Uruguay: Berríos, el bioquimico que incomodó

06 Octubre 1997
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Eugenio Berríos, bioquímico chileno, desapareció de Santiago de Chile en octubre de 1991, precisamente en el momento en que el juez Adolfo Bañados se proponía citarlo como testigo en la causa que investigaba el asesinato del excanciller Orlando Letelier.

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Eugenio Berríos, bioquímico chileno, 44 años, desapareció de Santiago de Chile en octubre de 1991, precisamente en el momento en que el juez Adolfo Bañados se proponía citarlo como testigo en la causa que investigaba el asesinato del excanciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington, en 1976. Nadie manifestó una excesiva preocupación por la súbita desaparición: magistrados, jerarcas policiales, políticos, gobernantes, militares, trataron el asunto como lo hacen esas familias patricias que disimulan molestas historias domésticas: con tacto y un pudor cómplice de entrecasa. La desaparición era, sin embargo, el comienzo del fin de una historia que exige contarse de atrás para adelante.

Eugenio Berríos ingresó con pasaporte falso en Uruguay ese mismo octubre de 1991, y habitó sucesivamente en dos hoteles de Montevideo y en un edificio relativamente lujoso de un barrio residencial. Estuvo siempre acompañado por un oficial de inteligencia chileno y asistido por varios oficiales de inteligencia uruguayos. El juez Bañados había librado orden de captura internacional, vía Interpol, pero nadie se percató en Uruguay de la presencia del bioquímico. Jerarcas policiales, jefes del alto mando del ejército, diplomáticos, siguieron jugando el inocente juego de la ignorancia, por más que la ausencia de Berríos adquiría los ribetes de las antiguas desapariciones, aquellas que promovían los Estados bajo la doctrina de la Seguridad Nacional. Durante un año, la palabra "democracia" ejerció el terapéutico don de reducir el episodio a una fábula de quienes "viven en el pasado". Las ocasionales denuncias periodísticas eran descartadas con el leve gesto del absurdo. Para entonces, quienes conocían el paradero de

Eugenio Berríos eran legión, entre civiles y militares, a los dos lados de los Andes.

Eugenio Berríos se escapó de su cárcel dorada en noviembre de 1992, un año después de abandonar Santiago. Durante ese lapso se convirtió en un personaje simpático -y patético, cuando se emborrachaba- que contaba alucinantes e incoherentes historias sobre el pasado reciente chileno, que los parroquianos de los bares preferían creer inventadas. Pero el día que intentó tomar contacto con la embajada de su país en Montevideo, su ambigua condición de "protegido" se trocó en la de simple prisionero. Supuestamente alejado de miradas indiscretas, en un chalet de Parque del Plata (un balneario de la costa oceánica, que pertenecía a un oficial de Contrainteligencia uruguaya), el bioquímico burló la vigilancia, se deslizó por la ventana de ventilación del baño y se presentó una mañana de domingo ante la Policía. En un estado de excitación muy cercano a la histeria denunció estar secuestrado por militares chilenos y uruguayos y reclamó ayuda: "Pinochet quiere matarme", declaró explícitamente y exigió que la frase fuera incluida textualmente en el libro de partes diarios de la comisaría. Se identificó extrayendo una fotocopia de su célula de identidad que escondía en el interior de su zapato izquierdo.

 

