Corrupción, narcotráfico y fuerzas armadas: una approximación para América Latina

06 Octubre 1997
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Los casos en que funcionarios del Estado en Latinoamérica se han visto involucrados en actividades ilegales con organizaciones que se dedican al tráfico ilegal de sustancias prohibidas es un hecho que con mayor frecuencia es mostrado en los medios de comunicación.

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Los casos en que funcionarios del Estado en Latinoamérica - particularmente de las Fuerzas Armadas y Policiales - se han visto involucrados en actividades ilegales con organizaciones que se dedican al tráfico ilegal de sustancias prohibidas (en adelante TID) o su favorecimiento, es un hecho que con mayor frecuencia es mostrado en los medios de comunicación.

Esta situación, nos lleva a preguntarnos sobre la exacta magnitud, modalidades y escenarios en las altas esferas del poder de estas organizaciones criminales, así como su presencia poderosa en distintos niveles del Estado, mediante la realización de actos genéricos de corrupción. Para ello, creemos, es necesario plantearnos las ventajas que ofrecen ambos sectores, el del narcotráfico y el de las instituciones del Estado, de modo que los actos de corrupción se ven posibilitados o facilitados cuando ambas instancias se confrontan.

La relación existente entre la corrupción y el TID, no es exclusiva de países institucionalmente poco sólidos, ni de aquellos donde se produce o trafica la droga, pero el hecho que desde nuestros países andinos provenga el 99% de la cocaína ofertada, y tengamos formas particulares de ser gobernados (1), focalizan los riesgos de la corrupción en determinadas etapas, especialmente en la medida que las organizaciones intentan sacar la droga de inhóspitos valles selváticos usualmente bajo control policial, por cualquier medio, para su refinación en el exterior. En países como Colombia o México, la relación entre corrupción y narcotráfico, se presenta en el marco de las vinculaciones que buscan estas organizaciones -allá llamadas cárteles- con autoridades de gobierno, directamente, para lograr ciertas concesiones (relajamiento del control, negación de la extradición como política de intercambio recíproco, influencia en campañas electorales, etcétera). En los países de destino final de la droga, las mayores presiones e "influencias" de estas organizaciones, van dirigidas a la flexibilización del control, de tal modo que se facilite la comercialización al por mayor y menor: puertos, aduanas, unidades policiales. Otro segmento de la sociedad que se ve fuertemente presionado por la corrupción y el narcotráfico, en los países consumidores, es el sector bancario, donde principalmente se buscan medios para lavar dinero ilegal con la participación de funcionarios de entidades públicas o privadas.

Todo ello lleva a plantear la necesidad de contar en la actualidad con un adecuado diagnóstico de la forma como se viene dando dicha relación ilícita, así como los efectos negativos que se produce a partir de ella, para de esta manera poder encontrarnos en la capacidad de plantear alternativas viables que permitan que las instituciones del Estado no sigan siendo infiltradas por las organizaciones relacionadas al TID.

La corrupcion, señal de nuestros tiempos

El fenómeno de la corrupción, desde las nociones de la función pública, el interés público y la burocracia, sentido en que asumimos dicho término en este documento, puede ser definida como:

  • "toda conducta que se desvía de los deberes normales inherentes a la función pública debido a consideraciones privadas tales las familiares, de clan o de amistad, con objeto de obtener beneficios personales -en dinero o en posición social". (2)
  • "cualquier violación del interés público para obtener ventajas especiales" (3), o
  • "toda conducta ilícita utilizada por individuos o grupos para obtener influencia sobre las acciones de la burocracia". (4)

En este sentido, no es un fenómeno que se desarrolle únicamente en relación con el TID, pero dadas las grandes concentraciones económicas que representa el narcotráfico y el carácter ilegal que lo acompaña, sí reviste algunas particularidades en este caso y a ellas apunta este trabajo. Lamentablemente en el caso de los países andinos, los casos de corrupción relacionados a la actividad política y al TID, se han incrementado cuantitativa y cualitativamente, particularmente desde 1988 a la fecha, en la medida que las presiones internacionales han involucrado a fuerzas policiales y militares, casi con carácter de exclusividad y sin mayores posibilidades de control externo. Basta recordar los sucesos ocurridos últimamente en Argentina, México, Panamá, Brasil, Colombia, Venezuela y Perú (algunos de los cuales da cuenta el presente volúmen), para darse cuenta que lamentablemente el fenómeno se encuentra presente en los países de América Latina (5), como en todas las sociedades occidentales, hasta tal punto que la corrupción pública ha sido considerada en los últimos tiempos como un grave problema socio-político.

