Europa y su doble rasero

01 Marzo 2007
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El suministro de agua potable en los países de la UE depende principal o exclusivamente de empresas públicas pero, en el plano internacional, la UE defiende la privatización del agua. El problema radica en la fuerte tendencia de la Comisión Europea a identificarse con los intereses de grandes empresas europeas.

El suministro de agua potable en los países de la UE depende principal o exclusivamente de empresas públicas. Las empresas públicas de países como Suecia, Austria y los Países Bajos, por mencionar sólo algunos ejemplos, se encuentran entre las más eficientes del mundo. Desde el punto de vista de la calidad del agua, los costes y el control de los escapes, el suministro de agua en estos países es superior al de Francia y el Reino Unido, los únicos países de la Unión donde la gestión del agua corre principalmente a cargo de empresas privadas. Por tanto, cabe preguntarse por qué la Unión Europea se presenta en la escena internacional como firme defensora de un papel más activo para el sector privado en el suministro de agua.

La UE es la principal defensora de que el sector del agua se rija por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Durante los últimos cinco años, la Unión ha estado presionando a los países en desarrollo en las negociaciones sobre servicios (AGCS) de la OMC para que abran las compuertas de sus sectores hídricos a las multinacionales del agua. Al mismo tiempo, en esas mismas negociaciones, la UE descarta la liberalización del agua y de otros servicios públicos sensibles en Europa. Las campañas de la sociedad civil no han dejado de instar a la UE a retirar sus demandas sobre el AGCS, haciendo hincapié en las experiencias negativas de liberalizaciones y privatizaciones, y advirtiendo que las políticas en materia de agua no se deberían determinar mediante negociaciones comerciales. La Comisión Europea, que desempeña un papel decisivo en la formulación de políticas comerciales y en las presentes negociaciones, se ha aferrado tercamente a su agenda de liberalización, atreviéndose incluso a afirmar que éste es el enfoque que los países en desarrollo necesitan realmente.

Uno de los problemas de base de estas políticas fraudulentas está en la fuerte tendencia de la Comisión Europea a identificarse con los intereses de grandes empresas europeas. El mercado privado del agua a escala mundial está dominado por gigantes del agua europeos, y la Comisión considera que su misión consiste en ayudar a estas grandes empresas a seguir expandiéndose, al parecer, independientemente de las repercusiones que ello pueda generar en los países en desarrollo. La postura sesgada adoptada por la Comisión se ve reforzada por las intensas operaciones de cabildeo de multinacionales del agua como Suez y Veolia, tanto en Francia como en Bruselas, la capital de la Unión. Y la presión de estos grupos empresariales va en constante aumento. En 2006, la Federación Internacional de Operadores Privados de Agua (AquaFed), un nuevo grupo de cabildeo a favor de las privatizaciones controlado por las multinacionales del agua francesas, abrió sus oficinas justo enfrente de la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

La Unión Europea destina unos 1.400 millones de euros anuales de ayuda al desarrollo en el sector del agua, lo que la convierte en el principal organismo donante del mundo para dicho sector. Lamentablemente, muchos gobiernos donantes europeos han dedicado una gran parte de sus presupuestos de ayuda durante la última década a fomentar la expansión del sector privado como estrategia para mejorar el suministro de agua en los países en desarrollo. Puede que eso no cause sorpresa en el caso del Gobierno francés, ya que Francia acoge las mayores empresas de agua del mundo. ¿Pero qué pensar, por ejemplo, del entusiasmo del Gobierno neerlandés para promover el papel del sector privado a través de asociaciones público-privadas? La nueva ley sobre el agua de los Países Bajos no contempla papel alguno para los operadores de agua privados en el abastecimiento nacional, pero las políticas internacional del Gobierno en este campo se basan en unos principios diametralmente opuestos. La misma hipocresía se hace patente en las políticas de Alemania, Suecia y Suiza, donde el agua sigue siendo de titularidad pública. En lugar de reconocer el fracaso del experimento privatizador de los últimos años, estos gobiernos europeos siguen buscando nuevas formas para potenciar la expansión del sector privado en el campo del agua y el saneamiento. Ejemplo preocupante de ello es el caso de El Alto, Bolivia, cuyo Gobierno rescindió la concesión otorgada a Suez después de que, tras siete años de privatización (oficialmente catalogada como “asociación público-privada”), las mejoras prometidas no se materializaran. Mientras la población local desea implantar una empresa pública con participación ciudadana, la GTZ, la agencia alemana de cooperación, se negó a conceder préstamos a menos que Suez siguiera participando en la gestión.

En los foros internacionales, la UE no utiliza su influencia en el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales para acabar con las condiciones de privatización a las que tan a menudo queda supeditado el apoyo financiero. La triste realidad es que el Reino Unido y otros gobiernos europeos son algunos de los principales defensores de los mecanismos de financiación ligados a la participación del sector privado que operan bajo los auspicios del Banco Mundial, como el Mecanismo consultivo sobre infraestructuras públicas y privadas (PPIAF por sus siglas en inglés). El PPIAF ha financiado procesos de privatización del agua en al menos 37 países, en su mayoría pobres, desde Afganistán a Zambia. A pesar de que el presupuesto anual del PPIAF es relativamente modesto, su influencia política tiene gran peso, entre otras cosas porque financia labores para la ‘formación del consenso’ en torno a las denominadas ventajas de la privatización del agua. El PPIAF, por definición, sólo financia procesos de privatización.

