De narcoaviones y protección policial en Bolivia

06 Octubre 1997
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Los operativos antidroga en Bolivia no pocas veces se han convertido en escándalos públicos, al vislumbrarse, y en ocasiones demostrarse, la protección de alto nivel o el involucramiento directo de altos funcionarios en el tráfico de drogas.

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El 15 de septiembre de 1995, la policía antidroga del Perú (DINANDRO) detuvo en Lima un avión de la empresa boliviana Aerobol. La nave, por el volumen de cristal de cocaína que transportaba (un poco más de 4 toneladas) entra en la historia de Bolivia como el narcoavión. Autoridades destacan el operativo como "un gran golpe al narcotráfico", pero multiples contradicciones en las emisiones oficiales levantan interrogantes que hasta hoy no han sido aclaradas. Uno de los temas que aún se encuentra en las sombras se refiere a la existencia de operativos de inteligencia policial fuera del control estatal.

Investigaciones parlamentarias del caso narcoavión establecieron que los jefes de dos departamentos de la policía antidroga boliviana (FELCN) coordinaban importantes actividades de inteligencia directamente con funcionarios estadounidenses sin el conocimiento de su comandante. Algunas de esas actividades fueron calificadas como ilegales. Surge, en este y otros casos, el nombre del Centro de Operaciones Policiales Especiales (COPES) como una unidad operativa extraoficial y con posibles raíces en épocas dictatoriales.

Los operativos antidroga en Bolivia no pocas veces se han convertido en escándalos públicos, al vislumbrarse, y en ocasiones demostrarse, la protección de alto nivel o el involucramiento directo de altos funcionarios en el tráfico de drogas. Sin embargo, no existe en la sociedad una idea clara del poder de la inteligencia, de las múltiples formas para convertirla en herramientas políticas y de las personas y estructuras que manejan estos datos. El presente artículo busca sistematizar algunos de los escándalos del pasado en su relación al caso narcoavión.

Una selección de antecedentes del tráfico de drogas en Bolivia

La Virgen de la Candelaria de Copacabana es patrona de la Policía Nacional Boliviana. Miles de funcionarios bolivianos visitan anualmente su camarín donde la Santa, rodeada por pilares de oro y vigilada por ángeles, recibe sin discriminación las súplicas y donaciones de los devotos. Pocos se fijan en la tablilla pegada a una de las paredes y que dice "Pintura del Camarín Devoción de los Prestes - Alex Pacheco S. - Otilia A. de Pacheco e hijos - 5 de agosto 1968". Fuera cuelga otra del 20 de septiembre de 1980 que recuerda un aporte de los esposos Pacheco y otra pareja cristiana.

Exactamente quince años más tarde, en 1995, después de su detención como el principal acusado del caso narcoavión, Luis Amado Pacheco Abraham alias Barbaschocas(hijo de los esposos Pacheco), cuenta a sus interrogadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) cómo su padre se introdujo en el negocio del acopio de la pasta base peruana para su transporte a Colombia desde 1975.

Para Alejandro (o Alex) Pacheco Sotomayor, Copacabana, un hermoso pueblo de casas blancas en la orilla del Lago Titicaca, era un trampolín que le permitió ganar el aprecio del Cnel. de Ejército Luis Arce Gómez (1) quien, en 1980, lo acredita como Inspector General del Ministerio del Interior de la Dictadura de la Cocaína (2), precedida por el Gral. Luís García Meza Tejada (3).

Según un informe secreto de la época de García Meza, del Servicio Especial de Seguridad del Estado (SES) (4), la estrecha relación entre Arce Gómez y Pacheco Sotomayor es vista con preocupación por otros exportadores bolivianos de cocaína y cuando, después de un año, ya no ejerce posiciones de poder, Alejandro Pacheco es detenido por Narcóticos, quedando endeudado con el traficante colombiano Lico Chávez, quien exige al hijo, Luis Amado Pacheco, el pago.

Barbaschocasse apoya en amigos de su padre, entre ellos Fernando Jaimes Viaña, con conexiones en México y Estados Unidos, y en asociación con él establece contactos para garantizar los fondos, el acopio de la merca y la cobertura para su transporte. Exporta hacia Europa, México y Estados Unidos, principalmente.

Para los empresarios bolivianos de la cocaína, la época '82-'85 está caracterizada por una creciente independización de los traficantes colombianos. (5) Bolivia marcha hacia la democracia pero no logra romper con todas las estructuras de poder construídas en dictadura, ni con la dependencia de los ingresos de la economía de la cocaína. El gobierno de Hernán Siles Suazo, primer gobierno democrático después de diez años de dictadura, enfrenta a un lado las exigencias de la Casa Blanca para reducir la oferta de coca y cocaína boliviana, y por el otro la observación del empresariado de la cocaína bien estructurado y con capacidad de adecuarse a las nuevas exigencias del mercado (por ejemplo el crack), sin entrar en conflicto con el Estado. (6)

Caso Tauro: la democracia incauta su primer narcoavión

En octubre de 1984, inmediatamente después de la destitución de Rafael Otazo (destacado por ser "el primer Presidente del Comité Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico sin vínculos con el grupo de Arce Gómez" (7)), el entonces Subsecretario del Ministerio del Interior, Gustavo Sánchez Salazar, viaja por "motivos personales" a Miami y Washington y, al poco tiempo, el Cnl. Carlos Fernández González es nombrado como nuevo jefe antidroga. Durante el breve gobierno civil de Lidia Gueiler (destituída en 1980 mediante el golpe de García Meza), Fernández había sido relevado como Subsecretario del Ministerio del Interior, debido a denuncias concretas sobre su vinculación con el narcotráfico (8); su gestión en el gobierno de Siles Suazo se caracteriza por la realización de operativos y la incautación de bienes y dineros sin ninguna fiscalización de parte de otros poderes del Estado. Junto a Gustavo Sánchez, Fernández conduce los funcionarios del SES a las estancias de los peces gordos, pero sin que se registre detención alguna.

