Para proteger los bosques del mundo, se necesita algo más que dinero

11 Diciembre 2007
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Los gobiernos reunidos en Bali con motivo de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU deben reconocer que ésta podría ser nuestra última oportunidad para frenar el cambio climático y que, dado que entre el 18 y 20 por ciento de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero están provocadas por la deforestación, la protección de nuestros bosques es un factor clave.
Los gobiernos reunidos en Bali (Indonesia) con motivo de la XIII Conferencia de las Partes/3ª Reunión de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entre el 3 y 14 de diciembre de 2007, deben reconocer que ésta podría ser nuestra última oportunidad para frenar el cambio climático y que, dado que entre el 18 y 20 por ciento de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero están provocadas por la deforestación, la protección de nuestros bosques es un factor clave. Este problema se exacerba aún más porque los bosques son un elemento vital de los ciclos hidrológico y del carbono de la Tierra. Sin los bosques, las lluvias desaparecerán en muchas regiones. Aún así, estos mismos bosques reciben los impactos del cambio climático y podrían estar ya perdiendo su capacidad para regular el clima del planeta. El aumento de las temperaturas amenaza con incrementar la tensión térmica y las sequías, por lo que los bosques, especialmente los tropicales, en lugar de absorberlas, se convertirían en fuentes netas de emisiones. Además, la deforestación también puede desencadenar la destrucción irreversible de ecosistemas. Gobiernos e instituciones intergubernamentales, como el Banco Mundial, han respondido a estos hechos presentando una serie de propuestas sobre Reducción de las Emisiones provocadas por la Deforestación (RED, por su sigla en inglés) y, en el caso del Banco, un plan para poner en marcha un Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF, en inglés). Sin embargo, estas propuestas, en particular aquellas que defienden que los bosques se deberían incorporar a los mercados de emisiones como generadores de títulos de compensación por la emisión de CO2, están muy lejos de ofrecer lo que se necesita realmente para luchar contra el cambio climático con prontitud y eficacia. El mercado de emisiones y compensaciones se está utilizando como una cortina de humo con la que evitar la legislación y aplazar las medidas urgentes que se deben tomar para reducir las emisiones y desarrollar soluciones alternativas bajas en emisiones. Al mismo tiempo, animan a las industrias, los gobiernos y los ciudadanos a mantener o incluso aumentar actividades innecesarias muy contaminantes. En resumen: la vida se reduce a una mercancía que se puede vender y comprar. A pesar de todas estas inquietudes, como los mecanismos de financiación para reducir las emisiones auguran unos beneficios comerciales astronómicos en los que podrían convertirse en los mayores mercados de materias primas del mundo, estas propuestas figuran entre las prioridades de muchas agendas gubernamentales y comerciales en Bali. Y sin embargo, todos los programas de reducción de emisiones de la CMNUCC hasta la fecha –basados en proyectos y en mercados–se han revelado como totalmente ineficaces a la hora de reducir las emisiones de forma significativa. El Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) de la CMUNUCC, que se puso en marcha en Kyoto en diciembre de 1997, se concibió para que los países que habían asumido objetivos en materia de reducción de emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto invirtieran en proyectos que permitieran a los países en desarrollo reducir sus emisiones con un menor coste económico. El MDL ha fracasado. Los proyectos han tendido a traducirse en unos beneficios excesivos para la industria y a generar inversiones para muchos proyectos que se habrían ejecutado de todos modos. Tras varios años de funcionamiento del mercado de emisiones, los índices de emisión de gases de efecto invernadero no han cesado de aumentar. De hecho, diversos estudios demuestran que el mercado podría estar provocando un incremento general de las emisiones. Muchos proyectos, en contra de lo pretendido, no son ‘limpios’ ni están mitigando la pobreza o fomentando un desarrollo sostenible. El Banco Mundial presenta unos antecedentes igual de dudosos con respecto a la financiación para reducir las emisiones, entre otras cosas porque sigue financiando proyectos en los sectores del petróleo, el gas y la minería, a pesar de que un informe elaborado por la propia organización recomendaba que se dejara de invertir en la mayoría de estos proyectos. Además, como agente intermediario, el Banco tiene un gran interés en promover el comercio de emisiones. Su proyecto de Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) –supuestamente pensado para canalizar fondos para reducir las emisiones de los países donantes a los países receptores– también podría acarrear graves repercusiones sociales y medioambientales. Los mecanismos de financiación para reducir las emisiones están resultado ser tremendamente injustos. Los bosques son el hogar y la fuente de sustento de más de 1.600 millones de personas, entre los que se incluyen pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques. Las empresas y los países más adinerados pueden comprar el derecho a seguir contaminando, mientras que las comunidades pobres suelen encontrarse atrapadas en largos contratos comerciales que les son desfavorables. Además, los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques