Desafíos postelectorales en Afganistán

25 Agosto 2009
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En el escenario afgano, a los problemas internos de crear gobierno se superpone la cuestión de la guerra y la intervención extranjera.

Las elecciones celebradas el día 20 en Afganistán representan un paso positivo hacia la participación pacífica en la política y un ejemplo de que no todas las disputas se resuelven a través de la violencia. Sin embargo, las denuncias de intimidación, fraude y corrupción les quitan legitimidad y disminuyen el apoyo en los países que aportan tropas a la intervención militar de Estados Unidos y la OTAN.

El mayor problema de estas elecciones no es sólo la situación de guerra entre el Gobierno, apoyado militar y políticamente por Washington, Gran Bretaña y la OTAN, y los talibanes y otros grupos insurgentes, sino la sensación de falta de presencia del Ejecutivo que tiene gran parte de la población. Una vez que las elecciones, pese a las amenazas de los talibanes, llegaron a celebrarse, comienza el desafío de cómo lograr que el voto tenga un sentido para mejorar las condiciones de vida de las personas.

La legitimidad del proceso depende del futuro. El actual presidente, Hamid Karzai, y el ex ministro Abdalá Abdalá alegan haber ganado los comicios, aunque el recuento tardará unos días y los resultados definitivos, varias semanas. Karzai conserva un respaldo relativo de Estados Unidos y la OTAN, que ven con preocupación la corrupción extendida en su Gobierno y su tendencia a hacer pactos y alianzas con líderes locales. Abdalá tiene apoyo de diversos sectores y posee la credibilidad de haber luchado contra los soviéticos en los años 80 y luego contra los talibanes y Al-Qaida.

Los problemas

El nuevo gobierno, y sus aliados internacionales, tendrán que restablecer y extender la presencia legal del Estado, algo muy complejo dado que tiene que pactar con las formas legales de hacer justicia en un país fragmentado, y en el que vida, derechos privados y públicos, por un lado, y religión y política, por otro, están superpuestos. Algunos analistas consideran que promover un Estado liberal centralizado es una tarea imposible. El gobierno también tiene que ocuparse del problema del narcotráfico. El cultivo de opio se ha extendido, en parte protegido, según denuncias, por familiares o amigos de Karzai.

Esto le quita legitimidad al actual Ejecutivo para emprender cualquier medida. Las inmensas ganancias derivadas del narcotráfico alimentan la guerra a través de la compra de armas, a la vez que persisten las pugnas violentas por el control de zonas de cultivo, rutas de tránsito y mercados. El narcotráfico debilita a las ya endebles instituciones estatales y cierra oportunidades a otras formas de economía productiva. Pero la respuesta al negocio de la droga no es sólo militar. Sin infraestructura, créditos y oportunidades en el mercado interno y regional, y presionados por la fuerza de los insurgentes y carentes de protección de las autoridades, los campesinos continuarán produciendo la base de la droga.

¿Una guerra sin victoria?

A los problemas internos para crear gobierno se superpone la cuestión de la guerra y la intervención extranjera. El presidente Barack Obama insiste en que ésta no es una guerra elegida (como fue la de Irak) sino que se libra «por necesidad». Estados Unidos tiene ahora 62.000 efectivos en Afganistán y otros 6.000 llegarán próximamente. Como indica Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations (Nueva York), las guerras por necesidad son aquéllas en las que están en juego intereses vitales para la seguridad nacional del país implicado y además, no hay otra alternativa al uso de la fuerza.

George W Bush definió que el terrorismo era una prioridad de la seguridad nacional y, por lo tanto, resultaba necesario librar una «guerra global contra el terror». Obama está cambiando esa política, pero Haas indica quedado que en Afganistán hay un Gobierno aliado de Washington, la guerra contra Al-Qaida y sus agentes locales se podría librar con operaciones militares limitadas, al tiempo que se mantendría la ayuda militar y policial y otras medidas civiles. Otros analistas consideran, asimismo, que los talibanes no tienen interés en llevar la guerra fuera de sus fronteras.

De este modo, la operación militar masiva no sería necesaria y se precisaría una negociación con las fuerzas insurgentes. Durante la campaña electoral, este asunto surgió constantemente. El presidente Karzai y los otros candidatos se han mostrado favorables a dar pasos para negociar con los talibanes y otros grupos en armas. El punto de referencia para todos es qué política de negociación llevarán a cabo Estados Unidos y la OTAN. Tanto Washington como los jefes militares de la Alianza Atlántica son favorables a negociar desde la fuerza. Primero, controlar zonas que ahora están tomadas o amenazadas por la insurgencia, debilitar militarmente a los talibanes y luego dejar que el Gobierno de Karzai negocie. Paralelamente, tratan de fortalecer al ejército y la policía afganos para que asuman cada vez más funciones.

Esta posición tiene algo de ingenuidad en la medida en que sus promotores esperan que los jefes talibanes o de otros grupos pedirán negociar cuando se sientan débiles. Se trata de una hipótesis no comprobada. Al contrario, desde 2001 los talibanes han mostrado que ante las ofensivas de EE UU y la OTAN se repliegan, cambian de posición geográfica y de estrategia, para luego volver a atacar en frentes múltiples.

En realidad, cada vez está más extendida la idea en círculos de la OTAN de que esta guerra no es posible ‘ganarla’ en el sentido militar estricto de la palabra. Pero el ejército de EE UU se prepara para pedir el envío de más efectivos mientras que cada vez más críticos consideran que Afganistán producirá en Obama el mismo desgaste político que tuvo la guerra de Vietnam sobre el presidente Lyndon Johnson. Éste también trató de impulsar una política social avanzada en su país y librar una guerra en el Sudeste asiático. La casi segura solicitud de más fuerzas a Obama para enviar a Afganistán por parte de los mandos militares recuerda las constantes ofensivas en Vietnam.

Los talibanes cuentan con cuatro armas muy efectivas. Primero, producir la mayor cantidad de bajas posibles a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Holanda y otros países con fuerzas en Afganistán, con el fin de que sus opiniones públicas pidan la retirada. Una encuesta reciente indica que más del 50% de la población estadounidense no apoya esta guerra y en Gran Bretaña el clima social es cada vez más crítico.

Segundo, ganar adeptos locales cada vez que las fuerzas extranjeras o afganas matan a civiles inocentes en sus operaciones. Tercero, que Pakistán sigue siendo una retaguardia para sus operaciones. Y cuarto, la creciente falta de credibilidad de Karzai y el descontento hacia su Gobierno. Para Estados Unidos, derrotar a la insurgencia en Afganistán es una forma de contener la expansión radical hacia Pakistán, pero cada vez más críticos dudan de que embarcarse en una guerra masiva en el primer país sea la solución para el segundo.

La negociación

Dada la complejidad tribal, la falta de un Estado centralizado y las alianzas dinámicas entre grupos, el debate se sitúa entre negociar acuerdos locales para ir avanzando hacia un diálogo general o lograr un acuerdo por arriba que fluya hacia abajo. El proceso de negociación será complejo, porque además de la ideología nacionalista afgana contraria a la presencia de fuerzas extranjeras, hay una economía política de la guerra –especialmente vinculada al narcotráfico– y los que se benefician con ella no quieren abandonar el control de la producción y el comercio.

Otras actividades ilícitas como la venta de armas y el contrabando son también fuentes de poder que deben ser incluidas en toda negociación. Un proceso de este tipo puede durar años, y aún así no tener éxito, pero el nuevo gobierno tiene que buscar cómo ponerlo en marcha mientras que Washington y sus aliados deberían reconsiderar si Afganistán no será el Vietnam de todos ellos.