De la lucha contra el ALCA a la “integración de los pueblos”: movimientos sociales y procesos de integración

01 Mayo 2007
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Desde la última década, una variedad de movimientos sociales de todo el continente debate activamente la agenda internacional y regional de cada país. Se trata de un hecho inédito, en el que se vinculan las estrategias de inserción comercial global con los modelos de sociedad en discusión. Esto plantea un desafío nuevo para los actores tradicionales de la política internacional –incluidos a los Estados nacionales–, pero también para los mismos movimientos sociales.
Las Américas han sido testigo durante la década de los noventa y lo que va de la presente de una movilización social intensa en lo que podemos denominar la esfera pública continental; es decir, un espacio único de debate y acción pública que excede el ámbito y las dinámicas de cada uno de los Estados nación. Acompañando y contribuyendo de manera intensa, los movimientos y organizaciones sociales implementaron nuevas tácticas y estrategias para volver más eficiente sus luchas y, en algunos casos, hasta para sobrevivir en esta nueva arena que se presentaba, entre otras formas, bajo iniciativas tales como los acuerdos de libre comercio. En el nivel nacional, el mismo paquete era implementado a través de desregulación y apertura general de la economía, privatizaciones, reforma del Estado y flexibilización laboral, entre otros iconos de políticas públicas de aquellos años. Los efectos nocivos de las políticas públicas en los dos niveles –identificadas por estos movimientos y organizaciones como parte de una misma cosa– sobre amplios sectores de la población de los países del continente serán el gatillo que disparará a fines de los años ochenta el inicio de la movilización social continental que terminaría con la creación de una Alianza Social Continental –una red de movimientos, redes y organizaciones sociales que incluye coaliciones nacionales de la mayoría de los países de las Américas– y una gran Campaña Continental contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esta etapa “defensiva” de movilización –la resistencia contra los acuerdos de libre comercio–, que caracteriza la acción de los actores sociales reunidos en esta coalición entre 1994 y 2005, entrará a partir del estancamiento de las negociaciones del ALCA en noviembre de éste último año en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en una nueva etapa en la cual la “resistencia” se complementará con un diálogo creciente con los procesos reales de integración en curso o lanzados recientemente. Estas notas contribuyen a entender el proceso en su conjunto y a analizar los desafíos actuales que se presentan, tanto para los movimientos y organizaciones sociales como para los Gobiernos de la región, en esta coyuntura política sensiblemente distinta de la que predominó en lo que genéricamente podemos considerar los años noventa. De quién estamos hablando Como ya hemos señalado, este período es testigo de la entrada en el debate del conjunto de movimientos que desde 1997 venía construyendo un espacio de dimensiones continentales en oposición al llamado “libre comercio”, en alusión obvia a la ola de acuerdos que, bajo el rótulo de “tratados o áreas de libre comercio”, (1) expresa la voluntad del Gobierno de los Estados Unidos, empujado por las grandes empresas de ese país, de generar marcos regulatorios que faciliten: el acceso a los mercados de la región para sus bienes y servicios; y garantías para sus inversionistas (sea a través de reglas para inversiones como de reglas de propiedad intelectual y mecanismos de resolución de disputas, entre otros). La Alianza Social Continental primero y, enseguida, la Campaña Continental Contra el ALCA fueron la expresión en las Américas de una movilización de carácter innovador por su estructura y tipo organizativo, pero fundamentalmente por el hecho de oponerse con firmeza a la llamada “globalización neoliberal”, tanto en su faz doméstica –muchos de estos movimientos y organizaciones fueron durante el período los articuladores de las resistencias a las privatizaciones, a la desregulación de la economía, a la apertura económica y a las diversas formas de flexibilización y precarización