Ante el crecimiento exponencial del crimen organizado, la violencia y el aumento alarmante del consumo de drogas durante los últimos años en México, el Presidente Felipe Calderón propuso una iniciativa de ley como parte de su estrategia general de seguridad con el fin de combatir el comercio de drogas a pequeña escala, conocido en México como "narcomenudeo". La ley fue aprobada por ambas cámaras legislativas del Congreso en abril de 2009.

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La figura de la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal se encuentra en el centro del debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Estupefacientes 23.737, debate que pone en evidencia tensiones y contradicciones al interior del propio aparato del Estado y en la opinión pública sobre cómo enfrentar los fenómenos ligados a las drogas en el país. Diversos estudios sugieren que los argumentos que dieron sustento a esta legislación no se han verificado tras más de veinte años de su aplicación.

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Este ensayo analiza los argumentos a favor y en contra de la despenalización del cannabis. El psiquiatra neerlandés Wim van den Brink, del Instituto de Amsterdam para la Investigación sobre Adicciones (AIAR), sopesa detenidamente las actuales pruebas sobre las ventajas y los riesgos que entrañaría tal cambio en las políticas de drogas.

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La legislación en la Unión Europea (UE) en materia de drogas pretende encontrar un equilibrio entre la sanción y el tratamiento. Los tres convenios y convenciones de las Naciones Unidas sobre estupefacientes limitan exclusivamente el consumo de drogas a un interés médico o científico. Si bien no consideran delito el consumo ilícito de drogas, la Convención de 1988, como paso adelante para hacer frente al tráfico internacional de drogas, señala que la posesión de drogas para consumo personal debería considerarse un delito.

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This paper provides a framework for understanding what decriminalization means within the broader context of depenalization. To illustrate these concepts, it provides a detailed discussion of a range of depenalization policies observed in developed countries, highlighting for each country a distinct issue that influences how the policy is implemented and its potential impact.

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This profile describes the national drug policy of Portugal, a policy that has attracted significant attention recently in the media and in policy debates. It considers national strategies and action plans, the legal context within which they operate and the public funds spent, or committed, to resource them. It also describes the political bodies and mechanisms set up to coordinate the response to the multi-faceted problem and the systems of evaluation that may help to improve future policy. The profile puts this information in context by outlining the size, wealth and economic situation of the country as a whole, as well as the historical development of the current policy.

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A wider trend for drug law reform is arising out of a felt need to make legislation more effective and more humane. Within this trend, a number of countries have considered decriminalisation or depenalisation models and many have, at least initially, considered threshold quantities as a good way to distinguish between what is possession and what is supply or trafficking and as a means to ensure that the sentences imposed are proportionate to the harmfulness of the offence.

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