Cuando el dinero crece en los árboles

22 Febrero 2008
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La deforestación es responsable de una quinta parte de las emisiones anuales de dióxido de carbono, es decir, más que todo el sector del transporte. A pesar de ello, un nuevo sistema mundial para ‘reducir la deforestación’ podría acabar recompensando a las empresas y los gobiernos que la estimulan.
En vísperas de la Conferencia sobre el Clima de la ONU, celebrada el pasado diciembre en Bali, el Gobierno indonesio anunció que plantaría 79 millones de árboles en un día para ‘compensar’ las emisiones generadas por el encuentro. Sin embargo, ese intento por batir un récord mundial no puedo ocultar una estadística menos amable aparecida en el Libro Guinness 2008, que concedía al país el récord mundial en ritmo de deforestación. Entre 2000 y 2005, en Indonesia se destruyó un área equivalente a 300 campos de fútbol cada hora, factor clave por el que el país es el tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero, sólo detrás de los Estados Unidos y China. Este elevado índice de emisiones refleja el hecho de que los bosques tropicales almacenen grandes cantidades de carbono y que su emisión a la atmósfera, a través de la deforestación, representa una quinta parte del total de emisiones anuales de dióxido de carbono. Para responder a este problema, durante la conferencia se aprobó una propuesta para ‘reducir las emisiones provocadas por deforestación y degradación’ (REDD) como componente de la ‘hoja de ruta de Bali’. El Banco Mundial y los bosques La lógica sobre la que descansa la propuesta REDD es bastante simple. En estos momentos, las ganancias económicas a corto plazo que genera la deforestación superan a las ventajas a largo plazo que se derivan de conservar los bosques. Se cree que invirtiendo unos 100 mil millones de dólares anuales para proteger los bosques, la balanza económica se inclinaría a favor de la conservación forestal. Este dinero se pagaría en forma de créditos de derechos de emisión, calculados en función de los índices nacionales de deforestación; cuantas más hectáreas conserve un país, más ganará. La hoja de ruta de Bali no entra en demasiados detalles sobre cómo alcanzar este objetivo, pero al poner en manos del Banco Mundial la responsabilidad de administrar unos proyectos piloto para el programa REDD a través de su nuevo Fondo para reducir las emisiones mediante la protección de los bosques (FCPF), sentó una evidente base centrada en el mercado. Según Benoît Bosquet, el funcionario del Banco responsable de desarrollar este nuevo mecanismo: ‘El objetivo final del FCPC es impulsar un mercado de emisiones con los bosques’. Al Banco no le falta experiencia en este terreno. ‘Cuando el Banco presentó su primer Fondo Prototipo del Carbono, en 1999, éste estaba pensado como una herramienta de corto plazo para dar un primer empujón a la financiación privada en el mercado internacional de emisiones’, explica Janet Redman, de la Red estadounidense Energía y Economía Sostenibles (SEEN). ‘Ocho años después, la cartera del Banco se compone de más de diez fondos de este tipo, por un valor que supera los dos mil millones de dólares’. Sin embargo, el Banco Mundial tiene un historial que deja bastante que desear en relación con los bosques. Durante los años ochenta, este organismo financió una serie de desastrosos proyectos de tala industrial, megapresas y construcción de carreteras que abrieron el camino hacia una deforestación incontrolada. Las crecientes críticas desembocaron, en 1991, en una nueva política forestal que, al menos sobre el papel, acababa con el apoyo del Banco a la tala comercial y ponía el acento sobre la conservación de los recursos y los derechos de los pueblos. Sin embargo, en la práctica, el Banco siguió incentivando la destrucción de bosques a través de sus programas de ajuste estructural. Pasado un tiempo prudencial, en 2002, emitió una política forestal revisada que marcaba su regreso a un papel más activo en el sector. La retórica de la ‘gestión forestal sostenible’ no bastó para ocultar el hecho de que el Banco había vuelto a las andadas, promoviendo la tala de árboles y el crecimiento de plantaciones a expensas de las selvas vírgenes. A