de la fiesta de cumpleaños del empresario postal Andreani, Cabezas fue esposado, llevado por un camino apartado, luego, según los resultados de la segunda pericia forense, fue violentamente golpeado y ejecutado de dos tiros en la nuca. El auto con su cuerpo acomodado en el asiento delantero, fue rociado de combustible y quemado. De Cabezas sólo quedaron restos prácticamente irreconocibles.

Era desde las épocas de Isabel Perón y López Rega (Ministro de Bienestar Social, jefe de la Triple A (1), y desde la dictadura militar que lo siguió, que el país no se enfrentaba a un crimen de esta naturaleza. Las manos esposadas adelante, la ejecución, la incineración del cuerpo para borrar huellas, símbolos de una parafernalia mafiosa, y la misma profesión de Cabezas, evidenciaron desde un comienzo que el homicidio no tenía la connotación de un delito común. Empezaron las investigaciones y con las investigaciones las suposiciones y la búsqueda frenética de un móvil que podía llevar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

El fotógrafo Cabezas

José Luis Cabezas, fotógrafo de una revista en la que las notas sobre la farándula se entremezclan con investigaciones periodísticas sobre personajes y hechos relacionados con la corrupción y la política, participó en dos trabajos que fueron los que posiblemente le costaron la vida: uno sobre la ola de robos y asaltos en Pinamar atribuidos a miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, y otro sobre Alfredo Yabrán, poderoso empresario postal acusado públicamente por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo de ser el jefe de la mafia en Argentina.

En el primer artículo: "Maldita policía", se presentaba a éste organismo como una institución fuera de control, involucrada en hechos delictivos y terroristas. En el segundo se mencionaban las actividades, propiedades e inversiones de Alfredo Yabrán, presunto dueño de agencias de seguridad privada, cuyos guardaespaldas serían hombres vinculados a la dictadura militar del '76.

Estos dos artículos fueron el punto de partida de las especulaciones que se fueron multiplicando, sobre las razones de la muerte de Cabezas; se siguieron más de cincuenta pistas, prevaleciendo la que conducía a una supuesta banda, la de Margarita Di Tullio, alias Pepita la Pistolera.

De Pepita la Pistolera a Yabrán

Dueña de un bar de mala muerte, acusada de regentar prostíbulos y dedicarse al expendio de drogas en la zona de la Costa, fue denunciada junto con sus socios (los llamados Pepitos), por un testigo, Carlos Alberto Redruello. Se encontró el arma del delito y se realizaron careos que se suponía iban a conducir al rápido esclarecimiento del crimen. No fue así. A pesar del triunfalismo de la policía algo fallaba: el móvil. Fueron muy pocos los que creyeron que Pepita la Pistolera pudiera ser la instigadora de un delito de semejante naturaleza que se habría cometido para proteger, según las acusaciones del testigo, los negocios de una banda de poca monta o para sacarse de encima a un Cabezas en el rol de chantajista. A nadie se le escapaba el hecho de que el crimen tenía todas las características de haber sido ejecutado por profesionales que hacían recordar los métodos de los grupos de tarea (grupos parapoliciales) de la época de la dictadura. Y muchos sospecharon que el crimen se había ejecutado por encargo.

Redruello pronto resultó ser piloteado por la misma policía con el afán de despistar las investigaciones. Actualmente se encuentra bajo sospecha de haber sido partícipe secundario del crimen. Se descubrió que el arma, efectivamente usada para cometer el delito, fue sustraída y luego puesta de nuevo en su lugar, sin que el legítimo propietario, uno de los Pepitos, estuviese al tanto de la maniobra que habría de llevarlo a su falsa incriminación.

A medida que avanzaban las investigaciones, la pista de los Pepitos empezó a perder consistencia y a pesar de la renuencia de José Luis Macchi (juez, a cargo del caso), tuvo que ser abandonada. Se dio seguimiento a la pista dirigida hacia la policía cuya actitud durante la investigación llamó poderosamente la atención por las irregularidades cometidas. Fue así que se descubrió que la noche del crimen, el comisario de Pinamar y otros oficiales habían dado disposiciones para liberar (dejar sin protección policial) la zona donde se realizó el secuestro y se llegó a formular la hipótesis de una banda mixta, conformada por policías, agentes de seguridad privada y delincuentes comunes, que, se suponía, podría haber montado una red de distribución de droga en la Costa Atlántica.

