Conferencia Internacional sobre Paz y Derechos Humanos en Colombia

17 Noviembre 2005
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Conferencia Internacional sobre Paz y Derechos Humanos en Colombia
San José de Costa Rica, 16-18 de octubre de 2000
Tema de trabajo:
Implicaciones sociales, económicas y políticas de la lucha contra el narcotráfico y de la sustitución de cultivos ilícitos

Consideraciones básicas

  1. Uno de los principales objetivos de la actual política antidrogas, reafirmada en el Plan Colombia, es la búsqueda de contención del circuito de drogas en sus fases iniciales esto es, en la producción y elaboración de la materia prima utilizada para generar psicoactivos ilegales de origen natural. El propósito central es impedir la presencia física de las drogas en los mercados que las demandan para su uso.
  2. En ese sentido las autoridades antinarcóticos han instaurado para la fase inicial de los cultivos ilícitos una serie de decisiones encaminadas a erradicarlos a través del uso de distintas técnicas que van desde la erradicación forzosa manual, la aspersión de químicos e incluso el uso de plagas o la provocación de enfermedades contra las plantas que contienen la materia prima necesaria para su elaboración, esto último equivocadamente llamado "control biológico".
  3. Colombia como país productor de psicoactivos ilegales de origen natural ha venido aplicando de manera constante, decisiones de aspersión de químicos desde 1976 en el caso de la marihuana y desde 1992 en relación con la amapola, haciéndose extensivo hacia 1994 frente a un desbordado crecimiento de los cultivos de coca. Para tal fin se ha venido utilizando el herbicida glifosato y se ha experimentado a campo abierto con el uso de químicos como el paraquat en 1978 y granulados como el Tebuthiuron (1986) y el Imazapyr (1998). Tales experimentaciones efectuadas sin el lleno de los requisitos ambientales y violando disposiciones sobre manejo de agroquímicos, han hecho parte de la agenda bilateral con los Estados Unidos, con lo cual se busca garantizar una efectividad mayor en relación con los propósitos de la erradicación.
  4. Más de dos décadas de aplicación de las acciones de fumigación han generado múltiples y complejos efectos. En primer lugar, efectos sociales y económicos:
    • Junto con el conflicto armado las fumigaciones han acentuado el desplazamiento de población.
    • Afectan directamente la seguridad alimentaria en las zonas productoras.
    • Generan trastornos en la economìas regionales que dependen de los ilìcitos.
    • Crean una profunda deslegitimación del Estado frente a las comunidades y en general en las zonas productoras, secularmente abandonadas por la institucionalidad estatal.
    • Provocan vulneraciones de los derechos econòmicos, sociales y ambientales.

Efectos sobre ecosistemas estratégicos

La fumigación con herbicidas químicos ha causado durante todo el tiempo de su aplicación importantes efectos ambientales, debido principalmente a que estos compuestos tienen poca especificidad, lo que significa que no únicamente actúan sobre las plantas objetivo de la acción (coca, amapola, marihuana), sino sobre un amplio espectro de vegetación. Los cultivos ilícitos se han ubicado históricamente en zonas de gran importancia ecológica como son bosques amazónicos, ecosistemas de páramo, y otros ecosistemas estratégicos, con lo cual la fumigación ha generado efectos negativos a esos entornos.

La aplicación genera el efecto de deriva, la cual lleva el herbicida a sitios bastante retirados del lugar de aplicación. En manejos terrestres, se han encontrado residuos a 400 metros del sitio de aplicación. En usos con avión, se han encontrado concentraciones de la sustancia a 800 m (Elsa Nivia, 1999). Esta realidad muestra la imposibilidad de hacer aplicaciones controladas de estos herbicidas en zonas boscosas, donde las plantaciones están insertas en medio del bosque.