El comisario nada pudo hacer: camiones militares repletos de soldados armados a guerra rodearon la comisaría. El oficial al mando, el teniente coronel Tomás Cassella, Jefe de Operaciones de Contrainteligencia reclamó al prisionero. Fue necesario que el jefe de Policía de la zona, coronel retirado Ramón Rivas, se hiciera presente y ordenara al comisario la entrega del prisionero. Como la existencia de Berríos, su secuestro y sus temores fueron notorios para docenas de vecinos del balneario, la misma tarde del rescate los carceleros de aquella prisión clandestina visitaron uno por uno a los testigos: un médico, una enfermera, un comerciante, un marino retirado, una pareja de ancianos, un jardinero, un repartidor de comestibles, un técnico de heladeras, fueron saludados por el bioquímico, quien se disculpó con la excusa de que había perdido la compostura y, algo ebrio por los tragos que había bebido en ocasión de su cumpleaños, había inventado la historia de las amenazas de muerte. La convicción de que el chileno había dicho la verdad, a pesar de su rectificación, quedó fortalecida por la indisimulada presión que ejercían los soldados armados, en el periplo de disculpas. Tan fuerte fue la convicción que los habitantes del balneario nunca comentaron los episodios, ni aún en voz baja y menos osaron preguntar por el destino de aquel hombrecito de barba, algo rechoncho y casi loco de miedo.

Eugenio Berríos, después se supo, logró sobrevivir tres meses más. Los oficiales chilenos y uruguayos encargados de su custodia lo regresaron a Montevideo y lo mantuvieron oculto hasta fines de febrero de 1993, fecha en que el juez Adolfo Bañados dictó sentencia en la causa por el asesinato de Letelier. En la misma fecha el teniente general Augusto Pinochet realizó una visita privada a Uruguay; fue calificada como viaje de descanso, pero los motivos reales nunca fueron explicados, y se especuló con la intención del comandante en jefe del Ejército chileno de estar ausente de Santiago mientras se sustanciaban las audiencias judiciales en las que fue protagonista estelar el general Manuel Contreras.

La comitiva de Pinochet estuvo integrada por 15 personas cuyas identidades no trascendieron; pero el edecán uruguayo que lo acompañó permanentemente fue el teniente coronel Tomas Cassella, quien fue fotografiado junto al exdictador tanto en Montevideo como en Punta del Este. En los primeros días de marzo, Pinochet regresó a Santiago de Chile, y en los primeros días de marzo, según reveló una autopsia realizada dos años después, Eugenio Berríos fue trasladado a El Pinar, una playa cercana a Montevideo, fue ejecutado de dos balazos en la nuca y enterrado someramente en una duna de arena. Nunca se supo quiénes fueron los asesinos, aunque a disposición de la justicia quedaban múltiples y sólidos indicios. Más inquietante era la otra interrogante: ¿por qué el molesto testigo no fue eliminado inmediatamente, y por qué sus asesinos se arriesgaron a dejar en evidencia una operación clandestina de coordinación que comprometía a dos aparatos militares de inteligencia?

El secuestro y la desaparición de Eugenio Berríos recién fueron conocidos siete meses después, en junio de 1993, por una carta anónima que recibieron periodistas y parlamentarios. Fue escrita por dos policías acusados de corrupción. Despechados, decidieron denunciar al Jefe de Policía, el coronel retirado Ramón Rivas, el mismo que había facilitado el operativo militar de rescate y había destruído documentos oficiales en un intento de borrar el rastro del bioquímico. La revelación de los hechos, que incluía detalles de nombres, lugares y fechas, obligó al ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, a destituir a Rivas; y al ministro de Defensa, Mariano Britos, a iniciar una investigación administrativa. El ministro pudo confirmar que el comandante del Ejército, teniente general Juan Rebollo, había sido enterado de los episodios, pero se los había ocultado a su superior, el ministro. La noticia alcanzó al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, en Londres, última escala de una gira europea. El presidente decidió adelantar su regreso y prometió tomar medidas ejemplares; exigió un informe detallado.

Al momento de su desembarco el presidente Lacalle supo que en la casa de Gobierno lo aguardaban los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y 12 de los 15 generales en actividad. Los planteos militares lo indujeron a adoptar en el Parlamento, donde se ventilaba el secuestro, la tesis de que, puesto que el señor Berríos no estaba en el país, ni vivo ni muerto, según informaba Interior, entonces debía estar en el extranjero; y que, por otro lado, el asunto era un "episodio chileno". Apoyaba esa tesis la información brindada por el teniente coronel Tomás Cassella, quien había admitido que, a título personal había "ayudado" a colegas chilenos.