Las investigaciones llegaron al descubrimiento de los supuestos autores materiales del crimen que actualmente (agosto de 1997) están presos. Cuatro de ellos confesaron su participación en el secuestro: dos pequeños delincuentes de la localidad de la provincia de Buenos Aires, Los Hornos, contratados para apretar a la víctima por Gustavo Prellezo, oficial inspector de la policía, indicado como el que efectuó por lo menos uno de los disparos que terminaron con la vida del fotógrafo. El otro detenido es Sergio Camaratta, policía, ex jefe de la Delegación de Valeria del Mar (localidad de la Costa Atlántica) y supuesto colaborador en el planeamiento del crimen.

Aunque se intentó atribuir a este grupo no solamente la autoría material, sino también la intelectual, las investigaciones indicaban algo distinto. Actualmente se sospecha la participación de más personas, quizás todos policías, algunos de los cuales habrían por lo menos asistido a la ejecución y que en uno o dos autos habrían ido a la cava, uniéndose al grupo secuestrador. Además las pistas llevan a otro personaje, Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario postal Alfredo Yabrán. A pesar de sus esfuerzos para demostrar no haber tenido mucho trato con Prellezo, actualmente Ríos se encuentra complicado, ya que a través del sistema Excalibur de rastreo de llamadas efectuadas desde teléfonos celulares, se demostró que estuvo en estrecho contacto con Prellezo con quien habló por última vez el día 25 de enero, dos horas después del crimen. Además el mismo Prellezo, que en un principio se había escudado detrás de un cerrado silencio, ha confesado estar trabajando para Gregorio Ríos en la seguridad de un hotel de Pinamar cuyo propietario es Alfredo Yabrán.

Para comunicarse con Prellezo, Ríos utilizó los celulares de dos empresas, una agropecuaria, Yabito, y otra de seguridad, Bridess. La primera es de propiedad de Alfredo Yabrán, la segunda se supone que lo es. Estos hechos ponen en una situación cada vez más incómoda al empresario sobre el que recae la sospecha de ser el autor intelectual, a pesar de que la banda de Los Hornos hable de un autor intelectual al que llaman el candidato, mientras el informante que hizo detener a la banda de Pepita la Pistolera, afirme que "unos diputados" lo habrían visitado en la cárcel mientras se estaba planificando el asesinato de Cabezas.

A pesar de que existen detenidos, el esclarecimiento del caso parece estar todavía muy lejos, a tal punto que el comisario mayor, Víctor Fogelman, que tiene a su cargo la investigación, afirmó en algún momento que posiblemente nunca se llegue a descubrir el autor intelectual. De hecho sigue faltando el móvil.

Las investigaciones paralelas

Las investigaciones fueron iniciadas por la policía local y se caracterizaron de inmediato por la desprolijidad. Se fueron sumando a lo largo del proceso indagatorio: huellas borradas, pruebas perdidas, elementos encontrados indebidamente manejados. La primera pericia forense determinó que Cabezas habría muerto de un tiro a la sien; la segunda, efectuada algunos meses más tarde, a raíz de los testimonios de la banda de Los Hornos, llegó a la conclusión que el cuerpo del fotógrafo presentaba la fractura de la mandíbula y de una costilla, por lo cual se determinó que fue brutalmente golpeado (quizás para sacarle alguna información) y luego ejecutado con dos tiros en la nuca.

Oficiales de la policía fueron alejados de sus cargos por ineficiencia e incompetencia, pero pronto se descubrió que los descuidos no eran tales, sino parte de una estrategia de encubrimiento que puso en tela de juicio el accionar no solamente de algunos agentes, sino de la fuerza en su conjunto. Desconfiando de su propia policía, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, puso en marcha una investigación paralela a cargo de la Secretaría de Seguridad de la provincia, asumiendo directamente el control y convocando al FBI para que le diera un soporte técnico.