¿Cambio de rumbo?

Cuando Louis Michel asumió el cargo de comisario europeo de Desarrollo a finales de 2004, parecía haber lugar para cierto optimismo sobre un posible cambio de rumbo. En su primera comparecencia ante el Parlamento Europeo se le preguntó qué opinión le merecía la presión ejercida por la UE sobre los países en desarrollo para que éstos liberalizaran el agua, la educación, la sanidad y otros sectores sensibles en el marco de las negociaciones del AGCS. Michel respondió que compartía esas mismas inquietudes y manifestó: “Estoy con aquellos que opinan que no todo debe convertirse en una mercancía, y que estos servicios no deberían estar sujetos a las presiones del mercado”. El nuevo comisario subrayó también el importante papel de los servicios públicos para cubrir las necesidades básicas de la población y que dicho papel debería ser aún más destacado en los países en desarrollo que en Europa.

Pero ese optimismo no tardaría en revelarse como infundado, como bien demostró la respuesta emitida por la Comisión Europea a una carta firmada por una plataforma de la sociedad civil menos de seis meses después. Las ONG habían felicitado al comisario Michel por sus declaraciones en el Parlamento Europeo, pero también apuntaban que, para que sus palabras se hicieran realidad, “hay políticas clave de la UE que se deben evaluar y replantear”. La hostil respuesta de la Comisión ignoró por completo las propuestas constructivas presentadas en la carta, como, por ejemplo, que la UE apoyara las asociaciones sin fines de lucro entre organismos públicos en que participan empresas públicas de agua europeas. Así, la Comisión manifestó que las ONG habían “malentendido la postura de la UE en materia de suministro de servicios hídricos”.

Alcanzada la mitad de su mandato como comisario, se puede llegar a la conclusión de que el Sr. Michel no ha conseguido cumplir con las promesas que hizo al Parlamento Europeo. Programas de financiación comunes como la Iniciativa Europea para el Agua (EUWI) y el Mecanismo Europeo para el Agua (EUWF), en que la Comisión Europea actúa como coordinadora, se ven aquejados por una preocupación muy problemática con la expansión del sector privado. Según una evaluación crítica publicada en 2006, la ONG WaterAid afirma que la EUWI ha sido un fracaso, entre otras cosas, por “centrarse en atraer financiación privada a pesar del patente desinterés de inversores internacionales en financiar proyectos de agua y saneamiento en países en desarrollo”. En 2006, los activistas de la sociedad civil descubrieron, para su consternación, que la Comisión Europea había decidido empezar a financiar el PPIAF.

Pese a ser blanco de duras críticas por sus intentos de utilizar las negociaciones de la OMC para obligar a los países en desarrollo a liberalizar el suministro de agua potable, la Comisión Europea no ha cedido ni un ápice. En lugar de replantearse estas políticas, el comisario de Comercio, Mandelson, ha integrado esas mismas irresponsables exigencias en otra serie de negociaciones de libre comercio, que van desde las conversaciones para un denominado Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con antiguas colonias de África a nuevas conversaciones comerciales con los países de la ASEAN del Sudeste Asiático.

La UE está en contra del derecho al agua

La incapacidad de la Unión para ejercer un liderazgo progresista se manifestó muy claramente mientras se discutía la Declaración Ministerial del IV Foro Mundial del Agua, celebrado en Ciudad de México en marzo de 2006. El Gobierno boliviano propuso mencionar la defensa del “agua como derecho humano fundamental” y “excluir al agua de los acuerdos comerciales”. En cierta fase de las conversaciones, 10 gobiernos parecían apoyar que el derecho al agua quedara reconocido en la Declaración Ministerial. Pero debido a la firme oposición de gobiernos como el británico, el neerlandés, el francés y el estadounidense, el “derecho humano al agua” quedó fuera de la declaración final, lo cual llevó a Bolivia, Cuba, Venezuela y Uruguay a presentar una Declaración Complementaria. El papel de la Unión Europea fue sorprendente, especialmente porque el Parlamento Europeo, en una declaración adoptada justo antes del Foro, instó a la Comisión Europea y a los gobiernos de la Unión a asegurar que el acceso al agua se contemplara como un derecho humano. Sin embargo, en Ciudad de México, la UE defendió una postura muy distinta: el agua es una “necesidad humana básica”, pero no un derecho.

A pesar de la decepcionante actuación de la UE en tales ocasiones, la presión para que dé un giro a sus políticas va en aumento. El gran número de fracasos en los experimentos de privatización ha provocado un cierto grado de desconcierto entre los gobiernos y ha abierto un debate que solía ser cerrado y unidimensional. Los grupos de la sociedad civil europea están ganando fuerza en sus críticas y en la defensa de otros enfoques para el sector del agua y el saneamiento, como las asociaciones entre organismos públicos (intercambios entre diferentes empresas públicas, sin ánimo de lucro, y otros actores). En febrero de 2007, Noruega (que no es miembro de la UE) fue el primer donante europeo en retirar su financiación del PPIAF, una decisión que ayuda a presionar aún más a los Estados miembro de la Unión y a la Comisión Europea a hacer lo mismo.

Este artículo formará parte de la edición japonesa del libro Por un modelo público de agua: triunfos, luchas y sueños (prevista para mayo de 2007).