Centroamérica: ¿A las puertas de una nueva guerra?

01 Abril 1997
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El aparente panorama de una zona de paz en Guatemala está en entredicho por el desarrollo de un conflicto soterrado: aquel que se libra contra el narcotráfico, y en el cual no está claro qué papel desempeñarán los militares.

Con la rúbrica del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 29 de diciembre de 1996, la región centroamericana entró, formalmente, en un período de posguerra planeado casi diez años antes, cuando se suscribieron los acuerdos presidenciales conocidos como Esquipulas II. Sin embargo, el panorama de una zona de paz pareciera puesto en entredicho por el desarrollo de un conflicto soterrado: aquel que se libra contra el narcotráfico, y en el cual no está claro qué papel desempeñarán los militares.

Los atabales del nuevo conflicto

A través de las notas diarias publicadas por toda la prensa centroamericana es posible percibir el pálpito del nuevo conflicto. Páginas enteras se llenan en los diarios con noticias y reportajes, generalmente incluidas en las secciones de nota roja, sobre incautaciones de enervantes, detenciones de traficantes o grandes operaciones policiales.

Hasta ahora, pocos han reparado en las implicaciones que el nuevo conflicto puede tener para los esfuerzos de desmilitarización que, desde 1987 con Esquipulas II, se iniciaron en el istmo. Sin embargo la preocupación pública sobre el tema empieza a aparecer. Ejemplo de ello es una columna publicada, el 10 de enero, por Mario Roberto Morales, en el matutino guatemalteco, Siglo Veintiuno.

En ella, Morales retoma otra nota, ésta de Larry Rother, publicada cinco días antes enThe New York Times.Ambos articulistas van al centro de la cuestión, planteada para el caso de Guatemala pero obviamente extensible a toda Centroamérica: concluida la confrontación armada interna, el país se encuentra puesto ante la posibilidad de involucrarse en otra guerra inspirada por Estados Unidos.

"El gran logro civil de haber desarmado a la guerrilla y sacado al ejército del Estado no debería arriesgarse yéndose de boca en esta nueva guerra norteamericana", advierte el columnista de Siglo Veintiuno, a cuyo juicio"los países centroamericanos pueden condicionar y limitar su colaboración en la misma, a fin de no poner en peligro el aún endeble poder civil y los logros democráticos alcanzados después de la debacle de los años 80".

Por su parte, Rother escribió, a propósito del fin del conflicto armado interno en Guatemala, que la firma de los acuerdos de paz cerró, "uno de los más ignominiosos capítulos" de la política exterior estadounidense, pero "mientras los guatemaltecos estaban celebrando el fin de su tragedia nacional, la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) aparentemente se prestaban a reclutar a los líderes del país para otracampaña inspirada"por Estados Unidos.

A pesar de que las agencias gubernamentales estadounidenses conocen el involucramiento de militares guatemaltecos en el asesinato de ciudadanos norteamericanos, persisten en la idea de usar a las fuerzas armadas del país en la nueva cruzada. El pensamiento cortoplacista del gobierno estadounidense truncó la democracia guatemalteca en 1954 y "está repitiendo ese error en 1996", advierte la académica Jennifer Schirmer, citada por Rother, acerca del involucramiento militar en el combate al narcotráfico.

Los dirigentes de la política exterior norteamericana, añade Schirmer, "finalmente no entienden que su presencia, demandas y presiones, continúan minando la capacidad funcional de esta frágil e incipiente democracia".

Crisis misional

En el intento de lograr el involucramiento regional en la cruzada estadounidense contra el narcotráfico aparece no sólo el conocido fatalismo geopolítico, según el cual las agendas de política exterior del istmo deben calcarse de aquellas decididas en Washington. Este es, sin duda, uno de los componentes principales, pero no el único. También lo es la crisis misional en que entraron los ejércitos centroamericanos con el fin de la guerra fría y la conclusión de acuerdos de paz en aquellos países donde la confrontación Este-Oeste se expresó en "conflictos de baja intensidad".

En Nicaragua, El Salvador, Guatamala y Honduras está a la orden del día la discusión sobre los nuevos roles de las fuerzas armadas, acompañada por una extendida voluntad ciudadana de hacer prevalecer el control civil sobre los institutos castrenses.

