Del 17 al 22 de marzo de 2018, cerca de 7000 personas de más de 30 países y casi todos los estados brasileños se reunieron en el Foro Mundial Alternativo del Agua (FAMA). El FAMA envió un mensaje claro cuando manifestó que no colaboraría con el hermético VIII Foro Mundial del Agua, organizado por Consejo Mundial del Agua, un centro de estudios privado, y sus socios del mundo empresarial. El Consejo Mundial del Agua lleva décadas promoviendo debates a favor de las políticas privatizadoras.
FAMA
Según algunas noticias, el presupuesto total del VIII Foro Mundial del Agua fue de 103 millones de euros. Según los cálculos más prudentes, más de la mitad (52 millones de euros) fue financiada por los contribuyentes brasileños, a través del Gobierno del Distrito Federal (más de 30 millones de euros) y la Agencia Nacional del Agua (ANA, 22 millones de euros), sin ningún tipo de escrutinio. Este enorme gasto público para un evento tan hermético es muy cuestionable cuando el Gobierno recorta los presupuestos y programas de salud y educación y enfrenta una grave crisis de infraestructura urbana. A pesar de una solicitud de acceso a la información, no se ha revelado la más mínima información sobre la contabilidad mínima del evento. [1] El VIII Foro Mundial del Agua pone sobre la mesa la seria pregunta de por qué se están destinando unos preciados fondos públicos a proporcionar un espacio para que las grandes empresas fomenten su agenda comercial. Antes del Foro Mundial del Agua, se informó de que Nestlé y Coca-Cola habían llegado a un acuerdo mediante el cual se les asignaron derechos exclusivos para extraer agua del Acuífero Guaraní, la mayor reserva subterránea de agua dulce renovable de las Américas. [2]
Según el sitio web del Foro Mundial del Agua, los organizadores esperaban a 40 000 participantes, pero la asistencia se acabó reduciendo a poco más de 10 600 personas. Esto parecería indicar que ha disminuido la relevancia política del Foro Mundial del Agua entre los responsables de políticas, y que el VIII Foro Mundial del Agua ha atraído solo a aquellos con suficientes intereses dispuestos a pagar un precio de entrada excesivo (850 euros para personas procedentes de países de la OCDE). Desde el VII Foro Mundial del Agua, celebrado en Corea del Sur en 2015, se creó un “foro de la sociedad civil” para evadir las crecientes críticas a la legitimidad del Foro Mundial del Agua. En Brasilia, junto con este foro de la sociedad civil, se creó una “aldea ciudadana” fuera del recinto, abierta al público y sin ningún cargo de entrada. FAMA y el movimiento por la justicia global rechazaron cualquier participación en estos espacios “ciudadanos” artificiales.
En cambio, el FAMA construyó con éxito su propio espacio de diversidad, dando la bienvenida a movimientos indígenas, quilombolas, pescadores, comunidades tradicionales, organizaciones rurales y movimientos socioambientales de todo el mundo. Este espacio alternativo se centró en las personas y las comunidades que se ven afectadas por la contaminación del agua, el despojo de los recursos y las privatizaciones. Vale la pena señalar que el Gobierno del Distrito Federal apoyó al FAMA con 1,2 millones de reales brasileños (alrededor de 300 000 euros), que representa el 1 % de la descomunal cantidad de fondos que concedieron al Foro Mundial del Agua. Un tercio de los recursos otorgados al FAMA fue una contribución ‘en especie’, mediante un acuerdo que permitió al FAMA utilizar el campus de la Universidad de Brasilia durante dos días. El FAMA se organizó en gran medida con donaciones individuales, contribuciones de fundaciones progresistas y sindicatos, y mediante el compromiso de las personas. Se les pidió a los participantes que hicieran una contribución, de acuerdo a sus posibilidades, de 50 reales (12,50 euros para el evento de 6 días). El FAMA proporcionó un espacio para el debate sobre las estrategias para las alternativas que ahora están surgiendo de las luchas por la justicia del agua. Hablamos de algunas de estas a continuación.
