En medio del conflicto y la impunidad la víctima siempre lleva las de perder

22 Febrero 2006
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Un comentario a las enormes dificultades que enfrenta la recientemente creada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para impulsar la búsqueda de la verdad, y la protección y compensación a las víctimas del conflicto colombiano.

Al quedar conformada la comisión encargada de garantizar el esclarecimiento de los crímenes de los grupos armados desmovilizados, la aplicación de la justicia y la reparación a las vícitmas, lo primero que llamó la atención fue el nombre que recibió. En vez de llamarse Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, como se suponía que debía ser, pasó a llamarse, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Por lo cual muchos comenzaron a preguntarse, a dónde habrían ido a parar la Verdad y la Justicia.

Pero bueno, al menos todavía quedaba la Reparación. Que las víctimas nunca llegaran a saber quiénes fueron los asesinos de sus familiares ni por qué, que éstos nunca llegaran a ser castigados, vaya y pase, las víctimas recibirían por lo menos una merecida compensación por la desgracia sufrida. No se les podría devolver a sus familiares masacrados, pero al menos habría una compensación material, la devolución de las tierras expropiadas por los paramilitares e inclusive una cantidad de dinero que les permitiera iniciar de nuevo alguna actividad económica. Fuera del reconocimiento de su condición de víctima.

Lamentablemente la evolución de los hechos relacionados con el proceso de desmovilización de los paramilitares no permite ser muy optimista respecto a las posibilidades de reparación a las víctimas. No le quedaría pues a la comisión sino su atributo de Reconciliación. Que es como pedirles a las viudas y a los huérfanos que se olviden de la tragedia que vivieron, renuncien a los bienes materiales perdidos y encima perdonen a sus agresores. La reconciliación no será labor fácil después de haberse pasado por la faja los tres primeros atributos, y especialmente porque todo el mundo sabe que en amplias zonas del país los victimarios tienen todavía la sarten por el mango.

Cuando la ley hace trampa

La gran debilidad de la CNRR radica en realidad en la Ley a partir de la cual fue creada. Aprobada en junio de 2005 para servir como piso jurídico del proceso de desmovilización de los grupos armados de autodefensa, la llamada 'Ley de Justicia y Paz' parece no haber sido diseñada por respetables miembros de Congreso colombiano sino por los jefes del narco-paramilitarismo, pues esta ley no pudo haber quedado a mejor gusto y medida de las personas que se supone debe juzgar. De ahí la intensa polémica que ha desencadenado tanto en Colombia como internacionalmente. Esta Ley no sólo les concede la impunidad a reconocidos violadores de derechos humanos, sino que le ha dejado las puertas abiertas al narcotráfico. Al hacerse pasar por paramilitares y acogerse a la Ley, importantes narcotraficantes verán legitimadas sus fortunas, sus negocios y su posición de poder en la sociedad. Un documento de análisis de Amnistía Internacional dice que la ley va a exacerbar el problema de la impunidad en Colombia.

Con esta ley como instrumento, el gobierno colombiano está permitiendo que miles de paramilitares responsables de masacres, desapariciones o desplazamiento de población retornen impunemente a la vida civil. En muchos casos se trata de campesinos pobres obligados por las circunstancias a ingresar en las filas del paramilitarismo. Pero en muchos otros, se trata de reconocidos criminales famosos por sus actos de violencia, y por el poder y la fuerza que ejercen -y que siguen ejerciendo a pesar de estar en un proceso de desmovilización- sobre importantes territorios. Muchos líderes del paramilitarismo han llegado a ser tan influyente en sus regiones, en las que controlan la política y el comercio locales, que creer que aplicándoles esta Ley se los va a despojar de su poder es de la más extrema ingenuidad. En una clara violación a los compromisos del desarme, algunos líderes paramilitares se están aprovechando de la riqueza y el poder que los respalda para influenciar los resultados de las próximas elecciones al Congreso y presidenciales en Colombia.

Aunque hasta el momento, de acuerdo a cifras oficiales, se han desmovilizado más de 22.842 paramilitares -nadie entiende bien de dónde han salido tantos paramilitares puesto que las estimaciones al comienzo del proceso calculaban la existencia de no más de 15.000 efectivos- la mayoría de ellos todavía no ha comenzado a ser investigada por sus abusos, y lo más probable es que nunca lleguen a ser confrontados por la justicia. Hasta el momento también sólo han sido devueltas 10.893 armas. A nadie en el gobierno parece preocuparle la diferencia entre número de armas y número de combatientes. Pero además, el proceso de desmovilización mismo se produce en medio de una ausencia total de control y transparencia, que ha permitido, por un lado, que cualquier delincuente que se haga pasar por paramilitar pueda acogerse a la Ley y gozar de sus beneficios -repetimos, esta Ley no tiene para ellos sino beneficios- y por otro, ha facilitado el reciclaje de individuos dentro de nuevas estructuras paramilitares. Pues mientras algunos bloques se desmovilizan, otros comienzan. La falta de supervisión en que se realiza el proceso permite que los desmovilizados en espera de alguna solución se vuelvan potencial mano de obra de los nuevos grupos.