del trabajo– como en la dimensión internacional del fenómeno, que fue de hecho lo que facilitó la concienciación y la necesidad de articular una resistencia que fuera más allá de las fronteras nacionales. Curiosamente, la semilla de esta movilización vino del país más al norte de las Américas: de los sindicatos, movimientos y organizaciones sociales canadienses que fueron los primeros en oponerse férreamente a una acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (1989, CUSFTA), y después a su extensión a México, ya en 1994, con el NAFTA-TLCAN. En los años del Nuevo Orden global y de la hegemonía sin contestación del Consenso de Washington, no fue fácil obtener victorias significativas. Algunos, como en el caso de los ambientalistas y sindicatos de los Estados Unidos, negociaron mecanismos blandos de protección que fueron incorporados como anexos a los acuerdos del NAFTA. Pero fue incluso en el transcurso de la aplicación del NAFTA en aquellos tres países, junto con la creciente constatación empírica de que las políticas neoliberales no estimulaban necesariamente el desarrollo integral de las economías de nuestros países, lo que hizo que en el continente fuese creciendo la resistencia y ésta dejase de parecer una locura negativista de las izquierdas sociales. Fue en este contexto que, habiendo sido lanzada en el año 1994, en 1997 el ALCA provocó la movilización y la revuelta de organizaciones que venían acompañando el proceso, todavía sin decidirse por una clara oposición. Consiguieron reunirse en Brasil, en Belo Horizonte, y conformar esa articulación continental seminal que luego devendría en lo que hoy conocemos como la más amplia y duradera coalición de movimientos sociales del planeta. En el ínterin, varios factores influyeron. En primer lugar, el levantamiento zapatista, que comienza el 1 de enero de 1994, exactamente el día de entrada en vigor del NAFTA. Se produce en el corazón de las Américas y está impregnado de una mística de izquierda renovada, después de la caída del Muro de Berlín y del fin del “socialismo real” de la Unión Soviética. En medio del nihilismo posmodernista, el zapatismo ofreció una prosa que, avanzada en términos “instrumentales”, proponía un horizonte de lucha y liberación instigante para amplios sectores juveniles y militantes del continente y del mundo. Fue el combustible de una rebeldía inorgánica, pero masiva, a los dispositivos del mundo neoliberal. Este combustible, más un cierto aprendizaje de la batalla virtual contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), fueron sin duda las claves para la irrupción caótica, pero visible a escala mundial, de la protesta contra la OMC en Seattle como primera gran reacción “mundial” a la globalización neoliberal. Por cierto, el poder de Seattle, además de influir en la debacle de la reunión ministerial, fue crear un nuevo tipo de acción que, en lo sucesivo, sería paradigma del llamado “movimiento antiglobalización” y que tendrían en nuestra región un efecto poderoso en la resistencia al ALCA que venía articulándose de forma lenta, pero firme, desde 1997. En 1998, se realizó, de forma paralela a la Segunda Cumbre de la Américas, la primera Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile, un evento que, a pesar de superar las expectativas de los organizadores y de tener un significado importantísimo en la trayectoria del movimiento, no consiguió ni de cerca el impacto de Seattle. Chile, es verdad, no era el ámbito propicio para grandes acciones; no obstante, era evidente que, a escala internacional, todavía existía otra idea de cómo hacer las cosas y todavía los grupos que llegarían a Seattle no habían vuelto su energía militante hacia este tipo de manifestaciones. Después de Seattle, era imposible mantener aquel camino de “baja intensidad”, incluso porque hacerlo hubiera significado quedar lejos de amplios sectores que parecían dispuestos a movilizarse y que lo harían de todas maneras. En esta trayectoria, el camino de la construcción continental verá también la irrupción del Foro Social Mundial (2000), arena que estimuló el intercambio de experiencias de lucha, expandió lecturas críticas de las realidades, anticipó conflictos y contribuyó a difundir también alternativas políticas y de gestión. En el caso de las