Cassella adujo que al otro día del secuestro en la comisaría, Eugenio Berríos lo había llamado telefónicamente desde Porto Alegre, Brasil. Para el gobierno el episodio quedó superado cuando presentó ante el Parlamento unos documentos que una persona desconocida, hablando en inglés, entregó en el consulado uruguayo en Milán: la fotocopia de una fotografía en la que aparecía Berríos sentado en un sillón y en el que había, a un costado, un ejemplar del diario Il Messagiero, con fecha 10 de junio de 1993; y las fotocopias de dos cartas, una manuscrita y otra escrita a máquina, fechadas también el 10 de junio. Los ministros que presentaron esos documentos ante el Parlamento incorporaron el informe de un perito calígrafo que atestiguaba la autenticidad de la letra de Berríos, y otro informe policial que descartaba el trucaje de la foto. Obviamente los peritos se equivocaron: para entonces hacía tres meses que Berríos yacía debajo de una duna de arena.

El gobierno de Lacalle dio por terminada la investigación, y la justicia, aunque no archivó el expediente, no llegó a ninguna conclusión. El teniente coronel Cassella fue ascendido a coronel y el episodio quedó en el olvido. Hasta que en abril de 1995 unos pescadores descubrieron en una playa unos restos óseos que afloraron en la superficie cuando los vientos de dos inviernos fueron modificando el relieve de las dunas de arena. Los peritajes forenses determinaron que los orificios en el cráneo correspondían a armas de gran calibre y que inequívocamente se trataba de un asesinato; determinaron con exactitud la fecha de la muerte, pero en marzo de 1993 la policía no registraba ninguna denuncia de desaparición. La identificación del cadáver se hacía prácticamente imposible. La noticia ocupó unas pequeñas líneas en los periódicos.

Durante meses los médicos del Instituto Forense trabajaron en reserva en base a una corazonada: junto a los restos óseos se había hallado una pequeña medalla de una virgen chilena. La tarea de deducir la identidad era hercúlea, pero los médicos estaban experimentando con un método de reciente aplicación: reconstruir la fisonomía de un cadáver elaborando en computadora la imagen de una musculatura a partir de la estructura de los huesos. El dibujo en pantalla se asemeja al de un identikit,pero a partir de datos exactos. Cuando la computadora diseñó el rostro que correspondía al cráneo, los médicos introdujeron un elemento "subjetivo": dibujaron una barba y un bigote, y en la pantalla apareció el rostro de Berríos, tal como lo mostraba la fotografía entregada en Milán.

La demanda de realizar pruebas de ADN a partir de muestras de los huesos debió sortear inverosímiles escollos formales; pero finalmente, dos años después del asesinato, los resultados de laboratorio confirmaron, con 99,99 por ciento de certeza, que los restos correspondían al bioquímico que había escrito cartas desde Italia, después de muerto. La confirmación de la muerte de Berríos constituyó una "herencia maldita" para el gobierno de Julio María Sanguinetti, que sustituyó al de Lacalle. Los hechos habían derrumbado todas las explicaciones oficiales, pero el caso no fue reabierto. Berríos ingresaba, aunque nadie lo admitiera, en el cono de sombra de una política, compartida en términos generales por los gobiernos sudamericanos, que optó por ignorar la existencia de una diplomacia paralela militar edificada durante los años del terrorismo de estado y que sobrevive intocada, en democracia.