Por su parte, el gobierno buscó en un primer momento deslindar cualquier responsabilidad, intentando reducir el caso a un mero hecho de crónica roja. Luego trató de desentenderse por haberse cometido el delito en la provincia administrada por Duhalde, Gobernador que se había convertido en el adversario político del menemismo de mayor peso al interior del mismo partido justicialista. Sin embargo, después de constatar las repercusiones políticas que estaba teniendo el caso, el Ejecutivo decidió encargar a los servicios de inteligencia de la nación la investigación mientras el Congreso, a pesar de las maniobras obstruccionistas del oficialismo, creó una comisión de control de la investigación.

Lo que se generó fue una verdadera guerra por el control del proceso indagatorio en la que la desconfianza y las suspicacias dominaron. Si al comienzo la búsqueda de los culpables se desarrolló en un clima muy denso, hoy en día hay fuertes sospechas de que se busque crear una cortina de humo desde el mismo poder. De todas formas, el caso Cabezas puso al descubierto una serie de situaciones por lo menos inquietantes para la democracia argentina.

De policías y custodios

Lo primero que se puso de manifiesto fue algo que era un secreto a voces: la policía de la Provincia de Buenos Aires es corrupta y muchos de sus integrantes son sospechosos de crímenes que han quedado, en su mayoría, impunes. Las denuncias reiteradas de casos de gatillo fácil, de involucramiento en tráfico de drogas, de enriquecimiento ilícito, de apremios ilegales, resabios de la dictadura; las sospechas de encubrimiento y de apoyo logístico a los atentados que sacudieron la Argentina en 1992 y en 1994 (2), de repente se transformaron de supuestos delirios de la oposición empeñada en desacreditar a la "mejor policía del mundo" (como alguna vez la definió el mismo Duhalde) en una realidad que el Gobernador no pudo negar más sin destruir su proyecto político de convertirse en presidente de la república en 1999.

La policía que habría tratado de despistar las investigaciones utilizando a la banda de Pepita la Pistolera como chivo expiatorio, se encontró en el ojo de la tormenta. Acusada de encubrimiento, de participación directa en el crimen, de haber montado una red de narcotráfico en la costa, o por lo menos de ser parte de esa red, fue sometida por Duhalde a una purga. Fueron declarados en disponibilidad todos los efectivos, 48.000 hombres, la fuerza de seguridad más grande de Argentina, y se abrieron sumarios para todos aquellos sospechosos de haber cometido algún delito. La Secretaría de Seguridad de la provincia fue reestructurada mediante decreto. Se creó una Subsecretaría de Auditoría y Control con una Dirección de Control de Gestión Policial que recibirá los reclamos sobre hechos de corrupción y abuso de autoridad por parte de los uniformados, presentados por la comunidad. Duhalde amenazó entregar la nueva entidad a un civil, amenaza que luego cumplió ya que fue nombrada como responsable una abogada, Mirta Elsa Misiti.

Las medidas impulsadas por Duhalde provocaron profundo malestar en la institución. Se llegó a plantear un posible paro por parte de los efectivos de la policía que no tuvo lugar por la presión social. El descrédito de la fuerza de seguridad ante la sociedad civil había llegado a niveles tales que la institución no estaba en condiciones de soportar el total resquebrajamiento de su imagen y la pérdida de toda legitimidad que el acto de rebeldía hubiese podido provocar.

La policía de todas formas no fue la única en apuros. La atención se concentró también en las agencias de seguridad privada donde se descubrió que trabaja un número elevado de ex policías que fueron sumariados y exonerados por cometer irregularidades o delitos y la llamada mano de obra desocupada que en la época de la dictadura militar ejerció la represión a mansalva. Las agencias en la provincia de Buenos Aires emplean alrededor de 50.000 hombres a los que hay que añadir unos 20.000 a 25.000 con contratos a término. Representan un verdadero ejército privado, superior en efectivos a la policía provincial, sin ningún control de parte del Estado.

Esto dio paso a que en el Congreso se discutiera la necesidad de reglamentar las agencias y sobre todo la contratación del personal para impedir que la Seguridad Interna sea puesta en entredicho por la presencia de organismos conformados por hombres disponibles y dispuestos a llevar a cabo acciones fuera del marco de la ley y de la convivencia civil. De esta forma fue presentado un proyecto de Ley de Seguridad Interna, donde se considera esta reglamentación en un marco legal peligrosamente restrictivo y que logró consenso en los distintos sectores políticos dada la ola de repudios al crimen.