FAMA
Ary Girota, empleado de la compañía estatal de abastecimiento de agua y saneamiento Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), subió al escenario para denunciar el plan del gobierno de Río de Janeiro de privatizar CEDAE. En 2016, el Gobierno “interino” de Brasil, dirigido por Michel Temer, otorgó un préstamo de emergencia al estado de Río de Janeiro para ayudar a financiar la infraestructura para los Juegos Olímpicos de 2016. Sin embargo, esta ayuda se condicionó a la venta de CEDAE. Aunque la privatización fue autorizada en febrero de 2017, se suspendió debido a la resistencia de los sindicatos, que presentaron dos demandas contra la medida. Según Ary, “el Gobierno quiere hacer de Rio un laboratorio para otros proyectos de privatización. A la CEDAE se le otorgan fondos insuficientes con la intención de que fracase y, así, preparar el terreno para su privatización. Debemos permanecer alerta. A los trabajadores no se les ha pagado desde hace un mes, y 6000 trabajadores quedarán al margen del proceso de reestructuración en curso. La CEDAE debería reformarse para introducir en ella mecanismos de control social —participación de los trabajadores y los usuarios— y transparencia. Intensificaremos nuestra lucha trabajando con familias de bajos ingresos que necesitan servicios de agua asequibles”.
La remunicipalización es una respuesta local de la ciudadanía y las autoridades locales a las constantes privatizaciones del agua y las asociaciones público-privadas (APP). El último estudio (enero de 2017) realizado por el TNI y otras organizaciones asociadas ha desvelado 835 casos en siete servicios básicos. De estos, 267 se han producido en el sector del agua. Durante el FAMA, se informó de un caso importante de remunicipalización hasta ese momento desconocido en el estado de Tocantins, y que ahora sitúa a Brasil en el mapa mundial de la remunicipalización.
Durante la década de 1990, Brasil experimentó una ola de privatizaciones. El único caso que implicó un servicio de saneamiento ocurrió en el estado de Tocantins en 1997, cuando en un proceso muy opaco se vendió la compañía de saneamiento estatal a la compañía privada Saneatins. No se otorgó el consentimiento jurídico necesario de todos los municipios afectados, y el contrato privado hacía referencia solo a cuatro municipios con poblaciones de 50 000 habitantes o más. Después de la privatización, no se produjo una mejora significativa en la universalización de los servicios de agua y alcantarillado sanitario; por el contrario, las áreas rurales y los municipios más pequeños quedaron totalmente desatendidos. El estado decidió recuperar el control mediante el establecimiento de una nueva empresa estatal de saneamiento en 2010: la Agencia de Saneamiento de Tocantins (ATS) devolvió el control estatal a 78 municipios de 290 000 personas en áreas urbanas y 139 municipios de 300 000 personas en toda el área rural del estado. [3] Pronto se publicará un estudio detallado sobre esta experiencia.
En febrero de 2018, Aigua és Vida (la plataforma Agua para la Vida en Catalunya) recogió 26 389 firmas mediante un referendo local en Barcelona. Una nueva ley de participación ciudadana permite que los residentes de esta ciudad presenten sus inquietudes si reúnen al menos 15 000 firmas, que representan el 1 % de la población de Barcelona. Tras la aprobación del Ayuntamiento, en junio de 2018 se le preguntará a la ciudadanía: “¿Desea tener una gestión pública democrática del agua en Barcelona?”. Aguas de Barcelona (Agbar), una filial de la multinacional Suez, no administra el agua de la ciudad de forma transparente, aunque ha obtenido jugosas ganancias con sus negocios desde el siglo XIX. La compañía presionó desesperadamente al Ayuntamiento para que no aprobara el referendo y presentó tres apelaciones judiciales para impugnar la ley de participación ciudadana. Según Míriam Planas, una activista de Ingenieros Sin Fronteras (ISF)/Aigua és vida: “Agbar teme que las voces de las personas se escuchen de manera democrática. Aunque el referendo no es vinculante, confiamos en que el Ayuntamiento tome en serio sus resultados. Agbar ha intensificado su campaña publicitaria de ‘gestión responsable’ en televisión, metro, autobuses... en todas partes. La gente sabe que está pagando todos estos anuncios con la factura del agua”.