Américas, ayudó a facilitar el vínculo entre los actores. Por un lado, aquellos que ya venían trabajando en torno al “libre comercio” y, por otro, las izquierdas sociales que se disponían a crear una lectura común de la realidad de nuestro continente y a generar la conciencia de los problemas compartidos. Por fin, estas tendencias convergieron en Québec, en abril de 2001, para la celebración de la Segunda Cumbre de los Pueblos, que da el acabamiento final a esta obra que venía construyéndose desde un tiempo atrás. Québec fue el Seattle de los movimientos americanos, porque Seattle fue protagonizado fundamentalmente por organizaciones del Norte, mientras que Québec, estando incluso en el norte, fue una expresión de la resistencia continental. Allí se juntaron el aluvión de jóvenes desencadenado en Seattle con los grupos autonomistas de Québec y la articulación continental en construcción. Québec dio visibilidad a todo eso y contribuyó de forma contundente a la movilización que luego se produciría, a la identificación del descontento con aquello que nadie todavía conocía muy bien –el ALCA– y, finalmente, con la decisión final de esta Alianza Social Continental de decirle “no al ALCA” y, en el entusiasmo de la Segunda Cumbre de los Pueblos y de la presión para una radicalización del mensaje por parte de muchos grupos y movimientos del continente, lanzar una Campaña Continental Contra el ALCA. En 2002, en el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre de aquel año, se lanza la Campaña y la Consulta Continental sobre el ALCA, que consolidará la construcción hemisférica del espacio y lo lleva a su masificación –con diversos tonos, dependiendo del país–, pero de hecho estimulará la creación de comités de campaña multisectoriales en casi todos los países de las Américas. Esta experiencia sería también la base de las posteriores resistencias desarrolladas en los países que luego entrarían en conversaciones bilaterales o regionales de libre comercio con los Estados Unidos, Europa y Canadá. Finalmente, es la base de la oposición a la OMC, más fuertemente consolidada en algunos países por más que esté en las agendas de todos los movimientos y ONG de este espacio. Tres casos Vale la pena referirse a algunos casos nacionales para ejemplificar el tipo de actores y los intereses en juego detrás de las acciones de oposición al libre comercio en los países de la región. Canadá, Argentina y Brasil son buenos ejemplos de la diversidad de estos entramados sociales. Canadá En el Canadá angloparlante, las coaliciones de resistencia al CUSFTA –y luego al NAFTA y al ALCA– se articularon en torno a dos polos: uno de base sindical, impulsado por el Canadian Labor Congress, que reunió en torno a sí a organizaciones religiosas, ONG ambientalistas y centros de estudio progresistas, y otro que reunía a ONG más radicales pero menos representativas en términos cuantitativos. El primer polo construyó la coalición Common Frontiers y sería el grupo más estable en el transcurso del largo período 1989-2005. Las bases del enrolamiento de las organizaciones en este tipo de coalición, en el caso canadiense, se sostuvieron en torno a la defensa de los intereses nacionales del Canadá, el problema de cesión de soberanía y, en particular, la amenaza a la identidad simbólica del pueblo canadiense; el peligro a la igualación hacia debajo de los estándares sociales (Canadá conserva mecanismos de bienestar que los Estados Unidos no poseen); y finalmente, la amenaza a las condiciones de trabajo, en particular del sector metalúrgico-automotriz instalado en Canadá pero de origen estadounidense. La implementación de estas estrategias nacionales se complementaría luego con la internacionalización sustentada en juicios pragmáticos acerca de la necesidad de generar obstáculos múltiples a una negociación que, como la del NAFTA, se desarrollaba en varios países. Y este mismo cálculo sostiene los movimientos hacia la continentalización a partir de 1994. Brasil En el caso de Brasil la movilización contra el ALCA se sostuvo en motivaciones pragmáticas –consolidación del modelo del agronegocio frente al de la agricultura familiar y campesina, destrucción de empleo vía apertura económica, bloqueo potencial del desarrollo autónomo vía liberalización de compras gubernamentales, fijación