El caso guatemalteco es paradigmático: "La misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio; no tendrá asignadas otras funciones y su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación", reza el numeral 35 del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito por el gobierno del presidente Alvaro Arzú y la URNG, en México el 19 de septiembre de 1996.

Entre esa definición conceptual y su aplicación práctica, sin embargo, hay un amplio margen de interpretación que permite incluir, si se quiere, el combate al narcotráfico como parte de "la defensa de la soberanía".De hecho, esa es la interpretación elástica del presidente Arzú, quien en un acto de graduación de fuerzas especiales kaibiles, el 5 de diciembre de 1996, definió como una de las tareas del ejército el combate a la narcoactividad.

"Ahora, este nuevo ejército de paz -dijo Arzú ante decenas de oficiales y soldados kaibiles, en El Infierno, la base de entrenamiento de esta fuerza contrainsurgente en el norteño departamento de Petén- se enfrentará a un enemigo probablemente muchísimo más poderoso que el que enfrentamos durante estos años, ya que se trata de los narcotraficantes y la delincuencia que quieren corroer este país".

El nuevo enemigo, que ya no se define como interno o externo a la usanza del pasado reciente, advirtió el mandatario, "está mejor armado, equipado y entrenado"que las fuerzas guerrilleras de la URNG, a las que no mencionó expresamente. Podría argumentarse que el lenguaje usado por el presidente se acomodaba, como suele ocurrir, a la naturaleza de su auditorio. Pero es indudable también que hay ya, en las palabras del mandatario, posicionamiento sobre un tema cuyo debate cobrará fuerza en el futuro cercano. De hecho, el citado acuerdo entre el gobierno y la URNG dejó como materia pendiente la definición del nuevo cuerpo doctrinario de las fuerzas armadas.

"Debe formularse una nueva doctrina militar, de acuerdo con las reformas previstas en el presente Acuerdo. La doctrina estará orientada al respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa de la soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país y al espíritu de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera", se dice sobre el particular en el citado documento suscrito por las partes.

En cambio, el referido discurso de Arzú refleja lo que se discute en las alturas: ¿cuál será la misión del ejército en la posguerra? ¿Cabé el combate al narcotráfico en esa misión? Por lo citado, puede deducirse que el madatario anticipa una respuesta afirmativa a la segunda pregunta y, de hecho, avanza en la resolución de la primera. De cualquier forma, se trata de una cuestión no resuelta y en cuya definición podrá medirse bastante la congruencia gubernamental con el espíritu de los acuerdos de paz, sobre todo porque en el pasado reciente los mismos aparatos militares empleados por la contrainsurgencia constituyeron punto de apoyo sustancial para las operaciones desarrollados en el país por la DEA. (1)

Por otra parte, la redifinición del rol del ejército en Guatemala, incluyendo su eventual involucramiento en la lucha contra el narcotráfico, ocurre en un contexto nuevo, derivado de la finalización del conflicto armado. Por lo pronto, se prevé, para 1997, una reducción de cerca de 16 mil efectivos y hasta se discute públicamente sobre la posibilidad del nombramiento de un civil al frente del ministerio de la Defensa.

Más allá de las barreras históricas

En el citado discurso de Arzú se encuentra el fondo de la pretendida justificación del empleo de los militares en la lucha contra el narcotráfico: se trata de un enemigo más poderoso que la insurgencia izquierdista. Este es un argumento que se busca fundamentar, en Guatemala como en el resto de Centroamérica, en el incremento de la narcoactividad, a su vez reflejado de manera creciente por los medios de prensa.

Sobre este punto puede usarse como ejemplo el caso de Nicaragua. (2) En ese país, más que en cualquier otro del istmo, la participación en el combate al narcotráfico se asume como una función "natural"de las fuerzas armadas.

Así, en el marco del debate sobre la creación de un Ministerio de la Defensa, encabezado por un civil bajo el gobierno que preside Arnoldo Alemán, el jefe del Ejército Nacional, general Joaquín Cuadra no dejó pasar la oportunidad para recordar que el Caribe nicaragüense está siendo usado cada vez más intensamente por el narcotráfico internacional y que, por consiguiente "son necesarios recursos suficientes para el combate de este delito, por parte de las Fuerzas Armadas".