Aigua és vida
Philip Jakpor es un importante activista de Our Water, Our Rights, un movimiento de Nigeria, y uno de los pocos participantes africanos del FAMA. Trajo consigo valiosas lecciones de Lagos, donde, en la última década, el 85 % de la población depende de fuentes de agua insalubres, debido a que la compañía de agua del estado de Lagos se obsesionó con establecer asociaciones público-privadas con el Banco Mundial en lugar de dar prioridad a las personas y sus obligaciones con respecto a ellas. Our Water, Our Rights es una coalición de organizaciones ambientales, de mujeres, de derechos humanos, sindicatos y numerosas comunidades que han luchado con éxito contra la privatización de la compañía estatal de agua de Lagos, impulsada por el Banco Mundial en los últimos cinco años. La presión pública ha obligado a despedir al corrupto gerente general de la compañía, y el contrato de asesoramiento con el Banco Mundial fue cancelado el año pasado. En la plenaria unificada del FAMA, Philip señaló: “Hemos aprendido el valor y la fuerza de los movimientos de base. También hemos aprendido que, además de protestar contra los planes actuales del gobierno, también es extremadamente importante poder ofrecer alternativas”. En 2016, la campaña presentó su informe Crisis del agua de Lagos: alternativas para el sector del agua, que presenta propuestas detalladas para democratizar la compañía estatal de agua y lograr el acceso universal al servicio, en lugar de privatizarla. Sin embargo, la lucha aún no ha terminado. El gobierno de Lagos, obsesionado con las asociaciones público-privadas, ahora está tratando impulsar un contrato del mismo tipo para el proyecto de Adiyan II, actualmente en construcción. Adiyan I es una de las principales infraestructuras de agua del estado, y Adiyan II se está construyendo para aumentar la capacidad de producción de agua. Cuatro compañías, entre las cuales está ea gigante mundial del agua Veolia, han sido preseleccionadas, a pesar de no haberse revelado al público más detalles al respecto. En el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de 2018, los habitantes de Lagos salieron a la calle para decir ‘no’ a otro contrato entre el sector público y el privado. “La creciente ola de remunicipalización en todo el mundo muestra que el control democrático del agua es la dirección a seguir”, añade Philip. “Nigeria no puede quedarse atrás.”
FAMA
Al igual que en Brasil, la contaminación de las cuencas de agua y la privatización de las fuentes está generando marginación y exclusión de comunidades en todo el continente latinoamericano. El derecho humano al agua está siendo negado a estas comunidades como consecuencia de la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura industrial a gran escala. Los miembros de la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC) de Bolivia, Colombia, México y El Salvador han implementado una cooperación horizontal y solidaria entre los sistemas de agua comunitarios para luchar contra la privatización e incorporar el derecho a la autogestión del agua. Aunque carecen de reconocimiento legal y político, la gestión comunitaria del agua —a través de acueductos, comités y cooperativas, etc.— desempeña un papel importante en el suministro de agua a un sinnúmero de personas de toda América Latina. Javier Márquez explicó en el FAMA que la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia ha elaborado un proyecto de ley popular con el propósito de ofrecer protección jurídica estas organizaciones comunitarias. El proyecto de ley, finalizado en 2017, se basa en un proceso de consulta de abajo hacia arriba y está listo para presentarse ante el Congreso de Colombia. En México, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida ha propuesto un proyecto de ley ciudadano, que se ha desarrollado a través de un proceso ascendente nacional que incluye 99 foros públicos. Esta iniciativa conecta las luchas locales de base contra la privatización y la contaminación de los recursos hídricos con pueblos indígenas y movimientos populares urbanos, para el acceso y el control local de los recursos hídricos. Ricardo Ovando apuntó: “La Iniciativa Ciudadana para la Ley General del Agua (IC-LGA) aborda con ambición los planes de cuencas hidrográficas sostenibles y la prestación democrática del servicio de agua de manera integrada. Cuestionamos de base la propuesta de ley del Gobierno, que trata el agua como una mercancía y sigue dando prioridad a su uso por parte de las empresas mineras”. Ricardo finalizó su discurso con pasión: “Ellos tienen el dinero, pero nosotros somos la mayoría”.
Referencias
[1] Fórum das Corporações custará ao povo brasileiro mais de 50 milhões de euros, http://fama2018.org/2018/03/11/forum-das-corporacoes-custara-ao-povo-brasileiro-mais-de-50-milhoes-de-euros/
[2] Coke, Nestle Near Ownership of World’s Second Largest Aquifer, https://www.mintpressnews.com/coca-cola-nestle-to-privatize-worlds-second-largest-aquifer-in-brazil/238082/
[3] Privatização de Companhia Estadual de Saneamento: A Experiência Única do Tocantins – Lições para Novos Arranjos com a Iniciativa Privada, https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18345/Paper_Saneatis.pdf
Otras lecturas
Declaración final del FAMA
Español: http://fama2018.org/2018/03/27/declaracion-final-foro-alternativo-mundial-de-las-aguas/
Sitio web del FAMA: http://fama2018.org/
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