de aranceles, normas de inversiones, entre otras– y en una caracterización del ALCA como extensión de las medidas políticas del presidente Fernando Henrique Cardoso y expresión de la voluntad hegemonista de los Estados Unidos en la región por encime de la autonomía de los países (el lema adoptado era “soberania sim, ALCA nã”, es decir, “soberanía sí, ALCA no”). En este sentido, la campaña reunió a un amplísimo espectro de organizaciones y movimientos sociales que iban desde la Central Única dos Trabalhadores (CUT), al Movimiento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), las pastorales, Cáritas, la União Nacional dos Estudantes y otras organizaciones populares del campo opositor a Cardoso. La campaña brasileña tuvo su momento alto en 2002, con la realización de la consulta popular que movilizó a 10 millones de votantes. Argentina El caso argentino, a diferencia de los otros dos ejemplos en los cuales la coyuntura política favorece el debate sobre el tema, se da en un momento en el que la crisis ya está desencadenada y el debate público es intenso en torno a cuestiones nacionales. Sin embargo, hay una dimensión internacional de este debate que permite la construcción de un espacio amplio, la “Autoconvocatoria No al ALCA”, que reunirá a organizaciones y movimientos sociales y políticos críticos. Los pilares de esta movilización serán la Central de Trabajadores Argentina (CTA), movimientos piqueteros (“Barrios de Pié”), ATTAC, Madres de Plaza de Mayo, MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) y Diálogo 2000-SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), junto con otras organizaciones sociales de menos peso. La creación y adhesión a este espacio se sustenta en la percepción política del vínculo entre el ALCA y la crisis, cuyos orígenes son identificados con las políticas de los Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales en la región. En este registro, la lucha contra el ALCA es la lucha contra los males del país y enrolarse en ella se presenta como parte de la misma lucha en el nivel internacional. En Argentina, la consulta popular reunió en noviembre de 2004 a 2,5 millones de votantes. El cambio en la coyuntura de las Américas Otra vez en la dinámica internacional reconocemos al espacio que, influenciando e influenciado por los espacios partidarios y no partidarios de lo que con matices e imprecisiones puede ser denominado como “popular” o progresista de las Américas, irá encontrando interlocutores gubernamentales que propondrán diálogos y alianzas en la construcción de una visión autónoma del continente y de los países, fundamentalmente de América Latina. En este campo, a la interlocución con el gobierno cubano, que data de 2001, y la facilitación por parte de éste de un espacio para desarrollar estrategias y debatir ideas en el marco de los Encuentros Hemisféricos de Lucha Contra el ALCA, se suman las relaciones con el gobierno del presidente Hugo Chávez de Venezuela; la llegada al poder de Lula, que significará también un cambio en el patrón de relación con los movimientos sociales –el Partido dos Trabalhadores y el Partido Comunista do Brasil ya habían sido miembros de la Campaña Brasileña contra el ALCA– y una visión diferente del Gobierno anterior en relación con los acuerdos de libre comercio; la sorpresa política de Kirchner en Argentina; la victoria del Frente Amplio en Uruguay y, por fin, la llegada al Gobierno de Evo Morales en Bolivia. Todo esto hace que los cimientos sobre los cuales se había construido el movimiento –la oposición al libre comercio como expresión continental de la resistencia al imperialismo y a la hegemonía estadounidense y sus Gobiernos amigos– enfrente grandes, pero positivos, desafíos. En primer lugar, como vimos, muchos Gobiernos son elegidos con un discurso que recoge el cansancio popular frente a las políticas neoliberales; ya no todos los Gobiernos son los “enemigos” del movimiento. Y, en segundo lugar –y a raíz de esta nueva situación–, el movimiento es interpelado directamente a contribuir con ideas para el desarrollo de aquello que un sinnúmero de veces había defendido, esa “otra América posible”. Procesar esta situación implicó largas sesiones de debate y todavía presenta problemas. La evaluación de los movimientos es