Un grupo de países y organizaciones sociales luchan por sacar adelante un tratado que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos.

Ginebra, 27 de octubre – Más de 200 delegados de más de 80 países representando a movimientos sociales, sindicatos y la sociedad civil global,(1) incluidas comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales, participan activamente esta semana en el tercer período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para la elaboración de un Instrumento Internacional Legalmente Vinculante sobre Corporaciones Transnacionales (ETNs) y otras Empresas Comerciales con respecto a los derechos humanos.(2)

No puede ser que grandes empresas e inversionistas sigan operando sin ningún marco normativo global y que las comunidades, en cambio, carezcan de recurso a la justicia. Un año más, organizaciones de todo el mundo se movilizan para hacer realidad un tratado internacional que imponga obligaciones a las transnacionales.

La sociedad civil movilizada para exigir a la ONU un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus actividades plantea una reivindicación clave: los derechos humanos deben primar sobre los derechos comerciales.

La Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner fin a su Impunidad es una iniciativa de movimientos sociales y comunidades de todo el mundo que buscan denunciar la arquitectura de impunidad de la que gozan la grandes empresas y que está abogando por un tratado vincultante para que estas respondan por sus abusos.

En agosto de 2016 se celebró en Suazilandia una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre los crímenes cometidos impunemente por empresas transnacionales en la región sudafricana.

Existen fuertes asimetrías de poder entre las empresas y las poblaciones, e incluso entre las empresas y varios Estados, que generan situaciones de abusos y violaciones de los derechos humanos, además de bloquear el acceso a la justicia de las poblaciones afectadas.

La fuerte oposición social encabezada por Berta Cáceres evitó la construcción de una obra que supondría la destrucción de un ecosistema sagrado para el pueblo lenca y el desplazamiento de cientos de personas.