principios de 2007, por ejemplo, el Banco puso en marcha un plan estratégico para invertir en hasta siete millones de hectáreas de nuevas plantaciones industriales en Indonesia. Además, un informe interno presentado el pasado octubre señalaba que las actividades del Banco en la República Democrática del Congo desde 2002 habían fomentado la destrucción de los bosques por parte de empresas extranjeras y puesto en peligro los medios de vida –y por tanto la supervivencia– de en torno a medio millón de pigmeos congoleños. Los antecedentes del Banco en el Amazonas no son más halagüeños; la institución financia plantaciones de soja y actividades ganaderas en la zona, con lo que exacerba la deforestación a gran escala. El FCPF, que concibe los proyectos piloto REDD como un método para estimular el mercado internacional de créditos de derechos de emisión a partir de la ‘deforestación reducida’ se debería entender en este contexto; es decir, no tanto como una estrategia para proteger los bosques, sino más bien como una forma de hacer que el dinero crezca de los árboles. Colgando un precio a los bosques Un programa de este tipo está plagado de problemas, y las pruebas de los proyectos de comercio de emisiones ya en marcha demuestran por qué. Según el Informe Stern, presentado por el Gobierno británico en 2006, el cambio climático constituye ‘el mayor fracaso del mercado jamás visto en el mundo’; aún así, contra toda lógica, defiende que se amplíen los mercados de emisiones. Estos mercados adoptan la forma de lo que se conoce como comercio de derechos de emisión, un sistema que permite a los actores que contaminan pagar a otros para que rebajen sus emisiones y, así, no tener que reducirlas ellos mismos. La idea, integrada en el Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), es que los mercados de emisiones ofrecen un sistema eficaz para reducir las emisiones globales porque la mano oculta del mercado conducirá las inversiones hacia los recortes que sean más baratos. En la práctica, sin embargo, el MDL da carta blanca para seguir contaminando en el Norte, donde empresas y gobiernos tienen una opción barata para seguir con sus negocios, y en el Sur, donde los proyectos MDL que generan la mayoría de créditos garantizan subvenciones a algunas de las empresas más contaminantes del mundo. Los proyectos REDD aplican un enfoque parecido al problema de la deforestación, y reducen una cuestión extremadamente compleja a un simple mecanismo mercantil que encaja con los modelos de los economistas más convencionales. ‘La propuesta REDD simplifica la función de los ecosistemas forestales, como si sólo fueran un almacén de carbono’, sostiene la organización Wahli, de Amigos de la Tierra Indonesia. Esta visión del problema subestima el papel de los bosques como zonas de captación de aguas, hábitats de biodiversidad y fuente de medios de vida para pueblos indígenas y comunidades forestales. Se corre además el riesgo de que los programas para ‘evitar la deforestación’ se conviertan en otra herramienta para que los países ricos eludan las obligaciones que deberían asumir por su consumo excesivo y por no reducir las emisiones. ‘El debate sobre REDD propicia que el acento pase del comportamiento del Norte a lo que está sucediendo en el Sur, lo cual resulta políticamente más aceptable para los país industrializados’, comenta Jutta Kill, de la red europea sobre recursos forestales FERN. Pero el carbono almacenado en los bosques no sería equivalente al dióxido de carbono que se libera con la quema de combustibles fósiles. ‘El carbono de los bosques se libera a la atmósfera en determinado momento, como parte de todo un ciclo natural, mientras que la emisión de dióxido de carbono fósil sólo funciona en una dirección’, explica Jutta Kill. En el caso de las plantaciones industriales de árboles, esta capacidad de ‘almacenamiento’ es muy breve, ya que el sistema funciona plantando árboles de crecimiento rápido como el eucalipto, que se tala después de entre ocho y 15 años. Por este motivo, entre otros, la propuesta de que las plantaciones forestales se incluyan como ‘sumideros’ de carbono en el marco del MDL resultó muy polémica cuando se empezó a negociar el Protocolo de Kioto. REDD: alerta roja Cuando se