que, de alguna forma, éste es un destino ineludible: renunciar a enfrentar este desafío significaría tanto la deslegitimación por incoherencia como la pérdida de una oportunidad política histórica, las dos cosas conducirían al debilitamiento y posible fin político de la coalición social. Sin embargo, los actores sociales saben que hacerlo sin mantener la autonomía política también conlleva riesgos políticos altos. De las “ideas alternativas” a las “propuestas alternativas”: el proceso La Cumbre Social por la Integración de los Pueblos de Cochabamba expresó este estado de cosas. Por un lado, la cuestión política de contribuir en Bolivia con un proceso político nacional encabezado por el MAS (Movimiento al Socialismo), que antiguamente era llamado “instrumento político” y que no era sino la herramienta política de los movimientos campesinos e indígenas cocaleros que junto a otros fueron la base del Movimiento Boliviano de Lucha Contra el ALCA. Es decir, un Gobierno que es expresión de los movimientos, gestionado por los compañeros y compañeras del movimiento que, a pesar de que ahora debían dialogar con la “lógica de gobierno”, defendían muchos de los valores e ideas del movimiento, entre ellas la formulación del Tratado de Comercio de los Pueblos, que hacía mención explícita a las contribuciones de Alternativas para las Américas de la Alianza Social Continental (ASC). Un Gobierno que, por vía de estas acciones, puede transformarse en referencia en términos de alternativas de gestión en el mismo sentido que alguna vez lo hicieran el presupuesto participativo de Porto Alegre. Por otro lado, aparecía la evidencia de que la lucha ya no se daba en el terreno genérico de las “Alternativas para las Américas” y que era necesario avanzar en la elaboración de propuestas de un nivel de concreción mayor que aquel teórico formulado como respuesta al ALCA y a los acuerdos de “libre comercio”. “Bajar a tierra” estas ideas significaba también comenzar a discutir los procesos reales de integración que están en negociación ante la evidencia de que no es posible comenzar todo de nuevo y de que, con voluntades políticas afines en el liderazgo de los procesos, éstos mismos pueden “nortear hacia el sur”, o sea, hacia un rumbo distinto del que tuvieron hasta hace poco. En el caso del Mercosur y de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), se trataba de intentar salir de aquella imagen de “ALCA regionales”, de los empresarios y de las fábricas de automóviles, para pensar en mecanismos de integración sensibles a las diferencias (asimetrías), a las necesidades de los pueblos, del medio ambiente, y orientado hacia un destino común más allá de lo estrictamente económico. En este sentido, desde hace ya un tiempo, las organizaciones sociales que se reúnen en la ASC percibieron que aquella propuesta alternativa (“Alternativas para las Américas”) (2) no constituía una herramienta útil para el diálogo con los procesos reales de integración y que de hecho no tenían una posición clara sobre el tema. Sea por la cuestión de la “continentalidad” del espacio o porque no existía aún una acumulación de discusión o consenso suficiente (por ejemplo, siempre hubo voces divergentes en relación al Mercosur), no existía un posicionamiento claro ante la integración en curso. En algunas de las experiencias regionales, claramente, la visión era crítica (CAN y SICA). El desafío fue entonces comenzar los debates sobre el tema e intentar generar una posición común sobre los procesos en concreto. Así, en el espacio del Mercosur, por ejemplo, este grupo de actores sociales –entre los cuales se encuentran varios que tienen una larga tradición de participación y compromiso con la construcción del bloque– promovió una serie de debates en torno al “Mercosur que queremos”, con el objeto de debatir fundamentalmente con aquellos que no participan en el proceso o desconfían de él. En el caso de las regiones más críticas, comenzó a darse una revalorización del espacio regional a partir de resistencias comunes a los acuerdos birregionales propuestos por los Estados Unidos (CAFTA y TLC andino) y luego por la Unión Europea. En este sentido, se dieron dinámicas regionales en la que el tema “integración” comenzó tímidamente a formar parte de la agenda de prioridades. Por