La corrupción es uno de los factores que pone en peligro la estabilidad de las democracias, y es un obstáculo insalvable para garantizar la gobernabilidad de los países y la seguridad de las sociedades involucradas. Conjuntamente con los costos económicos y sociales que ella acarrea, las consecuencias políticas son también graves en tanto la corrupción del sector público pone en juicio la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, con mayor razón en estos momentos de "ajuste" y "estabilización", cuando se exigen a la población austeridad y sacrificio para hacer frente a los ajustes económicos.

Por otro lado, la preocupación por el fenómeno puede medirse en función a las múltiples campañas anticorrupción que en la región se han realizado en los últimos años, en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México y Paraguay. En el Perú, el tema fue uno de los principales argumentos esgrimidos para justificar los sucesos políticos de abril de 1992 en los que Fujimori cerró el Congreso y el Poder Judicial. Ha sido pues un lugar común que la mayoría de campañas políticas sean encabezadas por esfuerzos contra este fenómeno (en su momento los candidatos Caldera, Fujimori, Nebot).

Más allá que una evaluación sobre estas políticas arroje resultados negativos, o que el tema sea usado como simple justificación, lo que se puede concluir es que, el incremento de los problemas relacionados a la corrupción es de tal magnitud que ningún programa de gobierno puede dejarlo de lado como un argumento sólido para justificar su acceso al poder o sus acciones de fiscalización al interior de cada administración. Ello debido a que la propia sociedad civil ha expresado de diversas maneras su rechazo a los actos de corrupción en sus propias instituciones estatales.

La preocupación por el tema no se circunscribe únicamente al plano interno, sino que la propia comunidad internacional ha comenzado a realizar diversas acciones en búsqueda de combatirlo; así, la convocatoria a conferencias internacionales o la suscripción de Convenciones hemisféricas o frecuentes Declaraciones sobre este tema. La importancia de la lucha contra la corrupción ha llegado a un nivel tal, que ha pasado a formar parte de la agenda de negociaciones entre los países de la comunidad internacional. Asimismo, el tema ha sido vinculado directamente en la resolución de otros puntos problemáticos como la situación de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico, así como los distintos procesos de democratización, promoción de la inversión y la consecución del desarrollo económico, etc. Toda esta preocupación frente al tema ha llevado a que, por ejemplo a nivel de América, la Organización de Estados Americanos haya auspiciado la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción en marzo de 1996. Sin embargo no siempre se hacen las mejores cosas. Algunos países europeos en 1997 han empezado a permitir comisiones deducibles del impuesto a la renta, como si fueran gastos, cuando normalmente estas comisiones son de sobornos.

Modelos explicativos de la corrupción

Sobre la corrupción se han planteado diversas teorías explicativas. Con la finalidad de poder usarlas para explicar los casos en que se han relacionado con la organización del TID, señalamos las desarrolladas por Bruno Speck (6), politólogo del Instituto de Estudios Económicos, Sociales y Políticos de Sao Paulo:

a. Escuela Legalista Moral: Que afirma que la impunidad en la que quedan los casos de corrupción, es la que ha llevado al deterioro de la moral pública. Esta moral debería ser restituida mediante la revaluación del Estado de Derecho, y el castigo de todos los casos de corrupción, sin importar el status social de los infractores (corruptor y corrompido). Implementar las políticas de prevención y castigo requiere modificaciones legales para hacerlas más eficientes, por ello la lucha contra la corrupción es ante todo un asunto de mejorar y difundir leyes y darles el valor que les corresponda.