Si bien existían indicios como para establecer la identidad de los autores materiales del asesinato, y fuertes presunciones sobre la autoría intelectual, era un hecho que el episodio no sería ventilado, por razones de conveniencia de política militar. De todas formas una asombrosa secuencia de revelaciones, producto de la torpeza, la impunidad displicente, y las urgencias, dieron elementos a quien quisiera como para dibujar una relación bastante aproximada de los hechos. La historia que resulta de esa compaginación de accidentes es en extremo detallada si se tiene en cuenta que el objetivo era mantenerla en secreto. Las motivaciones, en cambio, exhibían contradicciones insalvables. Si Berríos era un testigo incómodo con tendencia a hablar, sobrio o ebrio, sobre los secretos de la DINA, su desaparición debía tener necesariamente las características de las desapariciones forzosas, implementadas como metodología en los años setenta: la eliminación de todo rastro de la víctima de modo que no existiera ni siquiera la certeza de su muerte. En cambio, sus secuestradores lo mantuvieron vivo durante casi un año y medio, multiplicando los riesgos, para finalmente sellar el destino previsto.

Existen numerosos antecedentes de prisioneros que, aún en calidad de desaparecidos -no se admitía su detención-, sobrevivieron en tanto resultaban útiles para sus captores. En el caso de Berríos constituía un misterio la postergación de la ejecución, postergación tanto más incomprensible en la medida en que la omnipotencia militar arriesgaba costos políticos y multiplicaba -como ocurrió- los entredichos con el poder civil, a la vez que generaba una seria crisis institucional y diplomática.

Los esfuerzos civiles y militares por fabricar un desenlace anodino para el episodio del secuestro no disminuyeron la convicción de que el bioquímico había sucumbido a los temores que expresó dramaticamente en la comisaría de Parque del Plata. La aparición del cadáver en una costa uruguaya, cuatro años después de su desaparición en Santiago, tuvo, además de la confirmación, una consecuencia secundaria: por conductos reservados y extraoficiales, la prensa tuvo acceso a un expediente policial que documentaba la investigación realizada por dos detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Chile, ambos notorios por sus esfuerzos para aclarar otros crímenes relevantes de la dictadura: los asesinatos de Letelier y del general Carlos Prats, y el atentado contra Bernardo Leighton en Roma. Esa investigación, ignorada como las demás evidencias, ofrecía elementos para despejar algunas de las incógnitas.

El inspector Luis Fuentes Sotomayor y el comisario Rafael Castillo Bustamante hicieron en Montevideo lo que no hizo la policía local: interrogaron a conserjes, ascensoristas, porteros, mozos de bar, y llegaron a identificar a uno de los oficiales chilenos que durante un año mantuvieron secuestrado al bioquímico. Se trataba del capitán del ejército chileno Carlos Herrera Jimenez, actualmente condenado y recluído en Chile por varias violaciones a los derechos humanos. Los detectives descubrieron que: a) Herrera había introducido a Berríos en Uruguay y que se encargó de su vigilancia hasta que fue detenido en Buenos Aires, accidentalmente, por su presunta vinculación con el asesinato del general Prats; b) que el teniente coronel Cassella fue su garantía para alquilar el apartamento que sirvió de prisión a Berríos; c) que habitualmente se reportaba ante el agregado militar chileno en Montevideo, general Timmerman; y d) que sus comunicaciones telefónicas extensas y frecuentes con Santiago indicaban un contacto permanente con sus superiores. Pero fracasaron al intentar que un juez uruguayo ordenara a la compañía telefónica entregar el registro de llamadas internacionales del abonado 71 38 69.

Como Herrera no admitió su vinculación con el operativo binacional de secuestro y desaparición, los detectives orientaron sus indagaciones hacia otro rumbo: analizaron el contenido de las dos cartas supuestamente escritas por Berríos y entregadas en el consulado uruguayo en Milán. Una de las cartas, la manuscrita, estaba dirigida a los padres de Berríos; la otra, mecanografiada, estaba dirigida a las autoridades uruguayas. En ella, él o los autores pretendían sugerir que Berríos estaba siendo protegido por la DEA (la agencia antinarcóticos de Estados Unidos) y que todo el episodio de Parque del Plata era consecuencia de las "malas juntas" que habían involucrado a Berríos en el consumo y tráfico de cocaína; en la carta se mencionaban varios nombres, algunos reales y otros que resultaron ser falsos.