aprobó el Protocolo de Kioto, las medidas para proteger los bosques vírgenes quedaron excluidas del MDL con el pretexto de que las inversiones en proyectos de deforestación en una zona desplazarían el problema a otras áreas. Los programas REDD que se están discutiendo ahora intentan abordar esta cuestión solicitando que la deforestación se reduzca por países y no por proyectos, lo cual dará pie a toda una serie de nuevos problemas. ‘En muchos países tropicales, los Estados (...) definen legalmente las selvas restantes como “tierras estatales”’, explica Tom Griffiths, del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP). Esto les permite ignorar por completo las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas. Con la propuesta REDD, en que los pagos serían administrados de forma verticalista –por el Gobierno, las empresas y las ONG conservacionistas–, “el riesgo está en que los pueblos que dependen de los bosques sean desalojados para ‘proteger unas “reservas” de carbono forestal muy lucrativas’. Los verdaderos impulsores de la deforestación Este enfoque apunta a pueblos indígenas y marginados como ‘impulsores’ de la deforestación. En la península de Kampar, en la provincia indonesia de Riau –donde, además de una rica biodiversidad y de una especie amenazada como el tigre de Sumatra, se encuentra una de las mayores turberas del mundo– la empresa papelera APRIL ha propuesto plantar un ‘anillo’ de árboles para proteger los bosques de la tala ilegal. En estos momentos, está buscando financiación para el proyecto a través del programa REDD. Sin embargo, el proyecto despejaría directamente casi la mitad de la cubierta forestal restante en la región, y no haría nada para abordar el principal problema de la deforestación en la zona: la sobrecapacidad de las fábricas de papel de APRIL y de la empresa rival, APP. Las dos compañías, en total, procesan más de cuatro millones de toneladas de pasta de papel al año, la mayor parte del cual es fruto de la deforestación de los bosques vírgenes de la región y se exporta al Norte como pasta o como papel. Pero el problema no sólo se limita a la provincia de Riau. En gran parte de Indonesia, las exigencias de la industria maderera se están viendo exacerbadas por la expansión de las plantaciones de palma aceitera. El Gobierno indonesio ya ha otorgado concesiones para la tala y el desarrollo de plantaciones en más de 60 millones de hectáreas (un territorio equivalente al Reino Unido y Japón juntos). El aceite de palma se utiliza en toda una serie de alimentos y productos cosméticos con destino a Europa, entre los que se incluirían marcas tan conocidas como Kit-Kat, Pringles, la margarina Flora y el champú H&S. La expansión de estas plantaciones de palma aceitera está siendo alimentada por el creciente comercio de agrocombustibles, estimulado por los objetivos y los subsidios de la Unión Europea y los Estados Unidos en materia de ‘biocarburantes’. La propuesta REDD, por tanto, no hace nada para frenar a los verdaderos impulsores de la deforestación. ¿Qué alternativas? Entonces, ¿dónde estaría la solución? No hay respuestas sencillas, pero los activistas de Riau y del resto de Indonesia reivindican que se imponga una moratoria sobre la tala en las turberas del país, así como la reestructuración nacional de las industrias papeleras. ‘Hay muchos factores que estimulan la deforestación, como el comercio internacional de soja y papel, y los objetivos de biocombustibles de la Unión Europea’, señala Jutta Kill. ‘Habría que empezar por encarar esos factores antes de lanzar dinero a las empresas que están cortando árboles, ya que así les damos incentivos para que sigan haciéndolo’. De hecho, los incentivos económicos podrían desempeñar un papel importante, siempre que vayan acompañados del reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y de proyectos educativos. Estas medidas, que costarían mucho menos que la financiación propuesta para el proyecto REDD, podrían funcionar realmente para evitar la deforestación. Pero es improbable que aparezcan en los libros contables de un programa de comercio de emisiones cuyo principal objetivo parece ser ofrecer a los países del Norte otra vía para eludir su obligación de rebajar las emisiones en origen.