Pero hay más. En algo impensable hace muy pocos años, el ex Ejército Sandinista mantiene una estrecha cooperación con la DEA, agencia estadounidense con la cual, por ejemplo, realizó un gran operativo a finales de 1996 en el litoral del Atlántico. Operaciones como esa buscan ejercer control sobre narcotraficantes colombianos que utilizan el archipiélago de San Andrés -en litigio entre Colombia y Nicaragua- para el trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Resulta obvio que los militares nicaragüenses encontraron en la lucha contra el narcotráfico un argumento que justifica a la institución, en un país donde, como resultado de su historia reciente, crecieron expresiones conservadoras del civilismo, empeñadas en suprimir a la institución armada que consideran reducto del sandinismo en el Estado. Paradójicamente, la eficacia militar en esta nueva misión es avalada por una agencia estadounidense: la DEA.

De esta forma, la nueva cruzada antinarcóticos acerca a quienes no hace mucho estuvieron enfrentados y hace a un lado las barreras históricas, todo en beneficio de la geopolítica de unos y la necesidad de superar la crisis misional de otros.

De puente a bodega y consumidor

A juzgar por las informaciones de prensa, tanto las autoridades civiles como las militares de la región han sido poco exitosas en la acción contra la narcoatividad, particularmente en el rubro de interdicción. Según un análisis de la Asociated France Press (AFP), publicado por los principales diarios del istmo a finales de 1996, Centroamerica es"un consolidado puente de la droga entre Suramérica y Estados Unidos y Europa".

Utilizando como fuente a las corporaciones policiales centroamericanas,AFP asegura que el año pasado fueron decomisadas más de 50 toneladas de marihuana y casi 20 toneladas de cocaína en seis países. El informe revela, también, que la región se ha convertido además de puente, en bodega y en cada país el consumo es mayor cada día.

Frente a los esfuerzos policiales y militares, los traficantes agudizan cada vez más su ingenio para el transporte de los enervantes. Prueba de ello son los furgones, barcos y automotores con doble fondo, así como la utilización de lanchas rápidas, yates y aviones de lujo, las denominadas"mulas", personas que transportan droga en el cuerpo. Según el reporte de AFP,Panamá es el principal centro de operación regional de las organizaciones del narcotráfico, a juzgar por el record de los decomisos efectuados el año pasado, siguiéndole, en orden descendente, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.

Entre otros fenómeno comunes que se observan en el área, están la infiltración, cada vez mayor, de los narcodólares en la política, y el lavado de dólares entre algunos sectores del empresariado. Sin embargo, esos son sólo algunos de los problemas que enfrentan las autoridades en cada país. A ellos debe sumarse la fuga de información en los organismos encargados de coordinar los planes de ataque contra las bandas de narcotraficantes. En Guatemala, el fenómeno se evidencia constantemente, según admiten las autoridades de la Guardia de Hacienda, cuyo Departamento de Operaciones Antinarcóticas (DOAN), ha visto fracasar, recurrentemente, operaciones antinarcóticos realizadas en diferentes lugares del país.

Por ejemplo, el 14 de noviembre, se realizó un operativo en contra del denominado cartel del barrio "El Gallito", de la capital de la República, resultando en el fracaso de la planificada captura de los principales cabecillas de la organización delictiva. Sin embargo, el 29 de noviembre, la DEA efectuó un operativo en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, al sur del país, en el cual, al no tomar en cuenta al DOAN, se logró incautar un cargamento de 200 kilogramos de cocaína que eran transportados en compartimientos especiales de un furgón.

El surgimiento de organizaciones locales de narcotraficantes, fenómeno generalizado en la región, está relacionado con el aumento del consumo de drogas, especialmente cocaína, lo que se plantea como un nuevo reto para las autoridades encargadas tanto de la lucha contra el narcotráfico como de aquellas que deben velar por brindar mejores condiciones de vida para los habitantes en cada país del área.

Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que, en alguna medida, el aumento de consumidores de "coca" en la región obedece a que los "capos"de los carteles pagan en "especie", o sea con la misma droga, a sus colaboradores, quienes han creado su mercado en los mismos países.