fin, el tema recibió un impulso desde lo continental a través del contacto con las experiencias vividas en otras regiones, en particular por los “aires del Sur”. El lanzamiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones (hoy Unión o Unasur), y en especial la cumbre de Cochabamba, ofrecieron el recipiente y el escenario ideal para que los movimientos sociales discutan la integración de forma más sistemática. Según la ponderación de los propios actores sociales, el hecho de que hasta ahora la Comunidad Sudamericana de Naciones (hoy Unasur) no haya pasado de ser una voluntad política y un proyecto de infraestructura (IIRSA o Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) y no tenga un formato definido, ni una institucionalidad clara, representa una oportunidad política clara, pues facilita la introducción de sus ideas y propuestas por la vía de los Gobiernos que se manifiestan más sensibles a éstas. En el caso de esta Cumbre, la situación se vio favorecida por el hecho de que el Gobierno boliviano puso mucho énfasis en la relación con la sociedad civil y facilitó los contactos con la esfera oficial. El sentido que el presidente Evo Morales le quiso dar a la Cumbre y, en general a la Unasur en su conjunto, expresado en la carta con la cual invitó a los demás presidentes, fue muy bien recibida por los movimientos sociales y generó muchas expectativas y simpatía por el proceso. Finalmente, el IIRSA ofreció el elemento que por la negativa contribuyó a estimular los debates, las propuestas y la movilización en torno a la Unasur. Para los movimientos sociales, el proceso de construcción de la Cumbre Social de Cochabamba tuvo, en el aspecto programático, el desafío de producir, en un corto período de tiempo, propuestas temáticas que consigan dialogar con el proceso oficial al mismo tiempo que permitan mantener los consensos y la unión de la coalición que siempre fue considerada uno de sus principales valores políticos. Para esto, se debieron enfrentar dificultades concretas, la primera de ellas devenida del hecho de que el consenso entre actores tan diversos se construye más fácilmente en torno a la resistencia que en torno a propuestas concretas; la segunda, derivada del hecho de que, por cuestiones de recursos, no habría reuniones presenciales y el tiempo “virtual” suficiente como para que el debate “sedimentase” en buenos productos. Una tercera dificultad venía del imperativo de actuar a tiempo sobre el proceso de negociaciones y reuniones oficiales que se estaba llevando adelante desde diciembre de 2005, sabiendo que, para ello, además de las demandas básicas de participación y transparencia, era necesario expresar ideas de contenidos concretos sobre la Unasur. Superando las expectativas propias, el proceso se llevó adelante con éxito. Fue posible la elaboración de un documento temático de 21 puntos que se entregó a la reunión ministerial preparatoria de la Cumbre (noviembre de 2006, Santiago de Chile), y grupos temáticos internacionales construyeron una serie de propuestas y una declaración que fueron presentadas a los viceministros en una sesión especial de la Cumbre, y debatidas con funcionarios de áreas de gobierno específicas. Finalmente, se entregó una declaración a los presidentes, a través del anfitrión, Evo Morales. La Cumbre de Cochabamba significó un nuevo momento para estos movimientos. En Mar del Plata, en noviembre de 2005, se celebró la tercera Cumbre de los Pueblos, un tipo de Cumbre que fuera inaugurado en Santiago de Chile y que combinaba resistencia con propuesta, pero que, ante la presencia del ALCA, priorizaba sin discusión la protesta y la movilización en contra, sin diálogo con los Gobiernos porque en la resistencia estructural a esa propuesta, ningún diálogo era posible sin legitimarla. En Cochabamba, por el contrario, el énfasis se puso en la construcción de propuestas alternativas para la incidencia en el proceso real de la Comunidad Sudamericana de Naciones, más de 4.500 personas organizadas en torno de ello, trabajando de forma inédita también en crear posición política y, por fin, teniendo un éxito relativo al hacerlo. ALBA, Mercosur y movimientos sociales Otros dos elementos provenientes de las esferas gubernamentales configuran el nuevo escenario descrito sobre el que deben