Sobre la representación política

01 Abril 2007
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¿Qué lugar –si es que lo tiene– ocupa la noción de ‘representación política’ en el vocabulario de una nueva concepción de la vida política? Por Hilary Wainwright.
A veces, basta con leer el término ‘representación política’ para que los ojos se nos llenen con grises imágenes de políticos de carrera. ¿O puede que salte una chispa de curiosidad al recordar la victoria electoral de dirigentes de movimientos como Evo Morales en Bolivia o la derrota de Berlusconi en Italia? ¿Qué lugar –si es que lo tiene– ocupa la noción de ‘representación política’ en el vocabulario de una nueva concepción de la vida política? Para empezar, debemos partir de la idea de que siempre se ha tratado de un concepto muy controvertido. Esta controversia está arraigada en el doble significado del término ‘representación’ como ‘ser imagen de’, ‘símbolo de’ o ‘equivalente a’, y por otro lado, de ‘hacer presente’, es decir, de ‘re-presentar’. En la mayoría de sistemas políticos actuales, los representantes electos afirman ‘ser equivalentes’ a las personas y, una vez elegidos por el programa –o más bien por la imagen de marca– de su partido, estos políticos (que hacen de su labor una profesión) tienen más o menos vía libre hasta las próximas elecciones. Aparte de votar, los ciudadanos permanecen ausentes, pasan a ser meros observadores de lo que acontece en el escenario político. En contraposición, los poderosos intereses empresariales y mediáticos disponen de un acceso prácticamente ilimitado a los procesos de decisión política y, en no pocas ocasiones, al aparato del Estado. El otro significado de representación –el de hacer a la gente presente en el seno de las instituciones políticas– plantea una lógica distinta. La idea de ‘hacer presente’ denota una relación permanente, interactiva y transparente entre el representante y los ciudadanos a los que representa. Históricamente, esta distinción entre los dos significados ha quedado difuminada porque la idea de ‘ser equivalente a’ se ha interpretado como ‘ser característico de’. Los partidos obreros tradicionales, como el Partido Laborista británico, han creído que bastaba con que un número significativo de diputados fueran trabajadores industriales o manuales para que la ‘clase trabajadora’ estuviera presente en el parlamento. Esto hizo que se desviara la atención del hecho de que, para poder alcanzar una auténtica democracia, era necesario establecer distintos mecanismos por los que la gente estuviera presente de forma activa, a través de una relación continua con sus representantes y obligándolos a rendir cuentas y ser receptivos. Esta relación activa y vigilante, a su vez, ejercería presión sobre el ejecutivo para que fuera transparente y accesible. Un ejemplo reciente de esta desconcertante confusión entre los dos significados de ‘ser equivalente a’ y ‘hacer presente’ procede del Brasil. Poco después de que el ex trabajador metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva fuera elegido a la presidencia del país, en 2002, los movimientos populares se lamentaron por su falta de participación en las decisiones del Gobierno. La oficina del presidente respondió diciendo que no hacía falta más participación popular después de que “lo popular”, es decir, un obrero, hubiera llegado al poder. El mismo problema se manifiesta en relación con la raza y el género. La presencia física de representantes que proceden de grupos oprimidos y marginados es una condición sine qua non de la democracia pero, a menos ésta que vaya acompañada de líneas activas para la rendición de cuentas y de la alianza con los grupos que luchan contra la opresión, es algo totalmente insuficiente. La eliminación de la representación como una relación activa entre ciudadanos e instituciones políticas democráticas tiene una historia compleja. Sin duda, fue esa lectura de la representación como algo que ‘hace presente’ lo que inspiró a los primeros movimientos por la democracia representativa. Las limitaciones de espacio, concedían, no permitían desarrollar una democracia al estilo ateniense, y por eso mismo, argüían demócratas radicales como Tom Paine, motivo de más para que los sistemas de elección y de gobierno mantuvieran una relación más directa y continua con respecto a las demandas de los ciudadanos y fueran capaces de utilizar al máximo las capacidades populares para el autogobierno que, de otro modo, permanecerían dormidas. Desde que la democracia diera sus primeros pasos bajo el capitalismo, se han ejercido presiones institucionales constantes y poderosas para bloquear, moderar, mediar y desviar la presión popular del control sobre las instituciones estatales. Esta lucha es producto de una tensión fundamental entre la democracia y el mercado capitalista, entre los intereses de la empresa privada y los principios de igualdad política y control popular del gobierno. El choque entre los dos significados de ‘representación’ es una expresión política de dicha tensión; una tensión que, prácticamente siempre, suele resolverse a favor del capital. El período de la Guerra Fría entre finales de los años cuarenta y finales de los sesenta presenció la congelación de la democracia como un acuerdo de compromiso entre el poder del voto y el poder de la empresa, fuertemente influido por el acceso privilegiado del mundo empresarial a los principales departamentos de Estado (el famoso ‘complejo militar-industrial’ descrito por C.Wright Mills). Las primeras fisuras de este compromiso comenzaron a manifestarse con las revueltas de 1968 y la mayoría de edad de toda una generación que había crecido con los valores universales de la democracia por la que sus padres habían luchado contra el fascismo. Miraban a su alrededor y veían cómo, en la práctica, estos valores se habían reducido a una competición dentro de la clase política, respaldada por el autoritarismo cotidiano del trabajo fordista y las relaciones opresivas de la familia patriarcal. Rechazaban las opciones de la Guerra