En Colombia se viene aplicando para las fumigaciones de cultivos ilícitos la fórmula comercial Roundup la cual si bien contiene el ingrediente activo glifosato, aparecen también elementos surfactantes altamente tóxicos como el polyoxethylamine (POEA) y el 1,4-diaxone que representan serios peligros para la salud y el ambiente. La institucionalidad estatal colombiana ha carecido de procesos rigurosos de evaluación de los impactos en la salud de las personas y en el medio ambiente por el uso continuado y generalizado de químicos como el Roundup, limitándose a desarrollar mecanismos publicitarios para afirmar de manera poco argumentada el uso del herbicida.

Un caso verificado por la aspersión del glifosato para destruir cultivos ilícitos es la destrucción parcial de cananguchales en zona amazónica (R, Vargas, 1999). Se trata de un ecosistema de fundamental importancia por el aporte de biomasa, protagonista de una intrincada red de relaciones planta animal, además de ser excelente regulador hídrico. Culturalmente es conocido como el árbol de la vida por parte de las comunidades indígenas.

Efectos sobre el agua y el suelo

Se ha observado que en almacenamientos de agua cerca de las casas, la contaminación de esta con glifosato ha provocado trastornos digestivos a los consumidores. El daño observado más significativo, sin embargo, ha sido sobre los estanques para peces, donde se han producido muertes masivas de dichos organismos.

La aplicación indiscriminada de estos herbicidas fomenta la aparición de especies dominantes que cubren el suelo y un complejo de musgos que impiden la filtración de agua y su aireación normal. Se ha comprobado una larga persistencia de glifosato. Estudios muestran persistencias de 249 días en suelos agrícolas y entre 259 a 296 días en ocho sitios forestales (Rapalmira, 1999).

Efectos en fauna

El glifosato es tóxico a algunos organismos benéficos como avispas parasitoides, a artrópodos predadores, artrópodos del suelo importantes en su aireación y en la formación de humus y es tóxico a algunos insectos acuáticos. Diferentes especies de peces tienen distintas susceptibilidades al glifosato. Las toxicidades agudas en términos de la CL50 oscilan entre 3.2 a 52 ppm, lo cual significa toxicidad moderada. Pero el Roundup es unas 30 veces más tóxico a peces que el glifosato solo, o sea que es desde extremada a altamente tóxico a éstos organismos acuáticos.

Más allá de efectos directos, el glifosato puede tener impactos indirectos porque mata plantas, por tanto puede causar cambios dramáticos en la estructura de la comunidad de plantas afectando las poblaciones de aves, porque ellas dependen de las plantas para alimentarse, protegerse y anidar. Además de afectar aves, estudios de campo muestran que poblaciones de pequeños mamíferos también se han visto afectadas, por muerte de vegetación que ellos o sus presas utilizan para alimentarse o protegerse.

Un estudio en Nueva Zelanda mostró que el glifosato afecta significativamente el desarrollo y la sobrevivencia de una de las lombrices más comunes en sus suelos agrícolas. Aplicaciones cada 15 días en dosis bajas (1/20 de la dosis normal), redujeron el crecimiento e incrementaron el tiempo de madurez y la mortalidad.

Efectos sobre la seguridad alimentaria

La destrucción de cultivos de pancoger y aún de varios cultivos que habían sido impulsados por el gobierno como alternativa de sustitución, se han visto afectados por las fumigaciones con Glifosato. Entre los casos documentados están: destrucción de cultivos de cacao, plátano, yuca y pasturas. En el medio y bajo Caguán, en las fumigaciones de 1996 - 1998 fueron destruidas 98 de 600 hectáreas de caucho existentes en la región.

El ganado está íntimamente ligado a la fumigación, debido al consumo del pasto afectado. Se han evidenciado síntomas de intoxicación como: caída del pelo de las novillas y terneras. En especies menores, se han presentado muertes de aves de corral. El caso más crítico, como ya se mencionó es la muerte total de alevinos y peces en estanques productivos.