b. Escuela Económica Liberal: El abuso en los cargos públicos se debe (de acuerdo a esta propuesta) a la excesiva intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Por lo tanto la solución debe ser la implementación de programas de privatización de todo el patrimonio público (algunos lo denominan programa de canibalización), así como la desregulación de la economía en otros sectores (eliminación de cualquier tipo de subvenciones, programas regionales de promoción al desarrollo, etc.)

c. Tesis de la Instrumentalización del Estado: En contraposición a la anterior fundamentada por los grupos de izquierda, señala que son los grupos económicos poderosos quienes instrumentalizan el Estado, siendo ésta la principal causa de la corrupción. La solución para esta postura, no se encuentra en la privatización sino en el incremento de la transparencia y el fortalecimiento de las formas de participación y de control del sector publico.

d. "Una cuarta postura señala que los cambios institucionales en la organización del aparato del Estado pueden ayudar a la lucha contra la corrupción. Se señala que las sanciones penales sólos no tienen éxito, por lo que nuevas áreas de la política y de la administración han de ser reglamentadas nuevamente para disminuir las posibilidades de corrupción del sistema. La corrupción dentro de este modelo se relaciona directamente con el fortalecimiento de la gobernabilidad.

e. Escuela Histórico-Culturalista: Afirma que la corrupción forma parte de la cultura de un país latinoamericano, como parte de la historia de sus instituciones. En la vida cotidiana del mismo nunca se logró separar las normas de la vida privada de amistad y solidaridad y las normas públicas de legalidad y neutralidad. Así, en el siglo pasado no se produjo la formación de un cuerpo de funcionarios de carrera, considerada como autoridad ejecutora que se definiera sobre la neutralidad y el respeto de las leyes. La falta de neutralidad de la administración en la gestión de los asuntos públicos ha dejado huellas hasta el presente. Esto se evidencia en el hecho que mediante vínculos de amistad privada es posible abrirse paso en la cultura de un orden público poco confiable y poco amable. Los comportamientos correctos y la equidad son considerados, en este contexto, signos de torpeza y estupidez.

Las teorías descritas anteriormente no deben ser consideradas de manera excluyente. La ocurrencia y las manifestaciones de casos de corrupción en relación al TID es en sí misma tan compleja, que todas ellas pueden ayudarnos a entender el fenómeno en cada caso en concreto y trazar algunas tendencias generales.

Es cierto que nuestra historia no es rica en haber logrado instituciones sólidas. Asi pues, hasta podríamos decir que el monopolio comercial impuesto por España desde el siglo XV en adelante concluyó en la aparición del fenómeno del contrabando, a todo nivel. Las razones que nos brindan los legalistas nos conducen a pensar también en la coexistencia de una "cultura de la impunidad" a nivel latinoamericano que excede los marcos de los delitos contra los derechos humanos y se vierte a otras esferas de la coexistencia social.

Funcionalidad de la corrupcion en el trafico ilicito de drogas

Realizando un análisis del accionar de las organizaciones dedicadas al TID y despojadas de cualquier carga valorativa, éste puede ser analizade como un fenómeno empresarial, similar a cualquier otro que implique riesgo. En este caso, el negocio radica en la producción y comercialización de un determinado producto agroindustrial, la Pasta Base de Cocaína (PBC) y el Clorhidrato de Cocaína (HCl), que a diferencia de otros se halla formalmente prohibido (aunque según nuestro modesto entender esto no es así pues a pocos meses del siglo XXI, la droga se sigue produciendo en nuevas zonas de la Amazonía mientras que las rutas, los medios de transporte y los mercados internacionales se siguen reproduciendo y exacerbando). Esta ilegalidad significa para estas organizaciones, por ende también ilegales, mejores posibilidades de ganancias (gracias al "costo" que conlleva la ilegalidad), pero tambien mayores obstáculos a vencer para que la circulación de su producto (riesgos de la acción estatal por ejemplo) (7) se vea garantizada.

Como toda actividad comercial, la organización busca la manera de maximizar sus ganancias a partir de la agilización del proceso, desde la promoción de los cultivos de coca con mejores paquetes tecnológicos, la refinación del producto en lugares adecuados, su transporte por medios lícitos o ilícitos y finalmente su comercialización al menudeo. En todas estas etapas, las organizaciones de traficantes buscan la eliminación de los obstáculos económicos y políticos que permitan un rendimiento económico óptimo de la actividad empresarial.

