Cuando contaminar sale a cuenta: el G8 y el cambio climático

01 Mayo 2007
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Es probable que el cambio climático ocupe un lugar protagonista en la agenda de la cumbre del G8 que tendrá lugar este mes en Heiligendamm, Alemania. Pero los programas de emisiones de CO2 promovidos por los países del G8 no se están traduciendo en acciones concretas a favor del clima, sino que están generando unos suculentos beneficios para los mayores contaminadores. Kevin Smith.
La hegemonía del G8 en foros internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático implica que las políticas sobre el cambio climático se están elaborando para que sean compatibles con el sistema económico imperante, y no por su eficacia en la reducción de emisiones. El comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO2) es una pieza clave de este enfoque, que convierte el ciclo del carbono en una propiedad que se puede comprar y vender en un mercado mundial. Este uso de las fuerzas del mercado para abordar problemas medioambientales adopta dos formas. Por un lado, los gobiernos asignan permisos a grandes contaminadores industriales que, después, comercializan estos ‘derechos de contaminación’. Por el otro, se generan créditos de CO2 a través de los llamados ‘proyectos compensatorios’, que supuestamente reducen o evitan emisiones en otros lugares, generalmente en países del Sur. Estos créditos se pueden adquirir en caso de que los permisos no alcancen. En el marco del Protocolo de Kioto, los proyectos compensatorios en el Sur se realizan a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y, en el Norte, a través del programa Aplicación Conjunta (AC). El mercado está creciendo como la espuma. Un informe del Banco Mundial calculó que su valor ascendía a los 21.500 millones de dólares estadounidenses (USD) en los primeros tres trimestres de 2006, lo cual representaría un aumento del 94 por ciento con respecto al valor de 2005, estimado en 11.100 millones de USD. Después de Gleneagles A pesar de todo el bombo y platillo con que se rodeó la cumbre del G8 celebrada en Escocia en 2005, lo cierto es que no aportó demasiado en materia de acciones concretas para luchar contra el cambio climático. El comunicado final estaba decorado con torpes resoluciones para ‘fomentar’ mejores prácticas sobre el cambio climático, pero se olvidaba de mencionar la necesidad de reducir el ritmo de extracción y consumo de combustibles fósiles. A pesar de ello, Blair recibió toda suerte de alabanzas por haber sentado a los jefes de Estado de Brasil, China, India, México y Sudáfrica a la mesa de negociaciones, y fue precisamente con estos países con los que se presentó el Diálogo sobre el Clima del G8+5. En éste último, se dan cita altos cargos políticos, dirigentes empresariales internacionales, representantes de la sociedad civil y líderes de opinión para discutir un acuerdo sobre el cambio climático de 2012 en adelante, con el objetivo de alcanzar una declaración consensuada en la cumbre del G8 que tendrá lugar en Japón en 2008. Este proceso de diálogo manifiesta una tremenda parcialidad a favor de los regímenes comerciales como la mejor forma de afrontar el cambio climático, y uno de sus cuatro grupos de trabajo se dedica específicamente a desarrollar mecanismos de mercado. Además, la cumbre del G8+5 ha solicitado al Banco Mundial que facilite la creación de un marco para la gestión del cambio climático, las energías limpias y el desarrollo sostenible. Y esto a pesar de que el Banco Mundial forma parte del problema climático, no de su solución: desde que se firmara la convención sobre el clima de la ONU en la Cumbre de la Tierra de Rio, en 1992, el Centro de Información del Banco calcula que sólo esta institución ha financiado con más de 25.000 millones de USD proyectos basados en combustibles fósiles. En respuesta a la petición del G8, el Banco Mundial elaboró un informe titulado Energía limpia y desarrollo: hacia la creación de un marco de inversiones, cuya versión actualizada se presentó en la reunión que mantuvo el G8+5 en octubre de 2006 en México. El informe, entre otras cosas, defendía el uso del comercio de derechos de emisión como principal mecanismo para financiar el desarrollo de tecnologías limpias. Que el Banco promueva el comercio de emisiones a través del G8+5 crea un evidente conflicto de intereses porque esta institución es también el mayor intermediario público en la adquisición de créditos de emisión, con una cartera que supera los 1.000 millones de USD. El Banco genera un gran volumen de ingresos para sus propias arcas al cobrar un porcentaje en concepto de comisión de todos los créditos