Persecución política a dirigentes cocaleras en el Perú

01 Enero 2006
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La norma de apología del terrorismo, promulgada en los noventa por el recién detenido ex presidente Fujimori, era utilizada, entre otras formas, para frenar las demandas populares.



El día 25 de noviembre un diario local de Huánuco, anunció que las dirigentes cocaleras de las cuencas cocaleras del Alto Huallaga, Elsa Malpartida y Nancy Obregón, decidieron pasar a la clandestinidad, ante la amenaza real de caer detenidas. Contra ambas mujeres hay una serie de acusaciones formales acumuladas en los últimos dos años, desde cuando asumieron el papel desafiante de encabezar este movimiento social. La orden de detención proviene directamente del Ministerio del Interior, que solicitó al Poder Judicial, la detención definitiva de las dirigentes cocaleras, en el proceso que se les sigue por alterar el orden público y tomar diversas carreteras de Tingo María en Huánuco, durante una serie de jornadas de protesta en mayo de 2004 y junio de 2005.

No sería la primera vez que un alto dirigente cocalero cayera preso en el Perú. Esta más bien parece ser parte de la estrategia de guerra de baja intensidad que manejan las autoridades peruanas, asesoradas por su contraparte estadounidense, contra el movimiento campesino cocalero en el país. Nelson Palomino la Sema, actualmente el principal dirigente, está preso desde febrero de 2003, por ser una molestia para las autoridades, al haber tomado un papel protagónico en la organización de la protesta social contra las políticas de erradicación forzosa y los falsos proyectos de desarrollo alternativo en su zona. "Como en épocas dictatoriales" rezaba el artículo de prensa donde se anunció su detención, "un dirigente social fue vinculado al terrorismo". Palomino fue acusado de varios delitos, entre los cuales el más grave era el de presunta "apología del terrorismo", figura penal establecida dentro de la legislación antiterrorista. Esta figura había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional del país por su ambigüedad. La norma de apología del terrorismo promulgada en la década del noventa por el recién detenido ex presidente Alberto Fujimori era utilizada, entre otros, para frenar las demandas populares. El Estado tuvo que deshacerse de esta demanda contra Palomino, pero el dirigente sigue preso hasta el día de hoy. Las autoridades se niegan a ponerlo en libertad, a pesar de haber cumplido su pena en la cárcel.

Las dos líderes han debido enfrentarse también a los medios de comunicación, y a la oposición dentro de su propio movimiento, entre otras cosas porque no es muy común en el Perú que las mujeres ocupen cargos altos en la dirigencia sindical, fuera de que lideran un movimiento todavía muy joven que ha visto encarcelar a su dirigente máximo poco después, y de que el movimiento está compuesto por dos decenas de cuencas cocaleras en el interior del país, cada una con sus particularidades e historias. Desde los últimos comicios (septiembre 2005) de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) las dos pasaron a ocupar cargos más bajos. Sus historias personales, descritas parcialmente en el libro Hablan los Diablos (Abya Yala, Quito, 2005) demuestran las difíciles circunstancias en las cuales ellas asumieron la tarea de desarrollar sus luchas sociales, y principalmente su empeño y sacrificio personal en ello. En vez de ser perseguidas, merecerían más bien ser distinguidas por su valentía y fuerza.

Considerar que en la protesta social en general puedan cometerse delitos, no debería ser motivo de persecución a personas que ocupan cargos de dirigencia en estos movimientos, dice el abogado Ricardo Soberón. "Eso constituye más bien parte de una estrategia para contrarrestar el movimiento social a través de la elaboración de atestados, siembra de pruebas, aparición de denunciantes y testigos, es decir, la utilización de las propias herramientas de un estado de derecho contra la protesta social, requiere de límites muy claros, que no lo están para los casos de los y las dirigentes".

Al igual que en su momento la detención de Palomino generó desconcierto en las filas de los productores de coca, lo mismo ocurre ahora con la amenaza a Obregón y Malpartida, quienes tuvieron que abandonar sus hogares y familias huyendo de la "justicia". Por otro lado, esa persecución contribuye más bien de alguna forma a la unificación del movimiento, creando verdaderos mártires de las políticas de drogas en el Perú. La aparición de nuevos 'diablos' y 'diablas' y el desafío al estado de derecho no ayudará por cierto a pacificar y solucionar los conflictos existentes y futuros alrededor de los cultivos de coca. ¡Defenderemos a los y las dirigentes cocaleras!