El 29 de junio de 2011, el gobierno boliviano anunció su retirada formal de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972, indicando su intención de volver a adherirse a ella con una reserva que permita el uso tradicional de la hoja de coca. La decisión se vio desencadenada por la necesidad de Bolivia de conciliar las obligaciones que tiene en virtud del sistema internacional de control de drogas con sus compromisos constitucionales y otros deberes jurídicos internacionales. Bolivia da este paso después de que este mismo año se haya rechazado su propuesta de modificar la Convención Única eliminando la obligación de abolir la masticación de la hoja de coca (artículo 49).
El International Drug Policy Consortium (IDPC) apoya la difícil decisión tomada por la administración de Morales para responder a esta situación con los medios más proporcionados y jurídicamente adecuados. Bolivia está intentando conciliar muchos intereses jurídicos y tiene la obligación de proteger sus tradiciones indígenas y culturales. El IDPC, por tanto, insta a la comunidad internacional a no presentar ninguna objeción que pudiera impedir que Bolivia se vuelva a adherir a la Convención el año que viene.
A principios de julio de 2011, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) exhortó a todos los países a oponerse a la decisión de Bolivia. Esta intervención es muy poco constructiva y podría decirse, además, que representa un abuso del mandato de la Junta. Instamos a la JIFE a no perseguir más intentos para influir en la reacción de los Estados miembros ante el anuncio de Bolivia.
La Convención Única se presentó en su época como una iniciativa para aclarar y adaptar los tratados anteriores a los cambios que se habían ido produciendo con los años. Recordar su historia debería servir para acabar con la inmerecida áurea de inmovilidad que rodea al actual marco de tratados de control de drogas de la ONU. Los regímenes de todo tipo experimentan cambios con el paso del tiempo y, en este sentido, el actual régimen de fiscalización de estupefacientes y, más en concreto, la Convención Única en que se basa, no son ninguna excepción.
Los Estados miembros deberían encontrar una forma de ayudar a Bolivia a conciliar sus obligaciones constitucionales con aquellas de los tratados, alejándose de la férrea defensa de cada una de las palabras de la Convención Única, escrita hace 50 años, para crear un marco de control de drogas que se adecue en el siglo XXI a la finalidad para la que fue creado originalmente. El quincuagésimo aniversario de la Convención Única, que se celebra este año, es de hecho un momento muy oportuno para empezar a plantear una revisión de algunas de sus disposiciones obsoletas e inapropiadas.
Véase también:
Nota para la incidencia política del IDPC
Julio de 2011
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