Los abogados e investigadores que han intentado descifrar las incógnitas del caso Berríos coinciden en que la segunda carta contiene elementos informativos ciertos que sólo Berríos pudo aportar; y que la intención consistió en desplazar el centro de atención que en ese momento (junio de 1993) se concentraba en la acción conjunta de elementos de inteligencia chilenos y uruguayos que actuaban en forma clandestina y paralela a las instituciones militares. Hoy se sospecha que la trama vinculada al narcotráfico fue insinuada para el caso de que el cadáver de Berríos fuera encontrado, de modo de sugerir un ajuste de cuentas entre mafiosos. Los hechos demostraron que el esfuerzo fue innecesario porque la confirmación del asesinato no activó en Uruguay ninguna investigación, en ningún sentido. Pero otorgó pistas a los detectives chilenos para avanzar en sus pesquisas, cuyos resultados explican por qué tampoco en Chile hubo intención real de esclarecer la desaparición.

Los antecedentes de Berríos estaban en poder de los detectives tal como habían surgido lateralmente en la investigación de otros episodios de responsabilidad de la DINA. Berríos había tenido momentos de esplendor, en 1975, cuando trabajó a las ordenes directas del agente Michael Townley en un pequeño laboratorio que instaló en una casa de seguridad de la DINA, en el barrio de Lo Curro, para experimentar con un gas, llamado Saríny que integra la lista de armas químicas prohibidas por los convenios internacionales. Seducidos por la personalidad "genial" y excéntrica del bioquímico, tanto Townley como el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA y mano derecha de Augusto Pinochet, apostaron al éxito del experimento, que otorgaría a la policía secreta un arma letal y terrorífica: el Sarin,al ser aspirado genera una parálisis neurológica que provoca instantáneamente la muerte; el deceso puede ser atribuído a un paro cardíaco o a una asfixia. La propuesta de Berríos era fabricar el gas en una escala tal que pudiera ser utilizado en terreno abierto, en combate, acondicionando proyectiles de artillería.

También podría ser utilizado para enmascarar la ejecución de individuos, camuflando la intención criminal. Los experimentos fueron clasificados con el nombre clave de proyecto Andrea. Entre 1975 y 1977 Berríos alternó con los principales jerarcas de la DINA y compartió los secretos de la Operación Cóndor, el mecanismo de coordinación represiva de los aparatos de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur; conoció a prominentes aliados de la DINA, encargados de operaciones secretas en el exterior, como el cubano anticastrista Orlando Bosch y el italiano neofascista Stephano delle Chiaie; y estuvo al tanto de los detalles de algunos de los más sonados asesinatos. De hecho, el asesinato de Orlando Letelier fue planificado para ser realizado con el gas Sarín.

El ocaso de Berríos sobrevino después que la DINA fue disuelta; sus fracasos comerciales y sus apremios económicos lo indujeron a cometer pequeñas estafas con cheques sin fondo y a vivir del timo a civiles y del chantaje a los militares. Cuando la justicia ordenó su detención para concurrir como testigo en la causa Letelier, Berríos era conocido como parroquiano de algunos centros nocturnos frecuentados por agentes y exagentes de los aparatos de seguridad e inteligencia, el bar Los Asesinos, el Piano Bar Oliver y el club New Crazy, donde solía contar con aire enigmático algunos pormenores del terrorismo de estado, mientras sus ocasionales amantes bailaban semidesnudas sobre las mesas. El día que fue allanado su domicilio, la casa paterna, la policía encontró, en el garaje, un laboratorio casero donde Berríos fraccionaba y adulteraba cocaína.