Fría, interesándose en su lugar por un ecléctico cóctel de democracia popular e igualitaria. Este momento desencadenó un desigual proceso de reivindicación de la representación como base a partir de la cual todos los ciudadanos, en tanto que iguales, pudieran controlar las decisiones políticas y económicas que determinaban sus vidas. Tras casi 40 años de avances, derrotas y momentos de innovación cualitativa, podemos observar varios cambios destacables, producto de la resistencia creativa frente a las jerarquías, los intereses creados y una cultura política elitista en el seno de las instituciones políticas dominantes, imitadas con demasiada frecuencia por las instituciones del movimiento obrero. En primer lugar, los movimientos sociales, incluidos los movimientos de base obreros, han demostrado tener el potencial –no siempre desarrollado de manera sostenida– de ser actores políticos independientes, conectándose entre sí para desarrollar visiones comunes del cambio social, ejerciendo sus propias formas de poder transformador y desarrollando su propia memoria colectiva y conocimientos compartidos. Es decir, han desplegado, de maneras diversas y características, actividades asociadas históricamente con los partidos políticos. Su relación con la representación política ha sido vacilante, y ha transitado desde el presupuesto de que las instituciones políticas son inmunes a la presión democrática, pasando por el miedo a la absorción, y llegando hasta el reconocimiento de que, en última instancia, su propio futuro se verá amenazado si se deja que las instituciones políticas deriven hacia la derecha. En consecuencia, se observa un creciente compromiso con la política representativa basado en una fuerte defensa de la propia autonomía política. Aunque estos movimientos necesitan en muchas ocasiones el apoyo o la iniciativa que llega desde las instituciones, sus actividades suelen proporcionar fuentes de poder que sobrepasan el poder institucional de los diputados y que pueden desafiar los límites en los que están atrapados estos representantes. Así pues, la relación que exigen a los representantes políticos no es meramente de responsabilidad y transparencia, sino también de igualdad e interdependencia. Esta realidad no recibe la atención que se merece: los malos hábitos de la política estrictamente partidista, por un lado, y de la mera protesta, por el otro, son duros de domar. En segundo lugar, esta experiencia sostenida y multigeneracional de los movimientos sociales como actores políticos independientes ha dado lugar a un gran número de activistas que trabajan como representantes políticos conscientes de esta autonomía de los movimientos sociales y de las limitaciones del conocimiento y del poder asociados con la actividad institucional. Han utilizado la victoria electoral para abrir y compartir el poder con nuevas esferas públicas de democracia participativa. En los mejores casos –por ejemplo, en ciudades de Brasil, España e Italia– esta dinámica está generando una nueva transparencia e igualdad en la asignación de recursos públicos, la administración de servicios y el fortalecimiento del control democrático sobre las inversiones privadas en los municipios. Estas experiencias revisten una gran importancia para nuestro análisis porque ilustran cómo esa interpretación radical de la representación política –la que busca hacer presentes a los ciudadanos– puede transformar no sólo al legislativo sino también la toma de decisiones ejecutivas del gobierno local y permitir que los ciudadanos acompañen directamente el mandato electoral, abriendo procesos de aplicación práctica que, hasta entonces, se caracterizaban por un secretismo y una corrupción endémicos. Los movimientos sociales y las redes de los últimos años también están transformando la representación política con su énfasis en el carácter transnacional del control democrático. Aunque se trate de un fenómeno apenas incipiente, los movimientos sociales han desarrollado procesos de toma de decisiones democráticos y transnacionales, plasmados, entre otras cosas, en formas de representación basadas en principios de rotación, transparencia e intercambio de conocimientos. El cómo se podrían desarrollar estos mecanismos para ejercer un control democrático sobre instituciones internacionales como la ONU y la UE es ya cuestión de futuros debates y análisis. Otro tema candente que surge al analizar la cuestión de la representación política es la naturaleza y el papel de los partidos políticos. Ya hemos aludido a los desafíos que se plantean a la supremacía de los partidos. Y a pesar de ello, la representación política, al menos en el ámbito legislativo, requiere de cierta continuidad organizativa en torno a un programa de compromisos políticos. De otro modo, la responsabilidad y la relación permanente, estructurada y transparente entre representantes y ciudadanos serían imposibles. ¿Pero cómo alcanzar algo parecido de forma que se tenga en cuenta a toda la diversidad de actores que comparten objetivos comunes pero que ejercen distintas formas de poder, de las que la actividad electoral es sólo una? Puede que algunas respuestas se encuentren en los experimentos de ‘partidos de movimientos’ o ‘partidos de redes’. El MAS en Bolivia, Akbayan en las Filipinas y Bloco de Esquerda en Portugal ilustran esta idea de movimientos que se convierten en medios de representación política o, en el último caso, de organizaciones políticas con un programa basado en demandas prácticas más que en una ideología política. Por tanto, el concepto de representación política es, en sentido radical, el de un grupo de ideas incipientes o controvertidas asociadas con el objetivo de una democracia igualitaria. Y como tal, tiene muchas implicaciones inmediatas y prácticas para la organización política en una era de movimientos y redes, y en un mundo de instituciones políticas decrépitas, corruptas y peligrosas. Traducción de Beatriz Martínez Ruiz Fuentes: David Beetham. Democracy: A Beginner’s Guide. 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