El misterioso señor Yabrán

Gran parte de las agencias en la provincia serían de propiedad de un personaje hasta hace poco misterioso e invisible: Alfredo Yabrán. Siempre se autodefinió como un simple empresario del correo privado. Nunca mostró la cara cuando Domingo Cavallo lo acusaba de ser un mafioso que por sus relaciones privilegiadas con el gobierno controla las áreas clave de la seguridad interna del país a través de las mencionadas agencias, de las empresas que proveen al Estado de los documentos de identidad de los ciudadanos, del transporte de cartas y documentos a través del correo privado, del ingreso de la mercadería en el país en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde el contrabando se había institucionalizado. Yabrán siempre negó ser el propietario o accionista de todas las empresas que se le atribuyen, así como de mantener relaciones estrechas con el gobierno y sobre todo con el Presidente Menem que a su vez niega rotundamente cualquier tipo de trato íntimo con Yabrán.

Los hechos desmienten cuanto afirman Yabrán y el mismo gobierno. Ante la arremetida de los investigadores, Yabrán en apuros, se dirigió más de una vez a altos funcionarios del Gobierno. Con el sistema Excalibur se detectaron muchas llamadas desde las oficinas del empresario, al Ministro del Interior Carlos Corach (17 llamadas), al Ministro de Defensa Jorge Rodríguez (1) (que afirmó haber conocido a Yabrán cuando era Intendente de Buenos Aires), al Ministro de Justicia, Elías Jassan (102) (que negó hasta el final conocer a Yabrán, y que luego frente a la evidencia y al escándalo, tuvo que presentar su renuncia). Hubo otras llamadas al despacho de la Presidencia de la Nación (35); a Alberto Pierri, hombre del Gobernador Duhalde, candidato a diputado para las elecciones de octubre de este año; a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable; al diputado Raúl Baglini y a la SIDE, el Servicio de Inteligencia, donde se comunicó con el responsable de las escuchas telefónicas, entre otros. Además Yabrán fue recibido, en medio de sendas críticas, por el jefe del Gabinete, Jorge Rodríguez, para expresar sus quejas por ser el blanco de una campaña que considera de difamación hacia su persona y que está afectando sus negocios. Estas quejas ya habían sido presentadas al Gobierno mediante Emir Yoma, el ex asesor presidencial actualmente indagado por la justicia por la causa de contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

Estos hechos por un lado refuerzan, en la opinión pública, la tesis de que Yabrán está vinculado al crimen, lo cual ya había obligado al empresario a dejar el anonimato que siempre lo envolvió y, en un intento por blanquear su imagen como mafioso, presentarse a los medios de comunicación y luego al Congreso para dar explicaciones sobre sus negocios y las relaciones con el poder. Las dudas sobre la legitimidad de sus empresas comerciales no se despejaron, más bien determinaron la conformación de una Comisión Antimafia en el Congreso que lo está investigando y que deberá aclarar las dudas que algunos formulan sobre una posible vinculación de Yabrán con el narcotráfico. Por el otro, estos mismos hechos hacen pensar en una relación estrecha entre el empresario y el poder político que, ni con las declaraciones del Presidente Menem en defensa de Yabrán, fue posible desmentir.

Las pulseadas políticas

El asesinato de Cabezas ocurrió en un período crucial para el futuro del gobierno en Argentina ya que en octubre de este año se realizarán los comicios para renovar la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Los partidos se estaban alistando en medio de una pugna donde lo que está en juego no son solamente los escaños en el Congreso y la confrontación entre la oposición y el partido justicialista gobernante, sino las decisiones internas de los partidos, que dependerán en parte de los resultados de esas elecciones, sobre el candidato a la Presidencia de la República que presentarán para 1999.