En setiembre de 1993, los detectives estaban en condiciones de completar la oscura y alucinante historia del bioquímico, a partir de los elementos aportados en la carta mecanografiada. La carta adjudicada a Berríos era ambigua: sugería, por ejemplo, que continuaba con sus experimentos de laboratorio: "Lo que sirvió en Chile, y no fue valorado, hoy le sirve a otra gente más fuerte, más grande y más poderosa. Sé que me utilizan pero ahora es distinto, el fin es distinto". La frase, ¿se refería al gas Saríno a trabajos vinculados a la droga? El supuesto Berríos confesaba: "Tuve problemas económicos. Hasta llegué a hacer anfetaminas, las que supe que se vendían en los colegios. Pero lo tuve que hacer para poder vivir. La droga, cuando agarra, es imposible huir". El texto introducía de lleno en el tema de los narcóticos: "Por los conocimientos que tengo y por las necesidades que tenía, me metí en este mundo irreal, primero participando en fiestas, con minas, tragos, etcétera, con supuestos amigos, malos amigos". Y se ofrecía una lista de nombres: "Manuel Novo, Carlos Board, El Aragonés, Máximo Bocanegra Guevara, Hernán López, Enrique Paraviccino, Enrique González y otros más. Se acordarán de la broma en la maleta del auto".

Los detectives de la Brigada de Homicidios escarbaron esas pistas durante más de siete meses. El informe final ofrece novedades inesperadas: revela que Berrios se asoció con una banda peruana de narcotraficantes mientras seguía manteniendo vínculos con los aparatos de inteligencia; algunos de los miembros de la banda fueron, a su vez, agentes de los aparatos políticos que facilitaron contactos con funcionarios del servicio exterior chileno para traficar droga mediante valija diplomática. Así, el "Manuel Novo" citado en la carta resultó ser Andrés Novoa, quien junto con el abogado Enrique Paraviccino había revistado como agente civil de la DINA. Novoa y Paraviccino se asociaron con Berríos en una empresa llamada Fitoquímica Nacional, que sirvió de pantalla para la banda dirigida por el narcotraficante peruano Guillermo Cornejo Hualpa. Cornejo estaba requerido en su país por un frustrado contrabando de 285 kilos de cocaína que fueron incautados en el barco de la Armada peruana Eten, antes de partir de El Callao. Gracias a la ayuda de su padre, Guillermo Cornejo Calderón, mayor de la Guardia Civil, Cornejo Hualpa logró huir a Chile donde montó, con el pasaporte falso de Jorge Acosta, la importadora Susset y Cia, que ofició de centro de operaciones.

Instalada en Chile, la banda logró reclutar a Novoa, Berríos y Paraviccino; a Edmundo Saldivia, funcionario del consulado chileno en Madrid y a Jorge Alarcón, funcionario chileno de la embajada estadounidense en Santiago; al abogado Carlos Miranda, con vinculaciones en la Presidencia y en Industrias Militares, allegado a un Procurado General de la Nación; a Raúl Enrique Contreras Salas, sargento del Ejército, escolta del Procurador, y a Ríos San Martín, exagente de la DINA, encargado de la custodia de Berríos. Algunos de los miembros de la banda fueron finalmente detenidos en Europa (donde fueron interrogados por los detectives): Novoa, en Madrid, junto con Percy Lazo, comandante de la Guardia Civil peruana, vinculados a cargamentos de droga, trasladados en contenedores con merluza que se fletaban vía Iberia; Osvaldo Alcayaga Arana y Jorge Saer Becerra, en Alemania, involucrados en la introducción de 94 kilos de cocaína.

Las investigaciones revelaron que poco antes de su desaparición, Berríos experimentaba en laboratorios en busca de una fórmula para la "disociación molecular" de la cocaína que permitiera eludir los controles. La idea había seducido a los narcotraficantes como antes había seducido a los militares la idea de gas Sarín."Le quitaré el olor a la cocaína", había prometido Berríos. Pero simultáneamente el bioquímico, en compañía de algunos antiguos amigos de la DINA, participó activamente en las operaciones de tráfico: en un local de la calle Bustos 2224, donde antes funcionó una casa de seguridad de la DINA, Berríos acondicionaba cocaína que sería trasladada a Europa vía Montevideo. La droga era introducida en Chile por Enrique Momberg, un secuaz de Cornejo que retiraba los cargamentos en Lima y los acondicionaba en el tanque de naftade su vehículo. Pequeños cargamentos (se verificó uno de 9 kilos) llegaban a Montevideo en la valija diplomática de Emilio Rojas, agregado de prensa de la embajada chilena en Montevideo. Rojas, quien por lo menos en una oportunidad almorzó con Cornejo en Montevideo, había sido asesor de publicidad de Berríos, en 1984, cuando el bioquímico emprendió un fracasado negocio de fabricación de una infusión, el boldiño.Rojas fue la persona a quien Berríos intentó conectar en la embajada de Montevideo cuando percibió que sería eliminado por sus "protectores militares".

