Un paso atrás

01 Abril 2007
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Por orden de las autoridades, los indígenas colombianos no podrán seguir produciendo el mate, los refrescos, harinas y dulces de coca, que venían siendo desde hace años fuente de trabajo para estas comunidades. La noticia cayó como un balde de agua fría. La sorpresa por tal medida ha sido general.

Por orden del Instituto Nacional para Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y el apoyo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en Colombia fueron retirados del comercio los productos de coca. Los indígenas colombianos no podrán seguir produciendo el mate, los refrescos, harinas y dulces de coca, que venían siendo desde hace años fuente de trabajo de estas comunidades. La noticia cayó como un balde de agua fría. La sorpresa por tal medida ha sido general. En las últimas semanas esto ha sido tema de una amplia discusión en los medios colombianos, en la que resalta el hecho de que todos en el país –aparte de las mencionadas autoridades- parecen condenar explícitamente la prohibición. Alguna conocida columnista menciona las bondades del té de coca para sus dolores de cabeza. Otros prefieren ver la medida como una ofensa a las tradiciones ancestrales de pueblos indígenas. Otros resaltan la injusticia inherente al hecho de que mientras el mundo entero bebe Coca-Cola, la Coca-Sek debió ser retirada de la pocas vitrinas en donde se vendía. Y otros han hecho sus argumentos en relación con la injusticia de la política de drogas que se aplica en Colombia que tiene el efecto perverso de beneficiar a empresas transnacionales como Monsanto (productora del Roundup que se usa en las fumigaciones de cultivos ilícitos) al tiempo que perjudica a la población rural colombiana. El argumento que dan las autoridades para prohibir los productos es que este comercio viola un convenio internacional, la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Pero, ¿viola realmente la venta de estos productos el tratado de la ONU? A este respecto, vale la pena mencionar dos comentarios aparecidos también en la prensa colombiana. Uno es de Alberto Rueda , especialista en asuntos de narcóticos, quien nos recuerda que existe una Enmienda de 1972 que modifica la Convención de 1961 . En efecto, el Artículo 27, Parágrafo 1 sobre “disposiciones suplementarias referentes a las hojas de coca en general, dice que: “Las partes podrán autorizar el uso de hojas de coca para la preparación de un agente saporífero que no contenga ningún alcaloide, y en la medida necesaria para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas”. El otro comentario es de Rodrigo Uprimny que nos recuerda que Colombia ratificó también el tratado de 1988 (Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988), que establece que la penalización del cultivo de coca se debía “armonizar con una política de desarrollo alternativo, tomando en cuenta los derechos de las comunidades indígenas involucradas”. Además, en 1994, la Corte Constitucional hizo hincapié en la necesidad de distinguir entre los usos legítimos de la coca y su utilización como materia prima para la cocaína, y “que la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico”. El Invima había concedido las licencias para la comercialización de los productos. Cómo se explica entonces que las autoridades colombianas se hayan dado cuenta sólo ahora de que existía una Convención de la ONU que se refiere a las hojas de coca? Y al revocar ahora las licencias, ¿cómo es posible que no hayan sido capaces de leer bien los textos de las convenciones? La actitud de las entidades del gobierno ha resultado francamente incoherente con la aceptación previa de las calidades de la hoja de coca, y representa un paso enorme atrás en el proceso de ‘desatanización’ de la coca. Cuando parecía que de manera lenta pero segura se iba abriendo una vía para la comercialización legal de un producto tristemente controvertido como la hoja de coca, la movida del gobierno colombiano se siente como un golpe bajo. Una situación particularmente preocupante cuando se sabe que si a alguien afecta particularmente la llamada guerra a las drogas -que se dirige básicamente a atacar los cultivos de coca- es a las comunidades indígenas. El espacio de legalidad (aunque reducido) que habían logrado abrir las comunidades indígenas para este producto era la única muestra de independencia que había dado hasta el momento el gobierno colombiano en asuntos antinarcóticos. Prohibir ahora el té de coca es haber quedado de nuevo dentro del sometimiento total a intereses extranjeros. Mientras incluso Estados Unidos, el país que le impone al mundo su política de drogas de cero tolerancia, es capaz de hacer una excepción para no perjudicar a una de sus grandes transnacionales (la Coca Cola), Colombia le quiere negar ahora esa posibilidad a los indígenas Nasa con la Coca Sek. Si el gobierno estadounidense fuera consecuente, debería obligar a la Coca Cola no sólo a cambiar de nombre, sino además a dejar de usar la coca para su elaboración, así se trate de hojas descocaínizadas, como dicen. Pero sucede lo contrario. Coca Cola no sólo no renunciará nunca al nombre sino que además quiere asegurarse su exclusividad, para lo cual ha demandado y se ha opuesto al registro de la Coca Sek como marca comercial. El cierre de Coca Sek significaría el desempleo para unas tres mil personas que tendrán que recurrir a la ilegalidad. Un país como Colombia que necesita implementar alternativas eficientes a la produccion y elaboración de productos ilegales no puede permitirse proscribir un comercio sano y eficiente como el de los productos derivados de la hoja de coca. Es de esperar, pues, que las autoridades judiciales encargadas de decidir sobre esto hagan una buena lectura de las convenciones y sus enmiendas, tomen en cuenta las consideraciones particulares de la hoja de coca, y sus potencialidades en beneficio de las comunidades indígenas, y en el marco de la constitución colombiana que reconoce los valores étnicos y culturales de todos los pueblos que conforman la nación.