Esfuerzos de coordinación regional

Sobre los infructuosos resultados obtenidos durante los últimos años en el combate al narcotráfico, las autoridades consultadas coinciden en señalar que uno de los principales obstáculos lo constituye la falta de una legislación efectiva. A ello se suma la ineficiencia y desigualdad de la misma en los países del área. Casos concretos los encontramos en El Salvador y Nicaragua, por ejemplo, en donde no está estipulado el lavado de dinero como un delito, como lo es en Costa Rica, Guatemala, Panamá y Honduras.

Con el propósito de eliminar esas barreras, los esfuerzos para unificar una legislación adecuada se reanudan constantemente. A nivel de Procuradores Generales de la Nación, de legisladores, autoridades de gobierno y otros organismos del área, se proyecta definir e impulsar un plan para enfrentar los delitos de narcotráfico y robo de vehículos, por ejemplo.

Para el efecto, reunidos en San José, Costa Rica, a mediados de diciembre de 1996, los vicecancilleres, jefes policiacos y directores de las academias de policía, miembros de la Comisión de Seguridad de América Central, acordaron impulsar la creación del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía. Dicho centro persigue lograr la profesionalización y capacitación de las fuerzas policiales de la región.

Paralelamente, los miembros de la comisión, solicitaron al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la región, instar a los presidentes centroamericanos a emitir un mandato para armonizar todas las iniciativas que se realicen en materia de seguridad. Unicamente de esta forma se podría impulsar una gran ofensiva para erradicar la impunidad con la que actúa el narcotráfico internacional en la región, señalaron los participantes en la reunión.

Por separado, el vicepresidente guatemalteco, Luis Flores Asturias, propuso públicamente que la droga incautada en Guatemala sea entregada a Estados Unidos, a cambio de financiamiento para combatir el narcotráfico. La propuesta fue bien recibida por algunos sectores, pero también recibió severas críticas de quienes creen que, de accederse a la iniciativa vicepresidencial, se incurriría en una acción ilegal, tomando en cuenta que la droga es un objeto de comercio ilícito, del cual no se puede disponer bajo ninguna consideración. Además, porque estiman que existen otros mecanismos para solicitar ayuda al gobierno norteamericano.

Flores Asturias, dentro de sus atribuciones, tiene a su cargo el manejo de la política nacional del combate al narcotráfico. Su propuesta podría ser conocida en el Congreso de la República, en el que tiene grandes posibilidades de ser aprobada, dada la mayoría del oficialista Partido de Avanzada Nacional en el Legislativo. Sin embargo el tema no ocupa un lugar preferente en la agenda legislativa para 1997.

Incautaciones de droga en Centroamérica en 1996

PAIS

COCAINE

MARIJUANA

HEROINA

DETENIDOS

Panamá

9,800

8,045

7.7

1,454

Guatemala

4,306

2,711

13.4

253

Honduras

3,424

0

0.0

350

Costa Rica

1,433

76

7.0

433

Nicaragua

400

54

0.0

398

El Salvador

66

635

3.2

894

Totales

19,429

2,421

41.3

3,782

Fuente: AFP

Referencias

1. Los vínculos de la DEA y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con altos jefes militares guatemaltecos comprometidos en la "guerra sucia" constituye un capítulo importante en la historia reciente del conflicto guatemalteco, sobre el cual apenas se empiezan a conocer detalles a partir de las revelaciones de Celerino Castillo III, ex agente de la DEA basado en Guatemala entre 1985 y 1990. "La DEA ha trabajado especificamente con la D-2 (inteligencia militar) en la mayoría de operaciones en Guatemala", dice un informe remitido por Castillo, en junio de 1996, al Intelligence Oversight Board. En el documento, Castillo señala que esa colaboración fue decidida por la embajada estadounidense en Guatemala y los mandos de la DEA, debido a que la D-2 (conocida más corrientemente, también, como G-2) "controla todo el equipo de escucha subrepticia en Guatemala".
2. Según un reporte preliminar del Ejército Nacional de Nicaragua, en 1996 las principales misiones en que se ocuparon los militares fueron la protección de los recursos naturales, la defensa civil en desastres provocados por fenómenos naturales, protección de la infraestructura de comunicaciones y la detención de "violadores de las fronteras", categoríaen la que se incluye, al parecer indistintamente, a narcotraficantes e indocumentados.