El mismo año, Alejandro Pacheco y Fernando Jaimes sí son detenidos. En un operativo encubierto, la DEA infiltra agentes en la organización que pretende transportar, vía Caracas, una tonelada de cocaína en una avioneta presidencial boliviana. (9) Participa en el operativo Víctor Hugo Canelas Zannier, en la época Primer Secretario de la Embajada de Bolivia en Venezuela.

En cambio Barbaschocas,el hijo Pacheco, no enfrenta mayores problemas. Siempre encuentra en su camino a oficiales de Policía con la capacidad y la voluntad para tapar los errores antes que éstos se vuelvan delitos. Es decir, alguna vez llega a ser detenido pero nunca enfrenta un juicio.

En esta coyuntura Bolivia es sorprendida por la captura de un primer narcoavión. (10) Son los últimos meses del gobierno de Siles Suazo. El 2 de abril de 1985 es interceptado en el aeropuerto de Cochabamba un avión de la empresa Tauro, cargado con 1.161 kilogramos de cocaína. Se sabe que el operativo es ordenado desde La Paz, bajo responsabilidad del mando superior de la Policía Nacional Boliviana. Son detenidos en las cercanías del avión dos altos funcionarios de Narcóticos, el Tcnl. Gustavo Céspedes, Jefe Departamental de Operativos, y el Cnl. Víctor Hugo Marcowsky, Jefe de Seguridad del Aeropuerto de Cochabamba. El ex-Jefe de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cochabamba, Gregory Arce, quien fue detenido arbitrariamente durante la realización de un operativo anterior en el marco de su trabajo, asegura en una carta pública a la Prensa que "se van descorriendo los cortinajes de la protección oficial al narcotráfico". El matutino Los Tiempos, por otra parte, sostiene que "la precipitación policial durante el operativo (...) evitó que se proceda a la detención de los peces gordos, quienes presenciaron el operativo desde una determinada distancia".

El manejo arbitrario del caso Tauro conduce a la reestructuración de Narcóticos

Un día después del operativo fuga del Comando Departamental de la Policía el detenido Rogelio Suárez Cabrera, quien posteriormente es identificado por los fiscales del caso como "el principal nexo de los narcotraficantes en Cochabamba y en el país". Los oficiales de Narcóticos detenidos en el operativo son liberados y junto al Director Departamental de Policía, Cnl. Erwin Caballero Saucedo, relevados de su cargo, sin que las versiones extraoficiales, que hablan de 250 mil dólares como cancelación a estos funcionarios por "derecho de protección", conduzcan a una investigación.

Los otros doce detenidos pasan a manos del jefe nacional antidroga, Cnl. Carlos Fernández, quien encarga las diligencias de policía judicial al nuevo Director Departamental de Narcóticos, Cnl. Carlos Vizcarra Vilar. (11) En su informe, Vizcarra llega a la conclusión que 11 de los 12 detenidos son inocentes, y que los culpables del delito son Rogelio Suárez (el prófugo) y uno de los cargadores en el aeropuerto. El cuerpo de fiscales rechaza los obrados, exigiendo la libertad inmediata de 8 de los detenidos y acusando a Narcóticos de un "sistemático encubrimiento de personas con serios indicios de la comisión de delitos en casos de narcotráfico" y de "haber preparado declaraciones arregladas". Los fiscales denuncian haber recibido amenazas, responsabilizándo, en caso de que les suceda algo a ellos o a sus parientes, al Cnl. Fernández, a quien llaman "el dictador de los narcotraficantes". En carta abierta expresan que "el Comité (de Lucha Contra el Narcotráfico) se ha convertido en un Super-Estado, a tal grado que ningún boliviano puede estar seguro de contar con seguridades y garantías, y donde al contrario, los elementos delincuenciales pueden operar impunemente en todo el territorio nacional". Fernández responde que "el Ministerio Público tiene como función defender al Estado, pero en este caso defiende a los delincuentes".

La incineración de la cocaína incautada, presenciada entre otros por Gustavo Sánchez y personeros de la Embajada de los Estados Unidos, será el último acto público en el que participa Fernández en su función de Presidente del Comité. Una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional anula la dependencia directa que tiene el Comité con la Presidencia de la República y coloca a Narcóticos dentro de la estructura institucional de la Policía Nacional Boliviana, poniendo formalmente fin a un confuso paralelismo de poderes que existía desde épocas de la dictadura.