Este interés empresarial, se encuentra en abierta contradicción con los intereses del Estado, encargado del control y represión de toda actividad ilícita, como es el caso del TID. Esta labor de control de la conducta ilícita, es realizada por las diversas y numerosas instituciones de control con que cuenta el Estado: administración pública -aduanas, entidades bancarias, etc-, fuerzas policiales (y militares en algunos casos), integrantes de la administración de justicia, del régimen penitenciario, legisladores, etc. Eventualmente , todos los actores pueden estar sometidos al riesgo que representan las transacciones de los traficantes.

El enfrentamiento entre la organización de TID y el Estado, dada esta oposición de intereses, resulta inevitable. Siguiendo un enfoque empresarial de la actividad de la organización, la labor del Estado es un obstáculo que debe ser evitado o neutralizado si es que la organización desea seguir existiendo y siendo eficiente. Para lograr este objetivo, requiere implementar estrategias para responder a los "desafíos" que significa enfrentarse al Estado.

Estas estrategias pueden ser tipificadas a grandes rasgos de la siguiente manera:

  • a. La corrupciónde tantos o tan importantes funcionarios en una institución, que puede concluirse en la corrupción de la institución estatal en su conjunto, para que facilite y permita la actividad ilícita. Un ejemplo de esta estrategia se encuentra en la acción que tomó el cártel de Cali -la infiltración- frente al Estado colombiano, en desmedro del ejercicio de la violencia directa a cargo de otros grupos como el de Medellín. Lo mismo puede decirse del período de 1992 a 1995 que duró la ocupación militar directa de los escenarios del narcotráfico en el Perú y la manera cómo respondieron las firmas locales, desde que las Fuerzas Armadas asumen su rol antinarcóticos.
  • b. El uso de la violenciafrente al Estado, como forma de enfrentamiento directo hacia él, así como frente a los grupos alzados en armas cuando existen intereses encontrados entre ambas organizaciones. (8) Recurriendo nuevamente al caso colombiano, podemos citar la posición asumida en los últimos años de los 80, por el Cártel de Medellín (masacres, magnicidios, amenazas, atentados, etc).
  • c. Así mismo se puede observar la existencia de un accionar destinado a la búsqueda de una subordinaciónde determinados sectores dentro de la sociedad civil:
    1. En primer lugar sectores marginados en la sociedad, como pueden ser la población colona y migrante en Selva Alta que se ve tentada al cultivo de la coca; jóvenes desempleados en la ciudad, como futuros consumidores; desplazados, burriers, mulas, hormigas, etc. Estas personas pueden servir como "trabajadores" en distintos niveles del proceso.
    2. Asimismo, a grupos de personas que tengan una representatividad en la sociedad, como pueden ser artistas, deportistas u otros líderes de opinión, los que pueden ayudar a narcosy testaferros a introducirse dentro de la vida social del país.

La experiencia reciente nos enseña que las citadas estrategias no son contradictorias ni incompatibles entre sí. Es posible hacer uso de todas ellas al mismo tiempo o de acuerdo a la oportunidad necesaria. Así en algunos casos, será más conveniente corromper a las autoridades que enfrentarse a ellas, o si falla una de ellas ha de recurrirse a la otra, dependiendo en cada caso de la respuesta que se obtenga desde el Estado.

La corrupción debe ser entendida entonces como una estrategia más de la organización de traficantes para hacer frente al Estado, este es el fundamento del por qué es buscada por la organización como una fórmula de acercamiento e intimidación. Los traficantes por lo tanto, no corrompen a los funcionarios públicos por el simple placer de tenerlos bajo su control, sino porque la corrupción es una estrategia funcional a los intereses de la organización.

Esta funcionalidad de la corrupción puede ser entendida si se considera que es útil a la organizacion de la siguiente manera:

  • a. Facilita una mejor vinculación económica y comercial de las distintas etapas del proceso: producción agroindustrial/sistema de acopio, almacenaje y transporte internacional a largas distancias/distribución ilegal.
  • b. "Flexibiliza" el rol represivo del Estado, si es que no lo anula plenamente o incluso permite la colaboración directa, como es el caso del uso de buques o aviones militares en el Perú.

