Las transnacionales de la minería y la industria extractiva han conseguido un poder sin precedentes en todos los países, independientemente de la tendencia política de sus Gobiernos. Este ensayo analiza cómo se ha desarrollado esa ‘relación íntima’ entre Gobiernos y empresas, y cómo se puede organizar la lucha para enfrentarla.
Durante una visita a Mozambique en septiembre de 2014, fue testigo de una protesta contra el gigante minero brasileño Vale. Los vecinos y vecinas de la aldea de Bagamoyo, situada junto a una mina de carbón de Vale, estaban luchando contra la construcción de una valla de metal que atravesaría su comunidad. Según Vale, lo que se estaba vallando eran ‘tierras desocupadas’ que había arrendado al Gobierno mozambiqueño. Y si algún ‘intruso’ tenía un accidente en aquella zona, la compañía sería responsable de ello.
Charlando con algunas personas de la comunidad mientras preparaban los carteles para la protesta, me quedó muy claro que esas tierras ‘desocupadas’ eran, en realidad, un patrimonio común de la aldea. Aunque las casas se encontraban dentro de la aldea propiamente dicha, durante generaciones, la comunidad había vivido de las tierras circundantes e incluso había usado parte de ellas como cementerio. El Gobierno mozambiqueño había incluido estas tierras en el contrato de arrendamiento para las operaciones mineras de Vale sin informar a la comunidad de Bagamoyo. Sus cultivos y árboles de mango estaban allí. Y también allí pastaban sus vacas y cabras. Las tierras eran fuente de leña y carbón para cocinar, paja para construir techos, bastones para construir rejillas donde secar las raíces de mandioca y arcilla para la construcción. Vale ya había arrasado con sus excavadoras algunos de los hornos que estaban construidos junto a los depósitos de arcilla.
¿Qué ha otorgado a las grandes empresas mineras el poder de acaparar tierras que ya tienen un uso comunitario tradicional en todo el mundo? ¿Por que los Gobiernos de todas las tendencias —ya sean dictatoriales, liberales o socialistas— bautizan a estas empresas del sector extractivo como ‘socios para el desarrollo’ y renuncian a toda función de custodia de los recursos naturales de su país y de los derechos y el bienestar de sus propios ciudadanos y ciudadanas?
Este ensayo analiza las fuentes de poder de las grandes compañías mineras a través de los cambios históricos que se han producido en el papel de las empresas estatales y privadas en las estrategias de desarrollo económico, y la nueva —y promiscua— relación íntima entre los Gobiernos y las empresas mineras. También pone de relieve los instrumentos utilizados para ejercer el poder, desde los acuerdos de libre comercio a los acuerdos de protección de inversiones, pasando por el acaparamiento de tierras. Explora la ofensiva ideológica de la gran minería a través de los centros de estudio subvencionados por las empresas y la concesión de becas universitarias vinculadas con programas favorables a la minería, además del fenómeno de ‘puertas giratorias’ entre el Gobierno y los altos cargos de las empresas. También repasa las herramientas que se usan para promover la imagen corporativa, como la participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lafilantropía de alto nivel y los caramelos para las comunidades locales, en forma de clínica o escuela, que se presentan como ‘responsabilidad social corporativa’. Asimismo, examina cómo las empresas mineras ejercen poder ilegalmente a través de sobornos, prácticas de espionaje e infiltración en movimientos populares. Por último, el ensayo esboza algunas de las formas innovadoras en que comunidades y trabajadores y trabajadoras están haciendo frente al poder y la lógica de la gran minería, partiendo de mis 20 años de experiencias sindicales para la construcción de una solidaridad global.
Este ensayo forma parte del informe Estado del poder 2015.
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