Desde un principio los investigadores policiales identifican a Jorge Roca Suárez (Techo de Paja) como el contratista del avión y el dueño de la droga incautada. Sin embargo, en el primer juicio, Roca Suárez no está incluido. El Dr. Humberto Ustariz Torrico dispone la libertad de 11 de los 12 detenidos, dejando como único acusado al piloto Mario Ríos Irigoyen. En consecuencia, tres de los fiscales del Departamento presentan al Presidente de la República su renuncia irrevocable. Un mes después, la Corte Superior dispone la revisión del caso y por primera vez se incluye al presunto dueño de la carga, quien, en julio de 1988 es sentenciado en rebelión con pena de 10 años de reclusión. El prófugo Rogelio Suárez es condenado a cinco años. Sin embargo, en diciembre de 1993 se conoce que el caso Tauro nunca fue remitido a la Corte Suprema de Justicia. (12)

El caso Huanchaca y la articulación de los grupos traficantes de droga en los '80

En septiembre de 1986, el asesinato del científico Noel Kempff Mercado y dos de sus acompañantes en la Meseta de Caparuch, cercana a un complejo gigante de acopio de precursoresy producción de cocaína, inaugura el escándalo conocido como caso Huanchaca. (13) A pesar de investigaciones realizadas por tres distintas comisiones de la Cámara de Diputados en años posteriores, el caso nunca es aclarado y hasta hoy día existen varias hipótesis respecto a las funciones, los usuarios, los dueños y los proveedores del complejo industrial.

Según Rodas Morales (1995), el caso Huanchacademostró la coexistencia pacífica en Bolivia de varias líneas del narcotráfico, cada una con sus propias rutas y modos de incorporación en la legalidad del Estado. No todas estas líneas serían afectadas de manera igual en su operatividad por la investigación y las posteriores acciones policiales y jurídicas. Rodas Morales analiza que, globalmente, los grupos cambas(del oriente boliviano) resultan más golpeados que los grupos kollas (del occidente).

Uno de los implicados que, curiosamente, no ha recibido mayor atención (ni de los investigadores de Narcóticos, ni de los miembros de las sucesivas comisiones parlamentarias) es Alejandro Pacheco. No se presenta a declarar en Santa Cruz, y su nombre desaparece de los documentos oficiales e informes de las comisiones. Uno de los miembros de la primera comisión, el diputado Edmundo Salazar, seis días antes de su muerte por asesinato en noviembre de 1986, destaca que "los parlamentarios de la oposición requirieron que se dicte (...) auto incial de procesamiento contra varias personas, en vista de existir suficientes indicios de culpabilidad. (Ellos son) Jorge Roca Suárez, Alejandro Pacheco, Tita Roca y Sergio Vaca, por presunción de ser propietarios de la fábrica descubierta en Huanchaca". (14)

Mediante la declaración ante la comisión parlamentaria del funcionario de Narcóticos Ricardo Armaza Garrido (que a tiempo de redactar el primer informe se pierde "traspapelada") se establece que personal de Narcóticos y de la DEA ya sabían de la existencia de las fábricas del caso Huanchaca siete meses antes del triple asesinato. El 19 de agosto de 1986, funcionarios de UMOPAR (encabezados por el Tcnl. Germán Linares Iturralde y dirigidos por Jimmy Bradley de la DEA), intentan aterrizar un avión DC-3 en la misma pista del complejo, justificando posteriormente su "fracaso" por el reducido ancho de la pista, afirmación de la que dudan varios pilotos que posteriormente aterrizan en la pista con aviones de tamaños iguales o mayores.

Otra declaración traspapelada es la del Subcomandante de UMOPAR, My. Ciro Jijena Centeno, quien descubrió y denunció protección de alto nivel dentro de su institución, versiones corroboradas posteriormente por el Tte. de Policía Waldo Panoso Meneses. Ambos funcionarios presentan indicios de que la protección habría alcanzado el nivel del propio Ministro del Interior, Fernando Barthelemy Martínez, mediante los agentes secretos Miguel Angel y Gabriel. (15) También el Cap. de Naval Jaime Paredes Sempértegui denuncia la protección uniformada al narcotráfico en la época del descubrimiento del caso Huanchaca.

La suerte de los denunciantes de la corrupción uniformada

Todos estos funcionarios que abren la boca sobre la corrupción en su institución son dados de baja, y contra-acusados de vínculos con el narcotráfico o el terrorismo. El caso de Paredes Sempértegui es ejemplar: según Constantino Yujra, acusado de alzamiento armado y torturado para prestar su declaración ante la Policía, "(Paredes), según él (Cnl. Antonio Rojas Trujillo, Subcomandante de Criminalística) era quien nos daba instrucción a nuestro grupo. Lo que querían era que lo involucremos nosotros (...) cosa falsa". (16)

En 1995, a raíz de las investigaciones sobre el caso narcoavión,el diputado Ramiro Barrenechea (Eje Pachacuti) denuncia la existencia de un "comando de ajusticiamiento" en el corazón de la FELCN con el que los narcos se protegerían de delatores, asegurando que desde 1990 un total de 25 oficiales habrían sido "eliminados en forma casual y sospechosa". Barrenechea declara que "policías, militares y civiles bolivianos son socios activos de fábricas de químicos instalados en Chile" y que "los informes al respecto están en manos de Inteligencia, la DEA y el Ministerio de Gobierno". (17) El Ministro de Gobierno (antes: Interior) de la época, Carlos Sánchez Berzaín, responde que Barrenechea "intimida a la FELCN a nombre del narcotráfico".