Cuando el crimen paga

La mayor parte de los paramilitares desmovilizados serán no solamente perdonados sino premiados con programas de entrenamiento para trabajo y un ingreso mensual del gobierno por dos años. El gobierno estadounidense, que tiene incluida en su lista internacional de terroristas a los grupos de autodefensa colombianos y por tanto prohíbe por ley cualquier contacto con sus miembros, ha expresado, no obstante, a través de su embajada en Colombia, su acuerdo para que las firmas colombianas que tengan relaciones con EEUU queden libres de emplear a los desmovilizados sin temor a sufrir sanciones antiterroristas. Además, como lo ha denunciado la Comisión Colombiana de Juristas , dentro de los programas de asignación de tierras, los desmovilizados podrían recibir tierras usurpadas por las autodefensas. De modo que los paramilitares terminarán beneficiándose del delito de haberle quitado las tierras a los campesinos. Definitivamente, en Colombia el crimen paga.

Vale la pena hacer la aclaración de que la crítica a estas medidas de reinserción no está en que se hagan esfuerzos para integrar a los ex-paramilitares en una actividad económica. Tales esfuerzos son necesarios para ayudarlos a salir de los círculos de delincuencia en los que permanecen. La crítica está en el acentuado desequilibrio en la balanza de la justicia: mientra se le tiende la mano al victimario la víctima se queda con las manos vacías.

Otro agravante de esta situación es la poca insistencia que ha puesto el gobierno en expropiar a los grandes jefes paramilitares poseedores de un enorme capital de tierras y ganados en su mayoría mal habidos. Los recursos provenientes de estas expropiaciones podrían servir para financiar ampliamente la reinserción económica de los paramilitares rasos. En vez de esto, el gobierno colombiano ha recurrido a la posición más fácil de pedir ayuda a la comunidad internacional.

Las donaciones europeas

Además de Estados Unidos, el otro donante importante al que el gobierno colombiano le extiende la mano es Europa. En el caso de la desmovilización de las autodefensas, Europa mantuvo una actitud de espera antes de dar su apoyo, y puso como condición la promulgación de una ley de referencia. Si bien la Ley de Justicia y Paz claramente no representa una garantía para poner fin a la impunidad, una condición exigida por Europa para dar su apoyo, el lobby colombiano en Europa encargado de venderles a los europeos esta ley resultó ser muy exitoso. En octubre de 2005, el Consejo de la Unión Europea decidió darle un apoyo 'restricto' a la ley de Justicia y Paz. Varios Países Miembros, como Suecia, Alemania, y Holanda vienen apoyando desde antes el proceso de desmovilización a través de fondos para la Misión de Verificación de la organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno holandés, en particular, entregará a Colombia más de un millón de euros para la reincorporación de jóvenes ex combatientes de grupos armados. Y en diciembre de 2005, la Comisión Europea aprobó una partida de 1,5 millones de euros para "apoyar la paz y reconciliación en Colombia".

Dadas las irregularidades que caracterizan este proceso de desmovilización, que no sólo se está produciendo de manera caótica y sin la suficiente supervisión, sería conveniente que los donantes europeos condicionaran su ayuda a un correcto desenvolvimiento del proceso. La UE y los Países Miembros deberían reexaminar los criterios con los que se han comprometidos los fondos.

