Irak, la ONU y las corporaciones estadounidenses

¿Qué se debería hacer?
03 Octubre 2003
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Propuestas de acción con respecto a Iraq.

Temas de debate 11

1) Deberíamos oponernos a cualquier nueva resolución de la ONU que aspire a proporcionar mayor legitimidad a la ocupación de Irak por parte de EE.UU. y el Reino Unido. La ONU no debería refrendarla y ningún país debería enviar tropas o fondos con los que mantener, fortalecer o "internacionalizar" la ocupación de Washington. Deberíamos exigir que la ONU volviera a adoptar su postura anterior, con la que, durante ocho meses y medio, el Consejo se mantuvo desafiante ante la administración Bush para defender una de las disposiciones de su Carta: "evitar el flagelo de la guerra". Ese período, durante el cual la ONU formó parte de la movilización internacional a favor de la paz, representó el momento más "destacable" y democrático de la organización.

2) La ONU no debiera regresar a Irak, incluida cualquier fuerza multilateral de mantenimiento de la paz bajo su mando, hasta que los Estados Unidos y Gran Bretaña pongan fin a su ocupación. Su mandato debería limitarse a un período breve y definido, con el objeto de ayudar a Irak en la reconstrucción y supervisar la elección de las autoridades de gobierno. Los líderes políticos de la ONU deberían mostrar abiertamente su rechazo de las exigencias estadounidenses para que esta organización internacional regrese a Irak bajo la autoridad de los Estados Unidos.

3) Puesto que los Estados Unidos y el Reino Unido fueron las potencias beligerantes que iniciaron la guerra y son ahora las fuerzas de ocupación, deberían estar obligadas a cubrir las necesidades humanitarias del pueblo iraquí. Aunque la ocupación militar debería finalizar de inmediato, Washington y Londres están en la obligación de seguir pagando la larga factura de la reconstrucción de Irak, incluido el grueso del coste del despliegue de la ONU en sus misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz. Los Estados Unidos deberían hacer público de inmediato un cálculo realista del coste total que supondrá la reconstrucción de Irak. Washington debería invertir la lista de prioridades de gasto previstas en su petición de 87 mil millones de dólares estadounidenses al Congreso y poner a total disposición de la ONU (a favor del pueblo iraquí en general y no del Consejo designado por los Estados Unidos) una concesión inicial de al menos 75 mil millones de dólares estadounidenses (el importe inicial que Washington destinó a la campaña militar) para la reconstrucción de Irak.

4) Los 15 mil millones de dólares (del total de 87 mil millones) solicitados por la administración Bush para la reconstrucción de Irak no bastan para satisfacer la obligación contraída por Washington, según la legislación internacional. Los detractores de la guerra deberían cuestionar los 65 mil millones de dólares estadounidenses previstos por el Pentágono para seguir ocupando Irak (de los cuales, sólo una ínfima cantidad se dedicará a la protección de los soldados estadounidenses con corazas de kevlar y demás equipamiento). Esos 15 millones de dólares para la reconstrucción tan sólo se deberían cuestionar por resultar insuficientes, y deberíamos exigir que los fondos se empleen para reconstruir la economía local y no para que se enriquezcan las corporaciones estadounidenses por hacer el mismo trabajo.

Además, los fondos complementarios para la reconstrucción no deberían proceder de los contribuyentes normales, sino que se deberían recaudar a través de (a) un impuesto sobre el exceso de beneficios de las corporaciones que se están lucrando con la guerra y la subsiguiente privatización de Irak; (b) las actuales partidas presupuestarias del Pentágono destinadas a prolongar la guerra en Irak; y (c) la restauración de un impuesto sobre el 1% de los ciudadanos más ricos de los Estados Unidos.

5) La reconstrucción de Irak debería centrarse en sanear la economía del país de modo que se potencie al máximo la cobertura de las necesidades de los 23 millones de iraquíes. Todos los procesos contractuales deberían ser totalmente transparentes y quedar a disposición de los iraquíes, que puedan carecer de una conexión a Internet y a quienes no se les permite el acceso a las oficinas de la ocupación estadounidense en Irak. Los contratos deberían favorecer a las compañías locales con miras a fortalecer y diversificar la producción nacional, en lugar de concederse a corporaciones estadounidenses que cobran más dinero y excluyen a los trabajadores y a las empresas locales. Los contratos no deberían basarse en la falsa idea de la "igualdad de condiciones", según la cual, por ejemplo, las empobrecidas empresas de construcción iraquíes tengan que competir con Halliburton o Bechtel. La legislación laboral debería garantizar la protección de los derechos de los trabajadores iraquíes.

6) No debería concederse ningún contrato a los evasores de impuestos corporativos estadounidenses (con sedes en paraísos fiscales). No debería concederse ningún contrato a ninguna corporación cuyo director general reciba más de 100 veces el salario base de un soldado estadounidense (12.776.40 de dólares estadounidenses o más). Por ejemplo, el director general de Lockheed Martin, Vance Coffman, cobra 4,1 millones de dólares estadounidenses entre sueldo y primas, a lo que hay que sumar más de 20 millones en opciones de compra. El año pasado, su sueldo superó en casi 2.000 veces el sueldo inicial de un soldado.

7) La privatización total de la economía iraquí, tal como ha anunciado el procónsul estadounidense Paul Bremer, representa una usurpación ilegal de los derechos del futuro gobierno de Irak. La privatización de los recursos públicos debe dejarse en manos de un gobierno legítimo. Del mismo modo que nuestra propia constitución garantiza que sólo el poder legislativo posee el derecho de aprobar leyes, sólo la futura asamblea legislativa de Irak tendrá el derecho de disponer de los recursos del país.

8) La Asamblea General debería reafirmar su poder como agencia democrática suprema de la ONU para adoptar una postura explícita a la hora de exigir el fin de la ocupación de los Estados Unidos y solicitar una evaluación de carácter consultivo del Tribunal Penal Internacional sobre la legalidad de la "guerra para anticiparse a un posible ataque". Tal medida necesitará la movilización internacional de la sociedad civil que exija a la ONU, y especialmente a la Asamblea General, que desempeñe un papel crucial para desafiar las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos. Deberíamos instar a los Estados miembro de la Asamblea a que dejen clara su intención de apoyar un papel destacado de la ONU en Irak y a que toda autoridad política y de mantenimiento de la paz durante el período de transición hacia la soberanía iraquí esté supeditada al fin de la ocupación estadounidense y británica.

9) La agenda internacional debería volver a incluir una auténtica reforma de las Naciones Unidas como una de sus máximas prioridades. Dichas reformas incluyen la democratización (mediante la ampliación del Consejo de Seguridad y el fin del derecho de veto, así como la ampliación de las competencias de la Asamblea General), la transparencia, y la creación de una agencia de supervisión dedicada a controlar las violaciones de la Carta de la ONU por parte del Consejo de Seguridad y sus decisiones. Los Estados Unidos deberían aprovechar este momento para abandonar su tradicional oposición a la creación de una fuerza militar de reacción rápida controlada por la ONU, lo cual debería empezar por reconstituir el Comité de Estado Mayor estipulado en la Carta de la ONU.