Nos acercamos a otro implicado en el caso Huanchaca, mencionado por trabajadores de la fábrica como uno de los dueños. El acusado Humberto Nicanor Gil Suárez es sobreseído por la Corte Superior de Santa Cruz sin haberse concluído las investigaciones de Criminalística y de la comisión parlamentaria. Lo curioso es que su abogada en el caso era a la vez asesora de Narcóticos. Ya antes del fallo el acusado se da a la fuga después de su internación médica con diagnóstico de preinfarto. Gil Suárez, un ex-oficial de la Armada, fue dado de baja en 1973 por narcotráfico. Un documento de la inteligencia militar -fechado en febrero de 1992 y publicado a raíz de las investigaciones del caso narconavales- lo menciona y especifica que "después de su baja reclutó (para su ilícita actividad) a cuanto oficial o sargento fuera dado de baja de la Armada". (18)

Caso narconavales: nuevas denuncias antiguas

A pesar de las denuncias concretas del diputado Barrenechea un año antes, el caso narconavalesse abre recién en enero de 1995, cuando se detiene al Capitán de Fragata Pablo Oswaldo (Sacate) Justiniano Vaca, presunto organizador de una red de protección al narcotráfico en la Fuerza Naval desde 1975. Según informes reservados posteriores, uno de los motivos del relieve del Gral. Renato López Leytón como Comandante General de la FELCN (en enero de 1995) fue el hecho que ya conocía, con anterioridad y sin actuar, las actividades ilegales de Justiniano. (19) En realidad, ya en 1987, periodistas habían establecido la existencia de estructuras de protección al naroctráfico con base en el Centro de Operaciones Especiales (COE) de la Fuerza Naval. En la época se logró establecer que "la droga almacenada en el cuartel del COE alimentó durante mucho tiempo los requerimientos de la factoría de Huanchaca". (20) En 1988, el entonces Subsecretario de Defensa Social, Jorge Alderete Rosales, después de la detención de cinco militares acusados de participación en el narcotráfico, recibió de la FELCN un informe que dió cuenta que "algunos miembros de la Armada Boliviana, acantonados en Puerto Villarroel, obstruyeron la labor (...) en la zona". (21) Los cinco militares detenidos, entre ellos el Gral. Gustavo Arrázola Valenzuela, fugaron de las instalaciones de la Policía Militar y según el fiscal de Partido en lo Penal, Jaime Catacora Linares, "nunca fueron detenidos y nadie los requirió".

Un nuevo narcoavión genera más interrogantes sobre la labor de inteligencia

El caso narconavalesse encuentra en pleno desarrollo judicial cuando, el 15 de septiembre de 1995, es detenido en Lima un avión de carga de la empresa boliviana Aerobol que transporta, además de muebles y artesanía finas, 4.173 kilos de clorhidrato de cocaína. El avión había salido en la mañana de La Paz con destino Mexicali, según el diario limeño La República, a cargo de la organización del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (22) (el Señor de los Cielos) con cofinanciamiento de Juan García Abrego, jefe del llamado Cártel del Golfo. (23) La Policía peruana aborda el avión bajo el pretexto de alarma de bomba. El piloto se comunica por teléfono con el que posteriormente se le conoce como el "jefe de la organización exportadora": Luis Amado Pacheco. Ese mismo día, en el centro de La Paz, Barbaschocases detenido, junto a su "socio principal", Luis Fernando Rivero Liendo. Las autoridades bolivianas hablan de un "golpe al narcotráfico" pero en días posteriores las contradicciones en sus emisiones son una constante y comienzan a revelarse otros escenarios del caso.

En un primer comentario, el Embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Curtis Kamman, destaca "la cooperación estrecha entre Bolivia, Perú y Estados Unidos". (24) El entonces Subsecretario de Defensa Social, Víctor Hugo Canelas, señala que "el operativo es mérito de la FELCN". Sin embargo, Augusto Francalanci, Director de Información de la Dirección Antidroga de Perú, DINANDRO, admite no haber recibido ninguna información de la FELCN. Luego, se logra establecer que la DEA desde Bolivia transmitió la información directamente a su oficina en Lima.

El periodista Carlos D. Mesa denuncia, sobre la base de información confidencial recibida, la existencia de un "grupo de élite" en la FELCN a la cabeza del Director de Inteligencia Gonzalo Butrón Sánchez, que trabajaría directamente con la DEA. Este grupo habría tenido información sobre el avión desde el día 13 de septiembre y sin embargo habría permitido su salida. Esta denuncia ocasiona que el Embajador Kamman admita que la DEA se enteró primero de la salida de un avión con drogas pero que "en cuanto lo supo avisó a las autoridades bolivianas". (25) Una semana más tarde, la DEA admite que Butrón recibió la información con anterioridad, no así el Comandante de la FELCN, Gral. Simón Sejas Tordoya, quien fue informado por el jefe de la DEA en Bolivia, Joseph López, recién el 15 a mediodía, tres horas después de la salida del avión. (26)26

En declaraciones posteriores, Sejas reconoce haber recibido advertencias de su antecesor, el Gral. López Leytón, sobre la infiltración y corrupción en la FELCN y la injerencia de la DEA en su funcionamiento. Según Sejas, él había pedido a la Embajada de los Estados Unidos "cooperación para que la DEA coordine las labores de lucha contra el narcotráfico, por haber sido testigo, en muchas ocasiones, de operativos que ni siquiera sabía la FELCN, sino organismos como la NAS, la DEA y otros". (27)

Parlamentarios de la oposición luchan por la creación de una Comisión de Investigación

Por la insistencia de los parlamentarios de la oposición, y a pesar de la negativa del Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, el 27 de septiembre la Cámara de Diputados forma una Comisión de Investigación del caso narcoavión. El Ministerio de Gobierno (y no, como es debido, el Ministerio Público) cierra la investigación policial y pasa los obrados a la Comisión.