Tipologia de la corrupcion generada por el tráfico ilícito de drogas

Las formas en la que las organizaciones de traficantes utilizan la corrupción frente al Estado y la sociedad en general son diversas. La siguiente es una tipología que intenta clasificar estas formas (ver también cuadro no. 1):

a. Participación directa de funcionarios estatales en la organización del tráfico.

En este supuesto, los funcionarios estatales comprometidos no solamente prestan alguna forma de colaboración con la organización, sino que participan de manera directa en la misma, teniendo así un papel directriz en alguno de los niveles de la organización. En este caso los funcionarios estales mantienen una relación de coordinación con la organización y se puede decir que cuentan con el beneplácito de esta.

Otra manera de participación directa de los funcionarios estatales, lo constituyen los casos en que éstos ingresan al circuito del tráfico mediante la comercialización de una parte de los cargamentos de drogas confiscados por las autoridades (entidades como la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) en el Perú, según estudio de la Comisión parlamentaria que investigó estos hechos en 1991). La reventa de esta droga, origina una forma de competencia desleal, que por lo regular no sólo no es aceptada por los grupos de traficantes sino que es mal vista en la lógica delincuencial de las drogas y da pie a vendettasy otro tipo de venganzas.

Estos supuestos de participación directa de los funcionarios estatales constituyen los casos más graves de corrupción y los más peligrosos para el accionar del Estado, en tanto el funcionario involucrado mantiene un doble poder de control y dirección: sobre la institución estatal a la que pertenece y/o dirige, y sobre la organización del tráfico. Su capacidad de mantener y extender la corrupción al resto del Estado es pues, mucho mayor.

b. Omisión del deber de control por parte de los funcionarios estatales.

En este caso, los funcionarios estatales no participan directamente, sino que omiten las funciones de vigilancia y control propios de sus cargos. Este tipo de corrupción puede verse en los diversos niveles del control penal: policial (que en algunos casos es realizado además por personal militar), judicial y penitenciario.

Con respecto al nivel policial (o militar), se observa el "consentimiento" de las labores de la organización para que esta pueda realizar sus actividades, libremente: retenes, puestos, bases, a las que se les paga para que dejen de vigilar. Es claro el testimonio de ciertos jefes de firma -p.ej. el recientemente capturado Vaticano- que refieren el caso de ciertos militares peruanos destacados en la selva, que permiten los vuelos de las avionetas con droga pertenecientes a los traficantes. Se habla también que la ayuda consiste en la entrega de rutas o repuestos a cambio de alimento y dinero.

En otros casos en el Perú, la participación de los funcionarios ha sido extremadamente notoria, como son los casos de:

  • El general FAP (r) F. Tweedle en 1989, detenido cuando intentaba sacar droga en su maleta.
  • El caso de la motonave peruana "Mar Pacífico" en 1990 (detenida en Argentina), con 250 kilos de HCL.
  • El caso del BAP Etén, en 1992.
  • Casos de chatasy motonaves fluviales que llevan droga por los ríos amazónicos hasta la frontera con Colombia.
  • Casos de valijas diplomaticas utilizadas por ciertos funcionarios diplomáticos.

Numerosos elementos de la Policía colombiana han sido acusados y destituídos por colaborar con el narcotráfico (prevenirlos de acciones u operativos en su contra), y en 1995 un buen número fue destituido por este motivo. El narcoavión boliviano detenido en Lima es otro ejemplo, en este caso se puede señalar el conocimiento de jefes de secciones de la FELCN (y de la DEA) de este hecho, sin que hicieran nada al respecto.

