La marihuana, California y el debate mundial sobre la droga

01 Noviembre 2010

prop-19-bannerUn análisis sobre la “propuesta 19” que este martes se votará en California y sobre el debate internacional que podría rodearla. No hay que hacerse ilusiones.

Propuestas y frustraciones

La propuesta 19 presentada a consideración de los votantes de California este 2 de noviembre ha despertado la esperanza de que se abra el debate sobre las políticas contra las drogas. Así lo ha expresado el Presidente Santos y muchos otros periodistas, forjadores de opinión y políticos.

Sin embargo, ninguno de los proponentes del debate presenta a lo menos una lista de los posibles temas que se incluirían en él. En general, se afirma que las políticas actuales han sido un fracaso y que deben ser debatidas para cambiarlas, pero no se formulan propuestas específicas sobre cuáles serían las políticas ideales ni sobre cómo sería el proceso de cambio.

En su columna "Vótese una Ley" en Semana del pasado 9 de Octubre, Antonio Caballero expresando tal vez su frustración, escribe: "Doctor Vargas Lleras: debería usted proponer una ley -no de este Congreso suyo y nuestro, lleno de parlamentarios comprados por los "dineros oscuros", sino del único que cuenta, que es el de los Estados Unidos-, una ley que autorice la producción, el tráfico y el consumo de las drogas actualmente prohibidas. Y entonces, como por arte de magia, se acabará la penetración de los dineros oscuros en nuestros equipos profesionales de fútbol. Publíquese, comuníquese y cúmplase."

Yo comparto la frustración de Caballero, pero ¡ojalá la solución fuera tan fácil!

¿Son las drogas un asunto prioritario?

En Colombia y los países andinos frecuentemente se escucha que el "problema de las drogas es global y la solución debe ser global". Es cierto que los mercados de drogas ilegales involucran a muchos países, pero en la mayoría de ellos las drogas no tienen una prioridad muy alta en las agendas de los gobiernos.

Incluso en Estados Unidos las drogas no fueron tema de debate durante la campaña presidencial de hace dos años y hoy se discuten solamente porque en California, uno de los estados más liberales de la unión, se ha formulado una propuesta para que los electores decidan si se legaliza el uso recreativo de la marihuana.

De hecho el tema de las drogas ilegales sólo tiene carácter prioritario en países como Colombia y México, donde la posibilidad de obtener ganancias ilegales altas genera mucha más violencia que en el resto del mundo.

La propuesta de California

La propuesta 19 legaliza algunos usos de la marihuana, permitiría que gobiernos locales (municipales) regularan su uso y cobraran impuestos sobre el cultivo y la venta de esta sustancia. La propuesta trata a la marihuana de manera semejante al alcohol, prohíbe su uso a menores de 18 años y prohíbe conducir bajo su influencia.

De acuerdo con la propuesta, cualquier persona puede tener hasta 28,5 gramos de marihuana para su consumo personal, ésta se puede consumir en lugares que no sean públicos (viviendas) y en establecimientos públicos licenciados para esos efectos. La propuesta permite el cultivo de marihuana en espacios de 25 pies cuadrados (2,3 metros cuadrados) en una residencia y para uso de quienes la habitan.

Los gobiernos locales podrían autorizar la venta de hasta 28,5 gramos para uso personal y reglamentarían las horas y lugares donde se podría vender, lo mismo que los impuestos que cobrarían. Estos gobiernos también podrían autorizar cantidades mayores para uso personal, venta y cultivo. Esto permitiría que los gobiernos locales autorizaran los cultivos comerciales.

Permitir o contribuir al uso por menores de edad es sancionado con multas y cárcel.

Los argumentos más comunes para apoyar esta propuesta son la posibilidad de aumentar los impuestos locales en la situación actual de grave crisis fiscal en California, y la eliminación de las ganancias ilegales de los traficantes.

El impacto fiscal de la propuesta no se puede determinar a priori porque cada jurisdicción local determinaría los impuestos a cobrar. Los defensores de la propuesta consideran que un impuesto promedio de 50 dólares por onza sería razonable, lo cual produciría alrededor de 1.400 millones de dólares por año.

La oposición a la propuesta es compleja. Obviamente muchos se oponen por razones religiosas o morales. Otros porque consideran que la propuesta está mal formulada, ya que desembocaría en normas diferentes en cada condado (municipio). También se oponen quienes operan actualmente dentro del sistema de marihuana para usos médicos, pues ellos temen la competencia de cultivadores más grandes. Otros consideran que la propuesta no acabaría con el comercio ilegal de marihuana y posiblemente generaría un fuerte contrabando desde California a los demás estados.

De acuerdo con la Constitución de California, la propuesta requiere una mayoría simple de los votos para ser aprobada Si la propuesta 19 se aprueba, la legislación de California estaría en oposición con la federal porque la marihuana seguiría siendo ilegal en el ámbito federal. Este choque de normas posiblemente llevaría a un debate en la Corte Suprema que decidiría el futuro de la propuesta 19. Teniendo en cuenta la composición actual de la Corte, donde predominan los conservadores, difícilmente se podría declarar constitucional dicha propuesta.

El aislacionismo americano

Es notable que en el debate sobre la posible legalización de la marihuana en California no se mencione el Régimen Internacional de Control de Drogas (RICD) promovido por Estados Unidos a lo largo de cien años. En realidad, quienes elaboraron la propuesta 19 y sus opositores actúan como si Estados Unidos no fuera parte de la comunidad de naciones, donde este país ha contraído compromisos importantes respecto del control de drogas.

