¿En qué medida está financiando y fomentando la UE la incipiente industria de los drones? ¿Con qué fines? ¿Y con qué consecuencias para la ciudadanía europea?
Un nuevo informe, Eurodrones Inc., revela el importante sostén político y economico que está recibiendo la industria de los drones por parte de los ciudadanos europeos sin que lo sepan y con muy poco escrutinio o consulta públicos.
El informe reconstruye la manera en que se otorgan cientos de millones de euros en subvenciones para la Investigación y Desarrollo y cómo la política de los drones está impulsada de forma casi integral por la industria de defensa y seguridad que intenta sacar los mayores beneficios de esta política. Los intereses públicos y privados se han mezclado de forma tan estrecha que los ‘lobbystas’ han otorgado premios a varios oficiales de la UE por sus esfuerzos a favor de los aviones sin tripulación y de la introducción de los drones en el espacio aéreo civil.
El informe de TNI y Statewatch examina la manera en que:
Además, el informe estudia la manera en que:
El informe haya que, aunque los drones podrían aportar un abanico de innovaciones y beneficios en varios sectores y mercados, el sostén europeo parece elaborado sobre todo para beneficiar una industria de defensa que está desesperadamente empeñada en poder competir en el creciente mercado global de los drones militares, para luego diversificarse en los mercados civiles. Ya que se ha prohibido que la UE –excepto por la Agencia de Defensa Europea– financie la investigacion y desarrollo en ámbito militar, la Comisión Europea, de hecho, ha estado subvencionando el sector de la defensa para el desarrollo de drones para tareas de “seguridad interior” (homeland security). El informe advierte que esto equivale a una tácita promoción del aumento en la militarización de la UE y del empuje continuado hacia la automatización en las actividades de guerra.
Además, el informe pide que haya un control democrático adecuado y un debate público acerca de la trayectoria de la política y de la tecnología de los drones. En un documento de trabajo de septiembre de 2012, la Comisión Europea afirmó que el “proceso de sostén de las propuestas para el desarrollo de los Sistemas Aéreos Pilotados a Distancia civiles tiene que ser transparente e implicar la consulta de las partes interesadas, por ejemplo órganos como el Grupo Europeo sobre Ética, el Comité LIBE del Parlamento Europeo o la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales y el Defensor del Pueblo para la Protección de Datos”.
Sin embargo, no se ha implicado a ninguno de estos órganos en el largo proceso que ha llevado a la actual “hoja de ruta”, ni han sido consultados de manera formal desde entonces. Su ausencia en los debates sobre las políticas quiere decir que muchas de las conversaciones que harían falta en la UE sobre los drones –por ejemplo, para qué es apropriado que se utilicen y para qué no se deberían emplear, y cómo se puede evitar una mayor militarización de la UE y el despliegue de drones armados completamente autónomos– han sido prácticamente ignoradas.
El coautor del informe Ben Hayes, comenta:
“Es fácil entender por qué las personas se excitan tanto acerca de los drones: se podrían utilizar para muchos fines positivos. Pero hay también un clara orientación en lo que se refiere al desarrollo de los drones para las actividades de guerra de alta tecnología y la vigilancia de la población en escala masiva. La UE tiene una obligación tanto moral como legal de sostener la innovación responsable y de asegurarse que los derechos fundamentales y las normas del estado de derecho dirijan todas sus políticas.”
El coautor del informe Chris Jones, comenta:
“La política emergente sobre los drones de la UE se ha realizado tras varios años de exitosa actividad de ‘lobbying’ por parte de las empresas de defensa y seguridad y sus asociados y, en gran parte, la política ha sido dirigida por los mismos contratistas que tienen más que ganar de ella. A pesar de las claras implicaciones para las libertades públicas del uso de drones para fines civiles, hasta la fecha no ha habido una consulta significativa con el público, la sociedad civil o las instituciones democráticas. Es fundamental que haya un debate y una discusión correctos y un movimiento inmediato hacia un proceso de toma de decisiones más transparente, abierto y que dé cuenta de sus actos.”
Contactos: Ben Hayes Statewatch | www.statewatch.org ben@statewatch.org | +44-20-8802-1882
Chris Jones Statewatch | www.statewatch.org chris@statewatch.org | +44-20- 7697-4202
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