reaccionar los movimientos sociales: el lanzamiento y la progresiva consolidación del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y la voluntad política de construcción de revitalizar al Mercosur. El ALBA es el elemento más disruptivo en lo que era la escena de la integración en la región. Es una propuesta de otro tipo, que atiende más a afinidades políticas –pero no sólo– que a proximidad geográfica, como en los casos de integración anteriores. El tema es que, al hacerlo, identifica esas propuestas con elementos que estaban en el acervo de ideas, valores y propuestas de los movimientos –incluso la mención explícita a “Alternativas para las Américas”– junto con el espíritu autonomista y anti-ALCA que encarna con cierta fanfarria. De esta forma, la interpelación es directa y se expresa, fuera del ámbito discursivo, en invitaciones concretas a diálogos e iniciativas de cooperación. El Foro Social Mundial en Caracas, la Cumbre Enlazando Alternativas 2 en Viena, la propia Cumbre Social de Cochabamba y, más recientemente, la reunión para conmemorar el cuarto aniversario del ALBA en Tintorero (Venezuela) fueron escenarios de este diálogo. La cooperación entre el MST y el Gobierno venezolano para el desarrollo agrario en Venezuela son un ejemplo concreto de iniciativa conjunta bajo el paraguas ALBA. El nivel de iniciativa y los recursos políticos y extrapolíticos de esta iniciativa, a la cual se le suman simbólicamente los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) que lanzara Evo Morales, ha producido grandes debates dentro del movimiento. Debates que, por ahora, se han saldados mediante la formula “apoyo + reafirmación de la autonomía del movimiento”, que implica, entre otras cosas, mantener capacidad de iniciativa propia y, fundamentalmente, autonomía a la hora de realizar críticas. Finalmente, en lo que se refiere a participación y transparencia, el reclamo de una formalización más clara comienza a ser atendido con la reciente creación de un Consejo de Movimientos Sociales del ALBA que, sin embargo, aún no tiene formato ni reglas precisas y ha despertado la alerta de aquellos que, teniendo interés en participar, no ven aún con claridad cómo hacerlo. Las Cumbres Sociales del Mercosur han sido la gran novedad en términos de iniciativas gubernamentales de participación de los actores de la región. Se originan en una iniciativa uruguaya que reunía a actores gubernamentales y de la sociedad –Somos Mercosur–, que luego se transformaría en programa de gobierno durante la presidencia pro tempore de la Argentina y que, finalmente, fue formateada y llevada a la práctica en Brasil en el mes de diciembre del año 2005. La Cumbre Social, que de alguna forma se inspira en el modelo “cumbre social paralela”, presenta algunas peculiaridades que todavía dejan dudas sobre su naturaleza. Lo primero es que se trata de una Cumbre Social promovida y organizada por los Gobiernos, distinto a las cumbres sociales que son siempre, por más que algunas de ellas pueda ser promovidas por Gobiernos, organizadas por la sociedad civil. Segundo, que siendo así, se la puede entender como espacio de deliberación entre la sociedad y los Gobiernos, pero es más difícil entender que puedan emitir una declaración conjunta siendo que, en muchos casos, la visión del Gobierno es distinta a la de la sociedad y que, lejos de ser indeseado, esto es necesario. Y tercero, no queda claro aún cuál es el papel de las Cumbres, pues ya existen mecanismos formales, que pese a sus limitaciones, funcionan como instancias de participación social (el Foro Consultivo Económico y Social, las reuniones especializadas, etc.). Sin embargo, más allá de esto, hay una percepción positiva de las iniciativas y, al igual que en el caso del ALBA, las organizaciones han querido hacer énfasis en la autonomía como condición sine qua non para cualquier relación, diálogo y/o participación en el proceso, de allí la preocupación por la Cumbre en el marco de un interés creciente en intensidad y número de actores sociales por los asuntos de la integración. La consolidación del escenario y el debate de hoy A manera de reflexión final, deben mencionarse algunas preocupaciones que expresan el debate de los movimientos sociales sobre la coyuntura regional y los procesos de integración en particular. 