ya han descubierto que son ellos los que deberán cargar con el verdadero coste de los proyectos de mitigación del cambio climático que funcionan a través del comercio de emisiones sin cosechar ninguno de sus beneficios. Algunos proyectos de este tipo están subvencionando plantaciones industriales de árboles a expensas de comunidades, ecosistemas y la producción de alimentos. Las políticas RED que están sobre la mesa podrían desencadenar mayores desplazamientos, conflictos y violencia, mientras los bosques ven un aumento en su valor y se consideran ‘zonas de acceso prohibido’ a las comunidades que los habitan o que dependen de ellos para su sustento. Las mujeres y los pueblos indígenas son los sectores con menos probabilidades de beneficiarse de la destrucción de los bosques y, por lo tanto, con menos probabilidades de recibir compensaciones. Los mecanismos de financiación para reducir las emisiones llevan a que los bosques se traspasen o se vendan a grandes empresas que pretenden conseguir unos ‘créditos de carbono’ muy lucrativos. Los mercados de emisiones, como del resto de mercancías, también están demostrando ser tremendamente volátiles. Lejos de crear un entorno comercial y unos flujos financieros previsibles, la primera fase del Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU-ETS), por ejemplo, ha tenido “efectos muy cuestionables” en cuanto a “la medida en que se reducen las emisiones, y la medida en que proporciona un precio del carbono estable y eficaz” (Comité de Auditoría Medioambiental del Reino Unido, 28 de febrero de 2007). La protección de los bosques y de nuestro clima es vital para todos nuestros futuros y no debería estar sujeta a los caprichos del mercado. Recomendaciones Instamos a los gobiernos a:
  • encarar los ‘motores’ directos y subyacentes de la deforestación y la destrucción de la biodiversidad en otros ecosistemas que también son de crucial importancia para la estabilidad climática reduciendo la demanda de productos agrícolas y forestales, y de energía; eliminar las normas de liberalización en materia de comercio e inversiones que alimentan la deforestación; y acabar con la corrupción.
  • garantizar que todos los programas de protección forestal contemplan y respetan los derechos de los pueblos indígenas (consagrados en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU), las mujeres y las comunidades locales, prohibiendo toda acción que pretenda excluir a los pueblos indígenas y a las comunidades dependientes de los bosques de las áreas de ‘conservación’. Antes de ejecutar dichos programas, se deberían abordar cuestiones fundamentales como la tenencia de las tierras y observar el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas.
  • priorizar el fin del desarrollo, la producción y el comercio de agrocombustibles, y suspender todos los objetivos e incentivos al respecto, incluidos los subsidios, el comercio de emisiones y las inversiones públicas y privadas destinadas al desarrollo y producción de agrocombustibles.
  • dejar los bosques al margen de los mecanismos de financiación para reducir las emisiones, que son imprevisibles, injustos y no estimulan la reducción de las emisiones en origen. Esto supondría que los bosques no entren en el Mecanismo para un desarrollo limpio ni en ninguna iniciativa de comercio de emisiones, así como rechazar la propuesta de Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) del Banco Mundial.
  • garantizar que se ayude a los países en desarrollo en sus iniciativas para proteger sus bosques con un apoyo económico –y de cualquier otra índole– suficiente, bien dirigido y previsible, en la forma de un fondo internacional que recompense el cese completo, y no parcial, de la deforestación; un fondo que apoye las políticas que promueven la gestión forestal, la reforestación, y la regeneración del medio ambiente y los ecosistemas gestionadas por las comunidades; un fondo que financie actividades para la lucha contra los incendios forestales y que ayude a los países que no pueden evitar o detener fuegos forestales descontrolados.
  • redirigir las considerables sumas de fondos públicos, exenciones fiscales y otras formas de subvenciones que se están otorgando actualmente a las industrias de los combustibles fósiles y los agrocombustibles para destinarlas a fondos de ayuda para evitar la deforestación, el fomento efectivo del transporte público y el desarrollo de tecnologías solares, eólicas, geotérmicas, undimotrices, y de eficiencia energética. (El gasto público en subvenciones para la energía alcanza actualmente los 250 mil millones de dólares anuales.)
  • garantizar que los fondos no se utilizan para compensar a las empresas madereras, a las grandes plantaciones ni a otros actores implicados en la deforestación a gran escala.
  • fortalecer las débiles políticas e instituciones dedicadas a la conservación forestal, fomentando prohibiciones o moratorias sobre las explotaciones forestales industriales y la conversión de bosques, y abordando los problemas de corrupción e incumplimiento de normativas.
  • establecer una moratoria sobre toda financiación y subvención públicas para exploraciones de petróleo, carbón y gas, e introducir paulatinamente subsidios para alternativas energéticas limpias, con programas de transición justos que permitan el progresivo abandono de actividades basadas en combustibles fósiles y sin dejar de proteger, al mismo tiempo, a los ecosistemas, las comunidades y la protección de alimentos de los agrocombustibles.
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