La reforma al control de drogas que se está emprendiendo en las Américas, y que presiona los límites del marco jurídico mundial establecido en tres convenciones de la ONU, se ha convertido en un tema delicado. La despenalización de la tenencia para consumo personal en varios países de América Latina y el establecimiento de una sala supervisada para inyección en Vancouver, Canadá, han provocado disputas legales prolongadas con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el órgano cuasi-judicial para la aplicación de los convenios.
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.
En América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino, esta es la conclusión de una publicación dada a conocer hoy por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), titulado "La Adicción Punitiva: La desproporción de leyes de drogas en América Latina".
Un estudio comparativo sobre el impacto de políticas de drogas en los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay – revela que las leyes de drogas han contribuido a la crisis carcelaria que viven estos países porque imponen penas desproporcionadas a los delitos de drogas cometidos, no contemplan lo suficiente el uso de penas alternativas y promueven el uso excesivo de la prisión preventiva. El estudio Sistemas sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina publicado hoy por el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), encontró que aquellos que están encarcelados por delitos de drogas tienden a ser individuos portando pequeñas cantidades de droga, en muchos casos consumidores, así como vendedores callejeros.
John Walsh, coordinador de programa de políticas de drogas en WOLA, dice: "El estudio deja en claro quiénes son las verdaderas víctimas de la guerra contra las drogas. Los problemas señalados en el estudio suenan una alarma sobre la necesidad de reformar las leyes de drogas en el continente".
Coletta Youngers, Investigadora Afiliada a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), habla sobre el fenómeno de la feminización de los delitos de narcotráfico.
Informe TNI para la revisión de mitad de período de la UNGASS
Marzo de 2003
La piedra angular del sistema internacional de control de drogas está formada por las tres
convenciones sobre drogasde las Naciones Unidas. La prohibición
de las substancias potencialmente nocivas tiene su origen en el afán por
proteger el bienestar de los seres humanos. No obstante, la manera en que este
régimen global se estableció hace décadas y el aumento de la represión experimentado
desde entonces han constituido un error histórico que no ha hecho más que
empeorar los problemas en lugar de solucionarlos. Ahora no tiene ningún sentido
soñar con cómo sería el mundo si el problema no existiera ni engañarnos
pensando que todo se podría solucionar si aboliéramos las convenciones. El
verdadero reto consiste en crear el espacio político necesario para iniciar un
proceso de reforma con el que seguir adelante. Dicho proceso debe conducirse
mediante pragmatismo, una actitud abierta, la valoración de las prácticas según
su coste y beneficios, la vía libre a la experimentación y la libertad de
cuestionar la validez de las convenciones existentes.
Con el apoyo de Editorial Fontamara dialogamos con 
La reforma al control de drogas que se está emprendiendo en las Américas, y que presiona los límites del marco jurídico mundial establecido en tres convenciones de la ONU, se ha convertido en un tema delicado. La despenalización de la tenencia para consumo personal en varios países de América Latina y el establecimiento de una sala supervisada para inyección en Vancouver, Canadá, han provocado disputas legales prolongadas con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el órgano cuasi-judicial para la aplicación de los convenios.
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.
En América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino, esta es la conclusión de una publicación dada a conocer hoy por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), titulado "
Un estudio comparativo sobre el impacto de políticas de drogas en los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay – revela que las leyes de drogas han contribuido a la crisis carcelaria que viven estos países porque imponen penas desproporcionadas a los delitos de drogas cometidos, no contemplan lo suficiente el uso de penas alternativas y promueven el uso excesivo de la prisión preventiva. El estudio