Ante el crecimiento exponencial del crimen organizado, la violencia y el aumento alarmante del consumo de drogas durante los últimos años en México, el Presidente Felipe Calderón propuso una iniciativa de ley como parte de su estrategia general de seguridad con el fin de combatir el comercio de drogas a pequeña escala, conocido en México como "narcomenudeo". La ley fue aprobada por ambas cámaras legislativas del Congreso en abril de 2009.
La nueva ley representa indudablemente algunos avances significativos, al menos conceptualmente, en asuntos clave como el reconocimiento y diferenciación entre usuario, farmacodependiente y traficante, lo que podría dar paso a un desarrollo de los derechos del consumidor. La ley representa también de hecho la posibilidad de abrir un debate público en materia de derechos de los consumidores.
Igualmente importante es la inclusión que hace la ley de la reducción del daño como política de Estado, lo que garantiza la obtención de recursos para la implementación de las políticas. Además, la ley permite que las culturas indígenas del país manten-gan sus usos tradicionales de ciertas drogas, lo cual es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas de 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas.
No obstante lo anterior, en este informe hemos querido destacar sobre todo los aspectos negativos que se desprenden de esta ley dado que éstos son considerables y podrían significar una amenaza para los derechos más elementales de todos los mexicanos.
Los autores son miembros del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).gmail
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