1) Divisiones dentro en el campo “progresista” - Saludada como única, la coyuntura actual de América Latina es vista con buenos ojos por los movimientos y organizaciones sociales de la región, y en esta perspectiva el interés por la integración es una expresión de ello. Sin embargo, preocupan algunas señales contradictorias que vienen de ese mismo campo, proclives a la creación de dinámicas competitivas o disruptivas entre socios que erosionan cualquier chance de integración real. 2) Palabras y hechos - Otra preocupación, fuertemente expresada en el caso del Mercosur, es la lentitud del proceso en relación a las expectativas generadas especialmente por la agenda de Objetivos 2006. Mientras se ven con beneplácito la puesta en marcha del Parlamento Mercosur, la creación del FOSEM (Fondos Estructurales del Mercosur) y hasta la aceptación del MAC (Mecanismo de Adaptación Competitiva), se verifica también un descenso general de la actividad extrapolítica dentro del Bloque, en particular, de aquellas que tienen más impacto en el empleo y las políticas sociales en general. 3) Ritmos y autonomía - Así como los procesos de integración y las iniciativas políticas en ese marco tienen sus ritmos, lo tiene también el involucramiento de los actores sociales. En este marco, hay un límite que no debe ser transpuesto entre la demanda de participación como genuina herramienta de construcción de políticas y la instrumentalización de la misma. El nuevo vigor de los procesos de integración debe estar atento a esto, pues la autonomía es un valor consolidado dentro de las organizaciones sociales que, cuando es amenazado, puede generar reacciones adversas. 4) Iniciativas puntuales - Finalmente se percibe que aún existen en los procesos de integración tendencias e iniciativas puntuales que pueden consolidar un modelo de desarrollo insustentable y excluyente. En particular, las expresiones que más reacción han generado son el IIRSA, el modelo energético y la consolidación de economías basadas en la producción de materias primas (agrícolas o minerales). Para los movimientos y organizaciones sociales de la región este nuevo ciclo político abierto –por poner un hito– con el fracaso de las negociaciones del ALCA luego de la Cumbre de Mar del Plata, se extenderá durante, por lo menos, los próximos tres años. Esta perspectiva indica que la realidad se estabilizará en nuevos patrones de acción y posicionamientos políticos. Ahora, descubrir si los mismos ya están presentes de forma seminal en los acontecimientos y las estrategias trazadas hasta ahora y descritas aquí arriba, o no, es una cuestión que sólo el tiempo podrá confirmar. Además de la infinidad de factores externos que pueden influenciar este escenario, hay otros internos a la relación entre este campo social y los Gobiernos que alteraron la linealidad ideológica de los años noventa que están siendo puestos a prueba en esta coyuntura, y que forman parte de la construcción histórica de un corpus de valores e ideas de cómo hacer política y de qué política pública hacer. Un corpus, una cultura política, más allá de la cual es todo ciencia ficción, o el arte de lo nuevo. Notas (1) Nos referimos aquí a los acuerdos que se iniciaron con el CUSFTA (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá, 1989) y el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá-Estados Unidos y México, en vigor a partir de 1994), y se extendieron al ALCA (comienzo de la negociación en 1994), al bilateral con Chile (2003), al CAFTA (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica, 2005-6) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) Andino. También entran en esta clasificación los acuerdos de asociación con la Unión Europea (firmados: México, Chile; en negociación SICA-UE (Sistema de Integración Centro Americana), Mercosur-UE, CAN-UE (Comunidad Andina de Naciones, y los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con los países del Caribe). Finalmente, se encontrarían también las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). (2) Para acceder al texto ir a www.asc-hsa.org
Gonzalo Berrón es investigador del Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais de la Universidad de São Paulo, Brasil, e investigador adjunto del Transnational Institute, Países Bajos.