Las contradicciones del control de drogas

17 Noviembre 2002
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El concepto de Reducción de Daños se ha extendido rápidamente en las políticas y prácticas destinadas a controlar la demanda de drogas. Constituye la base de políticas pragmáticas y nacionales en casi todos los países de la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Brasil.

La descriminalización del consumo, la tolerancia frente al cannabis y la posesión de otras drogas para consumo personal, la prescripción de metadona y el intercambio de jeringuillas son prácticas comunes hoy día. Otros puntos más controvertidos, como los coffee shops, los programas de prescripción controlada de heroína, las salas de venopunción y los análisis de drogas sintéticas están siendo estudiados o implementados fuera de los países pioneros, Suiza y Países Bajos.

El concepto de reducción de daños también está ganando terreno en el sistema de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud, el Programa ONU para el Desarrollo y ONUSIDA usan el término regularmente. Según la declaración de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el VIH/SIDA de 2001, en el 2005 deben asegurarse los "esfuerzos de reducción de daños relacionados con el uso de drogas" y el "acceso extendido a artículos esenciales, incluidos los equipos estériles de inyección." Desgraciadamente, el organismo que debería coordinar los intentos de controlar las drogas en la ONU, el Programa para la Fiscalización Internacional de Drogas, es el único que sigue prohibiendo el concepto y evitando cualquier debate sobre el mismo.

Avances en las políticas sobre el cannabis

En lo que se refiere al cannabis, los avances políticos toman impulso. El Reino Unido ha reclasificado el cannabis como droga de clase B a la clase C. Suiza está a punto de aprobar una ley que descriminalizaría el cultivo y la posesión. Y, en Canadá, tras dos años de investigación exhaustiva sobre las políticas públicas para el cannabis, la Comisión Especial sobre Drogas Ilegales del Senado declaraba recientemente que la hierba debería legalizarse y ser tratada como una cuestión social y de salud pública, y no criminal.

No hay duda de que, tarde o temprano, la tendencia tolerante chocará con las limitaciones de las convenciones de Naciones Unidas. De hecho, ya roza los límites de la letra y espíritu de algunos artículos. Todos los pasos dados hasta ahora pueden ser defendidos, al adherirse a la Convención Única de 1961 y a la de Viena de 1988, más estricta. Pero el margen de acción se está acabando. Si los países con políticas pragmáticas quieren avanzar, deben empezar a cuestionar abierta y seriamente las convenciones.

Oferta de drogas

En el lado del control de la oferta, por el contrario, han aumentado los enfoques represivos en la última década: intensificación de las fumigaciones con herbicidas químicos en Colombia; intento de desarrollar micoherbicidas para iniciar un frente biológico en la guerra a las drogas; creciente participación del ejército en actividades de control de drogas, especialmente en América Latina y bajo supervisión de EEUU; colaboración con el régimen talibán para imponer una prohibición del opio en el 2000 y presión al gobierno de Karzai para reforzar la prohibición sin haberse desarrollado alternativas a la economía del opio.

Los eslabones más débiles de la cadena de las drogas ilícitas han sufrido las desproporcionadas consecuencias negativas de políticas represivas. El control de drogas en países productores ha afectado a la sociedad en su conjunto, intensificando conflictos internos, corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación medioambiental. Se requiere urgentemente una política de reducción de daños a ese nivel, que podría incluir lo siguiente.

  • Abandonar la actual obsesión por el recuento y la reducción del número de hectáreas, y dar prioridad, en su lugar, al objetivo de reducir el daño asociado a la existencia de cultivos ilícitos, con medidas para reducir los daños al medio ambiente y para prevenir y resolver conflictos armados.
  • Apertura de espacios para el diálogo con las comunidades involucradas, de procesos flexibles de reducción gradual y otros mecanismos para reducir el daño de la monodependencia económica o de problemas relacionados con el abuso local.
  • Efinición del pequeño cultivador como una víctima económica que se ha vuelto 'adicta' al cultivo ilícito para su supervivencia. Hay que ofrecer a los cultivadores condiciones que les permitan superar la situación, y cuando éstas no funcionen, ayudarlos en lugar de fumigarlos, encarcelarlos o asesinarlos.