La ausencia de un programa político realmente alternativo, los errores estratégicos y las pugnas internas en los partidos de oposición parecían, en esos meses, favorecer de alguna forma al oficialismo que sólo hubiera tenido que luchar contra las estadísticas sobre el desempleo y las reiteradas acusaciones de corrupción y connivencia con la mafia de parte del ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

A nivel de partido estaba claro que Eduardo Duhalde (3), el natural sucesor de Menem, iba a ganar las internas y con seguridad las elecciones presidenciales. Sin embargo, un factor nuevo agitó las aguas de este panorama político: un grupo de menemistas a ultranza, dentro de los cuales se encontraba el senador Jorge Yoma, ex cuñado del presidente, lanzó una campaña a favor de un tercer mandato de Menem, a pesar de que la constitución lo prohiba expresamente. Para obviar este obstáculo, se habló de convocar a referendum para modificar el artículo en cuestión.

El proyecto encontró mucha resistencia pero por sobre todo echó por tierra las aspiraciones de Duhalde que se preparó para defender su espacio político. Las relaciones entre el Presidente y el Gobernador se volvieron tensas. Se inició una verdadera guerra entre dos hombres que una vez fueron compañeros de fórmula y aliados. La sociedad argentina asistió a una lucha que asumió cada vez más las características de un enfrentamiento con consecuencias políticamente imprevisibles.

Un gobernador en apuros

La muerte de Cabezas complicó aún más la posición del Gobernador Duhalde ya que la falta de un esclarecimiento del crimen hubiera podido ser utilizada en su contra por la oposición y por un sector del oficialismo, el menemista, con el que se encontraba enfrentado. En la lucha por el poder, el crimen de Cabezas, arriesgaba convertirse en un frente abierto aprovechable para desplazar al Gobernador poniendo en tela de juicio su capacidad para garantizar la seguridad y hubiera resaltado el clima de impunidad existente, temas candentes para el electorado. De hecho, el caso se prestó para que se lanzaran dardos entre duhaldistas y menemistas, estos últimos sacando ventaja de las dificultades en las que se debatía Duhalde. Mientras el Gobernador sentía que le habían echado el muerto y que los autores del crimen le habían enviado un mensaje de fuerza para hacerle la vida difícil, empezaron a producirse una serie de acontecimientos que no encontraron una seria explicación.

En Pinamar hubo un intento de atentado en contra de un copiloto de carrera automovilísticas, Rubén Valentini, que luego resultó haber recibido dos días después del crimen Cabezas una llamada desde las oficinas de Yabrán, aunque anteriormente Valentini había negado tener algún trato con el empresario. Nadie reivindicó el fallido atentado y no se pudo entender el móvil. Valentín pertenece al team de la escudería del presidente Menem en la que su hijo, Carlos Jr., se desempeñó como corredor antes de fallecer.

Al poco tiempo, algunos periodistas trataron de lanzar al aire una investigacion-documental en la que se mostraba la mansión recientemente inaugurada del Presidente en Anillaco, un pueblo de 1.000 habitantes en la provincia de La Rioja. Con la mansión se mostraba también la pista de aterrizaje comparable en tamaño a las pistas del aeropuerto internacional de Buenos Aires. Ubicada a un kilómetro de la casa, fue construída con fondos que se supone reservados o con donaciones un tanto dudosas y con la clara finalidad de servir sólo al Presidente. El programa fue censurado, lo que dió origen a una fuerte polémica y a acusaciones sobre la violación de la libertad de información. El hecho es grave en sí, sin embargo lo que llamó la atención es que la noticia de la pista no era nada nueva. Denuncias ya habían sido formuladas muchos meses antes, sin que tuvieran resonancia alguna. Esta vez el escándalo tuvo repercusiones tales que el Presidente prefirió mantener un perfil bajo hasta el punto de desmentir su participación en la contienda electoral.

Las treguas

Luego de estos hechos, Menem invitó a Duhalde a una reunión en la residencia presidencial. Los dos hombres ya no aparecían juntos en público, ni se hablaban, aunque desmentían cada cual de que hubiese algún roce entre ellos. La reunión, en un primer momento postergada por Duhalde, se realizó en forma privada, sin la presencia de ningún funcionario y con una agenda reservada. Todos hablaron de una "tregua", lo que hace sospechar que todo lo ocurrido podía haber significado una serie de advertencias como lo fue el asesinato de Cabezas para Duhalde, de acuerdo a sus propias declaraciones.

