El golpe de Honduras pretende detener el avance de la izquierda latinoamericana

02 Julio 2009
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El golpe contra el presidente hondureño Manuel Zelaya representa un último esfuerzo desesperado por parte de los intereses políticos y económicos del país de frenar el avance de los Gobiernos de la nueva izquierda que están extendiéndose en América Latina durante la última década.
El golpe contra el presidente hondureño Manuel Zelaya representa un último esfuerzo desesperado por parte de los intereses políticos y económicos del país de frenar el avance de los Gobiernos de la nueva izquierda que están extendiéndose en América Latina durante la última década. Como el propio Zelaya manifestó tras ser trasladado por la fuerza a Costa Rica: “Yo creo que esto ha sido un complot de una elite muy voraz, una elite que lo único que está deseando es mantener al país aislado y con un extremo de pobreza”. Zelaya debería saberlo bien, ya que sus raíces se hunden en la clase terrateniente del país y ha dedicado la mayor parte de su vida a las empresas agrícolas y forestales que heredó. Se presentó como candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal de centro-derecha con una plataforma bastante conservadora, prometiendo mano dura contra la delincuencia y recortes presupuestarios. Investido en enero de 2006, apoyó el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y América Central (CAFTA), firmado dos años antes, y siguió aplicando políticas económicas neoliberales, privatizando empresas de propiedad estatal. Pero llegado a la mitad de sus cuatro años de legislatura, los aires de cambio que soplaban desde el sur lo sedujeron, especialmente aquellos que procedían de la Venezuela de Hugo Chávez, la mayor potencia regional del Caribe. Honduras, que carece de recursos petrolíferos, firmó un generoso acuerdo energético con Venezuela y, después, el año pasado, se sumó al incipiente bloque comercial de la región, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Esta iniciativa, impulsada por Venezuela, cuenta ya entre sus miembros con Bolivia, Cuba, Nicaragua, Dominica y Ecuador. Paralelamente, Zelaya puso en marcha políticas de reforma nacional, aumentando notablemente el salario mínimo de trabajadores y profesores e incrementando el gasto en sanidad y educación. De resultas, un presidente prorreformista y que cuenta con el respaldo de sindicatos y organizaciones sociales se ha ganado la enemistad de una elite política corrupta y mafiosa que está acostumbrada a controlar el Tribunal Supremo, el Congreso y la presidencia. Se trata de una historia bien conocida en América Latina; una historia en que los Estados Unidos casi siempre se decantan por el bando de los intereses establecidos. Las elites hondureñas estaban indignadas por el hecho de que un miembro de su clase llevara adelante todas estas reformas, por modestas que fueran. Empezaron a presentar a Zelaya como un demagogo y a satanizar a Hugo Chávez, acusándolo de intentar hacerse con el poder en el país. Cuando Zelaya anunció que celebraría un plebiscito el 28 de junio para ver si, en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, el país desearía tener la opción de votar por la convocatoria de una asamblea constituyente que redactaría una nueva constitución, el sistema político decidió que eso nunca sucedería. Así, proclamaron, erróneamente, que Zelaya intentaba presentarse a una reelección como presidente. De hecho, la posibilidad de que un presidente se mantenga durante un segundo mandato sólo podría surgir con una nueva constitución, que no estaría redactada hasta mucho después de que Zelaya abandonara el cargo de presidente, en enero de 2010. Sin embargo, las elites tenían buenos motivos para temer una nueva carta magna, ya que se trata del camino que Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador han seguido para elaborar nuevas constituciones con las que empezar a transformar las estructuras políticas, sociales y económicas de sus respectivos países. Las elites políticas decidieron cortar de raíz este proceso aplastando el plebiscito previsto para el domingo 28 de junio. El Tribunal Supremo lo declaró anticonstitucional y el ejército se negó a ayudar a repartir las urnas. Después, Zelaya destituyó al jefe del ejército, general Romeo Vásquez, y encabezó un grupo de trabajadores y activistas de movimientos sociales para recuperar las urnas almacenadas en una base de las fuerzas aéreas. El domingo, el día del plebiscito, a las seis de la mañana, el ejército envió una unidad especial para detener a Zelaya en pijama y deportarlo a Costa Rica. Al día siguiente, el Tribunal Supremo emitió acusaciones de traición contra Zelaya y el Congreso