de emisiones que compra para administrarlos mediante su Fondo Prototipo del Carbono. Haciendo uso de su influencia en procesos políticos como el del G8+5, se ha dedicado a cabildear para que el MDL sea una propuesta más atractiva para los inversores y menos eficaz en cuanto a su capacidad para reducir las emisiones de CO2. El G8+5 se volvió a reunir en febrero de 2007 en Washington, en un encuentro encabezado por cinco senadores estadounidenses que han presentado un proyecto de ley que permitiría a empresas estadounidenses emitir certificados de reducciones de emisiones, que después se podrían vender a otros países en el mercado internacional. En el acto intervinieron también la canciller alemana Angela Merkel y Nicholas Stern, autor del influyente informe sobre el cambio climático que tanto se ha publicitado por ofrecer una lógica económica al mercado mundial de emisiones, y Paul Wolfowitz, entonces aún presidente del Banco Mundial. Aún no está claro qué objetivos se han marcado para abordar el cambio climático en la cumbre del G8 de 2007 en Alemania, pero la mayoría de gobiernos, industrias e instituciones financieras internacionales parecen deseosos de sentar las bases para establecer un marco internacional de comercio de emisiones que supere el plazo del compromiso de Kioto, fijado en 2012, e incluya el resto de gases de efecto invernadero y otros sectores que generan emisiones, como la industria del transporte aéreo. El comercio de emisiones nunca funcionará El G8 y los ecologistas de libre mercado se han situado en la vanguardia de una retórica falaz que se plantea como la solución perfecta con la que todos salen ganando, y en que la carrera para maximizar los beneficios empresariales puede conjugarse con la respuesta a la crisis climática. Pero se trata de un puro acto de fe, pues no existen pruebas que demuestren que se pueda frenar el cambio climático manteniendo un patrón de crecimiento económico basado en la extracción y el consumo crecientes de combustibles fósiles. El comercio de emisiones anima a las industrias más dependientes del carbón, el petróleo y el gas a postergar el abandono de los combustibles fósiles. ¿Para qué invertir en costosos planes a largo plazo con que lograr cambios estructurales si uno puede apañárselas en el futuro más inmediato comprando derechos de contaminación mucho más baratos? Sin embargo, los países del G8 que pretenden demostrar su compromiso con el cambio climático dan carpetazo a estos problemas inherentes al comercio de emisiones y se posicionan a favor de un sistema que sostiene el dominio económico de las naciones industrializadas más poderosas. Los países del G8 y el comercio de emisiones Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido Desde principios de 2005, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido han estado participando en el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (ETS por sus siglas en inglés), el mayor experimento hasta la fecha en materia de comercio de emisiones, y el heraldo del mercado mundial que se inaugurará en 2008. El ETS funciona según un sistema de ‘límites y comercio’ (cap and trade). El volumen de contaminación por dióxido de carbono permisible se divide entre ubicaciones industriales (denominadas ‘instalaciones’) de toda Europa. Ésa sería la parte que se refiere a los ‘limites’. Si una de esas instalaciones sobrepasa el tope que se le ha marcado, debe adquirir la cantidad de permisos equivalentes en el mercado. Y al revés: si una instalación está por debajo de sus límites, puede vender en el mercado la cuota que le sobra. Ésa sería la parte del ‘comercio’. La primera fase del ETS ha sido un desastre, ya que, durante ella, casi todos los gobiernos de la Unión, sometidos a una constante presión empresarial, asignaron una cantidad excesiva de permisos a la industria. En 2005, el primer año de funcionamiento del sistema de comercio, las industrias pertinentes en toda Europa emitieron 66 millones de toneladas menos que el límite que se les había fijado. Esto significa, por lo tanto, que ese límite, en la práctica, carecía de sentido, pues no se había traducido en una reducción neta de las emisiones. Un análisis preliminar de los datos de 2006 demuestra que el 93 por ciento de las 10.000 instalaciones que quedan cubiertas por el ETS emitieron menos de la cuota asignada. Este exceso de asignaciones se ha traducido en unos suculentos beneficios para los mayores contaminadores que, al exagerar sobre los permisos necesarios, obtuvieron una gran cantidad de ellos que, después, pudieron vender con gran rentabilidad. Estas empresas también se lucraron repercutiendo ‘los costes’ nominales de estos permisos gratuitos