El paramilitarismo sigue vivo y coleando

A diario aparecen en las páginas de la prensa colombiana nuevos hechos que delatan el accionar violento y delincuente de grupos paramilitares o de figuras ligadas a estos. Para nadie es un secreto que en la ciudad de Medellín, los ex paramilitares siguen manteniendo el control de barrios y colonias, como quedó demostrado recientemente cuando simpatizantes de paramilitares sacaron a los niños de las escuelas de una comuna para que asistieran a una marcha a favor de los presos de las Autodefensas que reclaman los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Aunque ya se han desmovilizado más paramilitares de los que se calculaban, todavía hay varios miles pendientes, quienes además ni siquiera han dado señales de querer desmovilizarse. Es el caso del bloque Élmer Cárdenas, comandado 'El Alemán', que actúa en el Urabá chocoano y cuenta con unos 2.500 hombres. O las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), que cuenta con unos 1.500 hombres. Este grupo tiene actividades también en la ciudad de Bogotá a través de varias 'oficinas de cobro' que se dedican a la extorsión y al ajuste de cuentas. "Tan sólo entre junio y diciembre de 2005, las autoridades detectaron 13 nuevos grupos paramilitares que empezaron a actuar en zonas en donde se habían producido desmovilizaciones". En el departamento del Cesar, un jefe paramilitar de nombre "Tolemaida" sigue asesinando y operando sus negocios ilícitos que le han permitido desviar hacia sus propias cuentas las regalías del carbón, principal recurso natural de la región. Hernán Giraldo, un reconocido asesino y narcotraficante que controla la región de la Sierra Nevada, ha anunciado recientemente su desmovilización, a condición de no ser extraditado y de que lo dejen seguir viviendo en el monte, en lo que él llama 'colonias agrícolas'. Una exigencia no precisamente insignificante de parte de un individuo que EEUU viene pidiendo desde hace años en extradición. Pero en Colombia nadie se sorprende. Los paramilitares están en posición de hacer exigencias. Y por lo general las obtienen.

Los desafíos de una comisión de reparación en medio del conflicto

En medio de todo esto se creó la Comisión. En una reciente presentación en la embajada colombiana en La Haya sobre la CNRR, su director, el profesor universitario Eduardo Pizarro Leongómez, dijo que uno de los grandes problemas de la Comisión es que debe funcionar en medio de la guerra. Han pasado casi dos años desde que se inició el proceso de desmovilización, pero todas las evidencias apuntan a que el paramilitarismo sigue vivo. Fuera de que el conflicto armado relacionado con la insurgencia, a pesar de tres años de Plan Patriota y de política de seguridad democrática del presidente Uribe, sigue más vigente que nunca.

A diferencia de lo sucedido con comisiones similares en otros países, como Suráfrica o Guatemala, Colombia no se encuentra en una etapa de post conflicto. Según Pizarro, esto impide también que la Comisión se constituya en una comisión de la verdad. No obstante estas limitaciones esenciales, la Comisión quedó constituida en octubre de 2005, con 12 miembros, entre los cuales Ana Teresa Bernal y Patricia Buriticá, dos figuras provenientes del ámbito de las ONG y reconocidas luchadoras por los derechos humanos. A manera de comparación, la Comisión de Suráfrica contaba con 350 personas y un presupuesto de 18 millones de dólares al año. La Comisión de Guatemala tenía 250 personas y 11 millones de dólares al año. El presupuesto anual para la CNRR aún se desconoce, pero se presume que será mucho menor que los mencionados. La creación de un Fondo de Reparación y su monto depende de los bienes ilegales que devuelvan los paramilitares y de los aportes internacionales.

La CNRR se encuentra ahora en su fase de preparación de una 'hoja de ruta'. Por el momento lo único que está claro es su mandato en términos generales: 1) servir como acompañante a las víctimas para garantizar su seguridad; 2) impulsar la devolución de los bienes; 3) indemnizar a las víctimas.

Pero para realizar esto, la CNRR cuenta con escasas herramientas, fuera de que no tiene funciones judiciales. ¿Cuáles son entonces las posibilidades de éxito de la CNRR? Eduardo Pizarro se muestra, sin embargo, optimista. Con el optimismo del que cree que quizás es mejor que haya una comisión débil a que no haya nada. Y si no se obtiene una reparación judicial y material para las víctimas, por lo menos que se les dé una reparación simbólica. Pizarro espera también que la Comisión logre crear una base de datos sobre la violencia, que a su vez cree las condiciones para futuras comisiones de la verdad. La CNRR será entonces como mucho un primer paso.

Si en Colombia la ley garantizara la justicia, esto facilitaría el trabajo de la CNRR en el esclarecimiento de la verdad y la reparación, es decir, en el verdadero cumplimiento de su mandato. Por eso es importante que la Unión Europea y los países donantes insistan en el combate a la impunidad como condicion a sus aportes, y ejerzan una auditoría sobre el uso de estos. Con esa base la CNRR podría cumplir mejor su cometido de protección e indemnización a las víctimas. De no ser así, se corre el riesgo de que la reparación termine siendo nada más simbólica, la creación de un día de la víctima, un monumento en alguna plaza de ciudad, un website, quizás, con los nombres de los muertos, los desparecidos, como se estila ahora.