Estos compromisos son uno de los obstáculos más fuertes, si no el más fuerte, para que el gobierno federal cambie las normas sobre drogas psicotrópicas. En efecto, la credibilidad de Estados Unidos estaría en entredicho en las Naciones Unidas donde este país promueve una agenda compleja y dentro de la cual las drogas ilícitas no son un asunto muy importante.

La coca no es cocaína y la marihuana tampoco

Cuando el presidente Santos afirma que la aprobación de la propuesta 19 haría que Colombia replanteara la política contra las drogas, implícita y sutilmente está proponiendo una posible legalización de la cocaína para resolver el "problema" colombiano. Lamentablemente para Colombia el mundo no le va a resolver su problema.

El uso legal de drogas que alteran el ánimo depende de la domesticación social de cada droga. El alcohol y el tabaco están domesticados en la sociedad occidental, es decir que en esta hay controles sociales establecidos que permiten y toleran su uso. En California, la meca del movimiento hippy de los años sesenta y cuna de cambios sociales como la aceptación de la homosexualidad, puede afirmarse que el uso de la marihuana es aceptado socialmente por un grupo grande de ciudadanos.

Esto no ocurre con drogas consideradas como duras: cocaína, anfetaminas, heroína, cuyos usuarios son vistos por la mayoría de los americanos como miembros de una contra-cultura que debe neutralizarse. Una cosa es que en un Estado considerado progresista se apruebe el uso de la marihuana, una droga "suave" y la droga ilegal de mayor consumo en los Estados Unidos, y otra aceptar el uso recreativo de drogas consideradas fuertes, nocivas y anti-americanas por la mayoría de la población.

Los límites del debate

La crítica actual a las políticas contra las drogas se basa en que estas no han funcionado, no han logrado eliminar el consumo ilegal, han contribuido a aumentar la violencia, han fortalecido grupos subversivos y paramilitares, han corrompido a varios gobiernos, etc. Sin embargo, los críticos simplemente afirman que es necesario cambiar las políticas. Los reformistas europeos abogan por enfoques de salud pública hacia los adictos, pero nadie propone legalizar las drogas duras, de manera que quien las quiera probar y consumir lo pueda hacer.

Camisa de fuerza

El RICD actual se basa en un supuesto muy fuerte, que limita las posibilidades de una política más efectiva contra las drogas: las drogas controladas solamente pueden tener usos médicos y de investigación científica. Todo otro uso se considera un "abuso" que debe eliminarse. Esta formulación no permite diferenciar entre usuarios y adictos y entre las diversas drogas que alteran el ánimo.

Los temas de un posible debate

- El primer tema de la agenda de un debate serio sobre drogas debe ser la restricción al uso recreativo, experimental y ritual de las drogas controladas. Este tiene que involucrar de manera profunda a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Pan-Americana de la Salud (OPS).

La normatividad sobre las drogas ilegales que alteran el ánimo hace parte del cuerpo de leyes y reglamentos que regulan la práctica de la medicina, la veterinaria y la farmacia. Estas leyes les dan a ciertos miembros de esas profesiones el monopolio para recetar algunas drogas, autorizan la venta libre de otras, y prohíben la producción y uso de otras. Todas estas normas han surgido en un proceso largo que ha tomado varios siglos y que no permite cambios fáciles. La meta de un debate al respecto debe ser la formulación de una clasificación que catalogue a las drogas de manera diferente, basada en la evidencia empírica sobre los efectos de cada una.

- Es posible que también sea necesario tener otro debate, tal vez más fundamental, sobre lo que significa "evidencia empírica" puesto que diferentes profesiones e ideologías difieren sustancialmente en la forma cómo evalúan dicha evidencia. Sin un acuerdo al respecto, no será posible avanzar hacia un tratamiento más razonable de las drogas.

- Una vez empiece el debate, deberá incluir los controles a cualquier producción y uso de dichas drogas. Estos incluirían decisiones sobre quién, dónde y qué tanto se produciría, cómo se distribuiría, qué participación tendría el sector de la salud en estos procesos, cómo intervendría el Estado para controlarlos, de qué manera se trataría a los usuarios y adictos actuales, cómo se permitiría que alguien probara por primera vez, etc. Todos estos son asuntos complejos y espinosos, sobre los cuales difícilmente se puede llegar a un acuerdo sin hacer concesiones sustanciales en las posiciones de cada cual.

Aún entonces

De cualquier manera, aun si se aprueba la propuesta 19, el uso de la cocaína no va a ser libre. En efecto, nadie prevé un mundo donde a alguien que llegue a una farmacia a comprar penicilina sin receta médica, le responda el farmaceuta: "no le puedo vender la penicilina sin su receta, pero ¿quisiera un poco de cocaína?" En otras palabras, Colombia tendrá que aceptar que el mundo no va a permitir el uso generalizado de cocaína y que tendrá que aprender a vivir en un mundo donde, aunque haya posibilidades de obtener grandes ganancias ilegales de manera fácil, no debe hacerlo.

Lo más probable es que Colombia continúe quejándose de que el mundo es injusto y que la responsabilidad por el desarrollo de actividades económicas ilegales muy rentables recae en su demanda. Implícitamente, afirmaríamos que ni la estructura social, ni las instituciones del país (normas) tienen nada que ver con eso. El mundo es malo y la culpa no es nuestra.

Este blog fue publicado originalmente en La Razón Pública

 

Lunes, 1 de noviembre, 2010