En las primeras semanas los miembros de la Comisión pelean la amplitud de facultades de la misma, a raíz de una serie de revelaciones y denuncias que posiblemente implican en el caso al propio Carlos Sánchez, a Víctor Hugo Canelas, y al presidente de la Cámara de Diputados, Guillermo Bedregal. El diputado oficialista Edil Sandóval Morón (MNR) se apresura en declarar que "la Comisión no tiene el caracter de cabeza del Ministerio Público (...) porque de acuerdo a la Ley de Leyes esta institución es indivisible y tiene carácter autónomo (...por lo tanto la Comisión) no podrá convocar a declarar al Ministro de Gobierno (...ni tampoco al) Presidente de la Cámara Baja". No obstante, la Comisión de Constitución, encabezada por el propio Sandóval Morón, sí ejerció las funciones de cabeza del Ministerio Público en el caso narcovínculos, que investigaba presuntos vínculos del ex-Presidente Jaime Paz Zamora (MIR) y altos dirigentes de su partido con el narcotráfico. (28)

A fines de octubre de 1995 el diputado Ernesto Machicao (MNR), quien hasta entonces dirige la Comisión Parlamentaria, renuncia a su cargo para irse como Embajador a Corea del Sur. Machicao se había expresado en favor de sesiones públicas y había defendido las facultades de la Comisión para convocar a autoridades del Poder Ejecutivo, motivo por el cual fue considerado por los parlamentarios de la oposición "una garantía de imparcialidad". La situación es publicamente comparada con la de 1987, cuando el Presidente de la Comisión Parlamentaria que investigaba el caso Huanchaca fue enviado a la URSS como Embajador. (29) Toma posesión como nuevo Presidente de la Comisión de Investigación el diputado oficialista Oliverio Iriarte. Más tarde, después de concluirse el trabajo de la comisión, el diputado Sergio Medinaceli Soza (MIR) llega a reconocer la importancia de este cambio para el curso de las investigaciones.

Lo que la Comisión Parlamentaria no pudo tocar

Los miembros de la Comisión no llegan a una conclusión consensuada. El 2 de febrero de 1996 todavía parecen poder emitir un informe único, pero el día siguiente el diputado Medinaceli reconoce que "la firma del informe se dilata porque los diputados del oficialismo reciben presiones del Poder Ejecutivo. (30) Según el diputado Tito Hoz de Vila (ADN), Iriarte les comunicó a los miembros de la Comisión que "si requeriríamos el procesamiento contra los policías de la FELCN nos va a llegar un balazo a cada uno". (31)

¿De qué se trata? En el curso de la investigación parlamentaria, se conoce que la DEA está tras los pasos de Barbaschocas por lo menos desde que en mayo de 1995 "un informante anónimo a base de información del informante Steve, les proporcionó su número de teléfono (de Pacheco) como "posible narcotraficante". Aparentemente se emprende un trabajo de seguimiento que en septiembre de ese año se intensifica; el 13 de septiembre el Cap. Oscar Bozo Lafuente, de la oficina de control de sustancias químicas (OCIAQ) de la FELCN, recibe de un informante datos sobre "una carga de 3.500 kilos de cocaína" que saldría de La Paz. A raíz de declaraciones de otros funcionarios de la FELCN ante la comisión, se hace evidente que Bozo Lafuente y el jefe de la OCIAQ, My. Javier Mendoza Mostacedo, conocían ese día, mediante el informante, la ubicación exacta de la droga y otros detalles sobre la preparación del envío. Mendoza no reporta a sus superiores, sino al oficial de enlace de la DEA, Jim Kirk, "para verificar la información". Sobre la base de los datos recibidos, el Sub-Director de la DEA, Emilio García, descubre, con apoyo de agentes en San Diego y en San Antonio, que se van a utilizar muebles para el transporte de la cocaína. El 14 de septiembre (un día antes de la salida del avión) García pide al jefe de la oficina de Inteligencia (JNIFC), Gonzalo Butrón, que su personal vigile la residencia de Pacheco. (32)

El caso Aeroperú complica las explicaciones oficiales

El 31 de octubre de 1995 el Tte. de Policía, Jorge Luis Castelú Coca, jefe del Segundo Grupo de Control de la FELCN en el aeropuerto de La Paz, revela que la OCIAQ y la JNIFC coordinaron el 9 de septiembre el envío encubierto de un paquete de droga a México, mediante el Subtte. Armando Moscoso, quien declara "ser un agente incrustrado en una banda de narcotráfico". (33) El operativo, denominado Aeroperú, fue abortado debido a la presencia en el aeropuerto de personal de la FELCN, entre otros el Tte. Castelú, quien había recibido órdenes de su jefe, el Cnl. Fernando Figueredo Pizarroso, de no reconocer a ningún agente encubierto, por ser (el operativo) ilegal.

El Gral. Simón Sejas (Comandante de la FELCN) no fue informado del operativo Aeroperú. El Subcomandante de la FELCN, Cnl. Fernando Tarifa Verasteguí, declara haber sido informado con anterioridad por un funcionario de la DEA y por no estar de acuerdo, haber ordenado al Cnl. Figueredo que el operativo no podía realizarse. Al parecer, el My. Mendoza dispuso el operativo sin conocimiento de sus jefes.

Por órdenes del Cnl. Figueredo resulta ser detenido en el aeropuerto el agente encubierto. Luego es liberado por órdenes del My. Mendoza. El Tte. Castelú emprende un seguimiento al vehículo que saca el paquete con la droga del aeropuerto, y se encuentra -curiosamente en las cercanías de uno de los depósitos de Barbaschocas, con el My. Mendoza, quien le instruye no dar ninguna información sobre el operativo. No obstante, Castelú envía informe a su jefe, el Cnl. Figueredo.

