Con el apoyo de Editorial Fontamara dialogamos con Catalina Pérez Correa sobre el libro "Consumo, consumidores de drogas y las respuestas estatales en América Latina" obra donde participan los integrantes del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) un equipo multinacional de investigadores con el propósito de analizar el impacto en materia de drogas controladas.

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En todo el continente americano se viene produciendo un debate sin precedentes sobre la reforma de las políticas sobre drogas. Aunque al presente no existe un consenso regional sobre la forma en que se adoptarían las reformas, existen al menos dos temas alrededor de los cuales se da un consenso cada vez mayor: la necesidad de abordar el consumo de drogas como un tema de salud pública, antes que como un problema penal; y la necesidad de promover alternativas al encarcelamiento para quienes cometen delitos no violentos de poca monta, y de garantizar la proporcionalidad en las sentencias impuestas por delitos relacionados a drogas.

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Ecuador - Durante los tres primeros meses, más de 1.200 personas han sido beneficiadas por la aplicación del principio de favorabilidad (Defensoría Pública – Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas, noviembre 2014), en un claro sentido de vanguardia a los derechos fundamentales por parte de los jueces. Sin embargo, aún persisten escenarios donde prima la miopía judicial frente a la legítima exclamación de no continuar privados de la libertad por obra de una ley derogada. Por ello, el principio de favorabilidad además de ser un ideal y fin en sí mismo, ha servido de método para autocriticarnos y demostrar que, en algunos casos, todavía nos hace falta estar a la altura de la Constitución y los derechos humanos. Este es el momento de corregir estos desfases y no esperar que pasen otros cien años… (Jorge Paladines) 

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El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El estudio encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales y no de las de salud.

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Los Defensores públicos y Defensoras públicas de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) América Latina y el Caribe, reunidos en Santo Domingo (República Dominicana) en el marco de la celebración de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF: (leer la Declaración)

Declaración de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) sobre políticas de drogas (PDF)

Mientras en Colombia seguimos sumergidos en el debate sobre las elecciones presidenciales y la segunda vuelta, el acuerdo al que llegaron en La Habana en el punto tres de las negociaciones  de paz  ha pasado relativamente desapercibido. Salvo algunas fuertes críticas a su contenido, y algunos análisis sobre su alcance, las posibilidades que abre han sido poco estudiadas.

En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.

En América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino, esta es la conclusión de una publicación dada a conocer hoy por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), titulado "La Adicción Punitiva: La desproporción de leyes de drogas en América Latina".

A muchos llamó la atención - y a varios, como a mí, indignó - la declaración del Presidente Felipe Calderón durante la 67 sesión de la Asamblea General de las Naciones. Nuestro mandatario habló de la necesidad de estudiar los alcances y limitaciones del actual enfoque prohibicionista en materia de drogas. Los países consumidores “deben, entonces, tienen la obligación moral de explorar todas las alternativas para eliminar las estratosféricas ganancias de los criminales, incluyendo explorar las opciones regulatorias o de mercado, orientadas, precisamente, a ese propósito” dijo durante su discurso.

La actuación de México en la 55º Comisión de Estupefacientes, transita entre la esquizofrenia y cinismo. En su informe anual ante el pleno de la Comisión, la delegación mexicana señaló, metódicamente, los logros y alcances de la guerra contra las drogas. Notablemente, no fue mencionada una sola de las personas fallecidas en esta guerra, las importantes erogaciones monetarias que ha hecho el estado, las restricciones y menoscabos a los derechos fundamentales que hemos aceptado los mexicanos, ni el desgaste que han sufrido las instituciones de seguridad pública con motivo de la misma.

En Bolivia se prepara la reforma de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), que finalmente será abrogada después de varias modificaciones a algunos de sus artículos realizadas los años pasados, que disminuyeron su carácter violatorio de derechos.

El 2 de junio, la Comisión Global de Políticas de Drogas presentó un informe en Nueva York, que hace un llamado a romper el tabú sobre el debate y la reforma. El panel de alto nivel dice que la guerra contra las drogas ha fracasado y recomienda un cambio de paradigma hacia la reducción de daños, la despenalización y la regulación legal del cannabis. TNI ha participado en esta iniciativa desde sus comienzos en América Latina en calidad de asesor. Martin Jelsma del TNI, escribió un documento de fondo para la reunión de la Comisión Global en Ginebra a principios de este año: "El desarrollo de la fiscalización internacional de estupefacientes: lecciones del pasado y desafíos estratégicos para el futuro".

Presentación hecha en la Oficina de Control de Narcóticos de Tailandia
Bangkok, 26 de enero, 2010

Esta presentación ofrece un vistazo a las reformas legislativas en Europa y América Latina, concretamente a las lecciones aprendidas en la práctica respecto a enfoques menos punitivos tendientes a reducir los daños que causan las drogas a individuos y sociedad. Según las evidencias que se tienen, el miedo a que una flexibilización de las leyes de drogas y su aplicación conduzcan a un aumento del consumo, ha quedado injustificado.

Es investigador y miembro de una organización que promueve los derechos humanos y la justicia en América latina y el Caribe. Desde esa óptica, analiza el papel de su país en materia del combate al narcotráfico en la región y su incidencia geopolítica. Se entusiasma con la creación de una comisión de expertos que, al estilo argentino, podría introducir cambios en la legislación sobre drogas. Obama, Colombia, la DEA, los usuarios.