Ciertos jueces especiales bolivianos han sido acusados de corrupción al no permitir las extradiciones, apelando a la defensa de sus fueros. Los jueces peruanos en la selva han sido también acusados por el Decano del Colegio de Abogados de Ucayali-Pucallpa. El señala que ésta es la zona donde la administración de justicia ostenta los máximos récords de acumulación de causas, pérdidas de expedientes, fallos contra los intereses del Estado y prevaricato, pero jamás de celeridad de los procesos que reclaman los litigantes de la región. En Colombia el proceso contra Miguel Rodríguez Orejuela también ha sido materia de este tipo de denuncias. Las fugas de narcotraficantes en el Perú y Colombia han mostrado la complicidad de agentes policiales y penitenciarios.

Cuadro: Fragilidad intrinsica de las instituciones en el Peru

VARIABLES

Policía Nacional

Fuerzas Armadas

Poder Judicial

Administración Pública

Sueldos

muy bajos

un poco más altos que la Policía y sujetos a algunas bonificaciones

uno de los más altos en la Administración Pública del Perú

bajos en promedio

Estructura orgánica

vertical, jerarquizada y subordinada

vertical, extremely hierarchical and subordinate

vertical, pero con cierto tipo de autonomía e independencia funcional

vertical, pero con algun grado de autonomía en las competencias

Espiritu de cuerpo moral

debilitado

normal aunque debilitado en materia de casos de drogas

debilitado frente a la corrupción pero con gran capacidad de decisión

debilitado frente a la corrupción

Presencia en escenarios de droga

escaso hasta julio de 1996

muy fuerte, casi monopólico hasta julio de 1996

presente aunque no dirimente

débil

Política y tráfico ilícito de drogas

En determinados casos, la organización considera conveniente no únicamente una participación con funcionarios de carrera, sino que ingresar a los niveles de toma de decisión, es decir a los cargos públicos.

Esto se hace mediante el financiamiento de campañas electorales; los casos de Colombia con el Presidente Samper; México y la acusación contra Zedillo; Puerto Rico acusando a miembros del Poder Legislativo; y Bolivia con el MIR, son los más notorios pero tal vez no los únicos. El apoyo recibido en las campañas es "pagado" con la promulgación de leyes convenientes, como el arrepentimiento, la prohibición de extradición, u otros diversos favores políticos.

Como se ve en estos casos, el nivel a lo que llega la corrupción es alto. Términos como "Estado de Corrupción" (en lugar de Estado de Derecho) o Narcodemocracias nos dan una idea de ello.

Respuesta de las agencias del Estado

Lamentablemente, las respuestas estatales frente al problema del TID y frente al fenómeno de la corrupción, no han sido adecuadas. La producción de drogas y su consumo han aumentado; el problema de la corrupción se ha expandido. Frente al primer problema, conocemos que el Estado lo que ha hecho es involucrar a mayor número de agencias y funcionarios. Ello ha aumentado los riesgos de corrupción y no ha resuelto el problema.

Una segunda respuesta ha sido especializar o monopolizar la acción antinarcóticos del Estado, en manos de ciertos funcionarios supuestamente especializados: policías antidrogas (UMOPAR, Leopardos, FELCN, DINANDRO), fiscales especiales y jueces especiales. También se conoce de cárceles especiales (Envigado o La Picota en Colombia). En forma sintética, creemos que ninguno de los dos extremos garantiza la buena acción del Estado en esta materia.

Existen motivos de preocupación cuando evaluamos la respuesta del Estado particularmente en el caso peruano. En términos generales desde julio de 1990 el gobierno ha conducido una eficiente lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, así como en el control de la hiperinflación y la creación de condiciones generales de estabilidad económica y política, (9) que le han permitido ganar elecciones políticas y municipales y que la opinión pública acepte -aunque cada vez con menor resignación- el enorme costo social y económico del ajuste estructural, así como el costo político para un verdadero fortalecimiento institucional que representa la gestión de Fujimori en los últimos años.

No obstante, debemos afirmar, a manera de preocupación, que existen diversas hipótesis, denuncias y casos que nos permiten suponer que a lo largo de ese período de tiempo (abril de 1990 hasta la fecha) se hayan tejido relaciones o espacios en donde las posibilidades de ocurrencia de casos sistemáticos de corrupción vinculados al TID, desvío de químicos y lavadode dinero, han sido muy grandes, y que éstas hayan sido sometidas a distintos tipos de negociaciones internas y externas, incluyendo el concurso indirecto de agencias de gobiernos extranjeros.