El 14 de septiembre Castelú y el Jefe del Primer Grupo de Control en el aeropuerto, Tte. Milton Alvarado Hoyos, reciben memorando de permiso para prepararse a sus exámenes de ascenso en la Policía. (34) Al día siguiente, cuando Castelú llega al aeropuerto, el narcoavión ya ha salido. El teniente es testigo de una conversación entre Cnl. Gonzalo Butrón y Jimmy Castillo (DEA) sobre la posibilidad de hacer retornar el avión, en la cual Castillo habría dicho que "lo que más importa es la droga". Según declaraciones del agente Tte. Juan Carlos Espinoza Pozo (JNIFC), por lo menos ocho miembros de la JNIFC, Gonzalo Butrón y agentes de la DEA se encontraban desde 25 minutos antes de la salida del avión en el aeropuerto, sin que nadie hubiera hecho nada para detenerlo, hasta mediodía, cuando recién se intentó, sin éxito, hacerlo regresar a La Paz desde el aire. (35)

En la noche del 15 de septiembre, Castelú y Alvarado son detenidos por "no cumplir su guardia". Luego, Castelú recibe sanciones disciplinarias, no así Alvarado, y a partir de que Castelú informa directamente al Gral. Sejas acerca del operativo Aeroperú (el 30 de septiembre) es amenazado, junto a su familia, por oficiales de la OCIAQ y de la JNIFC, para que no brinde información sobre el caso.

Se denuncia la existencia de un grupo parapolicial

El 6 de noviembre, a raíz de declaraciones contradictorias del Tte. Edwin Sivila Bernal (uno de los participantes del operativo Aeroperú), el diputado Ramiro Barrenechea denuncia la operatividad del Centro de Operaciones Policiales Especiales (COPES) dentro de la Policía, que estaría borrando los rastros descubiertos por la Comisión de Investigación. Según Barrenechea "se trata de un personal élite en materia de inteligencia, que tiene antigüedad desde la época del dictador García Meza y que fueron ocupando lugares claves. Parece ser una logia al márgen de los reglamentos policiales". Uno de los objetivos del COPES sería la protección al narcotráfico. (36) Barrenechea relata que cuando miembros de la Comisión fueron a inspeccionar a uno de los depósitos de Barbaschocas en las cercanías del aeropuerto, "unos extranjeros que no se identificaron y que pusieron en figurillas a los fiscales entraron con facilidad y sin ninguna autorización nacional", añadiendo que "los fiscales que investigaron el caso narcoavión, en vez de acopiar pruebas y rastros, los hicieron desaparecer, los borraron". (37)

Tres semanas antes, el principal acusado del caso narcoestatuillas, Jesús Hernando (Nando) Gutiérrez Mansilla, ya se había referido al grupo COPES, como el responsable de su detención "a pesar de que fueron el Cnl. Gonzalo Butrón y el Cap. Israel Vega quienes firmaron como responsables". Según Gutiérrez, agentes del COPES lo llevaron a una casa de seguridad, donde fue torturado por agentes de la FELCN y la DEA. (38) Miembros de la Comisión Parlamentaria deducen que "en la OCIAQ existe, aparentemente, una estructura de protección al narcotráfico". El matutino Primera Plana plantea la hipótesis que la DEA haya hecho un seguimiento a jefes y oficiales de la FELCN desde antes de la partida del narcoavión, asimismo a Barbaschocas antes de su detención, esperando poder revelar la identidad de sus protectores. El caso narcoavión habría sido una especie de "volteo" para confirmar hasta dónde el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones del Estado boliviano.

El oficialismo cierra las investigaciones del Parlamento

Operativo encubierto o no, el caso narcoavión todavía deja muchos cables sueltos. El informe en mayoría de la Comisión Parlamentaria, aprobado en el Congreso bajo fuerte presión del Ministerio de Gobierno, sólo pide que el My. Mendoza y el Cnl. Butrón sean sometidos a un procesamiento interno en la FELCN (el informe en minoría pide apertura de proceso penal en contra de ambos funcionarios). Asimismo, el informe en mayoría cierra las investigaciones sobre las acusaciones dirigidas en contra de Carlos Sánchez Berzaín, Víctor Hugo Canelas y Guillermo Bedregal.

Entre las dudas que deja el manejo poco transparente del caso se destaca la figura de Alejandro Sosa Téllez, identificado como uno de los anteriores jefes del grupo de Barbaschocas. Sosa Téllez también enfrenta juicio por su presunta implicación en el caso narconavales.

Luis Amado Pacheco reconoce su asociación con Sosa Téllez desde el año 1993. Alejandro y su hermano Marcos serían victimados por narcotraficantes mexicanos después de su desaparición el 29 de marzo de 1994. Sin embargo, el 14 de junio de 1997, el Director General de la FELCN, Roberto Pérez Tellería, informa a la Prensa que "tiene suficientes razones para presumir que los hermanos Sosa están vivos" y que "no hace mucho tiempo fueron vistos en la ciudad de La Paz". (39) Poco después de esta noticia, el Juzgado Primero de Sustancias Controladas de La Paz dicta sentencia en el caso narcoavión. El requerimiento fiscal de 25 años de reclusión para Barbaschocases reducido a 13 años, debido a su "arrepentimiento y cooperación con las autoridades en el esclarecimiento total del caso". Los hermanos Sosa son condenados (en rebeldía) a 16 años de reclusión. (40)

Según la ex-esposa de Guillermo Bedregal, Esperanza Meave, Alejandro Sosa manejó la campaña política del MNR en las provincias del Departamento La Paz. Germán Quiroga, máximo dirigente del MNR, respondió que fue el médico Carlos Pérez Guzmán quien realizó ese trabajo. Pérez Guzmán es cuñado de Sosa y también hermano de la ex-esposa de Canelas Zannier, Ministro de Gobierno después de Sánchez Berzaín. Estos lazos familiares alcanzan la luz pública sólo cuando Barbaschocas se da cuenta de su inminente sentencia como traficante de droga.

