La batalla final en Bolivia

11 Diciembre 2007
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Evo Morales, el primer presidente indígena, está produciendo un enfrentamiento con la oligarquía y el ala de partidos políticos de derecha que han bloqueado los esfuerzos para elaborar una nueva constitución que transformará a la nación.
El vicepresidente Álvaro García Linares declara, “O consolidamos ahora el nuevo Estado con las nuevas fuerzas dominantes detrás de nosotros, o retrocederemos y las antiguas fuerzas predominarán nuevamente”. Un líder en alianza comercial, Edgar Patana, lo ha expresado sin rodeos: “La batalla final ha comenzado, y el pueblo esta preparado para ella”. Por más de un año la oligarquía, centrada en la ciudad del Este, Santa Cruz, ha conspirado para frustrar los esfuerzos de la Asamblea Constituyente, en la cual el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), y sus aliados, ocupan el 60% de los escaños. Primero, los partidos de derecha en la Asamblea, liderados por Podemos, insistieron que eran necesarios dos tercios de los votos, para que los comités pudieran aprobar las diferentes secciones de la nueva constitución. Cuando la oposición fue invalidada respecto a este punto, la oligarquía ganó adeptos en la ciudad de Sucre, donde la Asamblea Constituyente está inactiva, arguyendo que los poderes ejecutivos y parlamentarios del gobierno deberían trasladarse de La Paz a Sucre, que solía ser el centro del gobierno hasta fines del siglo diecinueve. Esto también ha sido una estrategia racial, ya que la Paz y la ciudad próxima de El Alto son el centro donde radica la mayoría de la población indígena, que apoya a Morales, y que se movilizó en el 2003 para derrocar a un presidente oligarca que asesinó a manifestantes indígenas en las calles de La Paz. En Sucre, en los meses pasados militantes de derecha han amenazado y agredido a delegados del MAS, incluyendo a Silvia Lazarte, presidenta indígena de la Asamblea. La Asamblea, de hecho, ha sido impedida de funcionar desde el día 15 de Agosto. Luego, en una acción a favor de una distribución equitativa de los ingresos crecientes de petróleo y gas del país, Morales, a mediados de octubre, declaró que se daría una pensión de jubilación equivalente al salario mínimo, a todos los bolivianos, que saldría de un fondo especial de hidrocarburo. Morales, simultáneamente canceló los pagos del fondo hacia gobiernos municipales como Santa Cruz donde no existe supervisión del Congreso. Esto causo un gran alboroto en la región de Media Luna, compuesta por el departamento de Santa Cruz y departamentos aliados, con muchos centros de interés económico del país, amenazando con crear carestías y sembrar caos económico reteniendo la producción. Trescientos campesinos, que fueron a Sucre la semana pasada para proteger a los miembros de la Asamblea, en los esfuerzos por reconvocar su actividad; fueron violentamente expulsados de sus lugares de alojamiento en el Instituto Pedagógico, por estudiantes derechistas y Lazarte fue impedido de convocar a la Asamblea. Luego Morales trasladó el lugar de la reunión de la Asamblea a un antiguo castillo en las afueras de Sucre que también sirve como escuela militar y barracas. El Jefe de las Fuerzas Armadas, General Wilfredo Vargas, apoyó el encuentro de la Asamblea en el castillo, diciendo “debe reunirse (la Asamblea) para seguir modernizando el estado en todos sus aspectos”. A continuación Vargas, en un golpe a uno de los lideres políticos regionales aliado con la región de Media Luna quien aseguraba que existían unidades militares Cubanas y Venezolanas en el país declaró:”No existe información sobre esas unidades. Y si fuera el caso, son unidades militares de Estado y como parte del Estado representan al pueblo boliviano”. La administración Bush también se unió a la refriega. Antes, durante este año, Morales denunció que los Estados Unidos apoyó a agencias y Organizaciones No-Gubernamentales que respaldan directamente a partidos políticos de derecha e instituciones aliadas, dando órdenes de que el financiamiento a partir de ahora seria canalizado directamente a través del gobierno. En la reciente Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, Morales declaró que “mientras nosotros estamos intentando cambiar Bolivia, pequeños grupos de la oligarquía están conspirando en alianza con los representantes del Gobierno de los Estados Unidos”, refiriéndose al embajador Estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg. Para respaldar sus afirmaciones se mostró una fotografía de Goldberg en Santa Cruz junto a un magnate de los negocios, de derecha, y reconocido narcotraficante, que había sido detenido por la policía. El 15 de Noviembre, el portavoz del departamento de Estado de los Estados Unidos, Sean McCormick, respondió exigiendo que Morales dejase de lanzar acusaciones “falsas” e “infundadas” de conspiración del embajador. La Secretaria de Estado Condoleezza Rice se comunicó con el embajador de Bolivia en Washington para hacerle llegar el mismo mensaje. Los delegados de los partidos de derecha, liderados por Podemos, boicotearon los encuentros en el castillo, declarando que la Asamblea es “ilegal”. El viernes 139 de los 255 miembros de la Asamblea se reunieron y aprobaron el borrador de la nueva constitución para llevar al cabo las reformas que defienden Morales y los movimientos sociales del país. El próximo paso para la Asamblea es adoptar las cláusulas específicas y el contenido de la constitución. Pero antes que pudiera iniciarse el proceso, la oposición en Sucre, liderada por estudiantes y jóvenes, tomó de forma violenta la mayoría de los edificios públicos, usando dinamita y cócteles molotov, exigiendo la dimisión del “Indio de mierda Morales”. Zonas de la ciudad estaban en llamas cuando miembros de la Asamblea abandonaban el castillo el día sábado, y el domingo las multitudes enardecidas controlaban Sucre, obligando a la policía a replegarse al pueblo minero de Potosí, a dos horas de distancia. Tres personas, incluyendo un policía han muerto, y cientos han resultado heridas. La derecha, las organizaciones comerciales en Santa Cruz y los departamentos aliados, han amenazado con declarar la autonomía e incluso la cesión. “Estamos en un impasse nacional” dice Manuel Urisote, un analista político y director de la Fundación Agrícola, un centro de investigación independiente en LA Paz. “La derecha, liderada por la oligarquía de Santa Cruz está en rebelión abierta, pero Morales, el MAS y los movimientos populares no se doblegarán. Los militares están apoyando al presidente. Como una institución nacional tiene la intención de mantener la integridad territorial de Bolivia y no aceptara decretos de cesión de parte de Santa Cruz”.
Roger Burbach es director del Centro de Estudio de las Americas (CENSA) y Docente en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de California, Berkeley. Es Co-autor junto con Jim Tarbell de “Imperial Overstretch: George W. Bush and the Hubris of Empire”, su ultimo libro es: “the Pinochet Affair: State Terrorism and Global Justice”.