encumbró a su presidente, Roberto Micheletti, como presidente interino del país. El resto del continente americano y la mayoría del mundo reaccionaron ante el golpe con indignación. La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó una sesión de urgencia y votó por unanimidad a favor de exhortar a los golpistas a restituir el poder a Zelaya. Organizaciones regionales, como el Grupo de Río, también denunciaron el golpe, mientras que la Unión Europea y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de toda ayuda económica a Honduras. Incluso los Gobiernos de Álvaro Uribe en Colombia y de Felipe Calderón en México se sintieron obligados a censurar el golpe. ¿Qué explica esta casi unánime oposición al golpe? La mayor parte de América Latina aún recuerda los oscuros días de los años setenta y ochenta, cuando tres cuartas partes de la población del continente se encontraban bajo gobierno militar. Países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil aún arrastran las cicatrices y los traumas de esta época y no desean presenciar ninguna fisura que pudiera permitir a sus ejércitos empezar a interferir otra vez en la esfera política. Los Estados Unidos también se oponen al golpe y el presidente Obama lo ha denunciado, tildándolo de un “terrible precedente” y afirmando que “no queremos volver al oscuro pasado” en el que los golpes triunfaban sobre las elecciones. Obama añadió que “queremos apoyar siempre a la democracia”. Muchos observadores desconfían de la firmeza de la postura de Washington contra el golpe. Teniendo en cuenta su acento sobre el multilateralismo, puede que a Obama no le hayan quedado muchas opciones, sabiendo también que su predecesor, George W. Bush, enturbió las relaciones con América Latina cuando se apresuró a respaldar el último intento de golpe de estado en la zona, perpetrado contra Hugo Chávez en octubre de 2002. El Departamento de Estado ha adoptado una postura más moderada. Cuando se le preguntó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, si “restaurar el orden constitucional” en Honduras significaba restaurar a Zelaya, no contestó con un ‘sí’. Según informaba The New York Times, a Clinton no le cayó bien el presidente hondureño cuando lo conoció, el pasado 2 de junio, en una reunión de la OEA en Tegucigalpa. Zelaya la molestó pidiéndole que, ya tarde, asistiera a una sala privada para presentarle a toda su familia. En una reunión más formal, Zelaya planteó sus planes de referéndum para el 28 de junio y los funcionarios estadounidenses presentes señalaron que sería anticonstitucional y que encendería la situación política. Washington también tiene una relación muy estrecha con el ejército hondureño desde hace décadas. Durante los años ochenta, los Estados Unidos utilizaron bases en Honduras para entrenar y armar a la contra nicaragüense, los paramilitares que se hicieron famosos por las atrocidades que cometieron en su guerra contra el Gobierno sandinista de la vecina Nicaragua. John Negroponte, que se convirtió en el jefe de los servicios secretos con el Gobierno de Bush tras haber servido como embajador estadounidense en Iraq, empezó haciéndose un nombre cuando estaba destinado como embajador de los Estados Unidos en Honduras, a principios de los ochenta, y garantizó el apoyo de su país a los escuadrones de la muerte dirigidos por una unidad especial del ejército hondureño contra las opositores internos. El miércoles, en la reunión de la OEA en Washington, se exhortó a que Zelaya fuera restituido para el sábado 4 de julio. El jefe de la OEA, José Miguel Insulza de Chile, junto con el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel d’Escoto, y los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa de Argentina y Ecuador, respectivamente, han manifestado que acompañarán a Zelaya en su regreso. Pero no se sabe si los golpistas lo dejarán volver. Micheletti y Vásquez han cruzado el Rubicón y no pueden abandonar el poder sin sufrir consecuencias. Cualquier aeronave que intente aterrizar con este elenco de dignatarios necesitará una autorización de las autoridades hondureñas y es poco probable que se le conceda. Puede que la clave esté en si el Gobierno de Obama está dispuesto a ejercer una presión importante sobre sus aliados históricos o a utilizar su poder militar aéreo para imponer la fecha límite al regreso de Zelaya. Y si la presión externa restituye a Zelaya en el poder, ¿se le permitirá organizar la votación para una posible asamblea constituyente que tanto necesita el país para transformarse en una sociedad progresista?
Roger Burbach es autor de “The Pinochet Affair” y director del Centro para el Estudio de las Américas (CENSA) de Berkeley, California. Traducción de Beatriz Martínez Ruiz