Pacheco denuncia que "las declaraciones de Pérez Guzmán así como otras personas implicadas en este caso fueron tomadas en desconocimiento y sin la participación de una parte de los miembros de la Comisión Parlamentaria (...). Querían seguramente ocultar la estrecha y familiar relación existente entre las familias de Alejandro Sosa Téllez-Beatriz Pérez Guzmán de Sosa, de Víctor Hugo Canelas Zannier-Felicia Jaimes Antelo, del Dr. Carlos Pérez Guzmán-Blanca Jaimes Antelo y de Fernando Jaimes Viaña-Victoria Pérez Guzmán de Jaimes, que constituyó en su momento todo un clan familiar, político y comercial (...) que hizo grandes aportaciones a la campaña del MNR en las elecciones de 1989 y 1993". (41) Según Pacheco, tanto Sosa Téllez como Pérez Guzmán gozarían la protección del Estado. El Ministro de Gobierno Canelas se defiende con un argumento antaño: que no se puede confiar en las palabras de un narcotraficante convicto, porque buscan desestabilizar a las estructuras del Estado. (42)

Devoción de un sabor amargo

El MNR, partido que emprendió la revolución de 1952 y privatizó en esta última gestión las grandes empresas estatales bolivianas, se destaca también por su histórico respaldo en el aparato policial. Pero ¿cuál es el caracter real de ese respaldo? El análisis crítico del manejo de los casos Tauro y narcoavióninevitablemente conduce a una conclusión: que a pesar de varias reformas implementadas, el Estado boliviano no logra controlar las labores de inteligencia policial, que son el eje de la lucha contra los traficantes de droga. Existen coordinaciones extra-oficiales entre funcionarios estadounidenses y bolivianos, que se sustraen a la fiscalización nacional ya que en caso de un cuestionamiento, los funcionarios extranjeros gozan de inmunidad diplomática, y los funcionarios nacionales son sometidos a juicios internos en su institución. Incluso se ha advertido, sin que esto haya resultado en investigaciones correspondientes, la existencia de una segunda opción, más temerosa que la primera, pero que no la excluye. Se trata de una posible conexión de tales grupos parapoliciales con intereses que no sean la lucha al narcotráfico, e incluso con el mismo negocio ilegal.

Una segunda conclusión del estudio de estos y otros casos de la historia del negocio de la cocaína en Bolivia es que en la lucha contra los traficantes no se emplean criterios uniformes. Mientras las actividades de unas líneas son intervenidas, hay otras que no encuentran mayores dificultades para seguir desarrollándose, a pesar de haber sido identificadas por las agencias de inteligencia. Un buen ejemplo es el propio Barbaschocas, quien poseía una visa indefinida para entrar a los Estados Unidos, mientras figuraba, mínimamente desde 1994, en las listas de la DEA por sospecha de vínculos con el narcotráfico. (43) La actuación de los ministros y la alta dirigencia del partido gobernante durante el tratamiento del caso narcoavión ha sido muy cuestionable. Hábilmente se ha desviado la investigación profunda de aspectos, personas y sucesos, que pudieran esclarecer el modus operandi del narcotráfico en Bolivia con respecto a su protección económica, política y policial.

Alejandro Pacheco, padre de Barbaschocas, dirigió la campaña política del MNR durante estas últimas elecciones democráticas (1997) en el penal San Pedro de La Paz, y recobró en el mes siguiente su libertad. La Virgen de la Candelaria de Copacabana probablemente haya recibido algunas ofrendas especiales, y seguro continúa protegiendo a la Policía Nacional Boliviana de todo mal.

