Repercusiones medioambientales: Panamá

01 Marzo 2007
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Los activistas de los países que acogen bases militares han librado duras y largas batallas para obligar al ejército estadounidense a cumplir con una tarea aparentemente sencilla: limpiar la basura que generan.

Los activistas de los países que acogen bases militares han librado duras y largas batallas para obligar al ejército estadounidense a cumplir con una tarea aparentemente sencilla: limpiar la basura que generan. Los extensos terrenos donde se establecen las bases estadounidenses destruyen, por el mero hecho de ser construidas, gran parte del entorno, desde selvas vírgenes a tierras de labranza y poblados, y continúan haciéndolo mientras funcionan e incluso una vez clausuradas.

El respeto por el entorno de los países anfitriones, sencillamente, parece no estar en la lista de prioridades del ejército estadounidense. En Filipinas, por ejemplo, el inspector general del Ejército de los Estados Unidos admitió que las bases “se aprovecharon de lo poco estricto de la situación legal”. Un portavoz del Departamento de Defensa afirmó que la base estaba exenta de toda obligación medioambiental en la zona, ya que sus políticas de actuación estaban en consonancia con la legislación nacional vigente que, en el caso filipino, era nula; y esto, a pesar de que, por entonces, Filipinas contaba ya con un estatuto de tres volúmenes en materia de medio ambiente. En la práctica, esto significa que los Estados Unidos han declinado asumir cualquier responsabilidad por la intensa contaminación de las bases navales de Clark y Subic, que ha envenenado ecosistemas y ha dañado la biodiversidad y los peces de la zona.

El grupo ecologista Greenpeace ha convertido la base estadounidense de Thule, Groenlandia, en objetivo de una de sus campañas, y sus barcos han sido testigos del vertido indiscriminado de cientos de barriles de residuos y montañas de metal. Greenpeace también ha constatado altos niveles de bifenilos policlorados (BPC) y materiales radiactivos –generados por pruebas rutinarias y accidentes (entre otros, el choque de un bombardero nuclear que provocó la dispersión de plutonio)– que pasan a formar parte de la cadena alimentaria. Estos contaminantes son absorbidos a través del entorno por los crustáceos de la zona y se encuentran en un estado concentrado cuando estos crustáceos pasan a ser alimento de peces, aves y carnívoros terrestres, lo cual se traduce en defectos congénitos, cánceres y otras enfermedades entre la fauna de este entorno antaño puro. Al igual que Thule, también Guam y Okinawa se ven azotadas por la pérdida de biodiversidad, debido a la contaminación química y a la introducción en la isla de especies foráneas que llegan con los barcos y los aviones militares.

En aquellos países donde la aplicación de las leyes medioambientales es más estricta, como Alemania e Italia, el ejército estadounidense ha sido blanco de acciones judiciales por la eliminación ilegal de residuos tóxicos y se ha visto obligado a limpiar los entornos que ha dañado. Así, el principio de “quien contamina, paga” en el que hacen hincapié las campañas se ha aplicado, al menos hasta ahora, principalmente en países ricos con determinado peso político en Washington.

Panamá

Las antiguas bases estadounidenses en Panamá, que cerraron en 1999, afectaron al entorno básicamente de dos formas: por un lado, crearon un enclave en la zona del Canal, distorsionando el desarrollo con la creación de dos polos, una zona relativamente “impoluta” y acomodada, y otra pobre y víctima de la explotación medioambiental; en segundo lugar, las actividades militares dejaron tras de sí materiales tóxicos y explosivos, sobre todo municiones convencionales y químicas sin detonar, en los antiguos campos de tiro, con lo que grandes extensiones de tierra quedaron improductivas. La presencia de municiones y armas químicas sin detonar supone que los terrenos no podrán ser recuperados para volver a cultivarlos o vivir en ellos.

John Lindsay Poland, de la organización The Fellowship of Reconciliation, ha guiado las iniciativas de grupos estadounidenses y latinoamericanos que, con sus campañas, persiguen que el Gobierno de los Estados Unidos cumpla con los compromisos que asumió en virtud de los Tratados del Canal en materia de limpieza del medio ambiente panameño. La gravedad de las repercusiones medioambientales en Panamá ha unido al movimiento pacifista con organizaciones ecologistas de corte más convencional como el Sierra Club. Tal como explica Poland: “el principio de la limpieza medioambiental es muy simple. La mayoría de nosotros lo aprendimos de nuestros padres: cuando ensucias algo, lo limpias. Lógicamente, esto es algo fundamental en el caso de agentes químicos y explosivos tóxicos y peligrosos. Sin embargo, es muy poca la voluntad política de Panamá o los Estados Unidos para llevar a cabo una buena limpieza medioambiental de los campos de tiro, donde los estadounidenses abandonaron más de 100.000 proyectiles sin detonar, según sus propios cálculos, y de la Isla de San José, donde la Organización por la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha constatado la existencia de bombas de gas mostaza dejadas por los Estados Unidos.

En Panamá –al igual que en otras fructíferas campañas en Filipinas y Vieques antes y después–, los activistas y las autoridades locales se concentraron en poner fin a la presencia del ejército estadounidense, hecho al que se dio prioridad por delante del problema medioambiental. Así pues, los Estados Unidos no demostraron ningún interés por las medidas medioambientales cuando decidieron marcharse. De hecho, una vez llevada al extremo la presión para cerrar las bases, los cargos públicos y los movimientos sociales de los países que acogen bases militares tienen bastante peso para asegurarse de que los Estados Unidos realicen una limpieza pero, por lo general, las autoridades locales temen que el Pentágono cambie de opinión y decida quedarse.”