  1. Visto a la luz del propósito central de la estrategia antidrogas, esto es, erradicar totalmente o disminuir considerablemente las áreas de ilícitos, la política ha sido un rotundo fracaso. En efecto, intentando controlar un área inicial de 45.000 hectáreas de coca hacia 1994 y la proliferación de cultivos de amapola hacia 1992, Colombia ha esparcido el equivalente a 200.000 hectáreas con el herbicida glifosato obteniendo al final un resultado que muestra los equívocos de la estrategia: Colombia es hoy el primer productor mundial de coca con más de 120.000 hectáreas, han proliferado cultivos de amapola asociados a otros cultivos legales haciendo difícil su detección y la marihuana disminuyó no propiamente por el efecto disuasivo buscado, sino por el traslado de su producción hacia los Estados Unidos.
  2. Como contraste, Perú sin tener una política de erradicación y sin haber arrojado un solo litro de herbicidas, ha disminuido sus áreas de coca de 155.000 hectáreas en 1992 a 51.000 a 1998. La alta dependencia de Perú del narcotráfico colombiano, el carácter subsidiario de los grupos organizados del narcotráfico peruano (firmas) frente a los sectores más poderosos de la economía de las drogas ilegales, determinó que con un cambio de toda la estructura monopólica del narcotráfico hacia 1995, esta incidiera hacia una democratización de las organizaciones colombianas aunado con una autosuficiencia en el suministro de materia prima en el interior del país.
  3. De este modo lo que en apariencia obedeció a un supuesto éxito de la política antidrogas de Washington, en realidad se debió a un cambio estratégico de la organización global del narcotráfico. Las autoridades antidrogas se arrogan el supuesto éxito de Perú y Bolivia para reafirmar su estrategia de reducción de la oferta dirigida contra la fase inicial de la cadena y sindican a Colombia de ser ahora el eje del narcotráfico por contener las mayores extensiones de coca del mundo. Subyace pues a esta afirmación una identificación perversa entre narcotráfico y cultivos ilícitos como si se tratase de fenómenos con un mismo peso en la responsabilidad criminal. No es el narcotráfico el que depende de los cultivos ilícitos sino al revés: son los productores los que dependen de la demanda de materia prima la cual es estimulada por los grupos organizados del narcotráfico, haciéndoles vulnerables a estos capitales y organizaciones.
  4. El contundente fracaso de la política que muestra la realidad colombiana de los cultivos ilícitos, no ha sido reconocido como límites de la misma estrategia sino que se señalan dos causas:
    • El bajo reconocimiento del poder destructivo del glifosato frente a los cultivos de coca.
    • El control insurgente de una parte del país principalmente del sur, lo cual para las autoridades antidrogas, es la principal causa que ha impedido que se erradiquen totalmente los cultivos ilícitos.

Las respuestas a las dos causas se formulan en el componente antidrogas del Plan Colombia:

De un lado se busca fumigar intensivamente con glifosato, al parecer usando fórmulas comerciales diferentes a las tradicionalmente utilizadas de modo que impidan la acción de las lluvias que disminuyen el efecto del herbicida. Simultáneamente se promueven por distintos medios la investigación y experimentación de patógenos que depredarían sistemáticamente la coca y la amapola.

Frente al segundo argumento sobre la ausencia de control territorial por parte del Estado, se aprueba el paquete militar de la estrategia antinarcóticos mencionada en el Plan Colombia, lo que en realidad implica acciones contrainsurgentes que afectarán a la población civil en sus derechos fundamentales, provocando desplazamientos y desordenando la vida económica y social de las regiones con lo cual se agravan las condiciones necesarias para el impulso de alternativas lícitas en el nivel local y regional. La arremetida contra el sur de Colombia es una estrategia que contiene serias incoherencias:

  1. Focaliza el problema en un área que contiene un 60% del total de hectáreas existentes en el país, mientras que no se reconocen los desplazamientos de los cultivos hacia nuevas y múltiples zonas muchas de las cuales son controladas por grupos privados sustitutivos del ejercicio de la fuerza por parte del Estado. Tales organizaciones fueron originariamente creadas con recursos del narcotráfico y hoy se financian con sus exportaciones ilícitas, con lo cual se ha deslegitimado el monopolio de la fuerza del Estado al ser aceptadas como mecanismo de corto plazo para contener la insurgencia, a través de acciones dirigidas contra la población civil de los territorios bajo influencia de la guerrilla.
  2. No discrimina con claridad la presencia de población civil campesina e indígena cultivadora o relacionada con esta economía. La existencia de rubros presupuestados para atender desplazamientos forzosos ocasionados por la misma política, es una prueba fehaciente del carácter indiscriminado de las acciones de fuerza y de su inserción en medio de la confrontación militar.
  3. En lugar de llevar la discusión del problema de las drogas a los espacios de diálogo con la insurgencia, el Estado colombiano opta por un Plan que afecta la confianza del proceso de paz y le genera serios obstáculos.
  4. La estrategia antinarcóticos del Plan Colombia no se hace como resultado de una evaluación seria, tranquila y ponderada de la implementación de acciones de fuerza durante 25 años, sino que se da como una respuesta reiterativa de acciones que han mostrado no inciden en la naturaleza o comportamiento de la economía ilegal. Además la actual política se caracteriza por promover el desplazamiento de los cultivos hacia zonas no intervenidas agravando los impactos ambientales.

Simultáneamente, las fumigaciones afectan la salud de los habitantes de las zonas con economías ilícitas, afecta el medio ambiente, acaba con economías lícitas, promueve desplazamientos y socava derechos fundamentales, económicos, sociales y ambientales.

Finalmente, existen múltiples problemas estructurales que coadyuvan a un crecimiento de los cultivos ilícitos y que se relacionan con la "crisis del sector rural colombiano", el cual se expresa a su vez en la ausencia de condiciones para garantizar la competitividad del sector frente a los impactos de la apertura económica adelantada, sin considerar condiciones mínimas que hagan sostenible actividades desarrolladas en el campo. Esta crisis se profundizó con la "contrarreforma agraria" adelantada con inversiones del capital producto del narcotráfico que significó la concentración en pocas manos de varios millones de hectáreas de tierras aptas para actividades agropecuarias, dedicadas casi en su totalidad a la ganadería extensiva en detrimento de actividades productivas generadoras de excedentes para el campo.

Así mismo, el atraso de las instituciones del Estado que atienden el sector rural, la ausencia de políticas crediticias que lleguen efectivamente al campesino, la ausencia de programas de investigación y transferencias de tecnología para el sector rural, el desfavorecimiento de los procesos organizativos de las comunidades, todos son factores que tienden a generar un escenario de agravamiento de la crisis del sector. Por eso es indispensable una reforma agraria integral, una transformación de las instituciones estatales relacionadas con la problemática rural y del medio ambiente, que faciliten las condiciones para hacer competitivo al campo en un entorno global que conspira contra la productividad, la autosuficiencia alimentaria y la protección del medio ambiente.

Propuestas

Las anteriores consideraciones llevan finalmente a presentar las siguientes propuestas:

  1. Desarrollar acciones que garanticen la protección a la vida y la integridad personal de la población civil en medio de la guerra e impedir la creciente degradación y escalamiento del conflicto armado de modo que se fortalezca un escenario de confianza entre las partes, hechos que deben encaminarse a crear las condiciones necesarias que faciliten un cese del fuego.
  2. Dar un nuevo impulso a las conversaciones para la solución negociada del conflicto, buscando la construcción de un Plan de Paz alternativo a las ofensivas de guerra del Plan Colombia. En ese proceso se debe relevar el desarrollo de un diagnóstico y soluciones al problema de las drogas, ámbito en el cual se facilite la participación de la sociedad de las regiones con problemas de monodependencia de los cultivos ilícitos.
  3. Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos. Simultáneamente a la suspensión de las fumigaciones se debe desarrollar un proceso de evaluación de la política de drogas implementada en Colombia durante los últimos 25 años con el fin de buscar un replanteamiento basado en los resultados del balance efectuado. El balance debe incorporar las tendencias en que se mueve el debate internacional sobre las drogas.
  4. Abandonar todo intento de investigación, ensayos o aplicación de agentes biológicos para la destrucción de los cultivos ilícitos teniendo en cuenta que su uso equivale en primer lugar a la creación de armas biológicas dirigidas contra un cultivo y no contra una plaga o maleza y en segundo lugar, su inscripción en el marco del conflicto armado colombiano se consolida como otro instrumento bélico con consecuencias devastadoras en el nivel ambiental. Decisiones dirigidas a esparcir patógenos como instrumentos de destrucción y que terminarán por agravar los problemas que pretende resolver, violan además las garantías constitucionales que protegen los derechos a la salud, a la producción de alimentos, a un ambiente sano y rompen los límites establecidos en el artículo 81 de la Constitución que prohibe la fabricación, importación, posesión y uso de armas biológicas y nucleares.
  5. Como alternativa frente a las "fumigaciones químicas y biológicas" se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionada a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren "acciones que contribuyan a generar tejido social", una ética fundada en el respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para la aplicación de una pronta eficaz justicia.
  6. Reconocer y precisar las regiones con un problema de monodependencia de la economía ilegal determinando las causas sociales y económicas que presionan el establecimiento de esas estructuras ilícitas, las cuales deben ser tratadas como la base de solución y desarrollar programas pilotos que sirvan de soporte para dar un sustento real a las iniciativas de erradicación manual concertadas con las comunidades.
  7. Por su parte, los planes alternativos deben ser considerados bajo la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo.
  8. En la elaboración de propuestas alternativas se debe reconocer que los cultivos ilícitos se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, tanto en las zonas de bosque húmedo como en áreas de bosques andinos y altoandinos. La depredación de estos ecosistemas para la instalación de cultivos necesarios para satisfacer una demanda mundial de drogas ilícitas, resulta ser un costo que corre por cuenta de los países del sur, configurándose una deuda ambiental que debe ser asumida bajo un esquema de corresponsabilidad mundial que apoye el restablecimiento de los impactos ambientales.
    Normalmente estas áreas se caracterizan por la diversidad étnica y cultural y la presencia de complejos ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental. Sobre estas zonas se deben desarrollar políticas acordes con estas características y decisiones que garanticen:  
    • El carácter colectivos de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas;
    • El derecho de los pueblos indígenas de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales;
    • La relación intrínseca entre territorios indígenas y conocimientos tradicionales;
    • El principio de conocimiento fundamentado previo, como elemento básico en cualquier plan sobre su territorio;
    • La protección legal tanto nacional como internacional de la herencia cultural de los pueblos indígenas; para ello se debe desarrollar una moratoria sobre la bioprospección, acceso y uso del conocimiento tradicional. (Revista Nueva Amazonia, No.15, 07-00);
    • Garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sea revertido sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles con el fin de generar alternativas a las economías extractivas.