Notas

1. Aunque excede el tema central del presente artículo, es llamativo el hecho que varios bolivianos, (ex-)oficiales de Ejército y acusados de involucramiento en o protección al tráfico ilegal de drogas o armas han recibido en algún momento de su carrera profesional, cursos en la Escuela de las Américas (School of the Americas), actualmente establecida en Georgia, Estados Unidos. Luís Arce Gómez, el Ministro de la Cocaína,actualmente detenido en los Estados Unidos, es uno de ellos (Curso Communication Officer, 1958). Otros ejemplos son: Carlos Fernández González (ver texto; Curso Military Intelligence, 1961), Freddy López Arispe (detenido en 1993 con cargos de tráfico ilegal de armas a la ex-Yugoslavia; Curso Infrantry Officer, 1962), José Raúl Gallardo Sempértegui (detenido y a los pocos días liberado en el caso narcoavión; Curso Military Intelligence, 1964), Grover Bilbao Terrazas (acusado en el caso narcoavión;Curso Cadet,1967), Luis Ardaya Roca (acusado en el caso narcoavión; Curso Cadet,1967), Isaac Chavarría Diez de Medina (ver texto; Curso Cadet,1968; Curso Officer Gen. Supply,1970), Miguel Alvarez Delgado (acusado y sobreseído en el caso narconavales; Curso Joint Operations,1977), y Pablo Oswaldo Justiniano Vaca (ver texto; Curso Comando y Estado Mayor, 1986).
2. Dictadura de la Cocaína es el nombre que recibió el gobierno de facto de Luís García Meza (1980-81), que intentó estructurar la economía boliviana sobre la base de los ingresos de la producción y venta de coca y cocaína.
3. Las declaraciones de Barbaschocasante las autoridades de la FELCN sólo fueron publicadas tres semanas después de su detención y aunque dan cuenta con bastante detalle de algunas partes de su historia en el negocio de la cocaína, parecen estar "arregladas".
4. El informe fue reproducido en varios periódicos. Ver: Los Tiempos 24-09-95.
5. Irusta y Miranda presentan un relato interesante respecto a este proceso de independización, que incluye varios crímenes contra la vida de traficantes colombianos. Ver: IRUSTA, G. y MIRANDA, E. "De Huanchaca al Narcoavión", Editorial Gráfica Latina, La Paz 1995.
6. Para una descripción rigurosa de este proceso ver: RODAS, H. "Huanchaca. Modelo político empresarial de la cocaína en Bolivia", Plural Editores/CID, La Paz 1996.
7. "Narcotráfico y Política II", p.96, Cochabamba 1985 (sin autor).
8. Idem, p.259, cita: El Diario 01-09-84.
9. La historia de la detención de Alejandro Pacheco en 1984 es publicada en respuesta a denuncias de Barbaschocasen 1997 contra el Ministro de Gobierno, Víctor Hugo Canelas. Ver: Hoy 31-05-97, La Razón 07-06-97, El Deber 07-06-97.
10. Las fuentes del caso Tauro son: Los Tiempos 03-04-85, Los Tiempos 04-04-85, Opinión 04-04-85, Los Tiempos 05-04-85, Los Tiempos 08-04-85, Los Tiempos 09-04-85, Hoy 28-04-85, Los Tiempos, 28-04-85, Opinión 30-05-85.
11. Al Cnl. Carlos Vizcarra lo encontramos nuevamente años más tarde, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja presenta un informe que recoge denuncias de detenidos por alzamiento armado, que acusan a Vizcarra, en su función de Comandante de Criminalística, de participación en torturas, vejámenes, coacciones y malos tratos. Ver: Comisión de Derechos Humanos, Honorable Cámara de Diputados, "Denuncia de torturas a ciudadanos sindicados de alzamiento armado", p.242, La Paz, 1995.
12. En Bolivia, todos los casos judiciales de narcotráfico necesariamente y consecutivamente pasan por las tres instancias judiciales: la Corte del Distrito, la Corte Superior y la Corte Suprema.
13. Aunque circulan distintas versiones sobre la identidad exacta del complejo del caso Huanchaca,lo más probable es que la zona haya albergado un complejo de acopio de precursoresy producción de cocaína, con una capacidad sin precedentes en la historia de Bolivia.
14. Hoy 24-04-92.
15. Gabrieles posteriormente identificado como el argentino Fabián Brizuela Mancilla, un ex-colaborador de García Meza, agente de seguridad del MNR en las elecciones de 1985 y sindicado por cuatro declarantes de haber recaudado dineros del narcotráfico con un carnet del Ministerio del Interior. Ver: RODAS, H. "Huanchaca. Modelo político empresarial de la cocaína en Bolivia", Pl6ural Editores/CID, La Paz, 1996.
16. Comisión de Derechos Humanos, Honorable Cámara de Diputados, "Denuncia de tortura a ciudadanos sindicados de alzamiento armado", p.38, La Paz, 1995.
17. Presencia 21-09-95.
18. Presencia 10-02-95.
19. Los Tiempos 17-02-95.
20. Hoy 16-12-88.
21. Los Tiempos 14-10-88.
22. En la primera semana de julio de 1997 se difunde la noticia que Carrillo Fuentes ha muerto por problemas médicos.
23. García Abrego fue detenido en México en enero de 1996 e inmediatamente expulsado a los Estados Unidos.
24. Primera Plana 21-09-95.
25. Hoy 04-10-95.
26. Hoy 10-10-95.
27. Presencia 04-11-95, El Mundo 09-11-95.
28. La Razón 25-10-95.
29. Ultima Hora 25-10-95.
30. 30. Opinión 04-02-96.
31. Los Tiempos 12-02-96.
32. El Diario 01-11-95, El Deber 01-11-95, Presencia 20-10-95).
33. Los Tiempos 01-11-95.
34. La Razón 01-11-95.
35. Hoy 09-11-95.
36. Ultima Hora 07-11-95.
37. Los Tiempos 07-11-95.
38. El Deber 19-10-95.
39. Los Tiempos 15-06-97.
40. El fallo en el caso narconavales más favorable para Alejandro Sosa. Tras acusaciones de haber sido el contacto con los Colombianos o el proveedor de la cocaína, Sosa fue absuelto de culpa y pena. Ver: La Razón 18-03-95, El Deber 14-10-95, El Diario 13-06-97.
41. Hoy 31-05-97.
42. Este argumento, si bien tiene cierta validez, es aplicado muy arbitrariamente. Así, el proceso judicial que se llevó a cabo entre 1995 y 1996 en contra de altos dirigentes del MIR y que resultó en la sentencia de Oscar Eid Franco (caso narcovínculos), se abrió a raíz de denuncias realizadas por el narcotraficante Carmelo (Meco)Domínguez Vaca.
43. El señalado trato contrasta una vez más con el recibido por los dirigentes del MIR, cuyas visas de entrada a los Estados Unidos han sido retiradas "definitivamente" por sospecha de haber tenido vínculos con narcotraficantes.