En el estado de Kachin, en Myanmar, un centro de encuentro para mujeres se ha convertido en algo más que un servicio de reducción de daños. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, hablamos con Thinzar Tun (AHRN Myanmar) sobre por qué este centro es un lugar tan especial.
Ecuador atraviesa una nueva era de cara a su política y legislación de drogas. Después de 25 años de vigencia de la última gran reforma legal contenida en la afamada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108) promulgada el 17 de septiembre de 1990, la asamblea nacional se apresta a debatir –por segunda y definitiva vez– el proyecto de “Ley de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización”.
Observaciones clínicas y evidencias científicas - Los usos de algunas drogas en Chile se encuentran silenciados en los discursos oficiales, por lo que resulta importante llevar a cabo un ejercicio de observación clínica sobre la forma de aparición de algunos que requieren atención y que no son visualizados como prioridad en salud mental.
Tomando nota de las estrategias de autorregulación de los usuarios, se pueden diseñar modelos innovadores para los servicios y las políticas de drogas, reforzando la reducción de daños como enfoque alternativo al modelo basado en la enfermedad. Más allá de la información de los servicios especializados en adicción a la cocaína, en Europa y otras regiones, existen también muchos otros estudios de usuarios que no están en contacto con estos servicios. Estos estudios muestran una diversidad de patrones y trayectorias de uso que van más allá del mero ‘uso adictivo’.
Ante el proceso de destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación que enfrenta el gobierno de Bogotá, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, una red mundial de 108 organizaciones) y otras ONG colombianas muestran su preocupación a través de una carta abierta. En ella subrayan la importancia y clarividencia de los avances en materia de reforma de políticas sobre drogas, enfocadas en reducción de daños y derechos humanos, que ha emprendido la alcaldía de Gustavo Petro en los últimos años.
La alcaldía de Bogotá ha propuesto recientemente un plan piloto para explorar con adictos al bazuco el reemplazo de esta sustancia por la marihuana. El plan de sustitución se realizaría con 15 consumidores problemáticos del Bronx los cuales ya están recibiendo asistencia de salud en el CAMAD que funciona en ese sector de la ciudad. El tratamiento duraría aproximadamente ocho meses, después de los cuales se haría una evaluación de los resultados.
Así las llamó un reciente reportaje de la BBC sobre las condiciones de vida -¿vida?- de los habitantes del Bronx, un barrio de Bogotá. Son los consumidores problemáticos y marginados, abandonados a su suerte. El Gobierno central y local están tomando medidas para enfrentar el problema. ¿Qué resultados se pueden esperar?
El caso de Portugal demuestra que la descriminalización del uso de drogas ilícitas sirvió para reducir su consumo así como los problemas asociados al consumo.
La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la creación de Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas, CAMAD, como estrategia para reducir el crimen y el microtráfico en la capital. Es decir, la idea tiene en primer lugar, una motivación en las estrategias de seguridad ciudadana. No obstante, gran parte de las respuestas críticas a la medida, más que el enfoque de seguridad, han retomado el tema de las políticas sobre el uso de drogas. Y ahí radica uno de los primeros problemas que debe enfrentar la actual administración de Petro: la medida sin lugar a dudas tiene una conexión entre dos niveles de problemas que deben tratarse con mucho detalle, un tema de salud que se intercepta con un problema de seguridad.
Los Gobiernos de Colombia y de Bogotá han dado nuevos pasos contra el problema del consumo de estupefacientes, después de haber centrado durante décadas la guerra contra las drogas en el combate militar al narcotráfico. El Ejecutivo nacional, que preside Juan Manuel Santos, optó por una herramienta legislativa y sancionó el pasado 31 de julio la primera ley colombiana que reconoce la adicción como un problema de salud pública, al tiempo que obliga a las sociedades médicas a cubrir la rehabilitación de los adictos que quieran recuperarse.
Durante los últimos 10 a 20 años, las salas de consumo de drogas (SCD) se han convertido en una parte integral de estrategias de tratamiento de la dependencia a las drogas y de reducción de daños en una serie países de Europa occidental, Norteamérica y Australia. No obstante, éstas aún no han llegado a ser implementadas en la mayoría de los países en el mundo.
La discusión sobre drogas que tendrá lugar en la Cumbre de las Américas no debería limitarse a constatar el fracaso y los costos de la prohibición. Debería también avanzar en la búsqueda de alternativas razonables. La “reducción del daño” es una experiencia positiva, pero es insuficiente pues se mantiene la prohibición frente a la producción y distribución.
El prohibicionismo ha fracasado y ha causado enormes daños. Hay alternativas concretas, factibles y comprobadas. Pero el statu quo internacional no se modificará hasta que un actor clave como Colombia dé el primer paso. El connotado jurista Rodrigo Uprimny señala las principales líneas de acción en un análisis esclarecedor. Hay que levantar la voz. Uno de los mayores retos para Colombia durante los próximos años es lograr incluir en la agenda mundial una reformulación efectiva de la actual política internacional de prohibición absoluta de ciertas sustanciassicoactivas como la marihuana o la cocaína. Esa estrategia no hareducido la producción ni el abuso de estas drogas, pero en cambio hainducido terribles sufrimientos.
La Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, piedra angular de la política internacional contra las drogas, cumple este año su 50 aniversario con un número cada vez mayor de países cuestionando de alguna forma su eficacia.
La Declaración de Praga es un manifiesto de representantes de administraciones municipales, responsables de políticas locales y municipales, trabajadores del ámbito de la prevención, la reglamentación y el tratamiento de drogas y la reducción de daños, y de investigadores en el campo de los estupefacientes. El texto se elaboró en Praga con miras a la conferencia 'Políticas urbanas de drogas en un mundo globalizado' (30 de septiembre – 2 de octubre de 2010) y puede firmarlo cualquier persona interesada en las políticas de drogas en el ámbito urbano, municipal y local.
En una rueda de prensa que se llevará a cabo el Martes 26 de Octubre, en la sesión 65 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los principales expertos en derechos humanos en la ONU hará un llamado por un replanteamiento completo de la política internacional de control de estupefacientes.
El reciente informe del Comité Stoltenberg, establecido por el ministro de Sanidad noruego para revisar la situación de los estupefacientes en el país, recomienda, entre otras cosas, que se empiece a ofrecer tratamiento asistido con heroína a los consumidores más marginalizados. El Gobierno, aunque apoya la adopción de nuevas medidas para la reducción de los daños, aún está estudiando la posibilidad de seguir la recomendación.
A mediados de julio, expertos y responsables de formulación de políticas de todo el mundo se dieron cita en Viena para la XVIII Conferencia Internacional sobre SIDA con el objetivo de evaluar las actuales tendencias en el tratamiento y la prevención del VIH/SIDA. A pesar de la gran atención que se da a este problema, los países siguen manteniendo unas draconianas leyes sobre drogas que están aumentando la propagación de la enfermedad.
Presentación hecha en la Oficina de Control de Narcóticos de Tailandia Bangkok, 26 de enero, 2010
Esta presentación ofrece un vistazo a las reformas legislativas en Europa y América Latina, concretamente a las lecciones aprendidas en la práctica respecto a enfoques menos punitivos tendientes a reducir los daños que causan las drogas a individuos y sociedad. Según las evidencias que se tienen, el miedo a que una flexibilización de las leyes de drogas y su aplicación conduzcan a un aumento del consumo, ha quedado injustificado.