Una investigación administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores determinó que Rojas conversó con el agregado militar Timmerman sobre la presencia de Berríos en Montevideo, después de verificada su desaparición en Santiago. "Nos está costando mucho dinero", comentó de Berríos el general Timmerman. Rojas fue separado de su cargo diplomático, pero el general Timmerman ocupa actualmente la jefatura de la más poderosa división del Ejército chileno.

La investigación de los detectives chilenos concluye que Eugenio Berrios "es elaborador, consumidor y traficante de cocaína". El tiempo presente del verbo es anterior al hallazgo del cadáver en 1995. La meticulosidad con que los investigadores destacan las relaciones entre agentes y exagentes de los aparatos de inteligencia y las actividades de narcotráfico no es accidental. En el voluminoso expediente Nº 7981 del Juzgado de Crimen Nº 6 de Santiago, las dos historias -la de la colaboración militar y la de narcotraficantes- corren paralelas pero exhiben múltiples puntos de contacto. Que la desaparición y el posterior asesinato de Berríos obedeció a la necesidad de eliminar un testigo inestable y poco confiable (cuyo testimonio en un juicio clave contra la dictadura podría haber corrido el velo de historias ocultadas con empeño) parece confirmado por la tenaz determinación de los gobiernos de eludir una investigación sobre las pervivencias de la coordinación militar.

Pero los vínculos entre actividades de inteligencia y narcotráfico ofrece un poderoso atractivo para explicar por qué Berríos fue objeto de una de las más complejas y arriesgadas operaciones encubiertas de que se tenga noticia después de las dictaduras y que desembocó en una crisis institucional donde un gobierno civil debió someterse a la presión de los militares. En el expediente judicial mencionado fue incorporado el resultado del sumario administrativo ordenado por la cancillería chilena. Entre los documentos se incluyen fotocopias de mensajes rotulados como secretos, que el embajador chileno, Raymundo Barros Charlín, envió al Canciller en los primeros días del escándalo, en junio de 1993.

Uno de ellos, el Nº 191, fechado el 11 de junio, refiere a la entrevista que el embajador mantuvo con el canciller uruguayo Sergio Abreu. Describiendo la conversación, y a propósito de la reunión entre el presidente y los mandos militares, Barros Charlín dice: "Hoy primera hora fui citado por canciller Sergio Abreu en relación caso Berríos (...) Me planteó por encargo su gobierno, en forma oficial, trasmitiera a nuestras autoridades requerimiento preciso en orden a conocer si en hechos son de pública notoriedad habrían tenido participación o conocimiento oficiales FF.AA. chilenos. Asimismo canciller Abreu fue enfático para manifestar que ante solidaridad institucional demostrada por Ejército uruguayo y apoyo irrestricto a sus altos mandos, y aval de éstos últimos a niveles subalternos, presidente Lacalle no había podido tomar medidas drásticas en cúpula castrense. Gráficamente indicó gobierno, una vez más, había tenido que doblar el pescuezo (...)".

Si acaso en algún momento se pudiera establecer exactamente qué clase de experimentos estaba llevando a cabo el bioquímico Eugenio Berríos, qué clase de genialidades estaba prometiendo a sus captores, se podría descifrar el misterio que justificó una operación encubierta de gran envergadura y que postergó durante más de un año el previsible desenlace.