Con el frente interno más tranquilo, Duhalde logró seguir con la investigación y llegar, gracias a los aportes de personas amigas, un senador y un empresario, a los autores materiales del crimen. Sin embargo lo que hubiera podido considerarse una victoria para el Gobernador se transformó en un arma a doble filo. El Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que había contribuído a que las investigaciones no se empantanaran siguiendo la falsa pista de los Pepitos, renunció a su cargo, posiblemente por unos problemas internos y quizás con el mismo Duhalde, mientras el Gobernador venía insinuando que los autores intelectuales bien podían ser los mismos que mataron a Cabezas, afirmación que no encontró crédito en la sociedad civil muy escéptica respecto de las investigaciones.

Esa versión contrastaba con las declaraciones ante el juez de la banda de Los Hornos que ya hablaba de un candidato, mientras el falso testigo apuntaba a supuestos diputados. En ese mismo período, de forma inesperada, en uno de los números de la revista Noticias apareció en la tapa, sin explicación de ningún tipo, la foto del presidente de la Cámara de Diputados y candidato en la interna del partido para la diputación en la provincia de Buenos Aires, Alberto Pierri, el hombre de confianza de Duhalde, que los enemigos acusan de enriquecimiento ilícito, de trafico de influencias, de organización y control de la mafia del Mercado de Abasto de Buenos Aires y de utilizar métodos no propiamente caballerescos contra sus opositores. Pierri, no está por demás señalarlo, ganó la interna gracias al apoyo no del todo espontáneo que le brindó Duhalde.

Estos hechos proyectaron una sombra sobre el Gobernador y su real voluntad política de esclarecer el crimen. Si bien por necesidad de imagen había impulsado la búsqueda de los culpables, es posible que se haya encontrado con elementos que podían resultar peligrosos para él y para su reputación siempre fuertemente cuestionada por sospechas nunca abiertamente formuladas de tener alguna vinculación con el narcotráfico. La aparición en el escenario de Yabrán de alguna forma permitió a Duhalde remontar la situación. Duhalde embistió contra Yabrán a quien públicamente indicó como posible responsable del crimen, invitándolo a buscarse a un buen abogado para que lo defienda, sin embargo desestimó la gravedad de las llamadas de Yabrán a miembros del Gobierno para no llegar a una nueva ruptura con el menemismo que se verificó de todas formas cuando Yabrán fue recibido por Jorge Domínguez. Duhalde no tuvo reparos en manifestar su desacuerdo.

A pesar de que la posición ante Yabrán pone a menemistas y duhaldistas en abierto conflicto, el Presidente y el Gobernador pactaron un nuevo acuerdo en vista de las elecciones ya que la pelea interna estaba afectando enormemente al oficialismo: según las encuestas, que por primera vez no eran favorables al partido en la Provincia de Buenos Aires, el proyecto político de Duhalde estaba en peligro y también el del partido de gobierno en su conjunto.

Las consecuencias

Los efectos de la nueva tregua no se hicieron esperar. A los pocos días se produjo la declaración de Fogelman (el comisario mayor a cargo de la investigación), sobre la casi imposibilidad de llegar a los autores intelectuales del crimen mientras, como medida para "despolitizar" la investigación, se resolvió no entregar el resultado de todo el rastreo de llamadas con el sistema Excalibur al juez, sino solamente el listado de aquellas que tuviera que ver directamente con el asesinato a criterio del gobierno de la provincia. En sustancia esto podría significar ceñirse solamente a las llamadas de Gregorio Ríos y dejar de investigar las llamadas de Yabrán a los personeros del Gobierno, incluído al propio Presidente de la Nación. De esta forma se reactivaría una pista ya abandonada, la de la banda mixta de policías, agentes de seguridad y delincuentes comunes.

El lado oscuro del poder

Hoy a más de medio año de la muerte de Cabezas, las investigaciones parecen destinadas a empantanarse si no a diluirse, diluyendo a su vez responsabilidades y encontrando chivos expiatorios. Los puntos oscuros de esta historia son muchos, quizás demasiados. Narcotráfico, responsabilidades en los atentados, millonarios negocios ilícitos, cualquiera de estos temas puede haber sido el desencadenante del delito, aunque las sospechas apunten actualmente a un tráfico de drogas que posiblemente supere el ámbito de una simple red de distribución en la Costa Atlántica.