Propuestas

Creemos en la necesidad de un término medio en donde la especialización (administrativa, represiva o judicial), no signifique exclusión de entidades encargadas de la fiscalización, ni la suficiente apertura para que se conozca el accionar de las agencias estatales encargadas de la lucha antidrogas.

Debe haber absoluto convencimiento que las medidas adoptadas por los policy makers, en materia de lucha antidrogas, son los que más han fomentado los riesgos de corrupción, en cualquier nivel, obviamente sin haber encontrado la solución al tema del tráfico, la producción y el consumo de drogas.

Surge la necesidad de evaluar en qué medida, los fenómenos de la desregulación financiera, los propios procesos de conformación de bloques, el mayor acceso a la tecnología, los procesos de estabilización, se convierten en facilitadores de la corrupción vinculada al TID.

Existe la necesidad de desmontar esta "guerra" inútil, que todavía se pelea en diarios, informes, reuniones, y pasar a la adopción de políticas más eficientes, que en ningún caso significan abandonar la necesidad de proteger la salud individual y colectiva, pero no a costa de la salud institucional de las agencias/corporaciones de los Estados de Derecho.

Notas

1. Caracterizados genéricamente por la centralización exacerbada del poder y los asuntos públicos; en algunos casos una estrecha relación con ciertos elementos de la cúpula militar así como por una incapacidad para compartir democráticamente algunos asuntos esenciales del buen gobierno.
2. NYE, Joseph S. "Corruption and Political Develoment: a Cost-Benefit Analysis", American Political Science Review, n. 51 June 1967. pp. 417-429. En RICO, José María "La corrupción pública y su control en América Latina: El caso venezolano", p.3, San José 1993, Inédito.
3. ROGOW, Arnold A. y LASSWELL, D.H. "The Definition of Corruption". En: HEIDENHEIMER, Arnold J. (ed.), "Political Corruption. Readings in Comparative Analysis", New Brunswick, N.J., Transaction Books, 1970. pp. 54-55. Citado por RICO: 1993; 3.
4 LEFT, N. "Economic Develoment Trought Bureaucratic Corruption". En: HEIDENHEIMER, Arnold J. (ed.), "Political Corruption. Readings in Comparative Analysis", New Brunswick, N.J., Transaction Books, 1970. pp. 510-520. Citado por RICO: 1993; 3.
5. Recordemos que en Brasil y Venezuela los presidentes en ejercicio (Fernando Collor de Mello y Carlos Andrés Pérez) fueron destituidos y posteriormente sentenciados por corrupción, aunque no necesariamente vinculada al TID. En el caso peruano, el juicio del ex presidente Alan García nos hace recordar que dicho país no escapa a este fenómeno en el ámbito presidencial. No obstante, diversas personalidades e instituciones han sido denunciadas por corrupción y TID en diversos países: ministros de gobierno y legisladores (Brasil y Venezuela), altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales (Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela), magistrados de la Corte Suprema (Bolivia y Venezuela), etcétera. En el caso del Perú, en los ultimos meses hemos asistido al descubrimiento de varios casos de corrupción por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial, los cuales han sido -en contados casos- descubiertos y procesados.
6. SPECK, Bruno W. "Guerra a la corrupción en Brasil". En: Perfiles Liberales n.35, 1994, pp. 44-49.
7. Ya a finales de la década pasada se podía observar la existencia del peligro de la corrupción por ejemplo para los países de la región andina: "La ilegalidad del narcotráfico y la gigantesca cantidad de dinero envuelto en el negocio lo ha convertido en la principal fuente de corrupción penetrando a los distintos niveles de la sociedad y el Estado" GARCIA SAYAN: 1990; 28.
8. Ocasionalmente este enfrentamiento puede dar paso a una alianza con movimientos subversivos u otros grupos irregulares o paramilitares, que tienen en común un accionar que enfrenta la labor del Estado.
9. Aunque éstas hayan sido puestas en tela de juicio después de los incidentes ocurridos en la Residencia del embajador japones en Lima, a partir del 17 de diciembre de 1996.