sobre los consumidores. Según los cálculos del ministro alemán de Medio Ambiente, las cuatro principales empresas proveedoras de energía de la UE –Eon, RWE, Vattenfall y EnBW– se han embolsado de esta forma entre 6.000 y 8.000 millones de euros. Se prevé que la segunda fase del ETS se ponga en marcha en 2008, y todo parece indicar que no se ha aprendido la lección. Según un estudio publicado en noviembre de 2006 por investigadores alemanes, de los 25 planes nacionales de asignación para la segunda fase presentados ante la UE, 18 eran demasiado generosos, y muchos de los nuevos límites superaban los niveles de emisión de 2005. Japón Siendo el país más eficiente del mundo industrializado desde el punto de vista energético, Japón está dedicando importantes recursos a cumplir con su compromiso de Kioto, por el que debe reducir los niveles de emisiones de 1990 en un 6 por ciento (el nivel actual se sitúa en un 8 por ciento por encima de 1990). Japón, por consiguiente, tiene un gran interés en utilizar el comercio de emisiones para compensar esta diferencia. El Gobierno japonés reservó 5.400 millones de yenes (45,9 millones de USD) de los presupuestos de 2006 para adquirir créditos de emisiones a otros países, y ya ha aprobado unos 41 proyectos –principalmente de MDL– en países como Malasia, India, Corea del Sur, Indonesia, China y Vietnam, además de tener preparados muchos más. Japón es también uno de los principales inversores del Fondo Prototipo del Carbono del Banco Mundial, que cuenta con la participación del Banco de Cooperación Internacional del Japón, de titularidad estatal, y donde ocho de los 17 inversores empresariales son compañías japonesas. Canadá El Gobierno conservador de Canadá ha estado dejando entrever su descontento por el compromiso asumido en Kioto, es decir, el de reducir las emisiones un 6 por ciento con respecto a los niveles de 1990. La ministra de Medio Ambiente, Rona Ambrose, ha declarado que este objetivo es ‘imposible’, que el régimen de comercio de emisiones de la UE ha sido un fracaso, y que el MDL es poco más que la receta perfecta para fomentar la corrupción y malgastar fondos. La administración conservadora no ha aportado la financiación prometida a la junta ejecutiva del MDL, el ente internacional que supervisa y aprueba los proyectos MDL, y ha reducido los fondos del organismo canadiense para administrar los proyectos MDL y AC hasta tal punto que prácticamente lo ha despojado de toda relevancia. Rusia El derrumbe de la economía rusa durante los años noventa ha provocado la caída en picado de las emisiones en el país, que han llegado a situarse un 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Debido a ella, Rusia se ha encontrado con una enorme oferta de créditos de emisiones excedentarios que podrá vender a otros países una vez se abra el comercio mundial de emisiones, en 2008. Sin embargo, esta situación se ha dado por circunstancias externas, y no por que el país haya puesto en marcha medidas para fomentar la eficiencia energética o las energías renovables, lo cual es un buen ejemplo de cómo el comercio de emisiones se puede explotar de forma muy lucrativa sin que se emprendan necesariamente acciones para afrontar el cambio climático. Como no es de extrañar, Rusia se ha mostrado entusiasta ante la posibilidad de beneficiarse con este nuevo mercado que, según cálculos del Banco Mundial, podría reportarle hasta 11.000 millones de USD. Estados Unidos Dado que George Bush, en lo que ya es un episodio famoso, se negó a ratificar el Protocolo de Kioto en 2001, los Estados Unidos no están participando en el comercio de emisiones para alcanzar unos objetivos determinados en el plano nacional. Sin embargo, varias iniciativas, entre las que se cuenta Chicago Climate Exchange, están comerciando con créditos compensatorios. Parece que, con la reciente victoria demócrata en el Congreso, la actitud del Gobierno podría cambiar. De hecho, diez grandes empresas estadounidenses, DuPont y General Electric entre otras, ya se han unido a grupos ecologistas para formar US Climate Action Partnership e instar a Bush y al Congreso a crear un mercado de emisiones para los Estados Unidos. En el Foro Económico de Davos de 2007, los jefes ejecutivos de varias empresas energéticas e industriales europeas y estadounidenses declararon que los Estados Unidos deben abrir el camino en el establecimiento de un régimen mundial de comercio de emisiones de CO2. * Kevin Smith es investigador del programa Justicia Medioambiental de TNI, co-autor de Atrapados en el invernadero: el G8, el cambio climático y el ecologismo de libre mercado y colaborador de G8 Club Governance: Traducción de Beatriz Martínez Ruiz