Informe de la misión internacional de 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones y redes de derechos humanos, sindicales y populares, que viajaron a Honduras a mediados de marzo para esclarecer el contexto del asesinato de Berta Cáceres y plantear recomendaciones para poner fin a la cultura de impunidad que afecta a las defensoras y los defensores de derechos humanos en la región.
La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones y redes de derechos humanos, sindicales y populares del mundo entero, desplegó una intensa actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016. Respondiendo al pedido del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y de una extensa red de solidaridad internacional en apoyo al pueblo hondureño, centró su acción en pedir el esclarecimiento del brutal asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres Flores, la noche del 2 de marzo de 2016, y la liberación del dirigente social mexicano Gustavo Castro, herido en el asesinato a Berta y retenido injustamente por las autoridades de Honduras.
La Misión además buscaba verificar el contexto en que ocurrieron el asesinato de Berta Cáceres y el de Nelson Noé García, otro dirigente lenca del COPINH muerto a balazos 12 días después de Berta, y apoyar las demandas populares hondureñas para el cese de las concesiones y proyectos como Agua Zarca, represa hidroeléctrica contra cuya construcción inconsulta en territorio lenca luchaba Berta y sigue luchando COPINH, la desmilitarización de los territorios indígenas y la aplicación de la Ley de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.
El 21 de marzo, al finalizar su estadía en el país, la Misión Internacional presentó en rueda de prensa en Tegucigalpa, las principales conclusiones y recomendaciones surgidas de sus reuniones con funcionarios ejecutivos y judiciales y parlamentarios hondureños, embajadas, COPINH y otras organizaciones populares y de derechos humanos, la familia de Berta Cáceres Flores, Gustavo Castro y su equipo jurídico.
Entre ellas, la Misión destacó la debilidad manifiesta en Honduras del estado de derecho, con la ausencia del más mínimo respeto a los principios democráticos, libertades fundamentales y derechos humanos y sin la voluntad política necesaria para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos que han convertido el país en el más peligroso del mundo para las y los defensores del ambiente, la tierra, el territorio y los derechos humanos. Observó la inoperancia del sistema de protección de los derechos humanos del Estado hondureño, así como también una práctica institucional que desconoce los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos como titulares de derecho. Concluyó en particular que la vida de Gustavo corría peligro al permanecer en Honduras y que no existían razones legales para restringir su libertad.
La Misión además constató sistemáticas y flagrantes transgresiones al derecho regional e internacional de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales y agroindustriales incluyendo el proyecto Agua Zarca. Observó que el agravamiento del proceso de criminalización del COPINH evidencia fuertes vinculaciones de los poderes del Estado con las empresas, como DESA, y financiadoras, tanto nacionales como transnacionales, que promueven estos proyectos en contradicción con los modos de vida e intereses de las comunidades y territorios afectados, situación profundizada luego del golpe de Estado en 2009. Observó una ausencia de diligencia debida de parte de esas empresas y financiadoras, así como también en relación a las cuantiosas ayudas otorgadas al gobierno hondureño por EE.UU., la Unión Europea y sus países miembros e instituciones financieras públicas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Constató asimismo un proceso de militarización creciente del país que lejos de contribuir a la seguridad ciudadana es percibido como fuente misma de la inseguridad en aumento.
La Misión Internacional formuló 25 recomendaciones al Estado de Honduras y otros actores involucrados en las situaciones de violación de los derechos humanos observadas, como la Unión Europea, los Estados Unidos, la empresa DESA y sus financiadoras FMO, FINNFUND y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Entre otras, la Misión respaldó el pedido de una investigación independiente, con la participación de expertos internacionales tal como podría aportar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con el gobierno de Honduras, que permite identificar los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta así como los responsables estatales y/o privados del conjunto de amenazas, hostigamiento y asesinatos en contra de los y las integrantes del COPINH. Llamó a los gobiernos de Honduras y de México a garantizar la inmediata y segura salida de Gustavo Castro del país, así como su integridad física y psicológica y el respeto a su vida y derechos humanos.
Llamó en términos generales a eliminar la impunidad, los privilegios, tratos de favor, opacidad y restricciones democráticas, favorecidos por el golpe de Estado en 2009, a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, a asegurar las medidas necesarias y dotar de los medios económicos suficientes para una correcta implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a poner fin a los procesos de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y a resolver de manera no violenta y democrática los conflictos socioambientales abiertos o futuros.
La Misión Internacional pidió cancelar de manera inmediata el proyecto Agua Zarca y todas las concesiones dadas en territorio lenca, sin el debido consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, así como otras relacionadas con hidroeléctricas, mega explotaciones mineras, agroindustriales y forestales, reñidas también con la sostenibilidad ambiental y la aceptación social, especialmente cuando las mismas se ubican en territorios indígenas. Reclamó la desmilitarización de los territorios lenca, el cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento de COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.
Exhortó al Banco Centroamericano de Integración Económica, la Compañía Financiera Holandesa para el Desarrollo (FMO) y Finnfund a cancelar definitivamente su apoyo a Agua Zarca e instó a todos los Estados e instituciones financieras multilaterales implicados en proyectos de conflictividad similar a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales y de diligencia debida, asumiendo la obligación de verificar que los impactos sociales y ambientales de sus operaciones no sean dañinos o violatorios de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza. Recomendó investigar la relación de FMO con el Grupo Financiero FICOHSA y su participación en Agua Zarca, como la del Grupo Atala vinculado con el golpe de Estado en 2009.
