Sobre el proyecto Poder Corporativo

El proyecto Poder Corporativo del TNI desarrolla análisis y propuestas sobre cómo poner fin a la impunidad de las grandes empresas y desmantelar el poder corporativo. Es también uno de los principales facilitadores del movimiento global Pongamos fin a la impunidad y apoya las iniciativas internacionales para que las transnacionales tengan obligaciones jurídicas vinculantes.

Una pieza clave de nuestro trabajo consiste en dar apoyo a la campaña 'Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad', que tiene su propia página web aquí.

Durante los últimos años, el poder corporativo ha sido uno de los ámbitos que ha caracterizado el trabajo del TNI con Enlazando Alternativas, una red birregional de Europa y América Latina. Este trabajo culminó con la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que tuvo lugar en Madrid en 2010. La extensa documentación de los 45 casos presentados ante el TPP sobre sectores estratégicos de la economía –las industrias extractivas (gas, petróleo y minerales), la cadena agroalimentaria, el agua y la electricidad, y los servicios financieros y los bancos– estableció la existencia de violaciones sistémicas de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos y de los derechos de la naturaleza por crímenes económicos y ecológicos. Estos crímenes van desde la destrucción ambiental y la contaminación tóxica al desplazamiento y el despojo de comunidades, pasando por la destrucción de medios de vida, la denegación de acceso a bienes y servicios básicos, la violación de derechos laborales y el asesinato de trabajadores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. El dictamen de la sesión del TPP en Madrid concluyó haciendo un llamamiento a desarrollar obligaciones vinculantes para el funcionamiento de las transnacionales y a establecer un organismo internacional que tenga competencias para juzgar y sancionar a las grandes corporaciones. La labor del TPP y de otras iniciativas afines ha puesto de relieve algunos elementos clave que subyacen al incremento del poder corporativo y a cómo las transnacionales evaden toda responsabilidad por sus crímenes:

 
  • la arquitectura de impunidad – las políticas y mecanismos de desregulación impuestas por los acuerdos de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión y el régimen multilateral de comercio e inversiones representado por la OMC, el FMI y el Banco Mundial, que han consagrado los derechos de las corporaciones por encima de sus responsabilidades; 
  • la Lex mercatoria (el derecho mercantil internacional), que ha consagrado el principio de libertad para los mercados financieros y el comercio corporativo, impidiendo a los gobiernos actuar en pro del interés público; 
  • la constante marginación y erosión de las iniciativas de la ONU para regular a las transnacionales, lo cual se ha traducido en un enfoque voluntario, débil e ineficaz, la conocida como ‘responsabilidad social corporativa’, que impide a las personas recurrir a la justicia ante los abusos corporativos; 
  • y la existencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal auspiciado por el Banco Mundial que solo permite a las transnacionales demandar a los gobiernos por cualquier intento de estos para controlar sus actividades y que estas entienden como una amenaza a sus beneficios.

Este trabajo se ha ido desarrollando con movimientos sociales y redes de la sociedad civil a través de varias actividades organizadas en 2011 (Bruselas en noviembre y Durban y Montevideo en diciembre) y en 2012 (Porto Alegre en enero, Marsella en marzo y Johannesburgo en mayo). A partir de estas actividades, se desarrolló una campaña global, que fue presentada junto con 100 movimientos y redes en la conferencia de Rio+20, celebrada en junio de 2012 en Brasil, y que persigue desmantelar el poder corporativo y acabar con la impunidad de las transnacionales.