Las dificultades en determinar el móvil son la muestra de cómo la ilegalidad se ha apoderado de distintos ámbitos y ha compenetrando instituciones. Hasta hoy no hay evidencias, quizás sólo sus estrechos colaboradores que se han abocado al más cerrado silencio, sepan lo que Cabezas había descubierto y que seguramente fue tan grave como para decretar su muerte. Lo único evidente es que el crimen fue llevado a cabo con la participación de la Policía en conexión con elementos de la seguridad privada relacionados con la represión de la época dictatorial (4), poniendo en el tapete posibles nexos entre estos elementos y miembros del establishment en una red de complicidades y corresponsabilidades de amplias proporciones.

Lo que queda claro después de este crimen es que los organismos de seguridad del Estado y privados en lugar de ser un instrumento de defensa del ciudadano se han convertido en una empresa criminal al servicio de intereses inconfesables y que gozan de una impunidad casi total. Una impunidad que se vió avalada en Argentina por la Ley de Obediencia Debida y Punto Final de la época de Alfonsín y por el indulto de Menem a los responsables de la represión, acciones que salvaron a muchos militares y policías de la cárcel,haciéndoles creer que tenían un salvaconducto para cometer cualquier tipo de crimen.

Deja en claro también que en las instituciones políticas, sobre todo en el Ejecutivo, se ha instalado la corrupción y que el reparto del poder enfrenta a bandos opuestos dispuestos a usar todas las armas para ganar la apuesta. En el caso Cabezas ésta lucha parece haber asumido todas las características de una guerra mafiosa que podría estar involucrando al poder ejecutivo mucho más allá de lo que se supone.

Deja también en claro que la sociedad argentina, que había reaccionado con mucha fuerza, se vuelve a encontrar ante situaciones que la dejan en la indefensión. Ejemplos de ello son: el clima enrarecido que se está viviendo por las amenazas a periodistas -más de 130 desde enero- que siguen las vicisitudes de este crimen y de los distintos casos de corrupción; las intimidaciones a testigos y a fiscales que están empeñados en esclarecer otros delitos de corte mafioso (el caso del fiscal Lanusse que está indagando sobre el contrabando de oro); los asaltos con sabor a advertencia a personeros del gobierno o a sus familiares (el reciente caso de agresión en contra de los custodios de la hija del Jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez); advertencias a voceros (el caso de la ex mujer del Presidente de la Nación, Zulema Yoma, enfrentada al gobierno por la muerte de su hijo); las protestas por la impunidad que envuelve los graves actos terroristas contra objetivos judíos como la Embajada de Israel de 1992 y de la Asociación Mutual Israelí-Argentina, AMIA, de 1994, de los que se llega a acusar al gobierno de encubrimiento, y el descubrimiento reciente de que la muerte de Carlos Menem Jr. (ocurrida en marzo de 1995), posiblemente no fue accidental, sino resultado de un atentado.

Deja en claro que en la actual Argentina, escenario de numerosos e inconfesables tráficos como el de droga y el de armas -en los que se encuentran envueltos elementos uniformados, funcionarios, empresarios, con posibles y sospechadas vinculaciones con el gobierno-, existe una trama oscura donde el poder y la ilegalidad se entremezclan y se valen de estructuras y mecanismos heredados del periodo dictatorial, vaciando de contenido las instituciones democráticas y poniéndolas en serio peligro, dejando en la sociedad la sensación de que, hoy, todos somos Cabezas.

Notas

1. Escuadrones de la muerte de la Alianza Anticomunista Argentina, en la postrimerías del último gobierno peronista.
2. Estos atentados habían obligado al mismo Gobernador Duhalde a poner en disponibilidad a varios de los integrantes, incluido al jefe de la policía, Pedro Klodczyk, y que dieron origen al publicitado y nunca ejecutado proyecto de reestructuración de la fuerza de seguridad.
3. Poderoso Gobernador de la provincia de Buenos Aires donde vive casi la mitad de la población argentina, que maneja fondos millonarios para resolver los problemas sociales que afronta con una acentuada actitud paternalista.
4. Gregorio Ríos y el responsable de la sociedad Bridess fueron represores respectivamente en la ESMA y en El Vesubio, campos de detención clandestinos.