La Misión además llamó al Consejo Europeo a suspender el Acuerdo de Asociación con Honduras mientras se incumpla con los derechos humanos, solicitó a España y la UE evaluar su financiación al programa EuroJusticia, suspendiéndola temporalmente hasta esclarecerse las responsabilidades sobre el asesinato de Berta. Solicitó al gobierno de EE.UU. aclarar la relación entre sus programas de ayuda, el proyecto Agua Zarca y otros similares y el hostigamiento y asesinato de personas como Berta comprometidas en la defensa de sus territorios y derechos. Asimismo que aclare su participación en la investigación del asesinato de Berta Cáceres, y que suspenda el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y otros programas similares, mientras no se garanticen los derechos humanos en Honduras.
En conclusión, pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que active los diversos Relatores Especiales y Grupos de Trabajo relevantes, a fin de realizar en examen conjunto de la situación de derechos humanos en Honduras afectada por los numerosos proyectos extractivos y contribuir con sus recomendaciones al cumplimiento de las obligaciones del Estado hondureño, las empresas, financiadoras y otros Estados, en materia de los derechos humanos incluyendo en especial los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.
Asimismo, además de comprometer la continuidad del trabajo iniciado a raíz del asesinato de Berta, la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores” llama a los pueblos, movimientos y organizaciones populares del mundo, a redoblar sus acciones de solidaridad con los y las integrantes de COPINH, la familia de Berta, Gustavo y todas las organizaciones y personas hondureñas defensoras de los derechos humanos y ambientales, en su lucha contra la violencia y el despojo a los cuales están siendo sometidos. Agradece profundamente la inspiración, testimonios y apoyo recibidos de todos ellos en ocasión de su visita en el país, y hace suyo en especial, el pedido de la familia de Berta, de sus compañeras y compañeros de COPINH, para que puedan recibir un mayor acompañamiento presencial en estos próximos tiempos, entre otros a través de la más amplia participación posible en el Encuentro Internacional de Solidaridad que están convocando, para los días 13, 14 y 15 de abril, entre Tegucigalpa y La Esperanza/Río Gualcarque.
Posterior a la elaboración del Informe final de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, se conocieron dos respuestas significativas con relación a las recomendaciones y pedidos formulados. En primer lugar, la decisión del Ministerio Público de Honduras, anunciada el 31 de marzo, de desistir en su pedido de retención en el país de Gustavo Castro, permitiendo efectivamente el regreso de Gustavo a su país y el reencuentro con su familia y comunidad. En segundo lugar, la decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica, anunciada el 1 de abril, de sumarse a sus co-financiadoras del proyecto Agua Zarca, FMO y Finnfund, en la suspensión provisoria de todo desembolso para el mismo.
Ante estos hechos, la Misión hace suyas las palabras del COPINH que, en una nota de prensa emitida el 1 de abril, expresa con claridad y contundencia que “No debemos dudar en que ninguno de estos puntos han sido mediante concesiones de los grupos de poder que están en juego, sino que han sido logros de la movilización popular desencadenada dentro y fuera de nuestro país.” Por cierto, como también señala COPINH, “no ha habido respuesta alguna a nuestros reclamos de justicia y reivindicación ante el gobierno,… los responsables directos e indirectos de toda una serie de crímenes que incluyen el asesinato de Berta continúan en libertad, construyendo sus represas y negociando con sus sicarios.”
Por lo que la Misión Internacional ratifica su compromiso de continuar su apoyo a la lucha de COPINH y de tantos más en Honduras, “lucha que no cesa sino que se intensifica ante la cada vez más clara intención de impunidad del estado hondureño y sus aliadas corporaciones multinacionales, acompañada del incremento en la hostilidad y persecución a nuestro movimiento y a todo el que se atreve a resistir desde esta expropiada y ensangrentada tierra hondureña, dentro de una evidente estrategia de desarticulación y destrucción del COPINH y de todoel movimiento social.” Informe finalizado el 30 de marzo de 2016 misioninternacionaljbc@gmail.com
Miguel Urbán Crespo - España, Miembro del Parlamento Europeo por PODEMOS - Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos.
Candelaria Ochoa – México- Doctora en Antropología Social y Diputada del Congreso de la Unión.
Pedro Arrojo – España, Doctor en Ciencias Físicas – Profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y Diputado por PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España.
Mirna Perla Jiménez - El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
Nora Cortiñas - Argentina, defensora de los derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisión de Verdad de Honduras.
Brian Finnegan - Estados Unidos, AFL/CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales que representa 12.2 millones de afiliados) y en representación de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.
Beverly Keene – Argentina, Diálogo 2000 y Jubileo Sur/Américas. Integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Natalia Atz Sunuc - Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo Lozano - México, Abogado del Centro Mexicano de Justicia Ambiental y del Movimiento Mexicano de Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) en articulación con el movimiento centroamericano.
Zulma Larin - El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia.
Adolfo Taleno – Nicaragua, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
Bartolomé Chocoj Camey – Guatemala, Coordinación continental del Grito de las y los Excluidos.
José Olvera - México, Unión Nacional de Trabajadores (UNT) México y Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).
Everardo Piche – El Salvador, Coordinación de la Red de Ambientalistas Comunitarios y de Jubileo Sur / Américas.
Tom Kucharz - España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo. Integrante Ecologistas en Acción y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
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