  9. Establecer diferencias claras entre los pequeños y grandes productores de cultivos ilícitos. En el caso de los pequeños productores se debe tomar como criterio la voluntad de cambio frente a la economía ilegal; la existencia y compromiso de las organizaciones de la comunidad en ese proceso de cambio; su reconocimiento como parte de las soluciones a través de decisiones como su descriminalización, y la generación de políticas de desarrollo encaminadas a soluciones pacíficas y de consenso con las comunidades. La búsqueda de alternativas no podrá lograrse en el corto plazo. Por ello la construcción de soluciones de desarrollo debe estar incondicionada a la erradicación total previa de los cultivos ilícitos y en su lugar acordar un mínimo de áreas de subsistencia que serán objeto de un proceso gradual de sustitución. En ese proceso se deben desarrollar veedurías ciudadanas para el cumplimiento de los programas.
  10. Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones. Reconocer no solo la existencia de una diversidad espacial sino social, que se expresa en la existencia de mùltiples etnias, culturas, intereses, cosmovisiones las cuales se expresan en la construcciòn local de " Planes de Vida". En general estas dimensiones son desconocidas por los representantes del Estado central el cual busca homogenizar las propuestas de orden econòmico y social sin atenerse a este tipo de reconocimientos contemplados en la misma Constituciòn Nacional. En el caso del Desarrollo Alternativo, este debe incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiaciòn y manejo del entorno.
  11. Reconocer la incidencia de problemas estructurales con la temática de los cultivos ilícitos. En primer lugar la necesidad de desarrollar una Reforma Agraria Integral que afecte la actual estructura agraria y desarrollada en el interior de la frontera agrícola. En ese sentido se debe afectar el proceso de concentración de tierras generado por el lavado de activos del narcotráfico. Para tal fin se debe considerar la imlementación de la Ley 333 de 1996. Así mismo se debe dar impulso a políticas integrales de desarrollo rural y social que busquen incidir sobre las causas que determinan los procesos de migración de los campesinos y habitantes urbanos sin empleo e ingreso y que buscan en los cultivos ilícitos alternativas inmediatas de solución.
  12. Redefinir el concepto de corresponsabilidad internacional frente al problema del narcotráfico, aclarando que este no puede seguir siendo la aprobación de recursos para el apoyo bélico o para un desarrollo alternativo entendido como el complemento de las acciones de fuerza, mientras los países productores reciben las consecuencias por la aplicación de la guerra a las drogas. La corresponsabilidad debe partir de una diferenciación clara de los niveles del circuito de drogas: En primer lugar el nivel de la producción al cual se ha hecho referencia a lo largo del documento. En segundo lugar el narcotráfico, el cual abarca actividades como el lavado de activos en el sistema financiero internacional; actividades como el contrabando de armas e insumos químicos para procesar los psicoactivos; contrabando de mercancías de uso común a través del cual se lavan recursos ilegales resultando beneficiadas grandes multinacionales; redes ilegales de prostitución y negocios ilícitos, actividades que tienen su principal base en los países del norte, sobre los cuales se deben desarrollar acciones de cumplimiento de la ley (law enforcement) en el marco de la corresponsabilidad mundial.
    En tercer lugar, diferenciar el problema del abuso de drogas ámbito propio de políticas de salud pública en donde se deben fortalecer las acciones dirigidas a disminuir los daños que ocasionan las drogas y las políticas que resultan criminalizando a los adictos. Decisiones desde la perspectiva de la "cero tolerancia" terminan por agravar los problemas de salud en la medida en que sus decisiones se fundan en la criminalización irracional del consumo. La corresponsabilidad en esta materia debe dirigirse al desarrollo de políticas de cooperación que traten el problema desde la perspectiva de salud.
  13. esarrollar acciones hacia la creación de una Comisión Latinoamericana de Paz sobre la base del reconocimiento y respuestas a los impactos en la región andinoamazónica del Plan Colombia. Dicho proceso debe desarrollar actividades a nivel internacional para una respuesta de apoyo a la paz en Colombia y de rechazo a los impactos contra la población civil por la ofensiva de guerra y contra los efectos ambientales por la intensificación de las fumigaciones químicas o frente a la eventualidad de que implementen métodos biológicos de erradicación los cuales afectarán la biodiversidad.
  14. Con base en los anteriores criterios y propuestas, la comunidad internacional debe asumir un nuevo enfoque frente a la búsqueda de soluciones diferenciadas a una política antidrogas que ha tenido una prolongada vigencia, sin haber mostrado resultados que justifiquen su continuidad. La sociedad colombiana, las comunidades implicadas en la monodependencia frente a esta economía han demostrado su voluntad de cambio, a través de reiteradas negociaciones con el Estado siendo objeto de seculares incumplimientos y sujetos de acciones de represión como en las marchas campesinas de 1996. Las actuales circunstancias de conversaciones de paz, configuran un momento oportuno para buscar soluciones viables, sostenibles y basadas en el respeto a la vida, la dignidad de las personas que por razones económicas y sociales se han visto obligadas a depender de esta actividad.